José “N”, de 33 años, fue capturado este jueves 4 de enero por policías la Comisaría 32 de Santa Rosa. La detención se registró en la 1a avenida y 5a calle de Casillas.

Agentes lo identificaron y dieron cumplimiento a una orden de captura por extorsión, ordenada el 20 de septiembre del 2023 por un juzgado local.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), Esta persona registra 33 antecedentes por diferentes delitos tales como: ebriedad y escándalo, robo, alteración al orden público, riña, narcotráfico, distribución y almacenamiento de droga.

También riña tripartita, posesión para el consumo, hurto, amenazas, robo, portación ilegal de arma de fuego, amenazas, negación de asistencia económica, portación de arma hechiza, comercio tráfico y almacenamiento ilícito.

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Además, atentado a la autoridad, proxenetismo, hurto agravado, portación de arma de juguete, portación de arma blanca, robo, ebriedad y escándalo.

Por los otros delitos que lo señalan son: responsabilidad de conductores, violación, robo, riña mutua, riña tumultuaria, asesinato, usurpación e intento de robo.

Tiene 33 antecedentes por diferentes delitos

Hoy es capturado por extorsión

José “N” de 33 años, y fue capturado por policías la comisaría 32 de Santa Rosa, en la 1ª avenida y 5ª calle de Casillas, PNC lo identificó y dieron cumplimiento a una orden de captura por extorsión. pic.twitter.com/ya8Y4QoARL

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 4, 2024

Foto principal tomada de Pexels

Más de 600 menores de edad han sido remitidos a los juzgados correspondientes del país en lo que va del año, reveló a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión la Policía Nacional Civil (PNC).

Edwin Monroy, vocero de la institución policial, explicó que los menores han sido remitidos por extorsión, pero también por su presunta participación en otros delitos. 

“Uno de los delitos que más resalta es la portación ilegal de arma de fuego, o incluso lesionar a otras personas con arma de fuego”, dijo Monroy.

De acuerdo con los datos, explicó el vocero, la mayoría de los menores remitidos por su implicación en hechos de distinta índole son hombres. 

Monroy dio esas declaraciones luego de que se reportara la detención de un menor de edad en Chimaltenango por el delito de extorsión. Explicó que todo se originó por la denuncia de una persona que estaba siendo víctima de una banda criminal.

“Se instala un operativo donde se reporta la conducción de un menor de 13 años edad”, explicó. “Esta persona fue sorprendida en flagrancia cuando recogía un paquete que simulaba tener la cantidad de Q3 mil”, agregó. 

Los extorsionistas le exigían a un comerciante local el pago de Q30 mil a cambio de no hacerle daño a él o a su familia. 

Monroy resaltó la importancia de que se denuncien este tipo de hechos, ya que eso fue lo que permitió la conducción del menor, a quien se le decomisó un teléfono que será clave para las pesquisas. 

Proceso

El vocero policial explicó que, al tratarse de menores de edad, estos no pueden ser detenidos como tal cuando están implicados con algún delito.

En cambio, se habla de que son remitidos a los juzgados de menores en conflicto con la ley penal, que es donde se conocen los casos y son los jueces los que deciden cuál será el delito que se les debe imputar.

En los últimos años, las autoridades han alertado de que cada vez más menores de edad son utilizados por estructuras delictivas, principalmente dedicadas a la extorsión.

Uno de los casos más impactantes ocurrió a principios de este año, cuando en un allanamiento fue detenida una menor de edad con un fusil de asalto AK-47 y un teléfono satelital, entre otros ilícitos, en la zona 5 de Mixco.

Un gran jurado de Nueva York votó este jueves 30 de marzo imputar al expresidente Donald Trump en una causa relacionada con el pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio, según adelantó el diario The New York Times y confirmaron minutos después otros medios.

El diario, que cita a cuatro personas conocedoras del asunto, señala que la primera imputación por delitos criminales a un expresidente de EE.UU. se anunciará en los próximos días y para entonces la Fiscalía de Manhattan habrá solicitado a Trump entregarse para ser citado por los cargos, que aún no se conocen.

