El crimen ocurrió en el barrio Buenos Aires de Copán, en Honduras, en donde fueron localizados sin vida dos jóvenes. Ambos hijos de un pastor evangélico, según las declaraciones oficiales dadas a las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Nohemí Orellana de 23 años y Josué Daniel Orellana de 16. Los reportes dan cuenta que los dos jóvenes estaban boca abajo en una cama, atados de pies y manos, con múltiples disparos en el cuerpo.

La saña con la que ejecutaron el crimen fue repudiado por vecinos que llegaron a la escena del crimen para ayudar con el proceso de identificación.

Las autoridades desarrollaron un operativo en la zona para tratar de dar con los posibles responsables, pero la acción no ha reportado hasta ahora resultados positivos.

Por la forma en que se ejecutó a los dos hermanos, las autoridades consideran que pudo ser un ataque directo, pero del cual se desconoce el móvil del crimen.

Investigadores acordaron la casa donde fueron localizados los dos jóvenes, desarrollando los peritajes correspondientes y determinar si hay alguna pista que los lleve a los responsables.

Las fuerzas de seguridad de Honduras capturaron este sábado 2 de diciembre al hondureño Luis Escalante, cuñado del narcotraficante Héctor Emilio Fernández, alias ‘Don H’, condenado en 2019 a cadena perpetua en Nueva York, y a quien Estados Unidos reclama por el delito de tráfico de drogas.

Escalante fue capturado en un sector montañoso del departamento de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras, dijo a periodistas el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez.

Con ello se da cumplimiento a una orden de captura en su contra emitida por un juzgado de extradición de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, ante la que comparecerá este sábado 2 de diciembre en la primera audiencia, agregó.

El detenido fue trasladado en un avión policial a Tegucigalpa y posteriormente enviado a las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, donde permanecerá recluido mientras se desarrolla la audiencia de información.

Según las autoridades hondureñas, EE. UU. acusa a Escalante de “conspirar para distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, la cual sería importada ilegalmente a Estados Unidos”.

El supuesto narcotraficante es el noveno hondureño capturado este año tras ser reclamados en extradición, señaló el portavoz de la Secretaría de Seguridad.

Escalante es cuñado del narcotraficante hondureño Héctor Emilio Fernández, quien fue condenado en agosto de 2019 en un tribunal federal de Nueva York a cadena perpetua por introducir 150 toneladas de cocaína en Estados Unidos y 20 toneladas de productos químicos para elaborar metanfetamina.

Además, fue condenado a pagar US$50 millones, una cantidad equivalente a los beneficios que, se calcula, obtuvo de la venta de la droga en el país.

Según el fiscal general del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman, Don H traficó ilegalmente en Estados Unidos durante 17 años y “garantizó la entrada segura de los estupefacientes en EE. UU. pagando millones de dólares en sobornos a funcionarios hondureños, incluido el expresidente” Manuel Zelaya (2006-2009), que ha negado estas alegaciones.

Además, durante sus años como traficante, protegió su organización eliminando a sus rivales y matando a 19 personas, entre ellas al diputado Mario Fernando Hernández Bonilla, en el año 2008.

También lo relacionan con el narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán, condenado también en Nueva York, a cadena perpetua por tráfico de drogas.

Según la Fiscalía, ayudó al cártel de Sinaloa, dirigido por el Chapo, a manufacturar grandes cantidades de metanfetamina en Honduras y Guatemala, que posteriormente fueron introducidas, con la cocaína, en territorio estadounidense.

Desde 2014, al menos 37 hondureños acusados de traficar con drogas enfrentan juicio en Estados Unidos, algunos solicitados en extradición y otros que se entregaron a las autoridades de ese país.

La extradición de hondureños a solicitud de otros países fue habilitada en 2012 tras la aprobación de una reforma constitucional.

Migración de Guatemala informó este viernes 25 de agosto que intensifica monitoreos de seguridad en zona fronteriza con Honduras ante alerta sobre un movimiento masivo de personas.

Añadió que luego de recibir información de Honduras sobre el posible ingreso de una caravana de migrantes, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) intensificará los monitoreos en los puestos fronterizos de Agua Caliente y Corinto.

