Este martes 6 de febrero de 2024, las autoridades guatemaltecas llevaron a cabo la extradición de Yuris Yobani López Lucas, conocido como “Hummer”, hacia los Estados Unidos de América.

López Lucas fue entregado a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), para ser juzgado por su implicación en una organización criminal que se dedicaba al tráfico de cocaína desde el norte de Guatemala hacia Estados Unidos, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Originario del municipio de La Libertad, Huehuetenango, López Lucas, de 30 años, era objeto de una orden de captura con fines de extradición desde hace tres años.

La orden de extradición fue emitida por el juez Víctor Herrera el 20 de diciembre de 2020 y se hizo efectiva el 30 de agosto de 2023, cuando fue capturado en La Democracia.

Perfil del extraditable

Según las autoridades, “Hummer” fue identificado como miembro de una organización criminal entre enero de 2017 y diciembre de 2019.

A López Lucas se le atribuye la responsabilidad de transportar y dirigir parte de las actividades de tráfico de drogas de la organización desde Guatemala hacia México y Estados Unidos.

El extraditado enfrenta cuatro cargos por narcotráfico y lavado de dinero en la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.

Dos de los cargos están relacionados con conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína hacia EE.UU., mientras que los otros dos son por conspiración para lavar instrumentos monetarios, colaboración e incitación.

En su momento, la captura de López Lucas elevó a 15 el número de personas arrestadas en 2023 con fines de extradición a los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, aunque la cifra aumentó al cierre del periodo anual.

Durante 2023, las fuerzas policiales guatemaltecas lograron la captura de 21 extraditables solicitados por la justicia estadounidense, por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

En lo que va de este año, de acuerdo con el Ministerio de Gobernación (Interior), han sido arrestados tres narcotraficantes pedidos en extradición por Estados Unidos.

Debido a su posición geográfica, el territorio guatemalteco es utilizado como puente internacional por las organizaciones que trafican cocaína desde Suramérica hacia Estados Unidos, que es el principal consumidor.

Unidades especializadas de la @PNCdeGuatemala y del @_SPGuatemala fueron desplegadas para trasladar a Yuris Yobani López Lucas a la Fuerza Aérea Guatemalteca, y cumplir con una orden de extradición hacia Estados Unidos de América. El extraditable fue aprehendido en 2023. pic.twitter.com/kTsN7wJ5Mi

— MinGob (@mingobguate) February 6, 2024

El presunto líder de una red de tráfico de cocaína en la Costa Sur, Magner López Mejía, alias “el Mapa”, de 45 años, enfrentará su extradición a Estados Unidos.

La solicitud provino de una corte norteamericana, marcando así la primera extradición del 2024.

El juez Eduardo José Santos Martínez, del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra El Ambiente, emitió la orden este martes 9 de enero.

La extradición se fundamenta en la solicitud de las autoridades de Estados Unidos, quienes buscan enjuiciar a López Mejía por delitos vinculados al narcotráfico.

El fallo del juez sobre la extradición se basa en acusaciones que incluyen conspiración para elaborar y poseer 5 kilos o más de una mezcla con una cantidad detectable de cocaína, y tener la intención de distribuir esa sustancia.

Detenido durante la Operación Pacífico

El proceso legal contra “el Mapa” comenzó con su detención el 26 de noviembre de 2023, siendo el primer caso de extradición resuelto hacia los Estados Unidos este año.

Su captura fue el resultado de la Operación Pacífico, una acción conjunta de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el Ejército de Guatemala.

La Operación Pacífico incluyó 35 allanamientos en Retalhuleu y Alta Verapaz, con el objetivo de desarticular una estructura criminal involucrada en el tráfico de drogas en la Costa Sur.

Esta operación fue llevada a cabo como parte de una investigación de dos años centrada en desmantelar una organización criminal dedicada al transporte de drogas hacia EE.UU.

En el momento de su arresto, las autoridades informaron que el operativo a cargo de agentes antinarcóticos, en colaboración con fiscales del Ministerio Público y miembros del Ejército, resultó en la detención de 19 personas.

En consecuencia, se logró la aprehensión de tres personas, además de Magner López Mejía, a saber, Jorge Luis Rodríguez López, alias “Mosco”, y Pedro Pablo Yaser Barrios Cruz, alias “Pepe”, todos con fines de extradición hacia Estados Unidos de América.

La caravana de miles de migrantes, que partió en la Nochebuena de 2023 desde Tapachula, frontera sur de México, llegó a su fin este martes tras haber avanzado unos 105 kilómetros y entregarse a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en el municipio de Mapastepec, estado de Chiapas.

Tras nueve días de marcha, el enorme grupo de migrantes aceptó subirse a los autobuses del INM para poder cumplir un proceso migratorio en las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ubicado a unos 50 kilómetros de Mapastepec, a un costado de la aduana de Huixtla.

Previo a subir a los autobuses, los agentes migratorios los invitaron a abordar los vehículos de manera voluntaria, dándole prioridad a niños, madres, mujeres y personas vulnerables.

“Le hacemos la invitación y de manera voluntaria para quienes quieran subir a los autobuses que el INM proporciona para trasladarlos”, declararon los agentes.

