Sandra Torres, excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fue beneficiada con arresto domiciliario por la jueza de Mayor Riesgo E, Eva Recinos.

Torres ha permanecido en prisión preventiva durante cuatro meses desde que fue capturada por las autoridades el 2 de septiembre de 2019, tras una acusación en su contra por financiamiento ilícito.

“Confío en Dios y confío en la justicia”, dijo Torres al conocer la resolución de la jueza.

Para lograr el arresto domiciliario, la defensa argumentó que Torres ha estado 83 días en sanatorios. La petición fue que la excandidata a la presidencia pudiera salir de la cárcel y movilizarse en toda la República por ser la secretaria general electa del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

La caución para el cumplimiento del arresto domiciliario es de Q800 mil, aunque la jueza no permitió que Torres se movilizara por todo el territorio nacional y limitó su arresto al departamento de Guatemala.

Asimismo, Recinos también prohibió a Torres participar y asistir a cualquier reunión política.

El Juzgado de Mayor Riesgo E actuó como juzgado suplente, debido a que es el Juzgado de Mayor Riesgo A el que lleva el caso de Torres.

Esto lo denunció el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Francisco Sandoval, al informar que apelarán el arresto domiciliario.

Torres está procesada por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado por Q5.9 millones de la campaña de 2015.

Según el juzgado, Torres consintió al menos siete aportes de dinero para la la UNE y que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sandra Torres llegó a la Torre de Tribunales para escuchar la continuación de la audiencia de primera declaración donde la fiscalía reproduce alrededor de 70 escuchas telefónicas que supuestamente la vinculan en financiamiento electoral ilícito.

Antes que el Ministerio Público (MP) reiniciara con la reproducción de las escuchas, la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, rechazó por segunda ocasión la solicitud de la defensa de trasladar a Sandra Torres a un centro asistencial privado.

Sandra Torres excandidata presidencial espera en la sala de audiencias del juzgado de mayor riesgo B la continuación de la audiencia de primera declaración, sigue bajo prisión provisional señalada en el caso financiamiento ilicito del partido UNE 2015. pic.twitter.com/6wlbPndHVc

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 12, 2019

Domínguez se respaldó en el informe presentado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) presentado el 10 de septiembre, donde concluyeron que, tras una evaluación médica, el cuadro clínico de Torres es estable con “rangos normales”.

La defensa de la excandidata presidencial, había apelado a las enfermedades cardiacas que padece Torres.

El 6 de septiembre pasado, el Inacif había determinado en un primer informe que Torres no tiene padecimientos físicos que ameriten su hospitalización, sin embargo, mencionaron que sufría de una leve depresión.

Tras la resolución de la jueza, Torres tendrá que permanecer en prisión preventiva en la cárcel de hombres y mujeres de la zona 17, Mariscal Zavala.

La audiencia de primera declaración inició el viernes 6 de septiembre. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) acusa a la política de financiamiento electoral ilícito y asociación ilícita por recibir Q5 millones 664 mil a través de siete aportes que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Torres se abstuvo a declarar ante las acusaciones de la fiscalía.

La declaración de Gustavo Andres Alejos Jansa ocurrió el 20 de septiembre del 2018, es uno de los 81 testimonios con los que cuenta el Ministerio Público. Esto es parte de la investigación realizada por financiamiento electoral ilícito contra el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE.

Para la fiscalía el testimonio de Alejos Jansa es clave, debido a que señala de forma directa a la excandidata presidencial, Sandra Torres, al excandidato vicepresidencial Mario Leal y a la diputada Karina Paz. La parlamentaria  en el 2015 era asistente de confianza de Leal y para algunos la mano derecha, así, la relacionan ocho declaraciones que tiene la investigación.

La declaración

Hace cerca de un año a la dos de la tarde, se presentó Andrés Alejos Jansa, hijo del exsecretario privado de la  presidencia del Gobierno de Álvaro Colom, Gustavo Alejos a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en el Ministerio Público, ubicado en el Barrio Gerona, zona 1.

Alejos Jansa, un joven de 26 años, relata que su padre Gustavo Alejos habría recibido una llamada de Sandra Torres para solicitarle que recibiera a Mario Leal y a Karina Paz. La reunión se habría dado en una farmacéutica ubicada frente al Parque Colón en la zona 1, el 13 de mayo del 2018.

En el documento al que tuvo acceso Guatevisión, Alejos Jansa narra ante los fiscales “mi papá me dijo que le hiciera un cheque de caja a nombre de la empresa que dijeron allí que era de nombre Maariv, S.A. mi papá les cuestionó en ese momento acerca de la entidad, a lo cual ellos respondieron que estaban usando esa empresa para recibir los fondos de campaña, y ellos no querían que se relacionará a mi papá como financista directo del Partido UNE. Se sacó el cheque de caja a nombre de Maariv, S.A. y se le entregó a Mario Leal y a Karina Paz”.

