Un tribunal de Chiquimula ha declarado culpables a Juan Ángel Pérez García y Amílcar Cristóbal Roque de Rosa por la masacre de una familia el 13 de febrero de 2021 en Concepción Las Minas.

La sentencia establece una condena de 40 años de prisión por el asesinato de cada una de las cinco víctimas, acumulando así un total de 200 años para ambos acusados.

Las víctimas del crimen fueron identificadas como María del Tránsito Gallardo Ramos (30 años), Carlos de Jesús Ramos Soto (62 años), Alejandra Jasmín Gallardo Ramos (11 años), Julia del Tránsito Gallardo Ramos (9 años) y Carlos Ramos del Tránsito Gallardo Ramos (4 años).

El pequeño Carlos fue decapitado en la escena, mientras que las niñas fueron ultimadas mientras dormían y presentaban, al igual que las demás víctimas, heridas de arma cortante. La matanza ocurrió en la aldea Liquidámbar, área rural de Concepción Las Minas.

Según la investigación, la saña con la que fue atacado el pequeño Carlos indicaría un posible conflicto con parientes del padre.

Desde el inicio de la investigación, el Ministerio Público (MP) había señalado de un posible conflicto familiar que podría haber desencadenado el crimen. Las evidencias demostraron que una disputa relacionada con asuntos de una herencia podría haber sido el motivo detrás de la matanza.

El contexto del caso reveló que tanto Carlos Ramos como María del Tránsito Gallardo habían tenido parejas anteriores con las que tuvieron hijos.

Las niñas Alejandra Jasmín Gallardo Ramos y Julia del Tránsito Gallardo Ramos eran hijas únicamente de María del Tránsito Gallardo, mientras que Carlos del Tránsito Ramos Gallardo, de 4 años, era hijo de ambos.

La primera captura en relación con este caso tuvo lugar el 15 de febrero, tres días después del crimen, con la detención de Juan Ángel Pérez García, uno de los ahora sentenciados.

El Ministerio Público investiga la masacre de cinco integrantes de la familia Herrera Cano, que fueron asesinados dentro de su vivienda la noche del miércoles 23 de agosto.

El ataque ocurrió en la 13 calle 0-08 de residenciales Altos de Bárcenas III, zona 3 de Bárcenas, Villa Nueva. Cuatro niños sobrevivieron al ataque.

Mientras estaban en la comodidad de su hogar, un grupo de hombres tocó a la puerta y, según vecinos, “ingresaron sin mediar palabra” y dispararon contra la víctimas.

Zoemy Nahomy Herrera Quiñonez, de 17 años, fue localizada sin vida en un sillón.  Mientras que sobre una cama fue encontrado el cadáver de Mynor Roberto Herrera Cano, de 50.

En otra habitación, junto a la cama, quedó sin vida Yaqueline Herrera Cano, de 30. En la terraza del inmueble fueron encontradas Dina Nohemí Cano Cano, de 80, y Fabiola Ivone Herrera Cano, de 35.

Según la Policía Nacional Civil, se trató de un ataque directo, ya que en el lugar se encontraron más de 35 casquillos de proyectiles de arma de fuego.

Según testigos, los malhechores huyeron en un vehículo de color negro.

Este jueves 24 de agosto, el Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía Municipal de Villa Nueva procesó una escena en Altos de Bárcenas donde fueron localizados fallecidos cinco integrantes de una familia.

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La Fiscalía ya se encontraba efectuando la investigación en seguimiento a una denuncia interpuesta por una de las víctimas por el delito de amenazas; además, se busca determinar si el ataque armado tendría relación a alguna estructura criminal o pandilla.

Este jueves 15 de junio comenzó el juicio contra el coronel Juan Chiroy y soldados señalados en el caso Cumbre de Alaska.

La audiencia se suspendió y continuará el 28 de junio. Aún no han sido presentados pruebas o testigos en el caso y el Ministerio Público leyó de nuevo la acusación contra los implicados.

En el 2012 se registró la denominada masacre en la Cumbre de Alaska. En esa ocasión murieron seis personas y 34 resultaron heridas. El hecho ocurrió el 4 de octubre.