Algunos migrantes hombres que viajaban solos rechazaron en primera instancia ser trasladados, porque querían seguir caminando hacia Pijijiapan, para no regresar a Huixtla, a unos 50 kilómetros de Tapachula.

Luis Rey García Villagrán, activista del Centro de Dignificación Humana (CDH), quien acompaña a este éxodo, les comunicó que entrarán en un proceso y serán llevados a la Ciudad de México.

García Villagrán les había comunicado el domingo a los miles de migrantes que el Gobierno de México, a partir del martes, comenzaría el proceso para una estancia regular en el país.

“En la caravana hay muchos niños enfermos, mujeres embarazadas, personas discapacitadas”, les dijo Villagrán a los migrantes y advirtió que el siguiente punto “está a 43 kilómetros es Pijijiapan y no hay lugar donde descansar y serían unas 18 horas caminando, es la decisión de ustedes”.

El migrante hondureño Wilnber Abisai, quien viaja con su esposa y sus dos hijos menores, aceptó subirse al autobús de migración porque dijo le interesa ir a la Ciudad de México y estar de manera legal en el país.

“Sí, vamos a ir hacer el proceso, porque nos interesa estar en México de manera legal, ya hemos caminado mucho, hemos sufrido, los pies nos duelen, caminar 48 kilómetros no está fácil, aceptamos la propuesta del INM para hacer el proceso y así continuar nuestro camino, es la mejor opción”, señaló a EFE.

Otro de los migrantes, el hondureño William Adalí Romeo Pérez, aceptó la propuesta de las autoridades mexicanas, porque realizarán el proceso ante el DIF, sin embargo, rechazó que estén entregándose a Migración.

Para leer más: Sin agua ni abrigo: la situación de migrantes en campamentos en el desierto de la frontera sur de EE. UU.

“Voy por mi familia, por eso lo hago, pero aquí nadie se está entregando, voy con mi hijo, mi esposa y dos niñas, ya están cansados los niños y ya no podemos seguir caminando”, expuso.

Hasta esta noche del 2 de enero, más de 600 migrantes habían aceptado subirse a unos 12 autobuses, mientras que las autoridades continúan organizando a las familias para que sean trasladadas.

La caravana de miles de migrantes, que partió de la frontera sur de México como la más numerosa de 2023, se movilizó por una parte del estado de Chiapas, en el que se han registrado cifras históricas de personas que buscan entrar a Estados Unidos en la frontera con México.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP, en inglés) confirmó la semana pasada la llegada de más de 2.2 millones de migrantes de enero a noviembre el año pasado. EFE

El senador estadounidense Tim Kaine, presidente del subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, visitará Guatemala a finales de este semana junto a una delegación bicameral del Congreso para reunirse con autoridades electas, representantes del sector privado e integrantes de la sociedad civil para hablar de democracia, estabilidad, migración, crecimiento económico y seguridad, informó el Gobierno de EE. UU.

De acuerdo con un comunicado compartido por el Gobierno estadounidense, Kaine, excandidato a la vicepresidencia de EE. UU., encabezará la delegación integrada por los senadores Dick Durbin, Jeff Merkley, Peter Welch y Laphonza Butler; además, lo acompañarán las representantes estadounidenses Norma Torres y Delia Ramírez, ambas de origen guatemalteco.

“Durante sus reuniones, los legisladores abordarán estrategias para fortalecer la prosperidad y seguridad en la región, y resaltarán la importancia de la gobernanza democrática y el Estado de derecho”, dice el documento que, además, agrega que “mantener la democracia y la estabilidad política en Centroamérica es fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad de nuestras fronteras”.

El comunicado resalta que la visita de la delegación del Congreso estadounidense a Guatemala se produce “en un momento crítico para la democracia del país” y en medio de protestas ante acciones del Ministerio Público (MP) en contra de los resultados electorales, que le dieron la victoria como presidente de la República a Bernardo Arévalo de León.

Resalta que entre las acciones de la Fiscalía están “los allanamientos a las instalaciones que albergan el material electoral, la apertura de cajas con las papeletas electorales, la intimidación de manifestantes pacíficos, entre otros actos descarados”.

“El Ministerio Público también ha presentado cargos espurios contra el presidente electo, Bernardo Arévalo; la vicepresidenta electa, Karin Herrera; y otros funcionarios, y ha intentado despojarlos de su inmunidad”, dice la misiva.

Agrega que “mientras el presidente Alejandro Giammattei ha reconocido públicamente la victoria electoral de Arévalo, el Ministerio Público continúa intentando sistemáticamente socavar la transición electoral y realizando investigaciones selectivas contra el partido del presidente electo y otros defensores de la democracia”.

En noviembre pasado, los senadores Kaine, Durbin, Merkley y Welch condenaron los “ataques a la democracia en Guatemala y resaltaron que estas acciones son desestabilizadoras para toda la región”.

Se informó que la delegación también viajará a Honduras.

Las fuerzas de seguridad llevan a cabo este miércoles 29 de noviembre el traslado del mexicano Pablo Tabares Martínez, conocido como “El Compadre”, hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) en la zona 13, para su extradición a los Estados Unidos por cargos vinculados al narcotráfico.

La Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) y la Dirección General del Sistema Penitenciario (Dgsp) desplazaron a Tabares Martínez desde la cárcel de Mariscal Zavala, ubicada en la zona 17 de la capital, hacia las instalaciones de FAG, custodiado bajo un dispositivo de seguridad.

El detenido es conocido por el alias “El Compadre” y ha sido objeto de interés en investigaciones relacionadas con tráfico de metanfetaminas y actividades ilícitas de alcance internacional.

Tabares Martínez, quien fue detenido el 22 de marzo de 2023, en la zona 1 de Tecún Umán, San Marcos es requerido para comparecer ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia.

Perfil de alias “Negro o “Compadre”

En los círculos del crimen organizado, el ciudadano mexicano Pablo Tabares Martínez, usaba una serie de identidades alternas y por es conocido por varios alias, entre ellos “Pablo Martínez Tabarez”, “Pablo Tabares”, “Negro” o “Compadre”, informaron las autoridades.

Los dos cargos en su contra por partes de las autoridades estadounidenses incluyen conspiración y posesión de metanfetamina “ayudado e instigado por otros”.

Según el Ministerio Público (MP), la investigación llevada a cabo por las autoridades competentes identificó que alias el “Compadre” era líder en México de una organización dedicada al tráfico de drogas con base en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Las autoridades determinaron que Tabares Martínez vivía en México y era responsable de traficar grandes cantidades de metanfetamina desde México hacia los Estados Unidos para su distribución.

Como parte de esta estructura, Tabares Martínez fue identificado como uno de los dirigentes que trabajaba como encargado de coordinar las actividades de tráfico de drogas y suministrar sustancias ilícitas.

De acuerdo con la investigación, se presume que esta organización importó y distribuyó grandes cantidades de metanfetamina, heroína y cocaína en el Distrito Norte de Georgia.

Alias “El Compadre” fue entregado a la Administración para el Control de Drogas de EE. UU., luego de concluir los procesos de extradición en Guatemala. Este individuo era requerido por el Gobierno del país norteamericano por delitos relacionados al narcotráfico. pic.twitter.com/ETyRjDALFu

— MinGob (@mingobguate) November 29, 2023

En una reunión con el asesor de seguridad nacional de la vicepresidencia de los Estados Unidos, Philip Gordon, las autoridades indígenas destacaron la necesidad de que el gobierno estadounidense imponga sanciones a los actores corruptos.

El encuentro tuvo lugar este lunes 27 de noviembre, donde los líderes solicitaron al asesor del gobierno estadounidense que se apliquen medidas como la ley Magnitsky o incluirlos en la lista Engel, como herramientas legales reconocidas por sancionar a actores involucrados en prácticas corruptas y violaciones a los derechos humanos.

Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, quien fue uno de los líderes presentes en la reunión, explicó que en primera instancia analizaron la coyuntura que atraviesa Guatemala, así como las bases de los pueblos indígenas. “Sobre todo de las sanciones que nosotros hemos pedido hacia los funcionarios corruptos o aquellos que van en contra de la democracia”, complementó.

Según Pacheco, la petición se elevó al funcionario de Estados Unidos ya que las autoridades indígenas consideran que “a nivel interno no hay una voluntad de Gobierno para poder sancionar”.

“Ellos ya han aplicado algunas sanciones, por ejemplo retirar visas o congelar cuentas bancarias. En la reunión con el G13 también pedimos las mismas acciones”, puntualizó.

Pacheco dijo que la reunión se trató de una mediación por interés de ambas partes, entre las organizaciones de pueblos indígenas y las autoridades del gobierno norteamericano.

Reacción de Gordon

“Tuve el privilegio de reunirme con líderes indígenas en Guatemala. La administración Biden-Harris se comprometió a reforzar las voces diversas, la gobernabilidad democrática, la equidad de género y la sociedad civil en toda Centroamérica”, describió Gordon sobre la reunión con los representantes, en una publicación en la red social “X” — antes Twitter— .

La delegación de funcionarios de Estados Unidos llegó este lunes 27 de noviembre a Guatemala para discutir temas de gobernabilidad y fortalecimiento de la democracia.

Durante su visita, Gordon se reunirá con autoridades gubernamentales de Guatemala, así como con líderes de sociedad civil y sector privado para “abordar la cooperación bilateral y la importancia de fortalecer la democracia y el Estado de derecho”, indicó el Gobierno estadounidense por medio de un comunicado.

Privileged to meet with indigenous leaders in Guatemala. Biden-Harris administration committed to bolstering diverse voices, democratic governance, gender equity and civil society throughout Central America. pic.twitter.com/CBQIGac8Fz

— Phil Gordon (@PhilGordon46) November 28, 2023

Medidas de protesta

En su declaración a medios de comunicación, Pacheco también se refirió acerca de las medidas de protesta que la organización de Totonicapán mantiene frente a la sede del Ministerio Público (MP) y el Congreso de la República, y aseguró que dependiendo de las acciones del gobierno y los diputados con la aprobación del presupuesto que se acerca, podrían establecer plantones similares.

Como puntos clave de las manifestaciones, Pacheco mencionó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Constitucionalidad (CC) o la Plaza de la Constitución.

El líder de los pueblos originarios también se dirigió al sector empresarial, para que fijen una postura sobre la solicitud de renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras.

Pero también surgió el temor de que esa preocupación pudiera sofocar la pujante idea que era internet.