Durante este fin de semana podrían ingresar a Guatemala unas dos mil personas de manera irregular, por lo que las autoridades permanecen en alerta para atender el flujo que estaría registrando.

Desde el IGM se efectúan las coordinaciones correspondientes con las instituciones involucradas en la atención y protección de la población migrante.

“Se hace el llamado a migrar de manera regular, respetando las regulaciones vigentes en el país”, destacó Migración.

El jueves 24 de agosto, EFE informó que unos 1 mil 300 migrantes de varios países que estaban varados en la ciudad de Danlí, en el este de Honduras, desde hace más de cinco días, salieron hacia Agua Caliente, oeste, fronterizo con Guatemala, para continuar con su objetivo de llegar a Estados Unidos.

Los migrantes, en su mayoría de Venezuela, Colombia y Cuba, salieron en 18 autobuses en cumplimiento a una ordenanza del Gobierno hondureño que preside Xiomara Castro, en coordinación con las autoridades de Danlí y otras instituciones públicas, además de privadas, que ha permitido el traslado de los migrantes hasta la frontera con Guatemala.

Para el jueves solo estaba planificado despachar diez autobuses, pero ante la gran cantidad de migrantes se añadieron otros ocho, dijo a EFE el gerente de Coordinación de Delegación en Danlí del Instituto Nacional de Migración, Wilfredo Escoto.

“Lo sentimos, pero ya no podemos dar más, aparte de la amnistía y el apoyo con diversas instituciones”, le dijo Escoto a decenas de migrantes que no pudieron viajar en el último autobús que salió hacia Agua Caliente.

Agregó que no ha habido espacio para todos y que “la prioridad eran los que llevaban más de cinco días en la ciudad”.

Indicó que en los últimos días ha visto rebasada su capacidad para albergar el creciente flujo de extranjeros, algunos incluso procedentes de Asia y África.

Solo el domingo a Danlí ingresaron 5 mil 800 migrantes, dijo a EFE una fuente de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Muchos de los migrantes que se fueron el jueves 24 de agosto llevaban entre cinco y 15 días hacinados en carpas y cartones en una plaza cercana al centro de Danlí, de donde fueron desalojados.

Los que no pudieron viajar, muchos de ellos miembros de una misma familia, además con niños pequeños, buscaban afanados un sitio para pasar la noche y esperar si para este viernes hay un espacio disponible para seguir su ruta migratoria.

“Llegamos hoy (a Danlí, departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua), la idea es seguir hasta los Estados Unidos, pero aquí nos hemos estancado por falta de dinero para poder estar en un lugar”, indicó a EFE Leidy Miranda, de Cúcuta, Colombia, quien viaja con su esposo, Rafael Mora, y su hijo, de 2 años.

Añadió que las autoridades “no nos dejan quedar en sitios, ni parques, ni en ningún lado y no tenemos plata para seguir para adelante y mucho menos para quedarnos en un hotel o una residencia”.

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Según el relato de Miranda, de oficio zapatera, hace un mes y cuatro días que salieron de Colombia “porque la situación es muy dura, lo que uno gana no alcanza para nada para sobrevivir la semana”.

Mora expresó que el poco dinero que traían se les acabó en Costa Rica y que desde entonces han venido “pidiendo monedas de pueblo en pueblo y que nos apoyen con autobuses para avanzar”.

Agregó que en Costa Rica buscó trabajo en la construcción, pero que no consiguió “por la mala fama que tenemos los venezolanos, aunque los malos son unos pocos”.

La salida de 1 mil 300 migrantes hacia la frontera con Guatemala, en un recorrido de unos 600 kilómetros, ha representado un alivio para la ciudad de Danlí, cuyas autoridades esta semana estuvieron a punto de cerrar el acceso a los inmigrantes por falta de capacidad para atenderlos.

#ControlMigratorio | Se intensifican monitoreos de seguridad en zona fronteriza con Honduras ante alerta sobre un movimiento masivo de personas. https://t.co/twJKGkt4UE pic.twitter.com/oTUVcAsoBk

— Migración Guatemala (@MigracionGuate) August 25, 2023

Érick “N”, de 20 años, alias “El Duende”, es un hombre de origen hondureño que fue recapturado este miércoles 2 de agosto por las fuerzas de seguridad.

