El exjefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Rony López, fue condenado este viernes 18 de marzo a seis años de prisión inconmutables al haber sido hallado culpable de desviar la investigación del crimen contra José Armando Melgar Moreno e inculpar a personas inocentes, informaron fuentes judiciales.

El Tribunal de Mayor Riesgo “A” determinó que López y Lubia Verónica Montúfar, exasistente de Érick Melgar Padilla, hijo de la víctima, incurrieron en obstrucción a la justicia en el caso Manipulación de Justicia. También determinaron que Macario Rojas fue su cómplice. De acuerdo con la investigación, López armó una investigación paralela para inculpar a Óscar René Melgar Moreno de la muerte de su hermano José Armando.

De esa cuenta, Montúfar fue condenada a cuatro años de prisión conmutables por el delito de obstrucción a la justicia y Rojas recibió la misma condena por complicidad a la obstrucción de la justicia.

El exfiscal, Rony López, se declara "inocente" en el juicio del caso Manipulación de la Justicia y en su defensa aseguró que no amenazó y forzó al colaborador eficaz Hugo Fonseca. pic.twitter.com/bCxvMHxSov

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) March 14, 2022

El caso

El 9 de diciembre del 2012 fue asesinado José Armando Melgar Moreno, padre del general Érick Fernando Melgar Padilla, en un contexto donde había una disputa de tierras, según las primeras pesquisas. La investigación del asesinato llegó a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que dirigía López, luego de que pasó por las fiscalías de Villa Canales y Villa Nueva.

La Feci y la Cicig señalaron que el general Érick Melgar Padilla dirigió una investigación paralela sobre el asesinato de su padre, a fin de involucrar como autores del hecho a personas determinadas, entre ellas, su tío Óscar René Melgar Moreno, quien falleció en prisión, y la esposa de él, Rica Gloria Gramajo Mazariegos, quien fue liberada de cargos y ahora es querellante del presente caso.

Según la investigación, todos los testigos y otros medios probatorios presentados ante la Fiscalía provenían del procedimiento de manipulación orquestado por Érick Melgar Padilla y López.

El hijo de Gramajo, Óscar René Melgar Gramajo, y su yerno Carmelo Alejandro Pérez Estrada también fueron liberados y desestimados los cargos, y el MP señala que fueron involucrados en la trama que ideó Érick Melgar Padilla.

Con base en esas declaraciones manipuladas se capturó a Everardo García Peña, quien fue sentenciado a 26 años de prisión como autor material del asesinato de Melgar Moreno.

La Fiscalía contra Delitos Transnacionales del Ministerio Público (MP) con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) efectúa ocho diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles en Izabal, como parte del operativo denominado Onix.

Las diligencias son en seguimiento a la investigación sobre una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de drogas, la cual opera en ese departamento.

Los cateos son en seguimiento a la investigación sobre una organización criminal denominada “Los Lemus”.

Esta estructura utiliza sus influencias en el Organismo Judicial, la PNC y demás instituciones para obtener impunidad, según el MP.

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Como parte de las investigaciones, la Fiscalía interceptó en el operativo denominado Rio Escondido, el 24 y 25 de septiembre de 2021, a varios integrantes de la organización criminal en la aldea Entre Ríos, Puerto Barrios.

Los interceptados transportaban en dos vehículos y una lancha 515 paquetes de cocaína valorados en más de Q53 millones.

Resultados del operativo

El MP informó que durante los operativos se coordinó la captura de nueve personas, entre ellas cuatro agentes de la PNC por encubrimiento propio e incumplimiento de deberes.

Agentes PNC capturados

• Cesar Augusto Lajuj Capriel
• Hugo Leonel García Sánchez
• Marvin Lionel Alveño Grijalva
• Edwin Leonel Zepeda Velasquez

Decomisos

• 20 Teléfonos celulares
• Cuatro armas de fuego
• Dos tolvas
• 50 municiones
• Una bolsa de marihuana
• Una tablet
• Un vehículo
• Documentos

Solicitudes de antejuicio contra jueces

El Ministerio Público informó que presentó dos solicitudes de antejuicio contra dos jueces de Izabal por el caso denominado Operación Onix.

Las solicitudes son contra Julio Vásquez Xol, juez de Paz de Izabal, por los posibles delitos de prevaricato y cohecho pasivo, y Édgar Aníbal Arteaga López, juez de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, por asociación ilícita, prevaricato y cohecho pasivo.

#ComunicadoDePrensa#MPInforma#OperativoOnix pic.twitter.com/555PttcLx6

— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 20, 2021

Estados Unidos informó este miércoles 4 de agosto que está lanzando una nueva autoridad de restricción de visas como parte de su esfuerzo por ayudar al pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador a mejorar sus condiciones políticas, económicas y de seguridad.