La respuesta incluyó una ley de Estados Unidos la cual contenía lo que se conoce como “las palabras que crearon internet” en su sección 230:

“Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o altavoz de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información“.

Es, en esencia, un escudo de responsabilidad: no importa qué suceda, quién resulte herido o qué daño se haga, las empresas de tecnología no pueden ser consideradas responsables de lo que sucede en sus plataformas.

Y es también lo que ha permitido que internet sea lo que es, para bien y para mal.

La sección 230 es única.

Ninguna otra jurisdicción en el mundo tiene una inmunidad tan amplia para los servicios en línea.

Pero como, no por casualidad, EE.UU. es el hogar de varios de los servicios informáticos interactivos más grandes del planeta, a otros países soberanos se les dificulta aprobar leyes por sí solos para controlar a los gigantes tecnológicos.

Sin embargo, esas 26 palabras con el tiempo empezaron a generar malestar en casa.

Los demócratas creen que han permitido que se propaguen las falsedades y discursos de odio en línea, y que no les dieron a las plataformas de internet incentivos para tomar medidas rápidas para detenerlos, ni lograron que rindan cuentas.

Los republicanos, por su parte, culpan a la Sección 230 por censurar los puntos de vista conservadores y otorgar a las plataformas en línea demasiado poder sobre el contenido que se destaca en sus sitios.

Desde el presidente Joe Biden, quien le pidió al Congreso “que elimine la inmunidad especial para las empresas de redes sociales e imponga medidas mucho más fuertes“, hasta el expresidente Donald Trump, quien declaró “Tenemos que deshacernos de la Sección 230“, varios han arremetido contra la sección 230.

No obstante, ese puñado de palabras que crearon internet siguen intactas.

¿Cómo se llegó a todo esto?

2 casos, 2 veredictos, 1 resultado

Cuando internet pasó de ser algo que sólo usaban los académicos a una ventana al mundo para todos, aparecieron los primeros proveedores comerciales de servicios telemáticos.

Eran murales sencillos, con sólo texto, en los que la gente podía publicar y acceder a información.

Uno de los principales fue Prodigy y, a medida que más y más personas se conectaban para leer noticias, compartir recetas o expresar opiniones, sus administradores notaron que también se publicaban mensajes obscenos, insultantes y ficticios.

Prodigy decidió que debía moderar, es decir, borrar los mensajes que se pasaban de la raya.

Un día, una casa de corredores de valores del mercado extrabursátil llamada Stratton Oakmont demandó a Prodigy afirmando que alguien había utilizado la plataforma para difamar a la empresa diciendo que era una organización criminal y que su presidente era un ladrón, involucrado en estafas.

En los tribunales, los abogados de la firma argumentaron que como Prodigy empleaba a moderadores, era responsable de cada mensaje difamatorio que dejaban.

Y el juez estuvo de acuerdo. En su opinión, ejercían control editorial, como lo hacía un periódico.

Prodigy tuvo que pagar US$100 millones.

Años después se descubriría que esas publicaciones no eran difamatorias.

Stratton Oakmont y su presidente estafaron a muchos accionistas, varios de sus ejecutivos fueron encarcelados y la firma cerró en 1996.

Pero eso aún no se sabía y, respecto a lo que ocurriría con internet, no importaba.

Lo que sí importó fue que, justo en este tiempo, hubo otro juicio de difamación contra otro servicio llamado CompuServe, que también ofrecía foros públicos.

Pero como CompuServe había decidido no moderar lo que se publicaba en su mural, su caso fue desestimado.

Básicamente, la ley estaba diciendo que si el enfoque del sitio web era vigilar e imponer reglas, era responsable de todo lo que cada usuario publicaba, pero si el enfoque era hacer la vista gorda, estaba libre de cargos.

Cuando el ex representante republicano de California Chris Cox se enteró, no le pareció que era la forma apropiada de regular ese nuevo medio de comunicación que sabía iba a ser de vital importancia.

Así que se lo comentó a su amigo, el senador demócrata Ron Wyden, y juntos se propusieron encontrar una mejor vía.

Un par de días después, terminaron de componer un párrafo con esas palabras que serían fundamentales para crear la red que conocemos.

Sin guardianes

“Hoy, nuestro mundo está siendo reconstruido una vez más por una revolución de la información“, dijo el entonces presidente Bill Clinton en la Biblioteca del Congreso en la ceremonia de la firma de la Ley de Decencia de las Comunicaciones de 1996.

“Esta legislación histórica reconoce que con la libertad viene la responsabilidad. (…) Garantiza la diversidad de voces de las que depende nuestra democracia. Quizás, sobre todo, mejora el bien común“, aseguró.

Y se disparó la controversia.

Pero no por esas 26 palabras que aparecían en la sección 230, sino porque la ley intentaba regular tanto la indecencia como la obscenidad en el ciberespacio.

Los defensores de la libertad de expresión argumentaron con éxito que los discursos protegidos por la Primera Enmienda, como las novelas impresas o el uso de las “siete malas palabras” (que se censuraban con pitidos en TV), de repente se volverían ilegales cuando se publicaran en línea.

Los críticos también señalaron que la ley tendría un efecto paralizador en la disponibilidad de información médica.

