La cancelación del partido Unión del Cambio Nacional (UCN) quedó en firme por infracción a las normas de financiamiento electoral, según edicto publicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Con lo dispuesto, el nombre y símbolo del referido partido no podrá ser usado en 10 años.

La agrupación política ya estaba cancelada, pero presentó acciones y recursos para que no quedara en firme la resolución; sin embargo, al rechazarse la apelación, el TSE informó que ya está en firme.

El 21 de septiembre recién pasado, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazaron la apelación solicitada por la UCN, con la que se buscaba que se les otorgara amparo provisional y se suspendiera la resolución del TSE que canceló a esa agrupación política por financiamiento irregular.

La impugnación que planteó el partido iba dirigida contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que no les otorgó un amparo provisional.

La UCN solicitaba que al aceptar la apelación se les concediera el amparo y se suspendiera la decisión del TSE y así continuar activo.

En enero del 2021, el Ministerio Público (MP) aseguró que la UCN usó fondos para hacer pagos, depósitos y transferencias a personas particulares y empresas comerciales.

La Fiscalía de Delitos Electorales del MP solicitó entonces la cancelación de la personería jurídica del partido político, cuyo principal líder, Mario Estrada, estaba detenido en Estados Unidos, porque en la campaña 2015 la UCN no reportó aproximadamente Q15 millones.

Los hallazgos reportados por la auditoría electoral se refieren a gastos realizados con fondos de financiamiento público sin documentos de respaldo en 2014 y 2015 por Q2.5 millones y financiamiento para gastos del día de las elecciones del 2015 por Q15 millones que no fueron reportados.

En el edicto de este lunes 17 de octubre el TSE resalta: “Se ordena al Departamento de Organizaciones Políticas hacer las anotaciones correspondientes, al estar firme la presente resolución el nombre y símbolo o emblema del partido político cancelado no podrán ser usados ni registrados por ninguna organización política antes de diez años”.

Para leer más: TSE eroga Q45 mil por la composición de un himno y argumenta que es para “exaltar” el carácter de la institución

#Nacionales | La cancelación del partido UCN queda en firme por infracción a las normas de financiamiento electoral, según edicto publicado por el @TSEGuatemala con el cual el nombre y símbolo del partido no podrá ser usado en 10 años. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/HmzXxQeXIi

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) October 17, 2022

La falta de controles en El Salvador para el uso de criptodivisas en la política abre la posibilidad de que el crimen organizado o intereses externos financien la campaña presidencial para las elecciones de 2024, en las que también se elegirán a alcaldes y diputados, y tengan un “impacto” en la democracia de este país.

El Salvador se convirtió en 2021 en el primer país del mundo en darle curso legal al bitcóin como moneda, con lo que la nación centroamericana se abrió a que este criptoactivo se use sin mayores controles.

El contexto de la poca vigilancia a la financiación de las campañas en El Salvador y las características propias de las criptomonedas generarían un mayor “estrés” a la capacidad de vigilancia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), según advirtieron expertos.

Lanzan alerta por criptoactivos

Para el director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, intereses ajenos a los de los salvadoreños podrían tratar de influir en las elecciones al financiar campañas mediante criptoactivos.

“El financiamiento de campañas electorales con criptoactivos en El Salvador le puede generar más estrés a la transparencia”, dijo Escobar a Efe.

Acción Ciudadana, una organización no gubernamental, estudia desde 2016 las finanzas de los partidos políticos y realiza un índice de transparencia.

Señaló que “la falta de controles adecuados sobre el dinero que financia la política y la falta de rendición de cuentas de parte de los partidos son condiciones que generan un riesgo de financiamiento ilegal de campañas“.

“Puede ser lavado de activos, pueden ser gobiernos extranjeros que financien las campaña, el crimen organizado. En esa medida, esto puede tener un impacto en la democracia salvadoreña”, advirtió Escobar.

Indicó que el crimen organizado “tiene otro tipo de intereses en cuanto a cómo se gobierna” y los gobiernos extranjeros “tienen intereses geopolíticos y económicos”.

