La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este sábado 21 de enero fue capturado Edwin Francisco Maldonado, alias pancho, de 40 años.

La captura se registró en un operativo antinarcótico en el kilómetro 122 de la ruta entre Salamá, Baja Verapaz, y la aldea El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.

Esta captura es con fines de extradición hacia Estados Unidos por un caso de narcotráfico.  

La PNC agregó que el detenido es señalado del delito de conspiración para distribuir cinco kilógramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para que el alijo fuera llevado a Estados Unidos.

El Ministerio Público (MP) informó que Maldonado es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Añadió que la investigación de las autoridades identificó a un grupo de traficantes de drogas guatemaltecos que desarrollaron fuentes de suministro y compradores de cocaína.

Maldonado operó desde enero de 2018, hasta marzo de 2022 como receptor de cargamentos de cocaína que eran enviados desde Colombia a Centroamérica y México para finalmente enviarlo hacia los Estados Unidos.

En lo que va del 2023, el MP ha coordinado la aprehensión de cuatro extraditables, todos relacionados con delitos de narcotráfico.

Para leer más: Abogado de Joaquín “el Chapo” Guzmán revela quiénes han visitado al narcotraficante en la cárcel de EE. UU.

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El Ministerio Público coordinó con la #PNC la aprehensión de Edwin Francisco Maldonado, quien es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida pic.twitter.com/PzN2QXrTct

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 21, 2023

El juez suspendió “los actos consistentes en la deportación, expulsión, extradición y su ejecución”, de acuerdo con el expediente 24/2023 del Juzgado Sexto del Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.

Esto “para el efecto de que no se ejecuten y el quejoso quede en el lugar en el que se encuentre a disposición de este juzgado, solo con relación a su libertad personal y no sea entregado al Gobierno de los Estados Unidos de América, ni a ningún Estado diverso”.

Asimismo, el magistrado concedió otro amparo para evitar la incomunicación del narcotraficante, lo que le permite contactarse con sus familiares y abogados defensores.

La decisión del juez parte de los recursos de amparo presentados por sus abogados defensores, quienes pidieron la suspensión del proceso de extradición.

El juez federal también instó al “actuario adscrito (funcionario competente) a que dé fe del estado físico del quejoso (detenido) y si a simple vista presenta huella de lesiones”.

El Ejército mexicano detuvo el jueves 5 de enero a Ovidio Guzmán en el norteño estado de Sinaloa y después lo trasladó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano -conocido también como el penal de Almoloya-, ubicado en Estado de México, donde también estuvo recluido su padre, quien se fugó de ahí en 2015.

La detención sorprendió al ocurrir días antes de la visita a México del presidente estadounidense Joe Biden, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte, aunque el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó cualquier relación entre los dos hechos.

Tanto López Obrador como el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, descartaron este viernes 6 de enero en la rueda de prensa diaria del Gobierno que la extradición se fuese a realizar por la vía rápida y estimaron que Estados Unidos tardará entre cuatro y seis semanas en presentar acusaciones penales contra el hijo del Chapo Guzmán.

Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, expuso que Ovidio se enfrenta en México a acusaciones por delitos contra la salud (narcotráfico) y relacionados con armas de fuego, y también tiene investigaciones abiertas por delincuencia organizada.

Estados Unidos, que presentó la solicitud de extradición en 2019 y ofrecía US$5 millones por su captura desde diciembre de 2021, imputa al narcotraficante delitos que versan sobre la conspiración para la introducción de drogas a ese país, detalló Rodríguez.

El Gobierno mexicano avisó este viernes 6 de enero que la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán más buscados por EE. UU. y recientemente detenido, será lento, ya que también enfrenta acusaciones penales en México.

“(La extradición) es un proceso. Se hace la solicitud por parte del Gobierno, en este caso de Estados Unidos, pero se tienen que presentar las pruebas y ya los jueces en México deciden”, refirió eL presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su rueda de prensa diaria.

Además, el mandatario insistió en que la extradición no se realizará por la vía rápida.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, detalló que México cuenta con elementos para llevar a Ovidio Guzmán ante los tribunales por delitos contra la salud (narcotráfico) y relacionados con armas de fuego.

Además, dijo que también existen investigaciones relativas a la posibilidad de que el detenido y otras personas hubiesen cometido delitos relacionados con la delincuencia organizada.

“Claro que lo anterior es independiente de lo que resulte en los hechos suscitados en ocasión de su detención”, puntualizó.

Estados Unidos, que presentó la solicitud de extradición en 2019, imputa al narcotraficante delitos que versan sobre la conspiración para la introducción de drogas a ese país, detalló Rodríguez.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, añadió que, tras poner al detenido a disposición de un juez, el mecanismo de extradición cuenta con un plazo para que el país solicitante presente pruebas penales, que estima que en el caso de Estados Unidos se demorarán entre cuatro y seis semanas.

