Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazaron la apelación solicitada por el partido político Unión del Cambio Nacional (UCN), con la que se buscaba que se les otorgara amparo provisional y se suspendiera la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que canceló a esa agrupación política por financiamiento irregular.

La impugnación que planteó el partido iba dirigida contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que no les otorgó un amparo provisional.

La UCN solicitaba que al aceptar la apelación se les concediera el amparo y se suspendiera la decisión del TSE y así continuar activo.

El interponente del recurso legal fue Jorge Enrique Passarelli Urrutia, quien aparece como secretario general de la UCN.

La dirección general del Registro de Ciudadanos, del Tribunal Supremo Electoral (TSE), notificó el 16 de diciembre de 2021 la cancelación total y definitiva de la UCN.

En enero del 2021, el Ministerio Público (MP) aseguró que la UCN usó fondos para hacer pagos, depósitos y transferencias a personas particulares y empresas comerciales.

La Fiscalía de Delitos Electorales del MP solicitó entonces la cancelación de la personería jurídica del partido político, cuyo principal líder, Mario Estrada, estaba detenido en Estados Unidos, porque en la campaña 2015 la UCN no reportó aproximadamente Q15 millones.

En octubre de 2018, el TSE ya había anunciado el comienzo del proceso de cancelación de ese partido, después de que se detectó el hallazgo durante una auditoría electoral sobre sus estados financieros por Q21 millones 817 mil 791.

Los hallazgos reportados por la auditoría electoral se refieren a gastos realizados con fondos de financiamiento público sin documentos de respaldo en 2014 y 2015 por Q2.5 millones y financiamiento para gastos del día de las elecciones del 2015 por Q15 millones que no fueron reportados.

El excandidato Mario Estrada hizo cuatro intentos por ser presidente de la República con el partido de la UCN, pero sus aspiraciones chocaron con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En febrero del 2020, la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió una condena de 15 años en contra de Estrada, vinculado con negociaciones con un supuesto grupo de narcotraficantes que le darían financiamiento para un proceso electoral.

Estrada fue capturado en abril de 2019 en Miami, Florida, después de ofrecer (si era electo presidente) vía libre para traficar cocaína a supuestos miembros del cartel de Sinaloa.

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El juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, resolvió este martes 23 de agosto el retiro de un helicóptero propiedad del excandidato presidencial Mario Estrada, quien fue condenado a 15 años de cárcel en EE. UU. por narcotráfico.

De acuerdo con las pesquisas, la empresa que administró el helicóptero fue Aerocomercial, S.A., y la cual documentó que adquirió la aeronave por Q100 mil, pero el Ministerio Público (MP) determinó que costaba Q6 millones.

La empresa Distribuciones Comerciales, S.A., compró el helicóptero por Q2 millones. En esa compañía la firma de Mario Estrada estaba autorizada para efectuar transacciones financieras y la empresa se usó para ocultar al propietario de la aeronave.

Según el juez, no se probó el origen lícito del dinero con el que se compró el helicóptero de Mario Estrada y se concluye que “guarda un nexo directo con una actividad ilícita, específicamente con lavado de dinero”.

El helicóptero era usado periódicamente por Mario Estrada y lo prestaba a personalidades de la vida política, entre ellos el expresidente Jimmy Morales.

En su resolución, el juez determinó que Estrada compró el helicóptero con dinero proveniente del lavado de dinero.

En prisión por narcotráfico

El 11 de febrero de 2020, la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió una condena de 15 años en contra de Estrada, vinculado con negociaciones con un supuesto grupo de narcotraficantes que le darían financiamiento para su campaña electoral, confirmó la “Voz de América”.

Estrada fue capturado en abril de 2019 en Miami, Florida, después de ofrecer (si era electo presidente) vía libre para traficar cocaína a supuestos miembros del Cartel de Sinaloa.  Junto a él se capturó a su asesor Juan Pablo González Mayorga.

Durante la audiencia de sentencia se dio a conocer que el político recibió una condena de 15 años de prisión, además de 4 años de libertad condicional y una fianza de US$40 mil, reportó en esa oportunidad la “Voz de América”.

Al emitir la condena, el juez Jed S. Rakoff señaló que, si bien a Estrada cedió a sus “ansias de poder” y “vendió el país al cártel de Sinaloa”, los informes que le han llegado por su colaboración le hicieron ser más indulgente.

Estrada pidió “perdón” ante el juez, ante el que se presentó esposado de pies y vistiendo una camisa y pantalones caqui de presidiario.