Con protestas online y casos jurídicos, pronto la mayor parte de la Ley de Decencia en las Comunicaciones fue enmendada.

Pero no la entonces aparentemente inofensiva sección 230.

En ese momento, casi nadie entendía sus implicaciones.

No era más que una adaptación de una ley que protegía a los propietarios de librerías, a quienes en el pasado se les había responsabilizado por vender libros que contenían “obscenidad”.

En la década de 1950, la Corte Suprema dictó que, como no se podía esperar que los libreros leyeran todos los libros que almacenaban, era injusto procesarlos por algo escrito en uno de ellos.

Pero en el caso de los libros había editores que podían ser demandados y, por lo tanto, actuaban como guardianes en las puertas.

En internet, esas barreras a la publicación no existían: no sólo no había guardianes, ni siquiera había puertas.

Todo un rompecabezas

La sección 230 no protege a las empresas que violan la ley penal federal, ni a las que crean contenido ilegal o dañino o violan derechos de propiedad intelectual.

Pero sí es un escudo, pues básicamente dice que cuando se produce un discurso dañino, el responsable debe ser el autor, no el servicio que lo aloja.

Y también una espada, ya que le permite a los proveedores de contenido moderar y determinar qué está permitido en sus plataformas, siempre que lo hagan “de buena fe”.

Ante el crecimiento exponencial de usuarios, asegurarse de que los sitios web se moderaran lo mejor posible sin la amenaza de ser arrastrados constantemente a los tribunales permitió la creación de ese inmenso océano en línea en el que navegamos hoy.

Nada, desde eBay y Wikipedia hasta Facebook, Airbnb, X (antes Twitter) y Google, sería como es sin esa actitud de laissez faire.

Pero así como tal libertad ha fomentado cosas maravillosas, también le ha dado rienda suelta a la crueldad.

Y cuando se piensa en extremos, es fácil concluir que la sección 230 debería, si no eliminarse, enmendarse.

Pocos se opondrían a que desapareciera todo lo que facilite el tráfico sexual de menores o las noticias falsas, el ciberacoso, el prejuicio contra minorías, las estafas y mucho más.

Por eso, los proveedores de contenido están constantemente bajo presión para tomar medidas.

Pero los defensores de la sección 230 siempre han insistido en que se haga sin vulnerar el estatuto pues temen que una vez que se empiece a descascarar, no terminará ahí: muchos presionaran para ir por más.

Y muchos lo han hecho. Tanto políticos como personas de a pie, en el Congreso y en los tribunales, hasta en la Corte Suprema.

Para entender por qué sigue firme a pesar de tantas embestidas, sirve imaginar que pasaría si esas 26 palabras se borraran de la historia.

Una vez más, las empresas de contenido estarían ante la disyuntiva de comportarse como CompuServe o como Prodigy hace décadas.

Una opción sería no moderar y abrir de par en par las puertas a todo para no ser responsable por nada.

Pero eso probablemente no le agradaría a quienes proveen el dinero que aceita las ruedas de internet: los anunciantes.

Si optaran por la moderación, ante la inmensa cantidad de contenido, las firmas no tendrían más remedio que recurrir a algoritmos contundentes, amplios y cautelosos que, sin importar el contexto, vetarían información en función de palabras clave.

Eso eliminaría, por ejemplo, los insultos racistas o misóginos, pero también dificultaría movimientos como #BlackLivesMatter y #MeToo, al detectar con la ceguera de la inteligencia artificial términos prohibidos en los testimonios de sus víctimas.

Con esa moderación extrema, muchos hilos de opinión y foros se convertirían en un riesgo que quizás no valdría la pena tomar.

Cuando se empieza a juzgar cuál contenido es permisible, se puede terminar en una situación en la que desde chistes e ironía hasta opiniones que quizás nos desagradan pero que deben formar parte de una internet libre y abierta, simplemente desaparecen.

Por otro lado, la eliminación de la sección 230 también supondría una carga importante para las plataformas más pequeñas, como Etsy y Yelp, que alojan contenido generado por los usuarios y carecen de los recursos de sitios como Google o Facebook.

Wikipedia, una plataforma sin fines de lucro, probablemente sería inviable.

A las start up, pequeñas empresas que podrían llegar a ser el próximo TikTok, se les dificultaría enormemente competir, pues requerirían de recursos no sólo para cuidarse de nada ofenda a nadie, sino para defenderse en caso de que alguien decida acusarlos de haberlo hecho.

Así, nos quedaríamos con los titanes ya conocidos pero posiblemente irreconocibles, pues imponer barreras a lo que la gente publica podría convertir a internet en algo más parecido a la televisión o los periódicos, en los que la comunicación es unidireccional.

Por todo esto y más, no hay una manera clara de abordar la sección 230 sin destruir internet tal como la conocemos.

No es que no se quiera cambiar la situación, sino que nadie está muy seguro de cómo hacerlo.

Esas 26 palabras que entraron en vigor hace 27 años siguen vigentes porque tienen algo en común con la democracia, según la describió Winston Churchill…

“Nadie pretende que la democracia (o la sección 230) sea perfecta o omnisciente. De hecho, se ha dicho que la democracia (y la sección 230) es la peor forma de gobierno, excepto todas aquellas otras formas que se han probado de vez en cuando“.