La Policía Nacional Civil informó que “El Duende” fue aprehendido al ser sorprendido en la 20 calle y 6ª avenida, zona 1 capitalina, señalado de ser integrante de una banda dedicada a asaltar personas en las zonas 1 y 9.

Además de los señalamientos de asalto, al sujeto se le incautaron 15 bolsas con marihuana, las cuales fueron confiscadas como evidencia en la investigación.

La PNC resaltó que el sujeto ya había sido detenido el 15 de mayo por asaltos contra pilotos de vehículos particulares en la zona 9, por lo que había sido entregado a las fuerzas de seguridad hondureñas.

Capturan nuevamente a hondureño

Ya había sido expulsado del país y entregado a las autoridades de Honduras por extorsión

Fue detenido en la zona 1, se le incautó marihuana, es presunto integrante de una banda que se dedica a realizar asaltos en las zonas 1 y 9. pic.twitter.com/2z96q4kpJR

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 2, 2023

“Este hombre ya había sido remitido hacia su país de origen el pasado 7 de febrero, por tener una orden de captura por el delito de extorsión, esto luego que investigadores de Delitos Contra la Vida, DEIC, lo ubicaran en la zona 1, donde presuntamente realizaba asaltos”, detalló la PNC.

“En esa ocasión, se realizaron las coordinaciones con INTERPOL para realizar las diligencias legales para su expulsión y ser entregado a las autoridades de Honduras”, añadió la institución policial.

Además de los señalamientos de extorsión, el sujeto también tiene antecedentes por ebriedad y escándalo en la vía pública, señalaron las autoridades.

El Ministerio de Gobernación ha anunciado, desde marzo del 2022, operativos en las fronteras del país para frenar el paso de pandilleros que buscan escapar principalmente de El Salvador, debido a un estado de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele.

La medida del mandatario salvadoreño busca acabar con las pandillas y se han encarcelado a miles de supuestos integrantes; mientras, otros cientos de presuntos delincuentes han sido capturados en Guatemala por órdenes de detención requeridas en el referido país.

Los funcionarios hondureños recibieron a los expertos de la ONU encargados de “realizar trabajos de análisis y diagnóstico de las condiciones necesarias para la instalación de la Cicih en Honduras”, según un comunicado del Ejecutivo.

La llegada a Honduras de una comisión anticorrupción, con el apoyo de Naciones Unidas, es una de las promesas de campaña de la presidenta del país, Xiomara Castro, lo que ratificó cuando asumió el poder, el 27 de enero de 2022.

La comisión de alto nivel de Honduras destacó el compromiso de la presidenta Castro, su Gobierno en la lucha contra la corrupción y “su voluntad de cumplir” lo previsto en el memorándum de entendimiento (MOU) para lo que sería la Cicih, suscrito en diciembre pasado con la ONU en Nueva York, para “combatir las redes de corrupción público-privada de alto impacto”.

Por su parte, el equipo de la ONU reconoció la disposición del Gobierno hondureño y señaló “la voluntad del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas de apoyar a Honduras para avanzar en la construcción del sistema de justicia eficaz e independiente que responda a las aspiraciones de la sociedad hondureña”, señaló.

En la reunión participaron por Honduras el canciller, Eduardo Enrique Reina, y los ministros de Finanzas, Rixi Moncada, y el de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Edmundo Orellana.

Los expertos, que llegaron el domingo 9 de julio a Honduras, apoyarán al país centroamericano a preparar la eventual instalación de “un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad”, según un comunicado de Naciones Unidas.

|COMUNICADO: Comisión de Alto Nivel designada por la Presidenta Xiomara Castro, se reúne con Equipo de Expertos de la ONU para avanzar en la implementación de la #CICIH. pic.twitter.com/IE4skp2XwQ

— Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) July 10, 2023

Se encargarán también de “evaluar los instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la corrupción y su enjuiciamiento”.