Señaló que con “demasiada frecuencia, estas mejoras tropiezan con los obstáculos de la corrupción y la impunidad. La mala gobernabilidad socava los talentos y recursos de los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, socavando su capacidad para construir un futuro y motivando a algunos a abandonar sus hogares y embarcarse en el peligroso camino de la migración irregular hacia la frontera de Estados Unidos”.

Agregó que como se describe en la estrategia de EE. UU. para abordar las causas fundamentales de la migración, anunciada por la vicepresidente Harris el 29 de julio:

“Los desafíos de la gobernanza, incluida la corrupción generalizada, socavan el progreso en las oportunidades económicas, la protección de los derechos humanos y la seguridad civil. Las empresas privadas citan la corrupción como un impedimento para la inversión”, señaló.

Impunidad desenfrenada

Agregó: “La debilidad de las instituciones democráticas, junto con una impunidad desenfrenada, ha reducido la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y la independencia de los sistemas judiciales. Las elecciones controvertidas y la opacidad de la toma de decisiones por parte del gobierno han llevado a la violencia”.

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Estados Unidos afirmó que su intención es apoyar a los ciudadanos, organizaciones y servidores públicos de la región que están comprometidos con generar esperanza y oportunidades entre las personas de Centroamérica mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el estado de derecho y la transparencia.

Política de restricción de visas

Resaltó que para avanzar en esta lucha contra la corrupción, este miércoles 4 de agosto anuncia una nueva política de restricción de visas bajo la Sección 212 (a) (3) (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad sobre la emisión de visas al gobierno actual o anterior de Guatemala, Honduras o El Salvador, funcionarios y otras personas que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia o el estado de derecho.

Advierte que esto puede incluir actos de corrupción u obstrucción de procesos o instituciones democráticos, “tales como atentar contra la integridad e independencia del sector judicial y los fiscales anticorrupción”. A las personas designadas bajo esta política, incluidos los miembros de la familia, se les puede negar una visa.

Mensaje

“Con estas restricciones, estamos enviando un mensaje claro de que aquellos que socavan la democracia o el estado de derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador no son bienvenidos en los Estados Unidos”.

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Esta política complementa otras herramientas que Estados Unidos está utilizando para apoyar los esfuerzos del pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador para promover la rendición de cuentas por la corrupción, la impunidad y los ataques a la democracia.

Nueva acción

Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., escribió en su cuenta de Twitter: “Hoy estamos tomando una nueva acción para apoyar la democracia y combatir la corrupción al lanzar una política adicional de restricción de visas para actores corruptos y antidemocráticos en Guatemala, Honduras y El Salvador. Este es otro paso importante para abordar las causas fundamentales de la migración”.

Today we’re taking a new action to support democracy and fight corruption by launching an additional visa restriction policy for corrupt and undemocratic actors in Guatemala, Honduras, and El Salvador. This is another important step toward addressing the root causes of migration.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 4, 2021

Carla Valenzuela fue removida de la Fiscalía Especial contra la Impunidad doce días después de haber sido nombrada jefa.

La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, había nombrado a Valenzuela el pasado 23 de julio, en sustitución de Juan Francisco Sandoval.

Édgar Marroquín desde hace 16 años acude al Ministerio a peguntar cómo avanza la investigación del crimen de su hijo Carlos Estuardo Marroquín Santos, un joven que en 2005 investigaba casos de alto impacto como aportes irregulares a los partidos políticos PAN y la UNE.

Carlos Estuardo Marroquín Santos fue un auxiliar fiscal del Ministerio Público que a los 27 años llegó a ser un hábil en la Fiscalía contra la Corrupción, pero fue ultimado el 4 de marzo de 2005 en la colonia la Reformita, zona 12 de la capital.

El presidente Alejandro Giammattei creó la comisión presidencial contra la corrupción, un ente que dependerá del Ejecutivo y buscará detectar anomalías en el Estado.

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El acuerdo gubernativo 28-2020 es el que da vida a esta organismo, publicado por el ministerio de Gobernación y firmado por Giammattei.

“La corrupción genera un gran impacto en la gestión pública y derivado de los compromisos en la lucha contra la corrupción se establece la creación de la dependencia interna encargada de la ejecución del mismo”, señala la publicación en el diario oficial.

La comisión tendrá 11 atribuciones, entre ellas promover la política contra la corrupción, crear mecanismos de detección de actos de corrupción, recomendar leyes y reglamentos. Asimismo lograr proyectos y programas de asistencia técnica y otros instrumentos en materia de la lucha contra la corrupción.

El plazo de la comisión será de cuatro años y entra en vigencia un día después de su publicación, además la entidad está habilitada para recibir aportes y donaciones de organismos internacionales y nacionales, aunque aclara que no se recibirá fondos de instituciones que estén siendo investigados por corrupción.