La reina Isabel II enfrentó una posible amenaza de asesinato durante una visita a Estados Unidos en 1983, según muestran unos documentos del FBI recientemente publicados.

La Oficina Federal de Investigaciones sacó a la luz una serie de archivos relacionados con los viajes de la difunta reina a los Estados Unidos, luego de su muerte el año pasado.

Muestran cómo el FBI, que ayudó a garantizar la seguridad de la monarca durante sus visitas, tenía como preocupación las amenazas del IRA (Ejército Republicano Irlandés) a la monarca.

Por ejemplo, los papeles revelan que hubo una amenaza de asesinato que se conoció a través de un agente de policía en San Francisco.

Según el expediente, un policía que frecuentaba un pub irlandés en San Francisco advirtió a los agentes federales sobre el reclamo hecho por un hombre que había conocido en el lugar.

El agente contó que este hombre, a su vez, le dijo que buscaba venganza por su hija que “fue asesinada en Irlanda del Norte por una bala de goma”.

Esta amenaza se registró el 4 de febrero de 1983, aproximadamente un mes antes de la visita de la reina Isabel II y su esposo, el príncipe Felipe, a California.

“El hombre iba a intentar dañar a la reina Isabel. Lo haría arrojando algún objeto al yate real, el Britannia, desde el puente Golden Gate justo cuando navegara por debajo. O la intentaría matar cuando visitara el Parque Nacional Yosemite”, describe el documento como testimonio de esta fuente.

Como respuesta a la amenaza, el servicio secreto planeó “cerrar las pasarelas del Golden Gate a medida que se acerca el yate”.

No está claro qué medidas se tomaron en Yosemite, pero la visita real se llevó a cabo.

El FBI no publicó detalles sobre arrestos por estos incidentes.

El documento, de unas 102 páginas, se subió el pasado lunes en Vault, el sitio web informativo del FBI, después de una solicitud hecha por medios de comunicación estadounidenses bajo el amparo de la ley de Libertad de Información.

Tensiones con Irlanda del Norte

Muchas de las visitas de Estado de la difunta reina a los EE.UU., incluida la de 1983 a la costa oeste, se produjeron durante el aumento de las tensiones en Reino Unido en medio de los disturbios en Irlanda del Norte .

En 1976, Isabel II estuvo en la ciudad de Nueva York para las celebraciones del Bicentenario de Estados Unidos.

De esa época, los documentos revelan cómo se emitió una citación a un piloto por volar un avión pequeño sobre Battery Park, en Nueva York, con un cartel que decía “Inglaterra, sal de Irlanda”.

Los archivos muestran cómo el FBI se mantuvo vigilante ante lo que consideraba las posiblidades reales de las amenazas a Isabel II.

No en vano, el primo segundo de la reina, Lord Mountbatten, quien fue político, diplomático y el último virrey de India, murió en un atentado con bomba perpretado por el IRA frente a la costa del condado de Sligo, en la República de Irlanda, en 1979.

En otra ocasión, en este caso antes de una visita de la reina por motivos personales a Kentucky en 1989, un memorando interno del FBI registraba que “la posibilidad de amenazas contra la monarquía británica siempre está presente por parte del Ejército Republicano Irlandés (IRA)”.

El memo continúa solicitando “a Boston y Nueva York que permanezcan alerta ante cualquier amenaza contra la reina Isabel II por parte de los miembros del IRA e inmediatamente proporcionen la alertas que haya a (la ciudad de) Louisville”, en Kentucky.

Se sabe que Isabel II, aficionada y propietaria de caballos de carreras, visitó el estado varias veces durante su vida para disfrutar de los aspectos ecuestres más destacados del lugar, incluido el famoso Derby de Kentucky.

En una visita de Estado en 1991, la reina tenía previsto ver un partido de béisbol de los Orioles de Baltimore con el entonces presidente George H. Bush.

Para esa ocasión, el FBI advirtió al servicio secreto que “grupos irlandeses” estaban planeando protestas en el estadio y que “un grupo irlandés había reservado una gran cantidad de entradas en la tribuna” para el juego.

La oficina del FBI informó al medio estadounidense NBC News que podría haber “documentos adicionales” además de los divulgados esta semana, pero no estableció un cronograma para su publicación.

Rusia, por su parte, niega el incidente.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el dron estaba en una misión de rutina en el espacio aéreo internacional cuando dos naves rusas intentaron interceptarlo.

El Comando Europeo de Estados Unidos agregó que el accidente del martes fue el resultado de un “acto poco profesional de los rusos”.

Las fuerzas estadounidenses y aliadas continuarán operando en el área, resaltaron.

“Nuestro avión MQ-9 estaba realizando operaciones de rutina en el espacio aéreo internacional cuando fue interceptado y golpeado por un avión ruso, lo que resultó en un accidente y en la pérdida total del MQ-9”, se lee en el comunicado estadounidense.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia, citado por la agencia Reuters, dijo el martes que sus aviones de combate no entraron en contacto con el dron estadounidense.

En cambio, sostienen que se estrelló debido a una “maniobra brusca”.

“Los combatientes rusos no usaron sus armas, no entraron en contacto con el dron y regresaron a salvo a su aeródromo local”.