El gran jurado, un órgano que estudia los casos y decide si hay base o no para la celebración de un juicio, ha sido seguido con gran atención mediática desde que hace diez días el propio Trump asegurara que sus 23 miembros iban a confirmar su imputación y acto seguido sería detenido, lo que finalmente no se registró.

Hasta el miércoles 29 de marzo, se creía que el gran jurado pospondría su decisión hasta fines de abril.

Por su parte, The Wall Street Journal sostiene que el gran jurado ha examinado en sus últimas reuniones -que no son públicas, por lo que su contenido solo se conoce por filtraciones- un segundo caso de otra modelo de Playboy que también acusa a Trump de haberle pagado a cambio de callar sobre una relación sexual.

La modelo Karen McDougal, que fue “chica Playboy” del año en 1998, asegura que mantuvo una relación sexual con Trump durante diez meses en 2006, y llegó a un acuerdo para publicar su historia con The National Enquirer a cambio de 150 mil  dólares, pero el diario -cuyo propietario es amigo de Trump- compró su testimonio para ocultarlo.

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El detalle es importante, porque significaría que la acusación de Stormy Daniels ya no es aislada y que existe un patrón de conducta por parte de Trump, lo cual hace más factible su culpabilidad. EFE

En las últimas semanas las autoridades han reportado la captura de menores de edad señalados de participar en distintos delitos.

Entre los últimos casos está la detención de tres adolescentes, dos de 14 años y una de 17 en la zona 18 de la capital, donde fueron sorprendidas cuando decapitaban a otra menor.

También la detención de un menor de 14 años en Amatitlán apodado “el Carnicero” y señalado de asesinato, asociación ilícita, tortura y plagio.

Prensa Libre y Noticiero Guatevisión consultaron a la Policía Nacional Civil (PNC) respecto del tema y el portavoz de la institución, Jorge Aguilar, informó al respecto.

El vocero indicó que en lo que va del 2022 la PNC ha remitido a 375 menores, aunque aclaró que es por distintos delitos.

Añadió que en algunos casos de descuartizamiento, asesinato y extorsiones en los que se ven involucrados menores, es muestra que las estructuras criminales están debilitadas y se ven en la necesidad de reclutar a sus hermanos, primos o sobrinos para fortalecerse.

Dijo que los padres de familia juegan un papel muy importante, ya que tienen que ser los mejores amigos de sus hijos y deben observar si hay cambios en la actitud del menor.

Resaltó que el papel del padre de familia, de la madre o del tutor es de mucha importancia para evitar este tipo de situaciones.

Aguilar agregó que la policía hace actividades de acercamiento al ciudadano, como con jóvenes o por medio de res sociales para tener un canal que alerte que el crimen es malo.

Mientras que Flor Dolores, subsecretaria de reinserción la Secretaría de Bienestar Social (SBS), informó que no se tiene un tiempo estandarizado para la rehabilitación de un menor en conflicto con la ley penal, ya que esto se da dependiendo de cada adolescente.

Cuando un menor es sancionado se le apoya con un plan individual de vida y proyecto educativo que es estructurado por un psicólogo, trabajador social y pedagogo en conjunto con el adolescente.

Este plan es durante la años de sanción que establezca el juez. El plan individual de vida tiene las metas a corto y largo plazo que se esperan alcanzar en el adolescente.

También va de la mano el proyecto educativo para que el resultado sea de forma integral.

Dolores agregó que cuando no se alcanza lo esperado en los tiempos establecidos, un equipo técnico entra a evaluar qué está provocando que el joven no avance, la razón podría ser de tipo personal o familiar.

Dijo que en los adolescentes se pueden alcanzar todos los resultados que se esperan en el plan de vida, ya que sus procesos cognitivos todavía están en maduración y por eso se pueden lograr cambios conductuales importantes que puede evitar que reincidan.

La familia también es importante, ya que no se puede hablar de reinserción si no está fortalecido el vínculo familiar para cuando el joven salga de la privación de su libertad.

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Explicó que también hay sanciones en las que a un adolescente el juez le da cuatro años de privación de libertad y dos años de medida no privativa a través de una medida socioeducativa.

También equipos de la SBS dan el trato adecuado al caso y reportan a los jueces el avances que los menores tienen.

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Si el adolescente que está con una libertad asistida no cumple con los objetivos establecidos, los jueces pueden recovar este beneficio y que regresen a privación de libertad.