“Luché por mucho tiempo por el bienestar de mi familia y de mi país. Por mucho tiempo estuve caminando correctamente, pero reconozco que cometí un error. No era mi intención, pero lo acepto”, aseguró el excandidato presidencial, quien pidió al juez una oportunidad para encauzarse para “hacer el bien” en su país y “ser más prudente” en sus acciones”.

Detalles

Un documento que una corte del Distrito Sur de Nueva York divulgó en 2020 revela algunos resultados de la negociación que el expresidenciable guatemalteco aceptó.

El documento número 18, fechado en julio de 2019, revela que Estrada pidió US$12 millones al Cartel de Sinaloa. El expediente también revela que Estrada aceptó un anticipo de $10 mil en efectivo, transacción de la cual incluso hay una fotografía tomada de un video de la reunión.

Juan Francisco, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), fue aceptado como querellante adhesivo en la investigación contra el excandidato presidencial Mario Estrada por un presunto plan para asesinarlo a él y a Óscar Schaad, exjefe de la Fiscalía de Delitos Electorales.

La jueza de Mayor Riesgo C, Silvia de León, aceptó la solicitud de Sandoval, quien argumentó haber sido una potencial víctima de ese plan, con lo que se podrá para sumarse al caso cuya investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida.

La Fiscalía de Nueva York reveló el 31 de octubre de 2019 una conversación que el excandidato presidencial Mario Estrada tuvo con supuesto operador del cartel de Sinaloa, pero era un agente de la DEA.

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En esa conversación Estrada quería mandar a asesinar a la exfiscal general Thelma Aldana por considerar que era su principal oponente en la campaña electoral de 2019.

“En la página 4 de la transcripción de la reunión del 8 de febrero, el encubierto identificado como CS2 dijo: Entonces no hay problema, nosotros podemos desvanecer a esta dama, Thelma”, dice el documento oficial.

En ese mismo documento se señala el interés de Estrada por “eliminar” a dos fiscales que trabajaban con Aldana.

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Aunque no se reveló el nombre de esos dos abogados, Aldana aseguraba a través de su cuenta de Twitter, que se trataba de Juan Francisco Sandoval, fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), y de Schaad, quien renunció al MP en octubre de 2019.

Pese a ser detenido en 2019 por el intento de asesinato de Aldana, Estrada, fundador de la UCN, fue declarado culpable por narcotráfico y cumple una condena de 15 años en Estados Unidos.

La Fiscalía de Delitos Electorales del MP solicitó la cancelación de la personería jurídica del partido político Unión del Cambio Nacional (UCN), cuyo principal líder Mario Estrada se encuentra detenido en Estados Unidos, porque en la campaña 2015 la UCN no reportó aproximadamente Q15 millones.

Rafael Curruchiche, de la Fiscalía de Delitos Electorales del MP, informó este miércoles 6 de enero que en su momento recibieron la denuncia que presentó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), derivado de que el Departamento de Auditoría Electoral de esa entidad le hizo una auditoría financiera al partido político Unión del Cambio Nacional (UCN) entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2015.

Dijo que la denuncia fue enviada a dicha fiscalía y que mediante orden judicial se requirió información financiera y bancaria de la cuenta de gastos permanentes y de campaña electoral del 2015 de la UCN.

Dijo que en los hallazgos de relevancia penal que constan en el examen especial de auditoría, fueron cinco los hallazgos de investigación penal que la fiscalía ha tomado en cuenta para solicitar al TSE que cancele la personería jurídica de la UCN.

Los 5 hallazgos

1. Gastos realizados con fondo de financiamiento público del período del 2014 sin documentos de respaldo
2. Financiamiento para gastos el día de la elección 2015, primera vuelta, no reportado.
3. Gastos realizados con fondos de la cuota de financiamiento público del periodo 2015 y privado sin documentos de respaldo.
4. Financiamiento para gastos de campaña electoral 2015 no reportado.
5. Recibos de ingresos dinerarios sin autorización de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)

#ComunicadoDePrensa
MP solicitó cancelación de la personalidad jurídica del partido político Unión del Cambio Nacional –UCN- pic.twitter.com/ouDkHml8u7

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 6, 2021

Curruchiche dijo que esos cinco hallazgos son los que el MP ha podido sustentar y derivado de ello se les trasladó a los magistrados del TSE la solicitud para que se cancele la personería jurídica de UCN.

