Se ordena el “sometimiento de [varios] imputados a un solo proceso penal por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción”, desde marzo de 2022, dice el decreto aprobado.

“No hay nada parecido en la historia del mundo de lo que estamos enfrentando nosotros ahora mismo. Son más de 900 imputaciones por clica [célula] lo que presenta este decreto transitorio”, señaló el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Por su parte, el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, explicó que “con esta disposición la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas individuales en contra de los pandilleros en un proceso judicial penal“.

“Eso facilitará a la Fiscalía y a los tribunales el juzgamiento de los delincuentes pandilleros”, dijo el legislador oficialista.

Además, la Fiscalía podrá “utilizar en un proceso judicial los mismos elementos de prueba en contra de un grupo de pandilleros cuando éstos pertenezcan a una misma célula o que operen en una misma zona geográfica o que hayan participado en un mismo hecho delictivo”, añadió.

Esta “disposición transitoria” fue aprobada con los votos de 67 diputados aliados del presidente Nayib Bukele, de los 84 que conforman la Asamblea Legislativa.

La norma, que nació de una iniciativa de Bukele, también establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer presos hasta 24 meses antes de que la Fiscalía los lleve a juicio u ordene su liberación.

El diputado opositor Jaime Guevara, del izquierdista Frente Farabundo Martí, criticó la nueva norma al considerar que “solo busca resolver el colapso que tiene el sistema judicial por las miles de capturas en el régimen de excepción”, que suman casi 72 mil.

Ley Contra el Crimen Organizado

El estado de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue instaurado tras una ola de violencia que dejó 87 muertos en marzo de 2022, atribuida por el gobierno a las pandillas o maras.

La estrategia de Bukele para combatirlas ha elevado los niveles de seguridad en el país y cuenta con amplio apoyo ciudadano, pero es criticada por la Iglesia católica y organizaciones de derechos humanos.

También ha sido cuestionada por parte de la comunidad internacional.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, apuntó que si el abordaje se centra en “las medidas más extremas” y no en “temas de fondo”, es “pan para hoy y hambre para mañana”, en una entrevista con BBC Mundo que publicó en Twitter (ahora X).

Bukele respondió a esa crítica en la misma red afirmando que su gobierno “puede hacer dos cosas a la vez. Una buena estrategia de seguridad incluye la prevención y la represión directa del delito”.

Pues este gobierno puede hacer dos cosas a la vez. Una buena estrategia de seguridad incluye la prevención y la represión directa del delito.

Qué difícil ha de ser liderar un país, teniendo tan poco sentido común.

Gracias a Dios los chilenos son más que su presidente. https://t.co/ZvTI8lwm3m

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 27, 2023

“Qué difícil ha de ser liderar un país teniendo tan poco sentido común”, le lanzó a su par chileno.

El miércoles 26 de julio, el Congreso reformó la Ley Contra el Crimen Organizado, elevando hasta 60 años de prisión las penas a quienes son “autores mediatos” de un crimen.

Villatoro señaló que “los líderes o cabecillas de pandillas son los que principalmente recibirán esa condena de 60 años pues son los que ordenan crímenes” en esas bandas.

En marzo de 2022 el Congreso había incrementado de 9 a 45 años de prisión la condena máxima por pertenecer a pandillas.

Para encerrar a los pandilleros, Bukele construyó una megacárcel para 40 mil presos que según el gobierno es la prisión “más grande de América”, con un duro régimen de reclusión que también es denunciado por organismos de derechos humanos.

Las encuestas dicen que nueve de cada diez salvadoreños se sienten seguros con el régimen de excepción y apoyan la gestión del mandatario, quien aspira a ser reelegido en los comicios de 2024.

El estado de excepción también se extendió a 235 municipios del país centroamericano “ante buenos resultados”, indicó la Policía hondureña.

“La medida es una continuación al PCM 029-2022, con el que se suspendieron artículos constitucionales que facultan a los órganos de seguridad del Estado, liderados por la Policía Nacional, para afrontar de mejor manera la amenaza de las estructuras criminales” señaló la institución.

Con esta ampliación, quedarán suspendidas hasta el 20 de febrero las garantías constituciones en 235 de los 298 municipios de Honduras, según las autoridades.

El Gobierno de Xiomara Castro decidió ampliar el estado de excepción para “continuar atacando de manera frontal a las estructuras criminales vinculadas a los delitos de extorsión, sicariato, tráfico de drogas, lavado de activos, entre otros”, precisó la Policía hondureña.

