Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, solicitaron al tribunal de honor de ese partido político que la excandidata presidencial Sandra Torres sea expulsada por traición. Aquí le contamos quiénes integran esa instancia.

El tribunal de honor es un órgano interno de cada partido político que vela por el cumplimiento de los estatutos de la agrupación política. En el caso de la UNE es la instancia que tendrá en sus manos decidir si Sandra Torres es expulsada, tal como un grupo de diputados lo solicitó.

Este tribunal lo integran cuatro personas, que fueron elegidas en 2017 en asamblea. Se trata de Oswaldo Rosales Polanco, presidente; Luis Enrique Castellanos, vicepresidente; Carlos Rodríguez Guevara, secretario, y Marina Elvira Mendoza, vocal.

Según los procedimientos, cada vez que hay una solicitud de una sanción contra un miembro del partido, el tribunal debe correr audiencia en los próximos tres días en contra del acusado, luego debe evaluar la decisión y en ocho días siguientes debe emitir una resolución. Esta puede ser una sanción verbal, escrita o la expulsión.

Una vez emitida la resolución, el sancionado puede apelar en los tres días siguientes ante el Comité Ejecutivo Nacional,  quienes deberán conocer la apelación en los siguientes cinco días y resolver. Luego aún queda amparos ante otras instancias.

Los expulsados de la UNE

A lo largo de la historia de la UNE, varias personas han sido expulsadas de la UNE por acciones en contra de moral. Por ejemplo, en 2015, el exdiputado Domingo Trejo fue expulsado por promover una actividad política en la que mujeres en ropa interior participaron.   También está el caso del exalcalde de Patulul, Édgar José García Monroy, que salió del partido en 2018 por un video que circuló en redes sociales en donde se ve que el funcionario agredía a una persona con problemas mentales.

Mientras el resto de integrantes de la UNE que han pasado por el banquillo de los acusados, solo han recibido una amonestación verbal.

Según registros del Instituto Nacional de Migración, solo por la implementación del Plan Gobernanza, que duró tres días, fueron expulsados 218 indocumentados.

Hubo tres grupos mayoritarios de migrantes expulsados de Guatemala en ese operativo: 69 hondureños, 63 salvadoreños y 40 haitianos. Además, el 12 de junio último fueron expulsados 90 haitianos que fueron detenidos en la Central de Mayoreo, en la zona 12 de Villa Nueva, cuando intentaban abordar autobuses que los trasladarían a Ayutla, San Marcos, en la frontera con México.

El vocero de la PNC, Pablo Castillo, expuso que continúan con la identificación de migrantes que transitan en el territorio sin autorización, y aclaró que el Plan Gobernanza fue temporal, pero la estrategia para reducir la migración ilegal “tiene más etapas” que se ejecutarán, y no descartó que se implementen más operativos.

Fue el pasado 11 de junio que el gobierno guatemalteco cambió sus políticas migratorias para frenar el paso de migrantes por el territorio nacional en su intento por llegar a Estados Unidos. La detención y expulsión es la estrategia principal del Ministerio de Gobernación para detener el éxodo masivo.

La Policía Nacional Civil (PNC) implementó varios operativos para detectar el traslado de migrantes y el Plan Gobernanza fue la acción policial más grande que desplegó en rutas nacionales para lograr las detenciones.

El endurecimiento de las políticas migratorias por Gobernación se aplicó luego de los compromisos asumidos por las autoridades guatemaltecas con Kevin McAleenan, secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., a finales de mayo pasado.

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En horas de la tarde la Dirección de Aeronáutica (DGAC) terminó el convenio con el Ministerio Público y lo expulsó del espacio físico, luego de la diligencia que ordenó la fiscal general para permitir el ingreso de un investigador de la Cicig el domingo pasado.

Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil, señaló que de ahora en adelante los fiscales del MP tendrán que hacer de forma obligatoria los procesos para ingresar a la terminal aérea.

“En ningún momento estamos diciendo que vamos a dejar de colaborar con ellos. El único cambio es que no estarán más dentro del aeropuerto con una oficina física”, se justificó Argueta.

Julia Barrera, vocera del MP, indicó que la institución se enteró de la decisión por los medios de comunicación y que por el momento no se tiene información oficial.

“Vamos a realizar un análisis de lo establecido en el convenio el cual establece los términos de finalización”, señaló la portavoz.