Las reuniones ordinarias están planificadas para una vez cada tres meses y de manera extraordinaria cuando se considere necesario.

La publicación también señala que todas las dependencias del Ejecutivo deben colaborar y dar información a esa entidad.

El expresidente Jimmy Morales cerró la la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el recién juramentado Alejandro Giammattei había prometido que en su lugar crearía un ente contra la corrupción que sería dirigido desde el Ejecutivo.

Giammattei también había dicho que para la lucha contra la impunidad pediría asistencia al FBI de Estados Unidos para la pesquisa criminal, y a Israel para adecuar los sistemas de inteligencia.

Este domingo el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG), Iván Velásquez participa en un foro en Ginebra, Suiza. El foro llamado “Guatemala, memoria contra la impunidad”. Es parte del Festival Internacional de Cine y Foro de Derechos Humanos 2019.

Entre quienes participan del evento se encuentra también la líder estudiantil de la USAC, Lenina García. Además, está Juana Bacá Velasco de la población ixil y Arnoldo Gálvez Suárez.

A través de video conferencia habló Claudia Paz Y Paz reconocida como la primer Fiscal General en Guatemala. Paz, actualmente dirige el  Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Parte de lo que resaltó en su intervención fue “La impunidad del pasado es la corrupción de hoy en Guatemala”. 

El foro se da en el marco sobre la presentación de una producción audiovisual sobre la primera mujer Fiscal General en Guatemala, Claudia Paz y Paz.

Velásquez señala que la lucha contra la corrupción es posible

Entre lo puntos que resaltó el Jefe de la CICIG Iván Velásquez es “Sí es posible la lucha contra la impunidad en Guatemala, eso quedó demostrado después del 2015”. 

En Guatemala el 2015 fue histórico debido a que el binomio presidencial del partido patriota, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti salieron del ejecutivo. Ambos, fueron llevados ante la justicia por actos de corrupción. La primera investigación que devela el Ministerio Público (MP) y CICIG contra el actual gobierno fue el caso “La línea”. En el caso de la exvicepresidenta fue condenada y enfrenta otros procesos penales. Pérez Molina aún no ha llegado a un juicio debido a diferentes acciones legales.

Comisionado @Ivan_Velasquez_"Sí es posible la lucha contra la impunidad en Guatemala, eso quedó demostrado después del 2015" #FIFDH19 @CICIGgt pic.twitter.com/AV5bLcL6fT

— Archivo de la CICIG Guatemala (@CICIGgt) March 17, 2019

Durante su participación el Comisionado también indicó “La lucha contra la corrupción e impunidad es una puerta de entrada para la solución de otros problemas del país”. Además, resalta el trabajo de los medios de Comunicación:

“El rol de los medios de comunicación independientes y la sociedad civil organizada ha sido clave en el combate a la corrupción e impunidad”.

"El rol de los medios de comunicación independientes y la sociedad civil organizada ha sido clave en el combate a la corrupción e impunidad" @Ivan_Velasquez_
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— Archivo de la CICIG Guatemala (@CICIGgt) March 17, 2019

Lenina García, dirigente de la Asociación Estudiantil Universitaria, de la USAC, fue enfática al explicó que las nuevas generaciones “no soportan la corrupción”. Una visión que comparte desde su rol en la AEU. También señalo lo siguiente:

“Por parte de la comunidad internacional, una de las acciones más importantes es la protección a defensores y defensoras de los Derechos Humanos, el empoderamiento de la sociedad civil y el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones sociales”

Velásquez dirige la CICIG desde afuera

El Jefe de la CICIG, Iván Velásquez  lleva casi la mitad del año dirigiendo la institución fuera del país. Debido a que una serie de acciones por el Gobierno han dificultado su regreso. El 31 de agosto 2018, el presidente Jimmy Morales decidió poner fin al mandato la comisión, que finaliza su periodo en septiembre de este año. Sin embargo, también giró una orden para que el comsionado no pudiese ingresar al país. Dicha acción no está vigente debido a que la alta corte del país dio una revés.

Pero Morales ha desafiado  las resoluciones de la Corte de Constitucioanlidad, en enero pasado un investigador de la CICIG estuvo retenido casi 24 horas en el aeropuerto ya que no se permitía su ingreso.

Iván Velásque se encuentra fuera del país desde el 3 de septiembre del 2018 que viajo a Miami por motivos laborales. Las reuniones con el personal que está en Guatemala se realizan video conferencia.

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Con un altar de flores, velas y fuego, decenas de activistas recordaron la matanza en el sitio que ocupaba la embajada, en el sur de la capital, asaltada en 1980 por las fuerzas estatales ante la ocupación de indígenas y estudiantes que denunciaban vejámenes.

Para desalojarlos, militares y policías irrumpieron en la embajada de España desatando un incendio.