El PCM permitirá a la Policía Nacional y otros entes de seguridad realizar operaciones focalizadas en los municipios considerados más violentos del país.

El Gobierno extendió el estado de excepción parcial debido “a los buenos resultados obtenidos con la implementación del PCM 29-2022 que finalizó el viernes, con lo que se contribuyó a la reducción de muertes violentas y otros delitos asociados a las maras y pandillas”, explicó la Policía hondureña.

Las personas podrán circular normalmente, ya que el estado de excepción es una herramienta destinada a “operar en las guaridas y escondites de las maras, pandillas y cualquier otra estructura criminal”, añadió.

En las últimas semanas y bajo este régimen de excepción, aprobado el pasado 6 de diciembre, las autoridades dan cuenta de las capturas de más de 1 mil 300 supuestos pandilleros y personas afines.

La extorsión en Honduras se ha incrementado en los últimos 20 años, dejando centenares de muertos y en la ruina a miles de micros, pequeños y medianos empresarios, que tuvieron que cerrar sus negocios, mientras que otros se fueron del país.

Muchas de las víctimas mortales eran conductores del transporte urbano, interurbano y de taxis. Según sus propias denuncias, algunos micros, pequeños y medianos empresarios son víctimas de extorsión hasta por tres bandas criminales.

El estado de excepción, que se ejecutará a través de la Policía Nacional, entrará en vigor a las 18.00 hora local del próximo martes 6 de diciembre (00.00 GMT del miércoles), dijo a los periodistas el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez.

Agregó que oportunamente se dará a conocer los sectores que serán intervenidos, como parte de Plan Nacional contra la Extorsión que puso en marcha a finales de noviembre el Gobierno que preside Xiomara Castro.

Martínez subrayó que la nueva disposición gubernamental está orientada a que vuelva a la normalidad la actividad de muchos negocios y la inversión, que se han visto muy afectadas.

La extorsión en Honduras se ha incrementado en los últimos 20 años, dejando centenares de muertos y en la ruina a miles de micros, pequeños y medianos empresarios, que tuvieron que cerrar sus negocios, mientras que otros se fueron del país.

Atención
Este día en Consejo de Ministros de manera virtual, la presidenta @XiomaraCastroZ, someterá a aprobación el estado de excepción parcial. pic.twitter.com/YIIhc0t79N

— Secretaría de Prensa de Honduras (@gobprensaHN) December 3, 2022

Muchas de las víctimas mortales eran conductores del transporte urbano, interurbano y de taxis.

Según sus propias denuncias, algunos micros, pequeños y medianos empresarios son víctimas de extorsión hasta por tres bandas criminales.

Martínez señaló que la medida oficial es parte de un “proyecto estratégico” para recuperar el comercio y que no existan más víctimas de la extorsión en el país.

La extorsión es un delito que tiene su mayor incidencia en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes de Honduras.

El informante indicó además que desde que entró en vigor el Plan Nacional contra la Extorsión han sido capturados más de un centenar de pandilleros, desmanteladas varias bandas criminales e incautado armas, municiones, drogas, vehículos y dinero en efectivo.

También han sido detenidas 22 personas en puntos fronterizos, al parecer asociadas a “maras” (pandillas).

En las últimas horas ha cobrado relevancia una publicación que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, efectuó en su cuenta de Twitter.

El mandatario salvadoreño escribió: “El Estado de Excepción es una herramienta, no una varita mágica. Aprobar un Estado de Excepción sin una estrategia contra los terroristas, no sirve de nada”.

Destacó: “Los gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones”.

El 28 de octubre recién pasado, EFE informó que más de 56 mil supuestos pandilleros y personas ligadas a estas bandas han sido capturas en El Salvador durante un régimen de Excepción implementado desde finales de marzo 2022 y que es criticado por diversos sectores nacionales e internacionales por supuestamente violar derechos humanos.

La Presidencia salvadoreña afirmó recientemente en un mensaje en Twitter que “los resultados de la estrategia de seguridad que implementa el Gobierno del presidente Nayib Bukele son irrefutables”.

Indicó que en lo que va del régimen de excepción, “las fuerzas de seguridad han capturado a más de 56 mil pandilleros”.

El régimen de Excepción ha sido prorrogado en siete ocasiones por la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, y suspende varias garantías constitucionales en El Salvador.