“Una Asamblea Legislativa o presidente de la República pueden tratar de potenciar, proteger o impulsar los intereses de estos países”, agregó el letrado.

Dijo, a modo de ejemplo, que un caso podría ser de que un país tenga intereses por recursos salvadoreños y por ello quiera financiar la campaña con criptoactivos para tener “influencia sobre las decisiones políticas”.

“Por eso es que nosotros alertamos de que hay que tomar medidas, hay que regular o hay que prohibir, en el mejor de los casos, la utilización de criptoactivos financiando campañas electorales por todos estos riesgos que implica”, subrayó.

El precedente del bitcóin

El Gobierno de El Salvador fue el primero en comprar con fondos estatales bitcóin por más de US$100 millones y mantenerlos en reservas.

La única información oficial que se conoce sobre estas compras y la adopción del criptoactivo proviene de los tuits del presidente Nayib Bukele, dado que las instituciones vinculadas han puesto bajo secreto los datos.

“Si no tenemos datos de las compras y de los registros que ha tenido el Gobierno en materia de bitcóin, mucho menos lo vamos a tener de un partido político o de un candidato. El riesgo es real de que un candidato o un partido utiliza una billetera que no se pueda rastrear y que al final esté siendo financiado por el crimen organizado”, agregó.

La regulación necesaria

Denisse Siliézar, coordinadora del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana, señaló a Efe que es importante que el Tribunal Supremo Electoral “emita las directrices” para que partidos y candidatos conozcan “el tratamiento específico que deben dar a las donaciones en criptoactivos”.

Indicó que, en caso de recibir financiación con criptomonedas, los partidos y candidatos utilicen billeteras digitales custodiadas, casas de cambios “centralizadas” y que las transacciones se registren en una “blockchain”.

“En la medida en que podamos identificar el origen de los fondos podemos conocer las intenciones de estos actores que quieren financiar la política”, acotó Siliézar.

Lamentó que el país no cuenta con “un sistema de fiscalización eficiente y robusto, y esto se debe a que el Tribunal Supremo Electoral no cuenta con una unidad especializada” para “controlar y auditar” los recursos de los partidos políticos.

Indicó que ante esta falta de controles y legislación específica “sería importante prohibir este tipo de criptoactivos como forma de financiación de la política”.

Agregó que el tiempo para implementar medidas “es bastante corto”, dado que el país realizará elecciones en 2024.

Los partidos peor evaluados en materia de transparencia en el índice de 2021 de Acción Ciudadana son el opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los oficialistas Nuevas Ideas (NI) y Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

La justicia guatemalteca avaló una orden de captura con fines de extradición contra el empresario Mario Leal, quien fue vicepresidenciable por la UNE en las elecciones de 2015.

La jueza Claudette Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, avaló la orden de aprehensión con fines de extradición contra Leal.

El siguiente paso es un proceso diplimático para que las autoridades de Estados Unidos sean informadas y busquen a Leal para arrestarlo.

Bajo reserva, en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez, se desarrolla la audiencia donde representantes del @MPguatemala explican la petición para que sea detenido, con fines de extradición, el empresario Mario Leal, quien fue ubicado en Estados Unidos. pic.twitter.com/IW0ecKI0Wl

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 16, 2019

Domìnguez avaló la orden de captura durante una audiencia donde dos representantes del Ministerio Público (MP), que laboran en la Unidad de Asuntos Internacionales y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) comparecieron y explicaron las razones por las que solicitan que Leal sea detenido.

Domínguez autorizó la petición y firmó el documento. El empresario es señalado en el caso “Traficantes de influencias y financiamiento electoral no registrado a la UNE en 2015”.

Los partidos políticos deben entregar cada mes un informe financiero sobre los ingresos y gastos. Según los reportes de marzo y que están disponibles en la página web del TSE, las organizaciones han optado por el financiamiento propio y de donaciones.