Además, contribuirán a actividades de asesoría y asistencia técnica, e identificarán las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias en la legislación hondureña para el posible establecimiento de la Cicih.

La Secretaría General de la ONU y el Gobierno hondureño negociarán los términos del acuerdo bilateral requerido para el establecimiento del eventual mecanismo”.

Según la ONU, el mecanismo internacional contra la corrupción entrará en vigor cuando ese acuerdo esté vigente, haya un acuerdo por escrito sobre las garantías legales mínimas y los requisitos para el funcionamiento de la comisión y un órgano intergubernamental de Naciones Unidas haya otorgado el mandato correspondiente.

La dirección de la Comisión será designada por el secretario general de la ONU para “garantizar su independencia, imparcialidad y autonomía”, según Naciones Unidas.

La secretaria general de la Cancillería, la embajadora Gabriela Membreño, recibió el domingo 9 de julio al grupo de tres expertos que deben inicien su labor a partir de esta semana.

Según un comunicado de la ONU divulgado el viernes 7, brindarán “asistencia técnica en relación con el futuro establecimiento de un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo” que se denominará Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

El trabajo de la comisión se hará “de conformidad con el Memorando de Entendimiento firmado en diciembre de 2022 entre la Secretaría de la ONU y el gobierno de Honduras”, según Naciones Unidas.

El equipo “evaluará los instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la corrupción y su enjuiciamiento”, según explicó la ONU.

Agregó que el futuro mecanismo sólo comenzará a funcionar cuando el secretario general de la ONU, António Guterres, y el gobierno hondureño “acuerden por escrito la existencia de garantías legales mínimas y requisitos para su funcionamiento”.

Además, el mecanismo CICIH debe pasar por la aprobación del Congreso hondureño compuesto por 128 diputados, la mayoría opositores.

Una anterior comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que estuvo vigente entre 2016 y 2020, acusó a varios de los diputados por presunta corrupción.

La ONU expresó el viernes su preocupación por la “militarización de la seguridad pública” en Honduras, dos días después de la prolongación del estado de excepción que rige en el país para combatir la delincuencia.

“Reconocemos que es urgente atacar los actuales niveles de violencia en el país, tanto en el interior como en el exterior de las cárceles”, declaró una portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, en una rueda de prensa en Ginebra.

“Pero estamos extremadamente preocupados por el hecho de que algunas de las medidas que han sido adoptadas podrían conducir a violaciones de los derechos humanos“, alertó.

El estado de excepción fue originalmente decretado el 6 de diciembre de 2022 “en virtud de la grave perturbación de la paz […] ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados“, como las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.

https://twitter.com/JoseMZelayaR/status/1673356018942656513?s=20

Esta medida, dice el Alto Comisionado en un comunicado, “permite a la policía militar apoyar a la policía nacional en la ejecución de labores de seguridad pública” pero “deroga el derecho a la libertad individual, la libertad de asociación, de reunión y de movimiento”.

El gobierno hondureño prolongó el 5 de julio por 45 días más este estado de excepción.

Las autoridades habían anunciado el 21 de junio que el mando y el control del sistema penitenciario eran transferidos a la policía militar, según la ONU.

Esta decisión fue tomada tras la reyerta en una cárcel de mujeres entre bandas rivales en las afueras de la capital, Tegucigalpa, que dejó 46 fallecidas entre las detenidas, según Hurtado.

“Desde entonces, se han llevado a cabo operaciones de la policía militar en todas las cárceles de Honduras“, indicó, y según las primeras informaciones de la ONU y oenegés, “los detenidos, especialmente los que están asociados a pandillas, fueron golpeados y recibieron patadas por parte de la policía militar“.

Otros detenidos fueron privados de sueño y su comida y bebida fue reducida, lo que, según la portavoz, puede ser considerado como “malos tratos”.

La ONU considera que “el sistema penitenciario tiene que estar bajo control civil“, en el marco de una estrategia para combatir las causas profundas de la violencia.

“Instamos a las autoridades a garantizar una vigilancia interna y externa de las operaciones militares en las cárceles (…) para prevenir la violación de los derechos humanos”, reiteró Hurtado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) anunció la decisión para estas cuatro naciones, cuya permanencia en Estados Unidos estaba en riesgo después de que la Administración de Donald Trump (2017-2021) intentara retirarles el beneficio migratorio.