Fiscalía

El 26 de mayo de 2016 las autoridades de la DGAC y MP firmaron un convenio con el objetivo de que una agencia fiscal que tiene como objetivo atender los delitos cometidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora tuviera un espacio físico en el lugar.

La agencia está adscrita a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos y su función primordial es conocer todos aquellos casos cometidos por organizaciones criminales, narcotráfico, crimen organizado o particulares que atentan contra el patrimonio cultural, medio ambiente y todas aquellas conductas penalmente prohibidas.

El convenio fue signado por la entonces fiscal general del MP, Thelma Aldana, y el director de Aeronáutica Civil, Carlos Velásquez Monge.

“La delincuencia organizada transnacional tiene la capacidad de atravesar las fronteras marítimas, terrestres y aéreas por lo que los países a nivel interno, debemos tomar las medidas para que el manto de la impunidad no prevalezca”, aseveró Aldana.

Mientras que Velásquez  Monge destacó que: “las actividades criminales que están envueltas en la aviación pueden incluir desde pilotos, aeronaves y grandes organizaciones criminales”.

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La canciller Sandra Jovel anunció en una conferencia de prensa desde la ONU que el gobierno de Jimmy Morales da por concluido el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad  (CICIG), en un plazo de 24 horas.

Luego de varios minutos de retraso, el presidente Morales inició su discurso indicando que el Estado de Guatemala a través de la canciller Sandra Jovel buscaron una solución definitiva sobre el actuar de la Cicig, a pesar de los múltiples intentos transcurrieron 16 meses y  varios funcionarios han violado los derechos de los guatemaltecos y extranjeros.

Jimmy recalcó que la seguridad y la paz también son deberes de las Naciones Unidas, pero la negatividad del secretario de la ONU y su mal actuar pusieron en riesgo a la nación y soberanía del Estado guatemalteco.

En la conferencia de prensa Morales indicó que existen muchos casos que “es mejor que se sepan por los afectados”, demostrando que sus derechos han sido violados por la Cicig.

Familia Bitkov:

Irina Bitkov inició agradeciendo al presidente Morales por la decisión “valiente” que hizo de terminar el trabajo de la comisión. “Cicig dice que solo tiene persecución con los políticos, tenemos pruebas que sí hemos sido perseguidos”

“Cicig participó para que nuestro hijo estuviera en un orfanato, cuando nos lo regresaron estaba en malas condiciones de salud, también participó en otra violación, cuando encarcelaron a nuestra hija, no importando sus quebrantos de salud. Estamos hablando del bienestar de una familia, participaron en el abuso de prisión preventiva con nuestra familia por documentos que fueron emitidos por organizaciones gubernamentales. Cicig solamente actuó en persecución con una sola familia de migrantes”, continuó diciendo Irina.

Igor Bitkov argumentó que la Cicig y Feci los están persiguiendo al imputarles 47 años de cárcel, hablando con “jueces”.

Morales continuó la conferencia indicando que el “Caso Migración” no es el único, ya que han habido muertes de algunos funcionarios por estar en prisión preventiva.

Zimmeri:

Alfredo Zimmeri, un joven de 19 años que supuestamente fue golpeado por un grupo de agentes de Cicig se hizo presente junto a su padre, quien brindó unas palabras.

“Buenas tardes señor presidente, señores de la prensa, el caso de mi hijo tal vez no sea tan relevante, pero estuvo a punto de perder la vida. Fue pateado y golpeado en el suelo como que fuera una pelota de fútbol. Agradezco está oportunidad que la vida me está dando de tenerlo a mi lado”, indicó el padre de Alfredo

 

“Consideramos que personas que ocupan un puesto como el de investigadores hagan un acto tan repudiable, esperamos que se haga justicia y pedimos las órdenes de captura pero al revés. Cuando el señor Velásquez da sus comentarios respecto al partido nos trata como que fuéramos animales”

Valdés Paíz

Los hermanos José Estuardo Y Francisco José Valdés País fueron señalados de ser los autores intelectuales de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, en 2009.  El juez Tercero Penal, Mynor Moto, cerró el caso en su contra en 2017.