Señaló que en la campaña 2015 la UCN no reportó aproximadamente Q15 millones que se gastó el 6 de septiembre del 2015 en la primera vuelta de las Elecciones Generales y no obstante que la organización política presentó a la Fiscalía de Delitos Electorales algunos documentos, recibos, no sustentó de forma creíble los gastos.

Según el MP, la investigación estableció que las cuentas de gastos permanentes y de campaña electoral 2015 fueron utilizadas por el partido político para realizar pagos, depósitos y transferencia a personas particulares y empresas comerciales de relevancia penal, lo cual permite concluir que se utilizó de forma dolosa la constitución de la personalidad jurídica del partido político UCN para fines y objetivos distintos para los que fue constituido.

Partido UCN es cancelado por anomalías en financiamiento

Se intentó obtener la postura de Carlos Napoleon Rojas Alarcón, jefe de bancada de UCN en el Congreso, para conocer la postura del partido ante la petición del MP, pero no fue posible la comunicación.

Tampoco fue posible la comunicación con Karla Martínez Hernández, subjefe del bloque UCN.

Postura del TSE

El TSE informó que la cancelación del partido político Unión del Cambio Nacional (UCN), ordenada por el Registro de Ciudadanos (RC) en diciembre del 2019, está detenida por un amparo interpuesto por dicha agrupación política ante la Corte de Constitucionalidad.

El presidente del TSE, magistrado Mynor Custodio Franco Flores, expresó que por denuncias relacionadas con financiamiento electoral, formuladas por los órganos de fiscalización de partidos políticos del TSE, el Registro de Ciudadanos resolvió cancelar al partido UCN; sin embargo, sus dirigentes recurrieron en amparo ante la CC, acción que hasta la fecha no ha sido resuelta.

Destacó que el nuevo requerimiento de cancelación de la personería jurídica de la  UCN formulado este 6 de enero por la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público no es algo nuevo, porque se refiere a lo actuado ya por el Registro de Ciudadanos.

“Si la CC resolviera el amparo hoy y confirma lo actuado por el Registro de Ciudadanos, nosotros resolveríamos la cancelación del partido en un plazo máximo de diez días”, destacó el Presidente del TSE.

ambién de conspiración para uso y transporte de armas para el fomento del tráfico de drogas.

El 11 de febrero pasado, la referida Corte emitió una condena de 15 años en contra del excandidato presidencial Mario Estrada, vinculado con negociaciones con un supuesto grupo de narcotraficantes que le darían financiamiento.

Estrada fue capturado en abril de 2019 en Miami, Florida, después de ofrecer (si era electo presidente) vía libre para traficar cocaína a supuestos miembros del Cartel de Sinaloa.  Junto a él se capturó a su asesor Juan Pablo González Mayorga.

Según la investigación, Estrada y  González pidieron a los miembros del cartel de Sinaloa -que eran en realidad agentes de la DEA- que contrataran a sicarios para matar a rivales que mencionaron por nombre y apellido.

Para ello acordaron entregar a los sicarios armas de fuego, incluidos rifles AK-47.

Agrega que durante algunas de estas negociaciones, que se llevaron a cabo en Guatemala y Florida en 2019, miembros de ese grupo, incluidos a Estrada, de 59 años, y a González Mayorga, de 51, interactuaron con supuestos miembros y asociados del cartel de Sinaloa, que eran fuentes confidenciales de la DEA.

Durante el curso de estas reuniones y otras comunicaciones, algunas de las cuales fueron grabadas en vídeo y audio, Estrada y González presuntamente pidieron millones de dólares al Cartel de Sinaloa, procedentes de la venta de drogas, para apoyar la campaña presidencial.

La audiencia había sido suspendida en dos ocasiones por razones que no fueron reveladas y fue hasta este 11 de febrero que la audiencia se llevó a cabo.

El juez Jed S. Radkoff había anunciado que no dictaría una sentencia menor a cinco años para el expresidenciable. La fiscalía solicitó un mínimo de 17 años y un máximo de 21 años.

La decisión del juzgador de no imponer ayer la condena sorprendió a todos los que esperaban en su sala, incluso al abogado del acusado Robert Feitel, aunque más tarde se supo que la sentencia se conocería este martes.

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La sentencia estaba prevista para el pasado 24 de enero y también fue pospuesta sin una explicación.

Estrada, arrestado en abril del 2019 en Miami junto su amigo Juan Pablo González, se había declarado no culpable inicialmente de los cargos de los que le acusa el Gobierno de EE.UU y en octubre cambió su decisión a culpable.