Cuando finalizan sanción, la SBS cuenta con la dirección de prevención terciaria para dar acompañamiento a aquellos adolescentes que de forma voluntaria quieran seguir con sus atenciones psicológicas.

También está la opción a que opten a becas de emprendimiento para que puedan optar a un empleo.

Durante las últimas 24 horas la Policía Nacional Civil ha llevado a cabo varios operativos con el objetivo de capturar a personas que infringen la ley.

En las últimas 24 horas se ha informado de la captura de 333 personas, la incautación de 14 armas de fuego, la recuperación de un automóvil y 5 motocicletas.

Ley seca

En operativos de ley seca a nivel nacional, del lunes 29 de marzo al Jueves Santo, se reporta la captura de 125 personas que fueron sorprendidas ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública y en diferentes negocios.

En el interior de un bar ubicado en la 6 avenida y 13 calle, Puerto Barrios, Izabal, la Policía Nacional Civil reportó la captura de 19 personas que fueron sorprendidas ingiriendo bebidas alcohólicas incumpliendo los protocolos de bioseguridad y prevención del covid-19, por lo que fueron puestos a disposición del juzgado de la localidad.

Detenidos por otros delitos

Jeison García Pérez de 25 años fue capturado en la colonia Valle del Motagua, Gualán, Zacapa, por investigadores de la División de Información Policial en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de violación de fecha 4 de febrero de 2021.

Mientras que en un puesto de registro instalado en la entrada del centro de rehabilitación Granja Canadá, Escuintla, agentes de la Dipanda capturaron a Luz de María Ortega de 47 años, quien tenía pendientes tres órdenes de captura sindicada de extorsión.

Cuatro supuestos integrantes de una banda de asaltantes fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en la 8 calle y 5ª avenida de la zona 1 de Villa Nueva.

Los detenidos fueron identificados como Michael René Pérez Pensamiento de 29 años, alias “El Maycol”; Kennedy Hernández Hernández de 21, alias “El Pitufo”; Manuel Andanny López Salazar de 20, alias “El Meme” y Jhostem Fernando Contreras de León de 20 alias “El Fer”.

La aprehensión se logró luego que una de las víctimas, alertara a los agentes sobre el asalto sufrido momentos antes, por lo que se inició una búsqueda en el área, dando con el paradero de los sindicados.

Se les incautaron 11 teléfonos celulares de diferentes marcas, tres billeteras, tres tarjetas de circulación para vehículos y una pistola de gas comprimido.

Se registran 212 capturas en 24 horas

Sindicadas de diferentes delitos, 212 personas fueron detenidas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en diferentes lugares del país, en las últimas 24 horas.

Estadísticas de la entidad policial registran que, del total de aprehendidos, 88 fueron en la ciudad capital, mientras que 124 se realizaron en los distintos departamentos del país.

En el mismo período, el personal policial también le dio cumplimiento a 16 órdenes de captura y como parte de las detenciones, también logró la incautación de 14 armas de fuego, que eran portadas de manera ilegal.

Información MinGob.

EL Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal giró una orden de captura en contra de Carlos Soto, exministro de Salud del gobierno de Jimmy Morales.

Según el fiscal contra la Corrupción, Stuardo Campo, se coordinó un allanamiento para capturar al exfuncionario pero no fue ubicado. Es señalado de dos delitos.

“No lo ubicamos, pero el allanamiento sigue en desarrollo y esperamos ubicarlo”, dijo el fiscal a cargo del caso.

En la casa del exfuncionario las fuerzas de seguridad localizaron US$13 mil y “diversos documentos e indicios que serán analizados” como parte del proceso penal.

La Fiscalía sostuvo que los operativos continuarán “hasta dar con el paradero”, del exministro Soto.

Por este mismo caso, Soto fue amonestado públicamente por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala en febrero de 2019, ya que “incurrió en grave falta a la ética profesional, violentando artículos del Código Deontológico”

Antecedentes

El 8 de febrero del 2019, la Fiscalía solicitó el retiro de la inmunidad del exministro de Salud Carlos Soto por dos delitos: abuso de autoridad y tráfico de influencias, en un caso en el que intentó imponer a un médico en el Hospital Regional de Nebaj, en Quiché, y al no lograrlo destituyó a la directora del centro, Miriam Segura.