Una vez puestas dichas pruebas ante las autoridades judiciales, la decisión sobre la extradición correrá a cargo del juez y de la Cancillería que él dirige.

“No es una decisión política, solo de la Cancillería, sino esencialmente del juez, para verificar que los derechos de esa persona se respetan, dado que es un ciudadano mexicano”, comentó.

Ovidio Guzmán fue detenido en la madrugada del pasado jueves en el norteño estado de Sinaloa durante un operativo de las Fuerzas Armadas mexicanas, que derivó en disturbios violentos en diversos puntos de la región y en los que murieron una decena de militares y 19 miembros del crimen organizado.

Posteriormente ingresó en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano -conocido también como el penal de Almoloya-, ubicado en Estado de México, donde fue recluido su padre y del que se fugó en 2015.

La detención sorprendió al ocurrir días antes de la visita a México del presidente estadounidense Joe Biden, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte, aunque López Obrador negó cualquier relación entre los dos hechos.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este domingo 4 de diciembre a Luciano Paul Bravo Bautista, un hombre de 41 años originario de San Marcos que tenía una captura con fines de extradición a Estados Unidos por cargos relacionados al narcotráfico.

La detención se realizó en la aldea El Sitio, en Catarina, municipio de San Marcos. El operativo estuvo a cargo de agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Bravo Bautista era conocido como el “Pana” y es requerido por la Corte de Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Texas por el delito de asociación ilícita para manufacturar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína. Esto con la intención de traficar dicha sustancia a EE. UU.

La investigación apunta a que desde 2017 hasta agosto de 2020 Bravo Bautista perteneció a una organización de tráfico de drogas que operaba a través del sur, centro y norte de América desde el año 2008, la cual ha traficado grandes cantidades de cocaína hacia EE. UU.

En esta organización fue responsable de dirigir, manejar y facilitar algunas de las actividades de tráfico de droga de la organización en Guatemala y en otros lugares.

De acuerdo con datos de la PNC, este año suman 38 detenidos para extradición.  De ellos, 26 son por temas de narcotráfico y 12 por otros delitos.

Las autoridades informaron que tras un trabajo coordinado entre Guatemala y México se concretó este viernes 8 de julio la captura de Galindo David Luargas Fuentes,  de 65 años, en Tapachula, Chiapas, México.

Fue entregado en la frontera a las autoridades guatemaltecas, con seguridad provista por el Ejército de Guatemala.

Una vez en territorio guatemalteco, fue puesto a disposición de los tribunales respectivos para su procesamiento por cargos relacionados con el narcotráfico, con fines de extradición a los EE. UU.

El Ejército de Guatemala informó que el traslado del capturado se hizo vía Fuerza Aérea Guatemalteca desde Quetzaltenango hacia la ciudad capital.

Añadió que el detenido es de origen guatemalteco y que la captura se registró a las 13.30 horas en Tapachula.

Mientras que la Policía Nacional Civil (PNC) informó que Luargas Fuentes es papá de Wilson Wilfredo Luargas García, alias “Primazo y/o Pasta y/o Empresario”, quien fue detenido el 10 de marzo del 2014, en un allanamiento en la aldea Los Laureles, Ocós, San Marcos.

Para leer más: Catorce túneles en la frontera entre México y EE. UU. tienen el “sello personal” de “El Chapo” Guzmán

Según la PNC, en lo que va de este 2022, suman 21 los extraditables, 15 de estos han sido detenidos por delitos relacionados al narcotráfico.

Según investigaciones de autoridades, el Primazo estaría implicado en el traslado de narcóticos, cuya ruta abarcaba desde Suramérica a Guatemala y México, pero tenía como destino final los EE.UU.

El Supremo de Honduras ordenó este miércoles la entrega del expresidente Juan Orlando Hernández a EE. UU., donde enfrentará tres cargos asociados a narcotráfico y uso de armas, luego de que el fallo sobre su extradición fuera firmado por los quince magistrados del pleno del poder Judicial.

El juez de Extradición de Primera Instancia remitió los “oficios y certificación de resolución” de la extradición de Hernández a instituciones del poder Ejecutivo, para “proceder a la entrega del expresidente”, quien es “requerido para fines de extradición por la Corte del Distrito Sur de New York”, indicó el Supremo hondureño en Twitter.

“Con la remisión de las comunicaciones correspondientes, la Corte Suprema de Justicia concluye la actividad judicial en el presente proceso, a fin de que Relaciones Exteriores, (y las secretarías de) Seguridad y Defensa coordinen la ejecución de lo resuelto con los agentes comisionados por el estado requirente”, señaló.