Con esta acción el cuatro veces candidato a la Presidencia (2007, 2011, 2015 y 2019) evitó un juicio y logró una reducción en su condena por narcotráfico, que le enfrentaba a cadena perpetua.

En un documento enviado por la Fiscalía al juez el pasado viernes se recomendó que fuera condenado a cumplir entre 17 y 21 años de cárcel.

En ese documento recuerdan que Estrada negoció un acuerdo con quienes creía que eran miembros del cartel de Sinaloa de México ( que en realidad eran informantes de la DEA) en busca de dinero para su campaña política, a cambio de darles acceso a aeropuertos, puertos y puestos en el Gobierno si ganaba las elecciones.

Eso permitiría al peligroso y poderoso cartel de Sinaloa traficar toneladas de cocaína en Guatemala y, según advierte el escrito, de no haber sido por la intervención de la DEA lo hubiera logrado.

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De acuerdo con la acusación, desde diciembre del 2018 la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA) estuvo investigando a varios individuos por intentar solicitar dinero de carteles de la droga para apoyar la campaña presidencial de Estrada.

Indica, además, que durante algunas de estas negociaciones, que se realizaron en Guatemala y Florida en 2019, miembros de ese grupo, incluyendo a Estrada, de 59 años, y a González, de 51, interactuaron con supuestos miembros y asociados del cartel de Sinaloa, que eran fuentes confidenciales de la DEA.

Durante el curso de estas reuniones y otras comunicaciones, algunas de las cuales fueron grabadas en vídeo y audio, Estrada y González presuntamente pidieron millones de dólares al Cartel de Sinaloa, procedentes de la venta de drogas, para apoyar la campaña presidencial.

Hijo de Mario Estrada se pronuncia

Mario Alejandro Estrada Ruano, hijo del expresidenciable, publicó un mensaje en redes sociales en el que señala que “humanamente en esta vida existen aciertos y desaciertos acorde a nuestras acciones y decisiones”.

“Cuando se decide estar bajo la exposición política: todo líder, candidato y/ó funcionario estamos expuestos a arriesgar nuestra libertad ó bien nuestra propia vida por construir País…”, afirmó el exalcalde de Jalapa.

Como Familia Estrada seguimos firmemente tomados de la mano de Dios, más unidos que nunca y bajo la convicción de ir siempre para delante sirviendo con el corazón a todo aquel que más lo mecesita.

“En Dios no hay casualidades, hay propósitos” Filipenses 1:6. pic.twitter.com/JA5z1IgP9O

— Mario Alejandro (@MarioEstradaJr) February 11, 2020

La sentencia para Mario Estrada, quien se declaró culpable de conspirar para trasegar droga a Estados Unidos, fue suspendida por segunda vez.

Se desconocen las razones por las que la audiencia no se celebró este 10 febrero en la Corte del Distrito sur de Nueva York, pero Prensa Libre constató en el expediente del caso que la audiencia de sentencia para Mario Estrada fue reprogramada para mañana 11 de febrero a las 9 hora de Nueva York -8 hora de Guatemala-.

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El caso se sustenta en que Estrada conspiró con supuestos miembros del Cartel de Sinaloa, que proveerían droga producida en Sudamérica, y que traficarían hacia México vía Guatemala. Según este caso, la asociación con los productores (aun si era indirecta y con personas que solo se hacían pasar como narcotraficantes) también le hace responsable de conspirar para producir la droga, así como de pretender permitir el trasiego de drogas en territorio guatemalteco.

Si bien Estrada, fundador de la Unión del Cambio Nacional y excandidato presidencial, aceptó la culpabilidad de aquel delito, la fiscalía ya no lo acusó de haber conspirado para matar a Thelma Aldana, exfiscal general y quien, según el expolítico suponía ser la rival más dura en su contra para ganar la Presidencia en 2019.

La audiencia en que se impondría sentencia por delitos de narcotráfico a Mario Estrada Orellana, prevista para este viernes 24 de enero en una corte federal de Nueva York, fue pospuesta para el 10 de febrero, informó la Fiscalía.

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Inicialmente, estaba previsto que el juez federal Jeb Rakoff, que preside su caso, dictara su sentencia este viernes.

En enero de 2019, Estrada era aspirante a la Presidencia por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), que creía haber dado “carta blanca” al Cartel de Sinaloa para traficar cocaína por el país a cambio de US$12 millones para su campaña política, entre otros beneficios, como señala el fiscal Jason Richman en el expediente del caso 19-CR-00328 (en la corte distrital del Distrito Sur de Nueva York).