Analizamos los reportes de los partidos políticos de los ocho candidatos presidenciales que lideraban la encuesta libre al cuatro de abril  y este es el resumen de lo detectado:

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Gráficas: Elaboración Prensa Libre

Todos estos datos serán verificados por la Unidad de Fiscalización. Los partidos deben informar sobre los ingresos y gastos tanto de la campaña electoral como de funcionamiento.

En el caso de las donaciones en especie deben hacer el cálculo de su valor en el mercado y colocar ese monto. Llama la atención que en el informe de un partido se reportó la donación de un video publicitario en Morales, Izabal por un monto de Q15.00

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El plazo de las medidas es de tres meses, prorrogables, y debe ser auxiliada por la Policía Nacional Civil (PNC) cuando ella lo requiera, “en cualquier momento y lugar de la república de Guatemala”, detalla un documento que la judicatura hizo llegar a la Dirección de la Policía.

Torres señaló como sus presuntos agresores al jefe de la Fiscalía Especial contra al Impunidad, Juan Francisco Sandoval y al fiscal Andrei Vladimir González Arteaga.

Ellos fueron denunciados hace dos días por la agrupación política por la filtración de un audio en el que se escucha una supuesta conversación entre Gustavo Alejos y Torres relacionada a la recaudación de fondos para la campaña electoral de 2015.

El juzgado prohibió a Sandoval y a González “que perturben o intimiden a la presunta agraviada y a su núcleo familiar, de forma personal o a través de cualquier medio de comunicación o red social”.

“Se prohíbe el acceso de los presuntos agresores al domicilio permanente o temporal de la persona agraviada, a su lugar de trabajo y estudio”.

También se les hizo saber a los presuntos agresores que el incumplimiento de las medidas constituye los delitos de violencia contra la mujer, la cual tiene una sanción de hasta 12 años de prisión, y desobediencia, sancionado con una multa de hasta Q50 mil.

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El caso le fue presentado a Porras durante una reunión con el equipo de la Comision Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y al verificar la información que se estaba trasladando sugirió que faltaba información para completar.

“Para la fecha 19 de octubre ya estaba preparada la información que fue requerida y era normal de que la señora fiscal tratara de imponer qué actuaciones existían y, en ese sentido, es parte de lo que se ha denominado una demora”, explicó.

“En el mes de diciembre y enero nuevamente acudimos con el fiscal del caso con el propósito de que se nos indicara una fecha o un momento para proceder y la instrucción -de Porras- fue proceder el 5 de febrero de 2019”, agrega.

Confirma que la fiscalía a su cargo no contempló que para la fecha agendada ya iba a existir inmunidad para algunos de los señalados.

“Nosotros tratamos de cumplir con nuestra función de persecución penal y en el caso de que exista un obstáculo pues hacer la tramitación que corresponda lo que aconteció en este caso”.

La investigación

La UNE habría utilizado a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA)  y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos  externos al partido por medio de una estructura de entidades  y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña,  de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.

Los fondos provenían de la entidad INGENIERIA INTEGRAL, S.A, que trasladó Q3 millones 458 mil 407.84 a las cuentas dichas empresas, los cuales se mezclaron con otros capitales y fueron utilizados en gastos de campaña de la UNE.

Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaban mensajeros de las empresas vinculadas al candidato vicepresidencial, Mario Leal Castillo, y personas afiliadas al partido, que fueron utilizadas por algunos candidatos, para cambiar cheques emitidos por la entidad MAARIV, S.A. y devolverles el dinero en efectivo.

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El Ministerio Público informó que las aprehensiones se efectuaron durante diligencias de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, por una investigación coordinada con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por un caso de financiamiento en ese partido.

Capturas

Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia, durante el gobierno de Álvaro Colom.

Víctor de Jesús Duarte Mendoza, exdirector de la Unidad de desarrollo de Vivienda Popular, del Ministerio de Comunicaciones.

Guillermo Alejandro Sierra, exdiputado de la UNE.

Juan Pablo García.

Los operativos se efectuaron la mañana de este miércoles en Jutiapa, Quiché, Baja Verapaz, Alta Verapaz y en la colonia El Zapote, zona 2 de la capital.