Además, indicó que a cambio del cheque de caja entregaron una factura por supuesta compra de material de construcción. El testigo entregó una fotocopia de la factura identificada con el número 0006 de fecha 10 de junio del 2015. El aporte identificado por la fiscalía corresponde a Q500 mil 050, el cheque habría sido extendido el 13 de mayo, mientras la factura un mes después.

Relación de pruebas

La fiscalía relaciona la información documental con escuchas telefónicas en especial la identificada en la sesión 5,752 captada el 12 de mayo del 2018, un día antes de la reunión en la farmacéutica. El teléfono que estaba intervenido es el de Gustavo Alejos. Ese día la llamada fue con Mario Leal y Karina Paz, en el que hablan sobre las facturas Alejos indica “los cheques como las facturas porque hay que poner remodelación”, además, refiere: “necesita un poquito de especificación”.

Dicha escucha telefónica no es la única relacionada, el Ministerio Público señala al menos cinco escuchas más, entre ellas está la sesión 5,855 realizada por Gustavo Alejos hacia su contador. En dicha llamada Alejos pregunta:

-¿Cuándo usted le mete las facturas cómo las mete?

– Por trabajos de remodelación

– ¿Cómo podemos sacar ese dinero? ¿En base a qué factura? Porque si usted le está cobrando remodelación a ellos o es mejor que no, entre nosotros.

En dicha conversación Gustavo Alejos indica “Nosotros vamos a dar una donación pero si la vamos a pasar a corporación Damieta y nosotros vamos a facturar de Alejansa allá”.

Las escuchas que forman parte del expediente son una parte de las más de 100 escuchas telefónicas que el ministerio público reproducirá en la audiencia de primera declaración contra Sandra Torres Casanova.

Andres Alejos también menciona a su padre

Además, la declaración de Gustavo Andres Alejos Jansa, también narra que su padre – Gustavo Alejos- se encontraba en la reunión sostenida el 13 de mayo del 2015. Describe que la reunión sostenida en el primer nivel en la farmacéutica, donde se encuentra la oficina de su papá le indica “al llegar me comenta mi papá que ellos llegaban para ver si se le apoyaba, pero como él tenía embargadas sus cuentas y yo había recibido su dinero en mis cuentas, ese dinero venía proveniente de un préstamo”.

La declaración de Alejos Jansa duró cerca de tres horas la que fue de forma voluntaria. La  Constitución Política de la República de Guatemala,  en el artículo 16, señala que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes entre los grados de consanguinidad.

Hasta el momento hay 11 procesados por el caso financiamiento electoral ilícito contra el partido UNE que deberán esclarecer su responsabilidad penal.  En el caso específico de la diputada Karina Paz el antejuicio fue rechazado de forma inlimine por la Corte Suprema de Justicia al igual que el de tres diputados más. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad amparo provisionalmente al Ministerio Público, por lo que está pendiente la resolución en definitiva para determinar qué pasará.  Se buscó la versión de la diputada pero no contestó los mensajes, ni llamadas.

Durante tres años políticos y empresarios han sido señalados por financiamiento electoral ilícito. El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron la magnitud del delito en el 2016.

Financiamiento ilícito y los señalados

El primer caso masivo con cerca de 20 procesados sucedió  el 2 de junio del 2016. El MP y CICIG revelaron el caso Cooptación del Estado en el que señalaron al gobierno del Partido Patriota, de recibir financiamiento  a cambio otorgo millonarios contratos durante su periodo.

En está investigación están procesados los empresarios como Álvaro Mayorga, exrepresentante de la Constructora Nacional S.A (CONASA). Además, Boris Orlando Navas Aguilar socio de Sigma Constructores, empresa que habría obtenido en más de Q2 millardos en contratos durante el partido naranja. También está la exrepresentante de Blue Oil, Ana Gabriel López.

Entre los prófugos hasta el momento se encuentra Alba Lorenzana, que figuraba como representante de Alba Visión. El 27 de julio del 2016 el Juez Miguel Ángel Gálvez ligo a proceso por financimiento ilícito a los siguientes:

1. Alberto Rafael De León Escobar
2. Adolfo Fernando Peña Pérez
3. Álvaro Mayorga Girón
4. Julio Alejandro Quinto Tobar
5. Ana Graciela López Gálvez
6. Edna Maribel Berganza Colindres
7. Marco Antonio Recinos Sandoval.
8. Denis Leonel Linares Juárez.
9. Boris Alberto Linares Juárez.
10. Boris Orlando Navas Aguilar.
11. Max Roberto Burgos Faillace.
12. Juan Luis Ortiz Álvarez.
13. Rudy Geovani Navas Siliézar.
14. Jack Irving Cohen.
15. Denis Benjamín González Zepeda.
16. Flavio Rodolfo Montenegro Castillo.
17. Gustavo Alejos Cámbara

FCN y el financimiento ilícito

Entre los señalados por financiamiento electoral ilícito se encuentra Jimmy Morales, debido a que era el secretario del partido FCN-Nación. El antejuicio contra el mandatario fue archivado por los congresistas está semana. Entre los procesados por este caso está los empresarios que pidieron disculpas públicamente como Felipe Bosch y Salvador Paíz. Además, Rodrigo Arenas.