El 17 de abril del 2019, Estrada fue arrestado en Miami, bajo cargos de haber solicitado dinero al cartel de Sinaloa para la campaña a cambio de que al llegar al poder daría apoyo para el traslado de drogas hacia Estados Unidos, informa el Departamento de Justicia.

También habría planificado matar rivales políticos para conseguir la victoria electoral.

Junto a Estrada fue detenido Juan Pablo González Mayorga, tercer subsecretario de la UCN.

Cargos de conspiración

Ambos enfrentan cargos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y conspiración para usar y transportar ametralladoras.

El candidato de UCN, según la pesquisa, ofreció nombrar a miembros del cartel de Sinaloa para cargos de alto rango en Guatemala para facilitar las actividades de tráfico de drogas.

Estrada se había declarado originalmente inocente, pero luego cambió de posición y se declaró culpable en octubre del año pasado.

Al declararse culpable, Estrada evitó enfrentar juicio, pero también busca una reducción de sentencia, en acuerdo previo con la Fiscalía, aunque la decisión final está siempre en manos del juez.

De acuerdo con el documento acusatorio, la DEA, la agencia antidrogas de EE. UU., investigaba desde diciembre de 2018 a varios individuos por intentar solicitar dinero de carteles de la droga para apoyar la campaña presidencial de Estrada.

Fuentes confidenciales

La acusación alegaba también que durante algunas de estas negociaciones, que se realizaron en Guatemala y Florida en 2019, miembros de ese grupo, incluyendo a Estrada y a González, interactuaron con supuestos miembros y asociados del Cartel de Sinaloa, poderosa organización internacional de tráfico de drogas de México, que realmente eran fuentes confidenciales de la DEA.

Durante el curso de estas reuniones y otras comunicaciones, algunas de las cuales fueron grabadas en video y audio, Estrada y González presuntamente pidieron millones de dólares al Cartel de Sinaloa, procedentes de la venta de drogas, para apoyar la campaña presidencial.

A cambio, se alega, acordaron que si Estrada ganaba las elecciones presidenciales de Guatemala proveería respaldo del Estado para las actividades de tráfico de drogas del cartel mexicano.

Además, según documentos publicados por la corte del Distrito Sur de Nueva York durante el transcurso del proceso judicial, Estrada habría planeado matar a su rival política y ex fiscal general Thelma Aldana.

La corte del distrito de Nueva York liberó la conversación con Mario Estrada que revela que la excandidata presidencial Thelma Aldana habría sido el objetivo que tenía planificado asesinar para asegurar su victoria electoral en junio último.

Fue una audiencia el 17 de julio de 2019 ante el juez Jed S. Rafoff, donde comparecieron Geoffrey S. Berman, fiscal del distrito sur de Nueva York, su asistente Jason A. Richman; Robert A. Feitel, abogado de Estrada, así como traductores.

Esa diligencia era una moción de liberación de Estrada previa al juicio. Cabe recordar que Estrada se declaró culpable de conspiración para el trasiego de cocaína a Estados Unidos, con lo cual evitó ir a debate y espera sentencia en enero de 2020.

“En la página 4 de la transcripción de la reunión del 8 de febrero, el encubierto identificado como CS2 dijo: Entonces no hay problema, nosotros podemos desvanecer a esta dama, Thelma”, dice el documento liberado por la corte.

Entonces la respuesta de Mario Estrada es: “Sí, bueno, de la señora. Yo puedo ganar. Yo sé que puedo ganar”.

Investigadores encubiertos

Estrada estaba conversando con quienes creía que eran miembros del cartel de Sinaloa, pero eran informantes encubiertos de la Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos (DEA, en inglés), a quienes les había pedido US$12 millones para su campaña electoral.

Estrada expresó a sus interlocutores que Aldana “está organizando todo” respecto a investigaciones contra políticos y partidos en año electoral, porque tiene “dos fiscales tontos que la obedecen”. Más adelante, la fiscalía menciona que esos fiscales son hombres y omite sus nombres.

De acuerdo con la fiscalía, el informante encubierto CS2 habló con Juan Pablo González Mayorga, el otro procesado, a quien le contó que tenía gente para matar a esos dos fiscales y a Aldana, pero que González le dijo que la decisión era de Estrada. “Vamos a continuar con esto”, le cuestionó CS2 al compinche del exaspirante presidencial.