Antes del supuesto choque

Varias veces antes de la colisión, los aviones de combate Su-27 arrojaron combustible sobre el dron de una “manera imprudente, poco profesional y poco ecológica”, aseguró EE.UU.

Los drones MQ-9 Reaper son grandes aviones no tripulados con una envergadura de 20 m y diseñados para labores de vigilancia a gran altitud.

Shashank Joshi, editor de defensa de la revista The Economist, dijo que los rusos podrían haber estado tratando de intimidar al dron mientras interceptaba sus comunicaciones.

El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que las interceptaciones rusas de aviones estadounidenses son frecuentes sobre el Mar Negro, pero que era la primera vez que una resultaba en un accidente.

Las tensiones han aumentado en la región desde la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014.

Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, EE.UU. y el Reino Unido han intensificado los vuelos de reconocimiento y vigilancia, aunque siempre operan en el espacio aéreo internacional.

Análisis de Frank Gardner, corresponsal de seguridad de la BBC

Lo más cerca que hemos estado de un choque directo entre Estados Unidos y Rusia

Es casi seguro que esto es lo más cerca que el ejército de Rusia ha estado de un enfrentamiento directo con Occidente desde que comenzó la guerra en Ucrania.

En el ajetreado espacio aéreo internacional sobre el norte del Mar Negro, el Pentágono dice que un avión de combate Su-27 Flanker de la fuerza aérea rusa golpeó la hélice de un dron militar estadounidense Reaper sin tripulación, obligándolo a estrellarse contra el mar.

“Imprudente y poco profesional”, así describió el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, el incidente.

El Comando Europeo del ejército estadounidense dijo que un par de aviones de combate de la era soviética interceptaron el dron de vigilancia en el espacio aéreo internacional y arrojaron combustible sobre él, antes de dañarlo tan gravemente que sus controladores estadounidenses no tuvieron más remedio que arrojarlo al mar.

Rusia y las fuerzas occidentales a menudo se han tomado la molestia de evitar este tipo de incidentes. Como ocurrió en Siria, por ejemplo.

Pero éste parece ser una muestra de las relaciones cada vez más hostiles entre Moscú y Occidente.

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El Palacio ‘Iolani -la única residencia real en Estados Unidos- señaló que la heredera al trono había fallecido pacíficamente a los 96 años, legando casi la mitad de su fortuna de más de US$200 millones a una fundación que apoya a la comunidad nativa hawaiana.

La muerte de Kawānanakoa volvió a poner sobre el tapete un tema que aún genera polémica en este archipiélago famoso por sus paradisíacas playas: el derrocamiento de la monarquía hawaiana por parte de empresarios de EE.UU. en 1893, que llevaría a su anexión a ese país.

Aquí te contamos cómo estas islas ubicadas en medio del Océano Pacífico, a 3.200 kilómetros del continente americano, pasaron a convertirse en el estado número 50 de EE.UU., el último en ser admitido a la Unión, y qué pasó con la familia real hawaiana que había gobernado hasta entonces.

El reino de Hawái

Las 137 islas volcánicas que forman Hawái fueron regidas por diversos clanes pequeños hasta 1810, cuando se unificaron bajo el mando de Kamehameha I, un caudillo de la isla de Hawái (que le dio nombre a todo el archipiélago).

El rey Kamehameha El Grande -como fue bautizado- fundó la dinastía que reinaría por seis décadas.

En 1820 su heredero, Kamehameha II, le abrió las puertas a un grupo de misioneros de Nueva Inglaterra, EE.UU., quienes en pocos años lograron convertir a la mayor parte de la población en cristianos protestantes.

Los misioneros también atrajeron el interés de inversores de su país, que fueron comprando grandes terrenos en Hawái, seducidos por los reportes de tierras prístinas y condiciones climáticas ideales para plantar caña de azúcar.

La influencia de estos terratenientes estadounidenses fue creciendo.

En 1839 el nuevo rey, Kamehameha III, promulgó la Constitución de Hawái, transformando el archipiélago de una monarquía absoluta a una constitucional, algo que muchos historiadores consideran una señal de que el poder real se estaba empezando a diluir.

Los descendientes de los primeros misioneros, que habían hecho fortunas en Hawái, formaron su propio partido político, el Partido de la Reforma, más conocido como el Partido Misionero.

Para la década de 1870 la economía hawaiana dependía fuertemente de su comercio con EE.UU. y los empresarios y terratenientes del Partido Misionero empezaron a reclamar un mayor poder político.

En 1887 decidieron tomar el toro por las astas y, bajo amenaza de usar la fuerza, obligaron a quien gobernaba en ese momento, el rey Kalākaua I, a firmar una nueva Constitución que solo les daba el derecho a votar a los terratenientes blancos, un evento recordado como la “Constitución bayoneta”.

Nueva dinastía

David Kalākaua, quien había llegado al trono por ser descendiente de una prima de Kamehameha I -y luego de que Kamehameha V muriera sin dejar herederos-, fue el fundador de lo que sería la última dinastía en reinar Hawái.

Durante sus primeros años debió enfrentarse a las crecientes presiones del Partido Misionero, que quería reformar el sistema para convertirlo en un modelo monárquico más parecido al británico, donde el rey es una figura con prestigio, pero sin poder real.