El Gobierno atribuye la reducción de homicidios a su plan Control Territorial y a la medida de régimen de excepción, implementado para “combatir” a las pandillas en una “guerra” contra estas estructuras, según la ha llamado Bukele.

El mandatario también destaca en sus cuentas de redes sociales la captura de peligrosos pandilleros en El Salvador.

Para leer más: Quién es “Homeboy”, el presunto pandillero salvadoreño que fue expulsado de Guatemala

Uno de estos últimos mensajes señaló que un pandillero fue encarcelado 24 veces.

Indicó: “24 veces fue liberado por el sistema judicial corrupto que estamos reformando”.

El presidente Alejandro Giammattei anunció un Estado de Prevención vigente desde el 14 al 28 de julio pasado, por la escalada de contagios que se registraron en ese mes, en donde fueron restringidas las reuniones públicas, el cumplimiento del uso obligatorio de mascarillas, entre otras medidas sanitarias.

Esta medida estuvo vigente por 15 días, por lo que el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública realizó un análisis preliminar para conocer el impacto que generó el Estado de Excepción para limitar las infecciones de covid-19 y fue enviado a diputados del Congreso.

En las conclusiones que se mencionan resalta que, en comparación con junio, los contagios se incrementaron en un 75 por ciento y durante el lapso que duró el Estado de Prevención –comparado del 1 al 14 del mismo mes– se estableció que se incrementaron en un 34 por ciento.

Mientras que, también indica que durante el mes pasado crecieron las muertes por el covid-19, debido a que del 1 de enero al 1 de agosto se han registrado 4 mil 497 fallecidos de los cuales el 20 por ciento fueron en julio. En el análisis también establecen que los picos máximos de fallecimientos durante lo que va del año se registraron entre el 14 al 31 de julio, estos días coinciden con el período que estuvo vigente el Estado de Excepción.

Además, después que fue implementada la medida fueron diagnosticados el 56 por ciento de los casos que se registraron durante julio. Otra de los datos importantes a analizar es que, el día 27 del mes pasado se confirmaron tres mil 575 casos, pero en agosto se han superado los cuatro mil.

¿Qué medidas contemplaba el Estado de Prevención? Las autoridades podrían suspender cualquier evento público o manifestación que se llevara a cabo sin ninguna medida sanitaria como el distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarilla, entre otros. Así como también fue prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en comercios y espacios entre las 18:00 y las 6:00 horas.

Sin embargo, 16 días después de levantada esta medida, Giammattei anunció en mensaje presidencial que a partir del viernes 14 de agosto se decretaba un Estado de Calamidad Pública, por el aumento de contagios de covid-19 que tiene saturados los hospitales públicos.

La nueva medida contempla disposiciones de restricciones de movilidad por 30 días como un toque de queda desde las 22:00 hasta las 04:00 horas del día siguiente, el cual dará inicio este domingo 15 de agosto.  Así como también no están autorizados los eventos públicos como reuniones sociales o recreativas, entre otras.

El pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral está preocupado por la crisis actual, principalmente por ser un año electoral en el que los guatemaltecos elegirán a nuevas autoridades.

Esperan que la conflictividad actual no se traslade al proceso de elecciones para que el evento se desarrolle con total normalidad. “Quisieramos que el evento se desarrollara en un clima armónico, sin embargo tal como son las dinámicas en Guatemala ya se venía marcando una cierta polarización de la sociedad. Hay algunos analistas que consideran que la conflictividad se podría trasladar al evento electoral, eso sería poco deseable parra el desarrollo democrático”, dijo la magistrada María Eugenia Mijangos.

¿Qué pasaría con las elecciones si el Ejecutivo declara estado de excepción?

Algunos diputados han sugerido al Gobierno que declare estado de sitio para mantener la estabilidad en el país por la crisis actual. La magistrada Mijangos explicó que las elecciones no se suspenderán y se desarrollarán incluso si el Ejecutivo decreta un estado de excepción. “El hecho de que incluso se llegara a un estado de excepción, el proceso electoral y todos los actores, y las instituciones deben llevar a cabo un esfuerzo para que se desarrolle con normalidad”.

El artículo 194 de la Ley Electoral anticipa esta situación y establece que:  “La declaratoria de un estado de excepción no suspenderá el proceso electoral. La ley de Orden Público deberá garantizar la vigencia de los derechos y libertades constitucionales necesarios para que la actividad electoral y e campañas políticas pueda llevarse a cabo de manera que no afecte el proceso electoral ni incida en sus resultados”.

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