“Empiezo con nuestro caso, tal vez sea el primero que utilizó Cicig en los colaboradores eficaces, todos han dicho mentiras y lo han hecho por salvarse”,

Los Vielmann:

El exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, fue acusado de en un cuerpo paramilitar que mató a siete presos de la cárcel Pavón, por lo que un tribunal español lo absolvió.  Al regresar a Guatemala fue señalado de participar en ejecuciones extrajudiciales de reos fugados de la cárcel de alta seguridad de Escuintla, conocida como “El Infiernito”.

“Mi padre está preso por haber sido ministro”, indicó la hija y asegura que la Cicig cometió abusos “maliciosamente usando testigos criminales”.

Morales finalizó su discurso exponiendo al Estado de Guatemala que Cicig ha transgredido su mandado y lo han hecho con los tres comisionados que han violado las leyes guatemaltecas, internacionales y los tratados de los derechos humanos.

“Iván Velásquez sigue contribuyendo a una cultura de polarización y ha confrontado a los pobladores y a los diferentes medios de comunicación, ha intervenido la justicia con terroristas, asesinos y ladrones”, como Morales

Jimmy Morales argumentó que fue entregado al Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres la notificación inmediata de la finalidad de la Cicig en Guatemala.

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El Gobierno de Jimmy Morales generó 13 días de controversia. Hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio ha conocer que acatará orden de la Corte de Constitucionalidad (CC). Debido a que extenderá las 11 visas de cortesía a los investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

MINEX acata orden

La Cancillería a través de una carta indicó al personal de la CICIG lo siguiente:

“Deberán presentarse a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático de este Ministerio con la documentación correspondiente en relación con sus solicitudes de visas de cortesía”.

Los investigadores que deben presentarse a la Dirección de Protocolo son:

1. Fernando Dos Santos
2. Luis Fernando Orozco
3. Horacio Piccardo
4. César Rincón
5. Fernando Robles
6. Roque Veliz
7. Yilen Osorio
8. María Martín
9. Coriolano Umpierrez
10. John Giménez
11. Vicenzo Caruso

Esto se da tras una serie de acciones legales que generó la decisión del gobierno de expulsar a los investigadores el pasado 18 de diciembre. El MINEX dio un plazo de 24 horas al personal de CICIG para dejar el país. Sin embargo, la Comisión informó que la mayoría estaba fuera por vacaciones de fin de año.

La Cancillería tuvo un revés debido a que la CC dio un amparo provisional y ordenó que en 12 horas debía extender las visas de cortesía.

El evento se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos, donde también asistió el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco.  AMLO aseguró que Belinda sufrió una represalia por apoyarlo durante la campaña presidencial.

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Durante el acto AMLO se refirió a la artista comentando:

“Una joven extraordinaria que nos ayudó en la campaña, cuando todavía era incierto lo de nuestro triunfo, y la invitamos, la convocamos, para que ella participara, ella es cantante, es Belinda, y nos apoyó mucho”. Acto seguido, reveló: “padeció de una represalia por apoyarnos, y ahora que venía aquí a Morelos le hablé por teléfono y la invité para darle un aplauso aquí a Belinda”.

Belinda empleó sus redes sociales para compartir varias imágenes de su encuentro con el presidente electo.

https://www.instagram.com/p/BoiVHHfASJX/?taken-by=belindapop

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La semana pasada, el Tribunal Electoral de México manifestó que Belinda, quien nació en España, al parecer violó el artículo 33 de la Constitución que dice:

“Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.

El artículo establece que el poder ejecutivo puede expulsar a extranjeros que lo hagan.

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El tribunal no sancionó a la intérprete, pero ordenó “dar vista a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda”.

https://www.instagram.com/p/BoH0Td0AIfY/?utm_source=ig_embed

El ministro de Gobernación (Interior), Alfonso Navarrete publicó en Twitter una foto el lunes recibiendo a Belinda en su despacho.

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“Le informé que para ella no es aplicable el Artículo 33 de la Constitución cuya finalidad atiende a otro tipo de conductas y circunstancias”, Navarrete tuiteó.

Este año, durante actos de campaña, Belinda repartió mercancía con acrónimos de la campaña del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Belinda nació en Madrid, España, su padre es español y su madre hispano francesa. Llegó a vivir a México cuando tenía cuatro años y ha tenido una carrera como cantante y actriz.

La artista podría ser deportada por comprobarse que es extranjera y que violó la Constitución por participar en la campaña del presidente electo de México.