Los permisos para cada una de las cuatro nacionalidades tenían distintas fechas de expiración en los próximos seis meses. Con la decisión de hoy, los migrantes podrán permanecer de manera regular en el país hasta mediados de 2025.

En concreto, hasta enero de 2025 para los nepalíes y nicaragüenses, marzo para los salvadoreños y julio para los hondureños.

El Gobierno de Estados Unidos tiene la potestad de conceder el TPS a los migrantes de países que sufren un conflicto armado, un desastre natural o alguna circunstancia extraordinaria que no les permiten volver a sus hogares.

La Administración de Trump intentó retirar el TPS para varias nacionalidades, incluyendo a las que se le extendió el permiso hoy, lo que provocó una serie de demandas judiciales por parte de organizaciones en defensa de los migrantes.

La decisión busca dar marcha atrás a las medida del Gobierno anterior, lo que esperan tenga un efecto en la decisión de los tribunales que estudian el caso, señaló el DHS en un comunicado.

La principal organización en defensa de los beneficiarios del TPS, Alianza Nacional TPS, opinó que el anuncio es una victoria de la lucha de los activistas, pero criticó al Gobierno de Joe Biden por no haber tomado acción antes.

“El presidente Biden debió haber restaurado el TPS en su primer día de Gobierno (…) hoy no tenemos que agradecer a nadie más que las familias que se convirtieron en activistas y lucharon contra la deshumanización”, dijo José Palma, portavoz de la organización, en un comunicado.

Actualmente, el Gobierno concede el TPS a los migrantes de 16 países, entre ellos Afganistán, Ucrania, Venezuela y Sudán del Sur, que fueron incluidos en este programa bajo la Administración de Biden.

Por qué Guatemala no

En una nota publicada en Prensa Libre en 2020 se hizo un recuento de los intentos fallidos del Estado de Guatemala en ser incluido en el TPS.

En 1998 luego del paso del devastador huracán Mitch en Centroamérica, EE. UU. otorgó el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) a Honduras y Nicaragua que junto con Guatemala fueron las naciones más afectadas.

Aquellos países lo pidieron, pero el Gobierno guatemalteco —encabezado por el expresidente Álvaro Arzú— prefirió no hacerlo, con lo cual dejó pasar la oportunidad de evitar la deportación de cientos de connacionales.

Veinticinco años más tarde, otros desastres naturales han golpeado a Guatemala, y aunque el beneficio se ha pedido, no solo por parte del Gobierno, sino incluso por algunos congresistas estadounidenses, ese país no lo ha otorgado.

Al mismo, durante estos años el TPS se ha renovado a Honduras y Nicaragua, mientras que a El Salvador se le otorgó en el 2001 por los terremotos de enero y febrero de ese año.

Guatemala ha efectuado de manera oficial la petición por lo menos en cinco ocasiones, después de 1998.

El 12 e octubre del 2005 el gobierno del entonces presidente Óscar Berger pidió el TPS por los daños y muertes que dejó en el país la tormenta tropical Stan. Por un fenómeno similar, la tormenta Ágatha, la administración de Álvaro Colom hizo la misma petición el 4 de junio del 2010.

Luego, el 9 de noviembre de 2012, el Gobierno de Otto Pérez Molina volvió a pedirlo tras el terremoto que dos días antes había golpeado al país, sobre todo a los departamentos del occidente. En esa ocasión, el exmandatario llegó a decir de que era cuestión de días para que lo otorgara la administración de Barack Obama.

En mayo del 2016, cuando Jimmy Morales tenía meses de haber asumido el Gobierno insistió infructuosamente en la petición de sus antecesores.

Dicha solicitud tampoco fue tomada en cuenta dos años más tarde cuando Guatemala resultó seriamente afectada por la erupción del Volcán de Fuego, ni siquiera porque esta petición fue respaldada mes y medio más tarde por un grupo de 44 congresistas estadounidenses.

¿Qué es el TPS y a quiénes se otorga?  