También se efectuó un allanamiento en la casa de Fredy López Girón, quien fungió como alcalde de San Pedro Jocopilas, Quiché.

Luego de los allanamientos, el jefe de la Feci se dirigió a Gestión Penal de la Torre de Tribunales, donde solicitó el retiro de la inmunidad de Sandra Torres, candidata presidencial por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, así como de varios diputados y alcaldes.

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Virginia de León, titular del Juzgado Segundo Penal, rechazó una acción que interpuso Claus Marvin Mérida Jiménez, que detenía una investigación en su contra.

El amigo del presidente Jimmy Morales había denunciado al fiscal Oscar Shaad de realizar una pesquisa paralela.

A criterio de la jueza De León, el amparo no estaba sustentado. El argumento de Mérida Jiménez es que la Fiscalía podía llegar, a través de la investigación, a funcionarios que gozan de antejuicio.

La acción de Mérida Jiménez fue planteada en mayo pasado y notificada esta semana, se informó.

La denuncia señala que cuando Marvin Mérida recaudó fondos para el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) incumplió leyes estatales y federales de Estados Unidos, como no pagar impuestos y caer en posible lavado de dinero.

Este último se refiere a que no registró el origen y destino del dinero que se recaudó de abril a diciembre del 2015.  Por lo que las autoridades de investigación criminal en Estados Unidos como FBI pueden investigar las faltas cometidas por Mérida.

Señalado

Mérida Jiménez fue comisionado presidencial asignado a temas de migración en Estados Unidos. Fue denunciado supuestamente por haber cobrado dinero a migrantes y que habrían financiado parte de la campaña de Morales.

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La Procuraduría General de la Nación (PGN) lo denunció por usurpación de funciones y abuso de autoridad debido a que supuestamente suscribió un contrato por Q7.2 millones con la firma lobista estadounidense Barnes & Thornburg.

El exdiplomático también denunció al entonces embajador estadounidense en el país, Todd Robinson, de injerencia.

El presidente Jimmy Morales participó hoy junto al Ministro de Educación, Óscar Hugo López, en la presentación del programa de Innovación Educativa sobre Interculturalidad y Bilingüe. En la actividad aprovechó para defenderse de los comentarios a raíz del antejuicio que se promueve en su contra.

“Los puedo ver a los ojos a todos. Hasta el testimonio que quieren usar para acusarnos dice: No recibió, no quiso recibir” indicó Jimmy Morales.

https://twitter.com/Sanchinelli_gtv/status/1034854531639795713

Congreso conocerá expediente

El mandatario brindó estas declaraciones un día después de que se integró la comisión pesquisidora en el Congreso de la República. Dicha comisión conocerá el expediente de solicitud de antejuicio en su contra por presunto financiamiento electoral ilícito cuando fungió como Secretario General del partido FCN-NACIÓN.

Esta tarde la fiscal general del Ministerio Público(MP), María Consuelo Porras, dio a conocer que en los próximos días se estará presentando una solicitud de cancelación para el Partido Político Encuentro por Guatemala.

"El financiamiento electoral no es delito… el delito es financiar anónimamente", dice comisionado Velásquez. pic.twitter.com/C3e8PTb3oP

— Prensa Libre (@prensa_libre) August 10, 2018

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La funcionaria agregó que la Fiscalía de Delitos Electorales, a cargo del fiscal Oscar Shaad, se encuentra preparando la documentación correspondiente para poder hacer la petición al órgano electoral.

Esto se da derivado de la investigación que se encuentra en curso, por medio de la cual el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala determinaron que este partido supuestamente no presentó en tiempo los estados financieros relacionados con la campaña electoral de 2015.

Nineth Montenegro se defiende por señalamientos

Encuentro por Guatemala señala que el mismo TSE emitió informes en donde se establece que el partido no recibió aportaciones anónimas. pic.twitter.com/cMEn0XtO7m

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) August 21, 2018

Con información de Linda Mejicanos.