Carlos López Aquino quien laboraba en la Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público (MP), fue trasladado hacia la Fiscalía de Sipacate, Escuintla, según trascendió, por orden de la fiscal general María Consuelo Porras.

López Aquino tuvo a su cargo la investigación del caso Muni Mixco, en la cual se reveló una estructura que operó desde la comuna de Mixco para beneficiar al extinto Partido Patriota (PP), en el 2015.

En ese entonces, el jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales del MP era Rafael Curruchiche, quien ahora dirige la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en sustitución de Juan Francisco Sandoval, quien fue destituido del cargo por la propia fiscal Porras el 23 de julio pasado.

Por necesidad de servicio

Comunicación Social del MP informó que el traslado del fiscal López Aquino fue por necesidades del servicio y según lo establecido en los artículos 11 numeral 5 y 71 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, un agente fiscal de la Fiscalía de Delitos Electorales fue trasladado a la Agencia Fiscal de Sipacate, Escuintla, el 3 de septiembre.

Agrega que todo cambio se realiza de conformidad con las facultades que la Ley otorga, a efecto de garantizar la eficacia y eficiencia en el servicio, “toda vez el Ministerio Público cuenta con más de 373 fiscalías y agencias, con más de 10 mil 900 colaboradores trabajando en beneficio de la población guatemalteca”.

Agrega que respecto al caso Corrupción Municipal en Campaña Electoral del Partido Patriota hay 5 personas ligadas a proceso penal y 4 de ellas en prisión preventiva.

“La investigación continúa su curso normal toda vez que las mismas son institucionales, a cargo de un equipo de trabajo pues el Ministerio Público es una institución que se organiza jerárquicamente, siendo única e indivisible”, concluye la información.

El caso Muni Mixco

La fiscalía comenzó la investigación del caso luego de conocer la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas, que tras realizar una auditoría en la comuna de Mixco pudo determinar que dicha entidad compró o pagó varios bienes y servicios que fueron utilizados en la campaña electoral 2015.

Agrega que la cantidad de dinero que esta estructura defraudó fue de Q624 mil 654.18, dinero que fue erogado del erario municipal para pagar anuncios publicitarios en mupis de obras que no ejecutó la comuna, playeras, gorras, lapiceros, uniformes de porristas y zanqueros con logotipo del PP.

Carlos López Aquino, que en ese entonces estaba en la Fiscalía Contra Delitos Electorales, informó que en los spots publicitarios se publicitaban cinco grandes obras, entre estas el estadio municipal, la colocación de mil 113 cámaras, la construcción del Mirador de Mixco y de la Comisaría local, entre otros.

El 6 de agosto pasado, esa fiscalía llevó a cabo varios operativos vinculados al caso y capturó a cuatro personas, entre ellas Otto Pérez Leal quien fungió como alcalde de Mixco del 15 de enero del 2012 al 15 de enero del 2016.

Junto a él fueron detenidos Jorge Rodolfo Maldonado Lobos, exjefe del Departamento de Compras de la Municipalidad de Mixco; Temístocles Ernesto Gudiel Spiegler, exgerente municipal;  y Jorge Manuel Jiménez Terrón, exjefe de la Unidad de Comunicación Social.

Ese día quedaron como prófugos de la justicia:

• María Stella Alonzo Bolaños, conviviente de Pérez Leal, candidata a diputada por el PP, quien según el MP era la encargada de la logística, quien daba las órdenes de lo que se tenía que comprar y lo que se debía publicar.
• Mynor Arturo Aquino Girón, exdirector de la Administración Financiera Integrada Municipal, encargado de presentar el presupuesto de ingresos y egresos. Su función era la de controlar los ingresos y egresos, diseñar y establecer los sistemas y procedimientos idóneos para la capacitación y control eficiente del erario municipal.
• Francisco José Velásquez Mejía, exdirector de compras y contrataciones, responsable del plan anual de compras, revisar que las solicitudes cumplieran con todos los requisitos de ley y de verificar en dónde se iban a utilizar.

El 13 de agosto pasado, Pérez Leal y las otras tres personas capturadas junto a él fueron ligados a proceso dentro del caso Muni Mixco. Fueron ligados por conspiración, asociación ilícita, peculado por sustracción, malversación, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con propósitos electoral.

Alonzo Bolaños se entregó a las autoridades el 25 de agosto pasado y el Juzgado de Mixco le dictó auto de procesamiento por conspiración, asociación ilícita y usurpación, pero se le otorgó arresto domiciliario y pagó una fianza de Q50 mil.

El exalcalde de Mixco, e hijo del expresidente Otto Pérez Molina, es señalado de crear una organización delictiva para sustraer dinero de la comuna y patrocinar su campaña electoral y al Partido Patriota.