Durante una manifestación, pobladores de Totonicapán fueron atacados con arma de fuego, por un guardia privado que custodiaba un camión cargado de cemento.

Este disparó contra Santos Hernández Menchú, uno de los manifestantes, y le causó la muerte, así como a otros cinco campesinos.

Los perdigones también hirieron a José Eusebio Puac Baquiax, de 33 años; Arturo Félix Sapón Yax, 39; Jesús Baltazar Caxaj Puac, 40; Jesús Francisco Puac Ordóñez, 48, y a Rafael Nicolás Batz, 52, quienes murieron.

Lo sucedido en la manifestación desencadenó un enfrentamiento contra la Policía Nacional Civil. (PNC) y miembros del Ejército.

En la Cumbre de Alaska había unas tres mil personas de   11 cantones de Totonicapán quienes tenían bloqueado el paso en el referido lugar, y otras 500 personas cerraron Cuatro Caminos.

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Por qué manifestaban

Las personas manifestaban en la carretera desde las 5 de la mañana debido a que adversaban la modificación de la carrera de Magisterio; además, protestaban contra la empresa que distribuye energía eléctrica en Totonicapán y las propuestas de reformas a la Constitución que impulsaba el gobierno de turno.

El entonces presidente Otto Pérez Molina llamó a los pobladores de Totonicapán a que mantuvieran la calma.

En marzo del 2019, Claudette Domínguez, jueza de Mayor Riesgo A, otorgó la medida de coerción que, además de Chiroy, benefició a ocho militares más.

El Ministerio Público (MP) brindó a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión más datos sobre la masacre contra una familia ocurrida este domingo en el caserío Los Muñoz, de la aldea Palo Verde, Jalapa.

El MP, por medio de la Fiscalía del Distrito de Jalapa, confirmó que en el lugar fueron encontrados siete cadáveres con señales de violencia.

Se trata de cuatro hombres, que fueron identificados como Roberto Munguía Cortez, de 65 años; Patricio Munguía Marcos, de 29 años; Marcos Munguía Marcos, de 39 años; y Francisco Munguía Marcos, de 26 años.

“Asimismo, se procesaron los cadáveres de tres personas de sexo femenino a quienes se identificó como: Tomasa Marcos Jiménez, de 61 años; Odilia Munguía Aguilar, de 17 años, y Luz Angélica Munguía Cruz, de 10 años”, agregó el MP.

Agregó que los cuerpos fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y que en el caso de las víctimas mujeres se solicitó la aplicación del protocolo de femicidio.

Indicios

La entidad también informó que en el lugar de la masacre fueron localizados al menos 38 indicios del múltiple crimen.

Entre estos, dijo que fueron hallados diversos casquillos, proyectiles de armas de fuego, así como un teléfono celular.

Testimonios

El MP agregó que, de acuerdo con información recabada en el lugar, a eso de las 6 horas de este domingo, hombres armados y vestidos con gorros pasamontañas irrumpieron en la vivienda en la que se encontraban las víctimas.

Luego perpetraron el ataque “sin mediar palabra”, agregó el ente investigador.

La masacre causó consternación en la comunidad y el MP informó que continúan con las investigaciones y los peritajes respectivos.

Violencia

Guatemala es considerado por expertos como uno de los países más violentos del continente americano y solo entre 2010 y 2020 registró más de 60 mil homicidios, con base a datos de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), citada por la agencia EFE.

En 2022, esta nación, que preside Alejandro Giammattei, contabilizó 4 mil 263 asesinatos, de acuerdo con el informe anual del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), un 4.5% más que en 2021, agrega la agencia.

(Foto principal referencial: Hemeroteca PL)

El pasado miércoles, les fueron entregados los restos de sus parientes que habían sido exhumados hace más de tres años para ser sometidos a pruebas de ADN como parte del proceso penal contra un grupo de militares señalados por su vinculación con el caso, considerado la mayor masacre del siglo XX en toda América Latina,

Perpetrada en 1981 por el Ejército salvadoreño en pleno enfrentamiento interno contra las guerrillas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), soldados torturaron y asesinaron con extrema crueldad a cerca de un millar de personas en solo tres días, la mayoría de ellos campesinos. Cerca de la mitad eran niños.