Robert A. Feitel, abogado de Estrada, defendió en esa audiencia con algo que pasó el 27 de febrero, donde su cliente le dijo al supuesto representante del cartel de Sinaloa: “No más. No creo que debamos hacer esto”.

Lo dicho por Estrada, según su abogado, tenía relación con que Aldana para entonces ya se le había negado la participación en las elecciones.

También planteó dudas sobre la investigación y dijo que parecía ser que era González Mayorga, y ya no Estrada, quien quería seguir adelante con el plan para matar a Aldana y los fiscales.

No despertar sospechas

Agregó que en una reunión el 14 de febrero último con el informante, González planteó que los crímenes debían hacerse rápido para no despertar sospechas y él podía proporcionar fusiles AK-47 y AK-47 automáticos, pistolas, habitaciones de hotel e identificaciones falsas.

Feitel se basó en un reporte de la pesquisa, denominado N8, y del cual tiene dudas si llegó a manos del juez, sobre una reunión entre Estrada, los informantes encubiertos y González en un yate, sin precisar la fecha. En un encuentro previo ese mismo día entre Estrada y los informantes, el exaspirante les dijo que los asesinatos fueron idea de González y que para Estrada era algo “que te seguirá por siempre” y un “mal karma”, así que los informantes CS ya no discutieron más el tema.

De acuerdo con el jurista, Estrada expresó sobre los planes de los crímenes: “Yo personalmente creo que no vale la pena”, “mejor no agitar las aguas”.

El fiscal Richman cuestionó lo dicho por el abogado puesto que Estrada, en su calidad de candidato presidencial, no dijo a los supuestos narcotraficantes y su colaborador González: “Oye, esto es horrible. Estoy postulándome para presidente. ¿De qué estamos hablando? Soy un candidato presidencial. No puedo estar matando candidatos. Lo estaba discutiendo”.

El caso de Estrada

Las autoridades estadounidenses capturaron a Estrada en abril pasado, en Miami, Florida, cuando ya tenían evidencia en audio, vídeo y testimonial, de que el entonces candidato presidencial del partido Unión del Cambio Nacional (UCN) creía haber negociado con presuntos miembros del Cartel de Sinaloa para recibir US$12 millones de dólares para su campaña política.

Estrada ofrecía a cambio el paso libre para cargamentos de droga desde Sudamérica hacia México vía Guatemala, además de solicitar apoyo para asesinar a otros candidatos que podían hacer peligrar su futura victoria en las elecciones generales de junio pasado.

La propia Aldana había revelado en marzo último, cuando el proceso electoral ya estaba en marcha, que la DEA le había alertado sobre el plan de Estrada para acabar con su vida.

Mario Estrada está de rodillas ante la justicia de Estados Unidos, yo estoy en el mismo país, libre, con la frente en alto!!!!

— Thelma Aldana. Guatemala. (@ThelmaAldana) October 31, 2019

“Estoy segura, porque recibí información de la DEA a principios de marzo, de que una organización criminal estaba tratando de hacer un atentado en mi contra. El 10 de marzo, siempre a través de la DEA, se me comunicó que ese atentado lo estaba haciendo el señor Mario Estrada, el día de la asamblea de proclamación del Movimiento Semilla, yo recibí la información de que se estaba gestando un atentado en mi contra. La DEA me recomendó no regresar a Guatemala por razones de seguridad”, dijo la exfiscal genera en una entrevista con Prensa Libre en San Salvador el 24 de abril último.

Se ha intentado comunicar con personeros del Ministerio de Gobernación para pedir una postura sobre este tema, pero no han respondido el teléfono.

“El proceso de Estrada se dilucida en los EE. UU., en relación a los cargos por los que fue detenido. En Guatemala, el Ministerio Público inició de oficio una investigación cuando se dio a conocer que, presuntamente, Estrada pretendía atentar contra dos personas”, indicó Julia Barrera, vocero del Ministerio Público (MP), al ser consultada sobre el tema.

Agregó: “La investigación está en curso, y como se desconoce quiénes son esas personas, en abril, la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas solicitó una asistencia internacional para que Estados Unidos brinde información sobre quiénes son las personas contra las que presuntamente Estrada pretendía atentar y toda la información que sea posible aportar para las pesquisas que se hacen en Guatemala con respecto a ese tema”.

De acuerdo con Barrera, el MP está a la espera de la respuesta sobre la Asistencia Mutua en Materia Penal que envió a Estados Unidos de América el 4 de julio último.