Otto Fernando Pérez Leal, exalcalde de Mixco, y otros tres exfuncionarios de esa comuna fueron ligados a proceso dentro del Caso Muni de Mixco en una audiencia que se llevó a cabo este viernes 13 de agosto en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mixco.

La Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP), informó que la audiencia se llevó a cabo a las 10 horas y luego el titular del juzgado determinó ligar a proceso a las cuatro personas.

Los señalados son:

• Otto Fernando Pérez Leal, exalcalde de Mixco 2012-2016
• Jorge Manuel Jiménez Terrón, exjefe de la Unidad de Comunicación Social
• Jorge Rodolfo Maldonado Lobos, exjefe del Departamento de Compras de la Municipalidad
• Temístocles Ernesto Gudiel Spiegeler, exgerente municipal

Las cuatro personas fueron ligadas por:

1. Conspiración
2. Asociación ilícita
3. Peculado por sustracción
4. Malversación
5. Incumplimiento de deberes
6. Abuso de autoridad con propósitos electoral

La fiscalía mencionó que el juez otorgó un plazo de 3 meses paras que se realice la investigación del caso, y fijó para la entrega del acto conclusivo el 10 de noviembre de 2021, mientras que fijó la audiencia de etapa intermedia para el 29 de noviembre de 2021 a las 9 horas.

La captura

El viernes 6 de agosto la Fiscalía contra Delitos Electorales del MP y Policía Nacional Civil llevaron a cabo operativos este caso de supuesta corrupción durante la campaña municipal del Partido Patriota.

la fiscalía comenzó la investigación del caso luego de conocer la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas, que tras realizar una auditoría en la comuna de Mixco pudo determinar que dicha entidad compró o pagó varios bienes y servicios que fueron utilizados en la campaña electoral 2015.

Agrega que la cantidad de dinero que esta estructura defraudó fue de Q624 mil 654.18, dinero que fue erogado del erario municipal para pagar anuncios publicitarios en mupis de obras que no ejecutó la comuna, playeras, gorras, lapiceros, uniformes de porristas y zanqueros con logotipo del Partido Patriota.

Estas personas están señaladas de conspiración, asociación ilícita, abuso de autoridad con propósito electoral, peculado por sustracción, malversación, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio.

Carlos López Aquino, agente fiscal de la Fiscalía Contra Delitos Electorales, informó que en los spots publicitarios se publicitaban cinco grandes obras, entre estas el estadio municipal, la colocación de mil 113 cámaras, la construcción del Mirador de Mixco y de la Comisaría local, entre otros.

El día de los allanamientos el MP dijo que estaban están pendientes de captura:

María Stella Alonzo Bolaños, candidata a diputada por el PP, quien según el MP era la encargada de la logística, quien daba las órdenes de lo que se tenía que comprar y lo que se debía publicar.

Mynor Arturo Aquino Girón, exdirector de la Administración Financiera Integrada Municipal, encargado de presentar el presupuesto de ingresos y egresos. Su función era la de controlar los ingresos y egresos, diseñar y establecer los sistemas y procedimientos idóneos para la capacitación y control eficiente del erario municipal.

Francisco José Velásquez Mejía, exdirector de compras y contrataciones, responsable del plan anual de compras, revisar que las solicitudes cumplieran con todos los requisitos de ley y de verificar en dónde se iban a utilizar.

La declaración de dos implicados en el caso “Política y Falsedad” sugiere que no existió la asamblea en la que se declaró al exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, secretario general provisional del grupo proformación del partido Ambientalista Guatemalteco, lo que compromete al abogado que señala persecución política.

José Miguel Quintanilla Castillo y Roberto Cáceres Estrada dijeron en audiencia de primera declaración en el Juzgado Sexto Penal que no acudieron a una asamblea del grupo proformación del partido Ambientalista Guatemalteco el 1 de marzo de 2020. Esas aseveraciones sugieren que la reunión de 556 personas que se describe en actas no se realizó, esos documentos se presentaron al Tribunal Supremo Electoral por el propio Solórzano Foppa.

En su defensa el exsuperintendente no aclaró los señalamientos de la realización de la asamblea, aunque aceptó cierto grado de responsabilidad en el proceso de constitución de la agrupación política.

La Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) coordinaron la aprehensión de Julio Haroldo Trujillo Sánchez por el delito de atentado contra el transporte de material electoral, en San Jorge, Zacapa.

La investigación de la Fiscalía indica que la persona aprehendida es secretario municipal del partido político Bienestar Nacional -Bien- e inició las amenazas a la Junta Electoral Municipal (JEM) en San Jorge, Zacapa, lo que obligó a que renunciaran y no se celebraran las Elecciones Generales en ese lugar el pasado 16 de junio.

Lea también:  Fiscal de delitos electorales deja el cargo temporalmente.