Para Fidel Pérez, quien con solo 6 años sobrevivió a aquella matanza en la que murieron su madre y hermana recién nacida, recuperar sus restos y poder darles sepultura supone al menos un respiro en su periplo por conseguir justicia que se alarga ya por más de 40 años.

Los avances están siendo lentos y critican que el apoyo de los distintos gobiernos ha sido nulo. A día de hoy, sigue sin haber ni una sola persona condenada por lo ocurrido.

Pese a ello, lejos de rendirse, Pérez asegura que continuará luchando hasta conseguir que los responsables sean castigados y se sepa la verdad sobre uno de los capítulos más oscuros y terribles de la historia del país centroamericano.

Esta es su historia.

Nosotros éramos una familia muy pobre, muy humilde pero muy unida. Vivíamos en (la localidad de) caserío de Flor del Muerto. Mis papás vivían de las artesanías y de la agricultura, y así nos mantenían a dos hermanos y a mí.

Al principio de la guerra no entendíamos qué sucedía, pero después comprendimos que los militares aseguraban que, del río para acá, éramos todos guerrilleros.

Creían que todo niño que nacía o joven que iba creciendo era un futuro guerrillero. Entonces, en vista de eso, iban matando a todos por donde vivíamos.

Ya en 1980 nos mataron a un abuelo y tuvimos que salir de nuestras casas. Pero entre el 6 y 7 de diciembre, entró a nuestra zona el operativo militar llamado “Tierra Arrasada” porque acababan con todo: tierras, animales, personas…

Empezamos a ir de un lado a otro, escondiéndonos en cuevas, sin agua, sin comer, sin nada que calzar… Caminábamos en las noches porque el operativo estaba dispuesto en todos los cerros y nos podían descubrir.

El día 9, mi mamá que estaba embarazada tuvo a su niña en el monte, porque no había dónde. Un día después, no podíamos caminar porque ella apenas se podía mover. Pero el 11 nos tocó huir como pudimos porque el operativo se acercaba.

En ese viaje éramos un grupo grande, como de 50 o 60 personas. Los adultos mayores conocían bien la zona y nos iban guiando.

Llegamos a una casa, pero de madrugada llegaron también los soldados y fue una “disparazón”. Eso tronaba, daba temor. Cuando dejaron de disparar durante un momento, escapamos. La ventaja era que la luna estaba clara y podíamos ver por dónde íbamos.

Ahí muchas familias se separaron porque cada uno corrió para donde pudo. Nosotros perdimos a la abuela, que fue para otro lado. Mis hermanos y mis papás corrimos y cruzamos el río mientras ellos seguían disparando.

La masacre en la cueva

Unos 100 metros más arriba nos quedamos, porque ya venía el día y los soldados estaban en un cerro frente a nosotros. Ahí hicimos un grupo de unas 20 personas y nos refugiamos en una cueva del Cerro Ortiz.

En la mañana, una mujer decidió bajar al río para lavar la ropa, y ahí se encontró a los soldados. Corrió para arriba y llorando nos dijo: “hoy sí nos van a matar”.

Un catequista que estaba con nosotros nos pidió que nos acercáramos para empezar a orar. Solo logró sacar la Biblia cuando un soldado apareció, sacó la granada que andaba en el pecho, y la tiró hacia nosotros.

Ahí fue un sueño para nosotros, nos quedamos como dormidos de golpe, es lo que recuerdo. Como a las 6:00 de la tarde, mi papá nos hablaba y nos decía que nos levantáramos. Pero estábamos rodeados de toda la gente que había muerto.

Me levanté, tenía sangre en la cara. Quedé herido de mi ojo, cabeza y brazo. Mi papá no escuchaba apenas y uno de mis hermanos tenía zumbidos en los oídos. Y entonces vi que mi mamá y la niña también habían muerto. Yo no tenía ni 7 años.

Yo no sabía qué hacer. Mi papá nos dijo que teníamos que irnos antes de que volvieran y nos mataran. Nos dijo que nos despidiéramos de nuestra mamá y nuestra hermana. Eso fue muy triste.