“El monarca alegre”, como era conocido, comenzó su reinado en 1874 recorriendo las islas, lo que aumentó su popularidad.

También negoció un tratado de reciprocidad con EE.UU., incluso reuniéndose en Washington DC con el presidente Ulysses S. Grant, que permitió que los principales productos de exportación hawaianos -azúcar y arroz- entraran a ese país libres de impuestos.

El acuerdo también le dio a EE.UU. derechos exclusivos para mantener bases militares en las islas.

Durante su reinado Kalākaua puso mucho énfasis en las relaciones internacionales, siendo el primer monarca de la historia que dio la vuelta al mundo, en 1881.

Empezando en San Francisco, EE.UU., visitó, entre otros países, Japón, China, India, Egipto y varias naciones europeas. También se entrevistó con muchos jefes de Estado, incluyendo a Humberto I de Italia, el papa León XIII y la reina Victoria de Reino Unido.

El monarca utilizó muchos de los objetos y muebles que trajo de sus viajes para decorar una nueva residencia real: el Palacio ‘Iolani, considerado una joya arquitectónica, que mandó a reconstruir por el mal estado del palacio original, erigido durante el reinado de Kamehameha IV.

El rey buscaba conformar una confederación de países polinesios, y llegó a enviar representantes a Samoa con ese fin, pero el proyecto quedó trunco tras la “Constitución bayoneta”, que drenó el poder de la realza y aumentó el del Partido Misionero.

Pocos años después, en 1890, el soberano de 54 años empezó a sufrir graves problemas de salud y, bajo consejo médico, viajó nuevamente a San Francisco. Falleció en esa ciudad estadounidense, sin haber dejado descendencia.

Por ello, quien asumió el trono fue su hermana, Liliʻuokalani, quien se convertiría en la última soberana de Hawái.

El final de la monarquía

Liliʻuokalani había ejercido como regente en 1881 durante la gira internacional de su hermano, el rey.

Cuando llegó al poder intentó derogar la “Constitución bayoneta” para devolverles a los nativos el derecho al voto (y a la corona el poder perdido), pero fue acusada por sus súbditos blancos de subvertir la Constitución.

Además de buscar poder político, este grupo quería derrocar a la monarca por motivos comerciales: EE.UU. había decidido eliminar el estatus de privilegio del azúcar hawaiano y ellos querían que Hawái se anexara a esa potencia para poder disfrutar así de los mismos beneficios que los productores locales.

Bajo el argumento de que los derechos de los comerciantes y terratenientes de origen estadounidense estaban siendo vulnerados, el embajador de ese país en Hawái, John L. Stevens, pidió que intervinieran las tropas de EE.UU. estacionadas en las islas.

En 1893 pusieron a la reina Liliʻuokalani bajo arresto domiciliario en el Palacio ‘Iolani y se formó un gobierno provisional.

Aunque el presidente estadounidense Grover Cleveland encargó un informe que concluyó que el derrocamiento había sido ilegal, el Congreso de ese país ordenó otro reporte, el informe Morgan, que en 1894 determinó que ni el embajador Stevens ni las tropas estadounidenses habían sido culpables del derrocamiento.

El 4 de julio de ese año, día en que se celebra la independencia de EE.UU., el gobierno provisional hawaiano proclamó la República de Hawái con Sanford Ballard Dole como líder, gobierno que fue reconocido por Washington.

La reina Liliʻuokalani permaneció bajo arresto hasta 1896 y tras su liberación se mudó a otra residencia donde llevó una vida de perfil bajo hasta su muerte en 1917.

Al igual que su hermano, no tuvo hijos. Sin embargo, siguiendo la tradición, nombró a otros familiares herederos.

Abigail Kinoiki Kekaulike Kawānanakoa, quien falleció el pasado domingo, era descendiente de uno de esos sucesores.

En 1898, el presidente estadounidense William McKinley -un republicano que había derrotado a Cleveland- firmó la anexión de Hawái a EE.UU., a pesar de las protestas de la oposición que consideraba la anexión ilegal.

Ese acto allanaría el camino para que décadas más tarde, en 1959, Hawái se convirtiera en el quincuagésimo y último estado de EE.UU., una decisión en la que pesó el rol central que tuvo el archipiélago para Washington durante la Segunda Guerra Mundial.

Después de todo, EE.UU. recién se unió al conflicto a finales de 1941 cuando el Imperio de Japón atacó sorpresivamente a la Armada estadounidense basada en Pearl Harbor, en la isla hawaiana de Oahu.

En plena Guerra Fría, durante el gobierno de Dwight D. Eisenhower, el Congreso estadounidense finalmente aprobó el ingreso de Hawái a la Unión, decisión que fue ampliamente ratificada por los hawaianos.

No obstante, algunos nativos han mantenido su protesta contra lo que es considerado uno de los principales ejemplos de colonialismo estadounidense.

En 1993, 100 años después del golpe, el gobierno de EE.UU. se disculpó formalmente con los hawaianos por haber derrocado su reino, privándolos de su derecho a la autodeterminación.

Pero, aunque también reconocieron que el pueblo nativo había tenido que ceder a la fuerza más de 700.000 hectáreas de tierra, no ofrecieron compensación alguna e incluso aclararon que no admitirían reclamos.