El Ministerio Público (MP) indicó que el caso surgió a partir de la denuncia de la doctora Segura contra Soto, el 16 de enero de 2018. Ella señaló que el ministro le habló y, “valiéndose de su cargo, presuntamente ejerció influencia con el propósito de obtener un beneficio indebido al contratar al médico Jorge Raymundo Matóm”, quien es hermano de Pedro Raymundo, alcalde de Nebaj.

La denuncia también señala que Pedro Raymundo tenía impedimento para laborar ahí porque su hermana, Marta Raymundo Matóm, ya trabajaba en la conserjería del hospital. El argumento se basa en el artículo 80, literal g) de la Ley de Contrataciones del Estado.

El 20 de febrero del 2019, una CSJ, dividida, rechazó el retiro de antejuicio; sin embargo, a principios de junio del 2019, la Corte de Constitucional amparó al MP y dejó en suspenso la decisión de la CSJ.

Estos fueron los delitos más denunciados por los guatemaltecos durante los últimos días, como en Noche Buena y Navidad, según el Ministerio Público (MP).

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En esta fiesta recién pasada, el ente investigador recibió 561 por distintos hechos ilícitos.

Las denuncias del sábado 21 al miércoles 25 de diciembre fueron recibidas por medio de la Oficina de Atención Permanente (OAP) y el Modelo de Atención Integral (MAI).

La OAP reporta que fueron recibidas 526 denuncias.

Delitos más recurrentes

• Robo de equipo terminal móvil
• Hurto
• Lesiones leves
• Amenazas
• Hurto agravado
• Robo
• Lesiones culposas
• Violencia contra la mujer

Otros delitos denunciados

• En tanto el MAI, que se encarga de atender casos de violencia contra la mujer recibió 35 denuncias:
• 33 de violencia en contra de la mujer en su manifestación física.
• Dos denuncias de delitos sexuales y brindó 26 asesorías legales y psicológicas.

El MP agregó que dispone de estos servicios las 24 horas los 365 días del año, y que forman parte del Plan Estratégico 2018-2023, en su eje dos que se refiere al fortalecimiento de la respuesta ante los delitos contra la vida, contra las extorsiones, la criminalidad organizada y la corrupción.

Linber Ariel Palacios Bunquer de 31 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil de la División Especializada en Investigación Criminal en un centro comercial de la zona 3 de Escuintla.

Según la investigación policial, el hombre capturado fingía ser un pastor evangélico, además ofrecía visas americanas a 450 dólares que por medio de llamadas exigía el pago a sus víctimas. Personas afectadas lo denunciaron, ya que pagaron cerca de Q16 mil.

Para su captura se montó un operativo, los investigadores documentaron cuando una de las víctimas le entregaba al falso pastor Q500 con la esperanza de viajar hacia Estados Unidos.

Además de estos hechos a Palacios Bunquer tenía una orden de captura en su contra por el delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad. Orden girada desde el 17 de julio de 2017. En ese caso, se le señala de abusar sexualmente de una menor, a quien bajo engaños y haciéndose pasar por pastor ingresó a la menor a una habitación en donde cometió el delito.

El Ministerio Público a través de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos presentó ante un tribunal las pruebas con las cuales se demostró que una mujer cometió el delito de lavado de dinero u otros activos por lo que fue condenada a seis años de privación de libertad.

En este caso la fiscalía demostró ante el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala que Flor de María Ticun cometió el delito de lavado de dinero. Se le impuso una pena de seis años de prisión, una multa por Q. 50 mil 930 quetzales y también deberá pagar una multa por 442 dólares estadounidenses o bien, su equivalente en quetzales.

En las investigaciones que documentó la fiscalía se estableció que Ticún recibió el dinero, en depósitos de dos cuentas bancarias de personas víctimas de extorsión y los dólares corresponden a dos transferencias internacionales que le depositaron a través del sistema bancario.

En ambos casos la procesada no pudo demostrar la procedencia del dinero. Ticún fue aprehendida el 31 de marzo de 2016 en un operativo en contra de personas que se dedican a extorsionar a comerciantes y transportistas.