El último paso ahora es el trámite con las autoridades estadounidenses para proceder con la extradición, según el Tratado Bilateral suscrito entre Honduras y Estados Unidos.

El Supremo hondureño anunció el martes que la resolución sobre el caso de Hernández ya había sido firmada por los quince magistrados que conforman el pleno de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó el 28 de marzo la extradición del exgobernante que había autorizado en primera instancia el 16 del mismo mes un juez natural.

El expresidente (2014-2022) fue capturado el 15 de febrero en su domicilio en Tegucigalpa, un día después de que Estados Unidos solicitara al Gobierno de Honduras su “arresto preventivo”, con fines de extradición.

El Supremo hondureño indicó hoy en un comunicado que Hernández seguirá detenido en las instalaciones de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional mientras se concreta su entrega, la que podría registrarse la próxima semana, según versiones extraoficiales.

Agregó que el proceso de extradición de Hernández se efectuó “dentro del plazo previsto” en el tratado bilateral, que señala un término de dos meses para el mantenimiento del arresto preventivo.

Hernández enfrentaría tres cargos, el primero por “conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos”, con el “conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente” en ese país, además de “usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión” de “ametralladoras y dispositivos destructivos”.

El tercero es por una “conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos (…), en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos”.

(Foto principal: AFP)

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras ratificó este miércoles la extradición a EE. UU. del expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue requerido por ese país el 14 de febrero para enjuiciarlo por tres cargos asociados a narcotráfico y uso de armas.

“La Sala de lo Constitucional resuelve declarar inadmisible la garantía de amparo del cual se ha hecho mérito interpuesto por los abogados defensores de Juan Orlando Hernández, y ya se manda que una vez notificada se firme la presente resolución, ya ha sido notificada la misma y se extienden las certificaciones que corresponden”, dijo a los periodistas el portavoz del Supremo, Melvin Duarte.

El 28 de marzo, el pleno del Supremo, conformado por 15 magistrados, ratificó la extradición de Hernández (2014-2022), de 53 años, que fue autorizada el 16 del mismo mes por un juez natural.

Duarte señaló que el amparo fue declarado inadmisible al “apreciar” la Sala “que los recurrente alegan cuestiones de mera legalidad”.

Falta un recurso legal

“Las cuestiones de mera legalidad son situaciones que son expuestas por parte de los recurrentes y que la Sala considera que por no ser propias de la materia de justicia constitucional, están fuera del análisis de esta Sala, ya que son situaciones que deben ser planteadas en las instancias; es decir, situaciones probatorias que han sido alegada por ellos”, agregó.

Además, indicó que ahora queda “expedito la posibilidad de que puedan presentar (los abogados de Hernández) un recurso de reposición”.

“Si existe la decisión del equipo de defensa de presentar un recurso de reposición, se hace ante la misma sala en un plazo de 24 horas desde el momento que fueron notificados, y resolver la sala en el menor tiempo posible, ya que no tiene un plazo establecido, pero sí en el menor posible”, recalcó.

El día de la extradición de Hernández a Estados Unidos ahora dependerá del curso que siga el proceso a partir de la resolución de hoy. Algunos abogados coinciden en que esta misma semana el expresidente estaría siendo entregado a las autoridades estadounidenses en Tegucigalpa.

El 14 de febrero, tres semanas después de que Juan Orlando Hernández concluyó su segundo mandato en el poder, Estados Unidos le solicitó a Honduras su “arresto preventivo” con fines de extradición, acusándolo de tres cargos.

El primero es por “conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos”, con el “conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos” a aguas “a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos”.

Además, se le acusa de “fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos”.

El segundo cargo, es por “usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión” de “ametralladoras y dispositivos destructivos”.

Las armas y los dispositivos destructivos serían “en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de los que se le acusa en el cargo uno”.

El cargo tres se refiere a una “conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos”.

La Embajada estadounidense en Tegucigalpa afirmó el 14 de febrero, que “en total, desde aproximadamente 2004, la conspiración transportó más de aproximadamente 500 mil kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos”.

Hernández siempre rechazó las acusaciones procedentes de Estados Unidos que lo implicaban en delitos de narcotráfico, algunas de ellas por hondureños que enfrentan juicio o están condenados en ese país por tráfico de drogas.

En una carta pública, Hernández, luego de que fuera ratificada su extradición, expresó que es “inocente” y “víctima de una venganza y una conspiración” y que está “seguro que Dios” le hará “justicia”.

En marzo de 2021, un hermano del expresidente, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico.