“Según las pesquisas, el 14 de junio por la tarde llegaron los camiones con material electoral al lugar, la JEM convocó a todos los secretarios de los partidos políticos y el sindicado comenzó a gritar que dos cajas iban abiertas”, señala un comunicado oficial de la Fiscalía.

La Junta Electoral Municipal se comunicó con MP, que llegó a documentar y estableció que las cajas estaban intactas. Julio Haroldo Trujillo Sánchez, según la investigación de la Fiscalía, habría provocado la alteración del orden ocasionando amenazas contra la Junta Electoral Municipal.

Trabajador del Ministerio de Cultura

Según registros del portal del Ministerio de Cultura y Deportes, Julio Haroldo Trujillo Sánchez ha prestado servicios al Departamento de Supervisión de Promotores Deportivos y Recreativos de ese ministerio desde 2017, asignado a Zacapa; además, habría prestado servicios como tallerista para esta institución bajo el renglón de contratación 031 “Salarios diarios por jornadas de trabajo”.

El partido político Bien, al cual pertenece Trujillo Sánchez, nació por iniciativa de un grupo de ingenieros agrónomos, entre ellos Fidel Reyes Lee. Se inscribe como partido en mayo del 2003; sin embargo, este es el primer proceso electoral en el que participa.

La figura del expresidente Alfonso Portillo ha sido la más destacada en esta agrupación figurando en carteles de la agrupación sin haber sido inscrito a ningún cargo público. Bien no inscribió candidato a la Presidencia, pero llegará al Congreso de la República con ocho diputados.

Oscar Schaad, fiscal de delitos electorales dejó el cargo de manera temporal, así lo confirmó el Ministerio Público.

El encargado de la investigación de casos de financiamiento electoral tomó tres días de vacaciones, 8,9 y 10 de junio, estando en este período solicitó una licencia con goce de salario de tres meses que iniciarán el próximo 11 de junio.  

Julia Barrera, vocera del MP, explicó que la licencia fue otorgada de conformidad a lo establecido por el pacto colectivo de la institución. Agregó que el agente fiscal Rafael Curruchiche estará a cargo del despacho de la fiscalía mientras Schaad retorna.  

“La Fiscalía contra Delitos Electorales continua su labor con normalidad y está todo listo para el plan de acción del MP para el próximo domingo”, aseguró Barrera.  

Genera preocupación  

Diferentes sectores han mostrado su preocupación por las repentinas vacaciones de Schaad, debido a que coinciden con las elecciones generales.  

El procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas, escribió en su cuenta de Twitter: “A pocos días de las #EleccionesGenerales2019 y en medio de denuncias de delitos electorales, llama poderosamente la atención que el fiscal Oscar Schaad del @MPguatemala solicite licencia. Me preocupa su seguridad, espero que esta situación no sea producto de amenazas”.  

Mientras integrantes del Mirador Electoral aseguraron que es un riesgo para el proceso que a una semana de las elecciones quien está cargo de investigar y perseguir los delitos electorales se separe temporalmente de su cargo. “Expresamos nuestra esperanza que esto sea solamente por el periodo de tiempo especificado y no sea consecuencia de ningún otro tipo de motivos subyacentes que amenacen la integridad física del fiscal Schaad ni limiten las funciones de la oficina a su cargo”, expresaron en un comunicado.  

La diputada Nineth Montenegro de Encuentro por Guatemala también compartió su preocupación. “Óscar shaad, fue muy claro y dijo que se identificó a varios supuestos exsoldados que amenazaron con boicotear el proceso electoral. Ruego antes deje un encargado para darle continuidad”, escribió en Twitter.

Ante los señalamientos de Financiamiento Electoral Ilícito, la Diputada Nineth Montenegro no renunciará a su cargo, sin embargo se presentó al Ministerio Público para solicitar detalles de los señalamiento y colaborar con la investigación.

A la Fiscalía de Delitos Electorales, se presentó voluntariamente la funcionaria Nineth Montenegro, para solicitar el expediente que detalla los señalamientos en contra del Montenegro, cuando se encontraba como Secretaria General del partido político Encuentro por Guatemala, por financiamiento electoral ilícito. La Funcionaria solicitó el expediente detallado sobre los señalamientos, y al mismo tiempo presentó, un memorial para que sea investigada y el partido político Encuentro por Guatemala.

Montenegro está segura que o ha cometido alguna falta y cree que se trata de alguna falta administrativa.

Vea los detalles:

La Funcionaria no renunciará a su cargo, sin embargo se puso a disposición de la fiscalía para la investigación, además aseguró que los señalamientos son cuando estaba en el cargo de Secretaria General y no como diputada.

La Diputada fue recibida por el Fiscal de delitos electorales, Oscar Schaad, quién aseguró que no se tocó el tema de cancelar el partido político,  Encuentro por  Guatemala, pero sí de un trámite previo a un proceso penal. Schaad aseguró que el expediente será entregado a la diputada esta semana.

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