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Belinda solamente cuenta con la Constancia de la Calve Única de Registro para Extranjeros, dicho documento se le entrega a ciudadanos en otro países que tengan residencia permanente en México. Esto sería prueba de que no se ha naturalizado la cantante.

“La deportación en este caso es factible por la Constitución. Efectivamente existe esa restricción y sí puede pasar. Al final depende de la persona y los procesos, pero sí podría tener problemas”, dijo Karla Meza, subcoordinadora de Vinculación de la asociación Sin Fronteras IAP.

La activista consideró que el país debería replantearse la condición de los extranjeros en México. Belinda, de padre español y madre hispano-francesa, llegó a vivir desde los cuatro años y ha tenido una carrera activa como cantante, actriz y empresaria.

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“Hay muchas organizaciones y todo un movimiento a favor de los derechos políticos que deberían tener las personas extranjeras que son residentes que pagan impuestos, etcétera, y no pueden votar, opinar, ni tienen una participación en la vida política”, explicó.

Consideró que la política mexicana ha mantenido un enfoque ligado a la seguridad nacional que no toma en cuenta los derechos humanos.

“Hay una percepción de que el extranjero puede venir a invadir, que es pernicioso, eso ha permeado en la política y por eso gran parte de los marcos normativos siguen incorporando este tipo de consideraciones”.

Puso como ejemplo opuesto a Ecuador, en donde los extranjeros pueden votar si tienen una residencia de al menos cinco años.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que la cantante violó la ley participando en actos políticos.

Las acciones iniciaron hace dos semanas, cuando padres de familia tomaron la escuela Luis Francisco Cifuentes Aguirre, de la aldea Pecul, Pueblo Nuevo, Suchitepéquez, solicitando el retiró de doce maestros.

Dichos docentes no se presentaron a trabajar durante el tiempo que duro el movimiento de protesta

Francisco García Morales, auxiliar de Derechos Humanos, dijo que los padres se mantuvieron en su postura y ahora serán las autoridades de educación,  quienes analicen el lugar donde serán reubicados los docentes.

Queman cohetes

Padres de familias, quemaron cohetes y le dijeron adiós a 12 maestros que fueron retirados de dicha escuela. Luego de la participación reciente del paro magisterial los docentes fueron expulsados.

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Maestros no llegaron a dar clases en escuela de Suchitepéquez

El pasado 14 de mayo, padres de familia de la Escuela Rural Mixta Luis Francisco Cifuentes Aguirre, de aldea Pecul de Pueblo Nuevo Suchitepéquez, tomaron las instalaciones,  exigiendo que se cambien a 12 maestros que no llegaron a trabajar varios días por estar participando en el paro magisterial.

Según los inconformes, de los 17 maestros que cuenta la escuela 12 se ausentaron. Mientras que el resto siguió trabajando, eso significa que no les interesa seguir enseñando. Por eso solicitaron que fueran retirados de la aldea.

La luz de alerta activó a los sectores sociales desde el pasado viernes, quienes rechazar cualquier intento del Ejecutivo de atentar en contra del orden constitucional, así como de nuevo buscar la salida del país Ivan Velásquez jefe de la CICIG.

El Frente Contra la Corrupción fue el primer movimiento en pronunciarse por medio de una carta abierta.

“Ante el riesgo de que se intente de nuevo, en contra de los establecido por la corte de constitucionalidad, expulsar al señor Iván Velásquez, manifestamos nuestro enérgico rechazo, porque sería constitutivo de un rompimiento del orden constitucional”, afirmaban.

El Frente anticorrupción hizo un llamado al presidente Morales, “para que pueda asumir su responsabilidad y reconozca cualquier acto en el que haya infringido la ley”, para devolver la calma a la sociedad desde la presidencia.

Diputado que integran el Frente Parlamentario por la Transparencia se pronunciaron en la misma línea, apoyando las expresiones ciudadanas pacíficas.

“Desde ya rechazamos cualquier rompimiento constitucional y las maniobras que buscan reeditar el proceso de expulsión del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, así como las acciones represivas que limiten o impidan la expresión de la ciudadanía”.

Reacción beligerante 

Los pronunciamiento se efectúan luego de la revelación del caso financiamiento electoral ilícito que involucra a empresarios y al partido FCN-Nación y ante la reacción beligerante del mandatario Jimmy Morales sobre los señalamientos.