(Foto principal: AFP)

La extradición a Estados Unidos del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2020), acusado de narcotráfico, tiene que ver con “los problemas de impunidad en la región”, dijo el martes un exjefe de la desaparecida misión anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) en ese país centroamericano.

Juan Jiménez Mayor, quien encabezó entre 2016 y 2018 la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), consideró que el envío de Hernández para ser procesado en una corte federal en Nueva York se relaciona con la “ineficacia” del sistema de justicia hondureño.

“La extradición tiene que ver con la propia incapacidad del Estado hondureño para poder procesar delitos de corrupción o de narcotráfico de la magnitud que se está planteando en este caso”, afirmó durante un foro organizado en Washington, haciéndose eco de declaraciones del exfiscal hondureño Ángel Edmundo Orellana.

Jiménez Mayor, mencionado para liderar la nueva comisión anticorrupción que busca instalar en Honduras la sucesora de Hernández, Xiomara Castro, subrayó que la falta de decisión política para combatir el crimen fomenta la impunidad.

“‘No hay que nombrar a los mejores, sino nombrar a los mejores amigos’: esta frase tremenda es lo que nos da la idea de qué buscan los políticos cuando se entrometen en temas vinculados a la justicia”, señaló.

“Y esto es grave”, aseveró.

Pero la impunidad, agregó, no se limita a Honduras, y resaltó en particular la “masacre” en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele decretó el domingo el estado de excepción tras el registro de 76 homicidios en dos días.

“Estamos en crisis por el avance de la criminalidad en la región y por la ineficacia de nuestros sistemas penales para responder a estos desafíos enormes que tenemos”, enfatizó.

También resaltó el aumento de las tasas de homicidio en Ecuador, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Chile.

“La clave es superar el problema de impunidad que tenemos en la región”, aseguró, porque “si las instituciones de justicia no son eficaces para combatir el delito, pues el delito va a tener una enorme posibilidad de incrementarse”.

Jiménez Mayor participó en un debate virtual sobre el papel de las fiscalías en la democracia, invitado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El jurista peruano, quien también fue primer ministro de Perú y ministro de Justicia del gobierno de Ollanta Humala, renunció a la MACCIH en febrero de 2018, aduciendo falta de apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La MACCIH, creada en 2016 por un acuerdo entre Hernández y la OEA, finalizó sus funciones en enero de 2020 luego de que el gobierno hondureño no renovara su mandato.

Un juez hondureño autorizó este miércoles la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, donde estaría enfrentando tres cargos asociados a narcotráfico y uso de armas.

“El juez de Extradición de Primera Instancia resuelve conceder solicitud de extradición remitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York para el expresidente de la República Juan Orlando Hernández Alvarado”, indicó a los periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte.

Agregó que la defensa del exmandatario tiene tres días para presentar una apelación ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Según indicó la defensa del exgobernante antes de que finalizara la audiencia, “el Gobierno de Estados Unidos no remitió ninguna prueba fehaciente y suficiente que involucre al ciudadano y expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández en actividades del narcotráfico, como lo exige el Tratado de Extradición para que el juez otorgue el pedido de extradición”.

“De acuerdo con la legislación hondureña, no constituye prueba el simple relato de un testigo de referencia” y “en un tribunal de justicia hondureño lo que la Fiscalía de EE.UU. envió no sustentaría ninguna acusación contra ningún imputado”, indicó la defensa en un comunicado.

Señaló además que “la Fiscalía de EE.UU. no envió ninguna documentación probatoria, ni fotografías, ni audios, ni videos, ni transacciones o cualquier otro elemento probatorio que respalde su acusación”.

En marzo de 2021, Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Nueva York. 

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este domingo 20 de febrero sobre la captura de un guatemalteco con fines de extradición.

Se trata de José Luis Olivares Caballos, de 62 años de edad, requerido por la justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con información proporcionada por Edwin Monroy, vocero de la institución policial, el capturado, también conocido como Tío Luis, ultrajó en forma continuada a un menor de edad en California.

Olivares es “señalado de los delitos de copulación oral o penetración sexual con un niño de 10 años o menos en violación a la sección 288.7, (b) del código penal de California”, indica el informe brindado por la PNC.

Además, “abuso sexual continuo, en violación a la sección 288.5, (a) del código penal de California, relación sexual o sodomía con un niño de 10 o menos e violación a la sección 288.7 (a) del Código Penal de California”, agrega.

La orden de captura fue girada por un juzgado guatemalteco el 17 de enero último, informó la PNC.

El hombre fue aprehendido por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) en la aldea Los Izotes, Casillas, Santa Rosa.

La PNC informó que, en lo que va del año, han sido capturadas ocho personas con fines de extradición.

(Foto principal: PNC)