En puerta

Entre quienes podrían enfrentar proceso por dicho delito se encuentra, el secretario del partido LIDER, Roberto Villate que perdió inmunidad para ser investigado. También el diputado Orlando Blanco de la UNE y Nineth Montenegro de Encuentro por Guatemala, ambos legisladores se abstuvieron de participar en la votación de reformar del delito 407Ñ.

El diputado de Movimiento Reformador, Luis Hernández Azmitia se presentó al Ministerio  Público (MP). Debido a que el legislador podría verse implicado en el caso por Financiamiento Electoral Ilícito. Hernández Azmitia se apersonó a la Fiscalía Contra delitos Electorales.

Azmitia involucra a abogado

El diputado Luis Hernández Azmitía se presentó al MP para entregar correos e información, derivado a que su nombre salió a relucir en el antejuicio contra Nineth Montenegro de Encuentro por Guatemala #FinanciamientoIlícito pic.twitter.com/T8nAhQlJBL

— Verónica Orantes (@VeronicaOrants) August 24, 2018

Al salir de la Fiscalía, Hernández Azmitia declaró ante los medios de comunicación que entregó correos electrónicos y dio información. El legislador podría verse implicado debido a que la colaboradora eficaz, Paulina Paiz lo menciona como mediador del partido político, Encuentro por Guatemala (EG).

Azmitía reconoció que recibió un cheque pero que él se encargo de llevarlo para el partido político. Sin embargo, el diputado durante la entrevista mencionó que fue el abogado Alfonso Carrillo, el estratega de EG y que él solo fue el “mensajero”. Hasta el momento Carrillo no ha brindado declaraciones.

El monto corresponde a Q197,000 aporte que no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), durante las elecciones del 2011.

Antejuicio: Financiamiento Ilícito

El MP y CICIG anunciaron el pasado 10 de agosto en conferencia de prensa que solicitaron el antejuicio contra Nineth Montenegro por financiamiento electoral ilícito. Ya que habría incumplido con la entrega de los estados financieros como la Secretaria General de EG.

En este caso el TSE no estableció la procedencia de Q1,748,232 en las elecciones del 2015. Además, durante el 2011 no se reportaron Q197,500  aporte de la empresa Publicidad Avance, S.A.

La Corte Suprema de Justicia está semana dio trámite al antejuicio planteado contra la diputada. La jueza pesquisidora para emitir una recomendación si se le retira o no el antejuicio a Nineth, es la magistrada Zonia de la Paz, integrante de la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal.

La jueza pesquisidora en un plazo de 60 días deberá verificar los señalamientos presentados por el MP. Luego dar una recomendación, posterior pasará a manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que tienen la última palabara ya que definirán si se le retira la inmunidad para que se investigada o cierra el caso.

A partir de ahora, los procesos de antejuicio toman caminos diferentes. La solicitud contra Morales será enviada al Congreso y que cinco diputados conformen una Comisión Pesquisidora, para que recomiende o no al pleno retirarle la inmunidad.

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Esta recomendación se dará luego de que se escuche al Ministerio Público (MP) y la acusación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la defensa del presidente Jimmy Morales.

El caso contra Morales

Nineth Montenegro

En el caso de Montenegro, el expediente debe ser conocido por un juez pesquisidor, quien, de igual forma, deberá escuchar al MP, Cicig y a la propia legisladora a fin de elaborar un informe que recomiende o no el retiro de inmunidad. La última palabra estará en manos de los magistrados de la CSJ.

Según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) el Partido Político Encuentro por Guatemala incumplió con presentar en tiempo al ente electoral, los estados financieros correspondientes al último semestre de la campaña electoral del año 2015.

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Entre otros hallazgos denunciados contra la agrupación fundada por Montenegro no se pudo establecer con certeza la procedencia de al menos Q1,748,232.54 por la falta de acceso a la documentación contable de la agrupación.

Ejecutivo se pronuncia

Tras los señalamientos directos de financiamiento electoral ilícito a los empresarios Felipe Bosch, Guillermo Castillo, Salvador Paiz, Jose Miguel Torrebiarte y Fraterno Vila,  el Presidente del CACIF Marco Augusto García, indicó que son empresarios que han contribuido al desarrollo del país y que ahora deberán presentarse ante las autoridades, en dónde solo un juez esta capacitado para determinar su situación.

Señaló que la redacción de la ley es confusa y que eso provocó esta situación.

El CACIF y La Cámara de Industria de Guatemala mantienen la postura del respeto al debido proceso.

Resaltaron la buena disposición de los empresarios señalados para afrontar la situación  y reiteraron que desde hace dos años buscan la transformación del sector empresarial y del país con el programa Guate Íntegra.