El TPS fue creado en 1990 para conceder permisos temporales de residencia y trabajo a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales u “otras condiciones extraordinarias de carácter temporal”.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., es un beneficio que extiende el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) para ciudadanos de determinado país que no pueden estar en su nación de origen de forma segura.

Los beneficiarios no pueden ser deportados de EE. UU. y pueden acceder a permisos de trabajo y de viaje. Además, tampoco podrá ser detenida por el DHS debido a su estatus migratorio.

En un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Honduras indicó que “lamenta y ofrece sus condolencias” a los familiares del menor Ángel Eduardo Maradiaga, de 17 años, quien murió en el albergue Gulf Coast Jewish Family and Community Services en Safety Harbor, en Florida, EE. UU.

Agregó que la Embajada de Honduras en Washington ha solicitado a la Oficina de Reasentamiento y Refugiados (ORR) y al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), “una investigación expedita para esclarecer este triste hecho y, de existir alguna responsabilidad se aplique todo el peso de la ley”.

El jueves 11 de mayo, la Embajada de Honduras en Washington fue informada por la ORR y el HHS sobre el fallecimiento de Maradiaga, un menor hondureño no acompañado que estaba “bajo custodia y cuidado del gobierno estadounidense”, señaló.

El Gobierno hondureño reiteró su “disposición de brindar apoyo a los familiares del menor, con los que ya se tiene contacto” y destacó que el fallecimiento del migrante resalta “la importancia que tiene en la agenda bilateral migratoria entre ambos países, el cuidado de los menores no acompañados en los Estados Unidos”.

Según la información oficial, la ORR fue notificada el miércoles sobre el fallecimiento de Maradiaga, quien ingreso al albergue el pasado viernes.

El menor hondureño fue trasladado el día 5 al Hospital Mease Countryside tras “ser encontrado inconsciente” y después de “una hora de intentos de reanimación cardiopulmonar, fue declarado fallecido a las 09.02 am, hora del este”,

El departamento médico de emergencia notificó “al patrocinador del menor y consultó sobre el historial médico adicional”, mientras que las autoridades forenses realizarán una autopsia para conocer las causas de la muerte, añadió.

La Cancillería indicó que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, está a la espera de que el Gobierno de EE. UU. le confirme la fecha para visitar albergues de ese país donde se encuentran más de 2 mil menores no acompañados.

La visita de Castro busca “poder trabajar juntos en prevenir que los menores sean separados de su familia y ocurran tragedias de este tipo”, de acuerdo al comunicado de la Cancillería hondureña.

El juez a cargo del Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito de Honduras, ordenó el embargo unos US$4 millones al guatemalteco  Axel Gamaliel López, a quien ese país señala de fraude por la compraventa de siete hospitales móviles para que Honduras enfrentara la crisis del coronavirus.

Según la investigación, Inversiones Estratégicas de Honduras pagó 48 millones de dólares al empresario guatemalteco para adquirir los siete hospitales móviles durante la temporada más alta del covid-19 en ese país.

Señala que el guatemalteco habría obtenido utilidades superiores a los 20 millones a cambio de los siete hospitales, pero de estos solo funcionó el de San Pedro Sula.

Las autoridades hondureñas señalan que López debe responder ante la justicia por la venta irregular y sobrevalorada de los siete hospitales móviles.

En ese proceso contra el guatemalteco también está incluido Marco Brogán, exdirector de Inversión Estratégica de Honduras.

Una publicación de El Heraldo de Honduras, de este 8 de mayo, señala que el dinero que se le decomisó a López (los US$4 millones) está en tres cuentas bancarias en JP Morgan en Estados Unidos, y que ahora los fondos deberán ser trasladados a las arcas del Estado hondureño, pues quedó en firme la sentencia de extinción de dominio.

Según El Heraldo, se comprobó que el “dinero plenamente identificado en las cuentas de banco de JP Morgan Chase, de Elmed Medical System Inc, de Elmed / Gammatech International Inc y de Vertisa Medical Waste Technology Llc”.

López es representante guatemalteco de la Empresa ELMED Medical Systems INC y que vendió los siete hospitales móviles a Honduras.