“Repudiamos las malas intenciones de la Junta Directiva del Congreso y de diputados sin escrúpulos que buscan aprobar una amnistía general para todos los criminales responsables de las graves violaciones a los derechos humanos”, señalaron en un comunicado un centenar de organizaciones.

Las entidades firmantes demandaron al Congreso “suspender inmediatamente” la discusión de la iniciativa de ley que el pasado 17 de enero superó su primera lectura.

El proyecto implica derogar varios artículos de la Ley de Reconciliación Nacional, entre ellos uno que dejó fuera de la amnistía para insurgentes y militares los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.

De aprobarse las reformas, la ley obligaría al sobreseimiento y la liberación de las personas que cumplan condena o estén siendo procesadas por delitos de lesa humanidad, en su mayoría miembros de las fuerzas armadas.

“Estamos aquí en este histórico lugar (…) para honrar a las víctimas de la embajada de España, para honrar a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Guatemala y también para honrar la verdad”, dijo durante el acto Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992.

“Decimos no a la impunidad”, agregó Menchú en referencia al proyecto de ley.

Al pueblo de Guatemala, a la comunidad internacional, a no permitir que se trate de llevar al olvido y dejar sin castigo, los crímenes, los horrores y traumas de uno de los conflictos más crueles, donde los pueblos indígenas fueron profundamente afectados.#MasacreEmbajadaEspaña

— Rigoberta Menchú Tum (@RigobertMenchu) January 31, 2019

Entre las víctimas mortales de la matanza en la embajada figuran Vicente Menchú, padre de Rigoberta, el cónsul español Jaime Ruiz del Árbol; el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Cáceres y el excanciller Adolfo Molina.

En la incursión militar sobrevivió el entonces embajador español, Máximo Cajal -fallecido en 2014-, mientras que el único de los ocupantes indígenas rescatado con vida, Gregorio Yujá, fue posteriormente secuestrado del hospital y su cadáver lanzado en el campus de la estatal Universidad de San Carlos.

En 2015, un tribunal condenó a 90 años de prisión por la matanza a Pedro García Arredondo, exjefe de la desaparecida Policía Nacional.

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“Esta reforma significaría una total impunidad para todos aquellos involucrados en violaciones verdaderamente horrendas, incluidos crímenes de lesa humanidad”, advirtió la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Si se aprueba esta reforma, representaría un drástico retroceso para los derechos de las víctimas a la justicia y para el Estado de Derecho en Guatemala”, expresó haciendo referencia a que el contenido actual de la ley ha sido base legal para los juicios.

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También manifestó su preocupación ante la posibilidad de que al aprobarse la normativa pueda haber represalias contra las víctimas, testigos, jueces e incluso organizaciones que han promovido la justicia por los delitos del pasado.

“Reabrirá viejas heridas y destruirá la confianza de las víctimas en el Estado y sus instituciones”, aseguró.

36 años de guerra

La Ley de Reconciliación Nacional ha estado en vigor desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 y ha sido reconocida internacionalmente como un modelo legislativo de la lucha contra la impunidad de serios abusos y graves violaciones a los derechos humanos.

Durante los 36 años que duró el conflicto armado interno (1960-1996) 250 mil personas murieron o fueron desaparecidas.

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Un tema que aún es sensible para cientos de familias es la desaparición de sus seres queridos durante el conflicto, específicamente en la época de los años ochenta, en el que miles de personas fueron detenidas y posteriormente desaparecidas acusadas de subversión por parte de las fuerzas represivas del Estado.

Quienes promueven la iniciativa aseguran que es necesario un perdón por los 36 años de conflicto armado interno, para que organizaciones dejen de lucrar con la guerra.

“Nosotros los soldados no somos matones ni asesinos, combatimos terroristas. Únicamente defendimos a Guatemala”, argumentó el diputado oficialista Estuardo Galdámez.

Entre los oponentes está la familia Molina Theissen, que en 2018 vio cumplirse su sueño de justicia por la desaparición del adolescente Antonio Molina Theisse y la detención ilegal y violación de su hermana Emma Guadalupe, ocurrida en 1981.

Por este caso fueron condenados cinco militares a 33 y 58 años de cárcel, entre ellos el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García.

Luego de la decisión del presidente Jimmy Morales de concluir el mandato de la  Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), pobladores de Antigua Guatemala salieron a las calles a demostrar su rechazo a las acciones del Gobierno.

Antigüeños exigieron que se respete el proceso democrático y el estado de Derecho, para promover una convivencia pacífica que garantice los derechos humanos de todos los guatemaltecos.

Para otros manifestantes la acción del Gobierno de Morales responde a continuar con la impunidad de pequeños grupos de poder que han cooptado al Estado.

“Es imposible que pongan primero a un extranjero ruso que a unas niñas quemadas”, indicó una de las manifestantes

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