Me resulta tremendo recordar cómo estaban, cómo habían quedado las dos. Por muchos años que pasen, no se puede olvidar.

Ahora tengo 47 años y, pese a todo el tiempo que ha pasado, su imagen es el peor recuerdo que tengo de todo lo que viví. Especialmente el de la niña, con solo unos días de haber nacido.

Aunque me muera, nunca me voy a quitar esa imagen de mi mente y de mi corazón, vaya donde vaya. Eso es lo que más me impactó.

Junto a mis dos hermanos, mi papá y yo, sobrevivieron otras dos personas del grupo. Salimos y escapamos.

A los ocho días, aún bajo fuego y con el operativo en la zona, mi papá y otros hombres regresaron a la cueva. Así como estaban los cuerpos tras tantos días, como pudieron y aguantaron, le echaron tierra para cubrirlos.

Allí quedaron todos los restos desde aquel 11 de diciembre de 1981 que fueron muertos.

Unos meses después, nosotros salimos para Honduras. No fue hasta 1989 que regresamos a El Salvador.

Mis hermanos están fuera del país y el resto ya murió. Soy la única persona que puede dar fe en El Salvador de lo que pasó en aquella cueva.

La recuperación de los restos

Años más tarde, en 1994, los restos mortales fueron extraídos de la cueva y los trajimos al cementerio, como se merecen.

Los restos fueron exhumados en noviembre de 2019. Nos dijeron que nos los entregarían en seis meses o un año, pero no fue así. Cada año esperábamos enterrarlos en las conmemoraciones anuales de lo que ocurrió, pero tuvimos que esperar demasiado.

Por fin, tras tres días esperando en Medicina Legal, el miércoles pasado nos entregaron los restos de nuestros familiares, nuestras osamentas. Entre ellas, estaban las de mi mamá.

Regresamos a nuestra comunidad de Yancolo y teníamos que velarlos una noche, porque no se podía venir y hacer directamente la sepultura. Son seres humanos como nosotros y merecían una noche de velación. Así lo decidimos los familiares y fueron enterrados el jueves.

Se hizo la conmemoración en presencia de diez ataúdes. También había una cajita que hicimos de simbología por mi hermanita, porque de ella no apareció ningún resto.

Yo estaba esperando este momento con dos sentimientos muy diferentes. Por un lado, el anhelo de que me entregaran los restos, pero a la vez, me preguntaba ¿qué voy a hacer después de que me los den?

Lo que sí tengo claro es que cuando llegué a la casa con los restos, sentí que estaban ahí, que llevaban años conviviendo conmigo.

Pero ahora mismo no me siento bien. Al volver a enterrarlos de nuevo, es como que volvieron a morir de algún modo. Siempre viven conmigo y siempre lo harán.

Ahora que nos los entregaron y enterramos los restos, lo que sigue es que vamos a continuar buscando que haya justicia, que se sepa la verdad y que nunca más se repita una crueldad así. La búsqueda de la justicia es nuestra bandera.

Fueron personas, niños… imagine a mi hermanita de tres días de haber nacido. No se vale, no es justo. Éramos gente civil, no debíamos nada. Solo estábamos en mitad de los dos bandos y así murió gente injustamente.

“Sin apoyos” de los gobiernos

Claro que a veces uno tiene fases en los que está menos esperanzado de que todo acabe bien. Que duda de si se va a poder o no. Pero todos los familiares creemos que, mientras estemos vivos, queremos que se haga justicia. Nunca nos vamos a rendir mientras estemos con vida.

Lamentablemente, los testigos de la masacre más ancianos van muriendo. También los militares. Sentimos que los gobiernos están extendiendo a propósito el proceso para que vayan falleciendo las personas implicadas.

Pero nosotros vamos a seguir luchando, de eso estoy seguro.

Del gobierno actual y los anteriores hemos sentido falta de voluntad por esclarecer las cosas. Vemos como que no les importa, como que lo que pasó ya es cosa del pasado. Ni gobiernos de izquierda ni de derecha nos ayudaron a solucionar esto.

El gobierno de ahora en turno parece que quisiera borrar esa memoria de la historia, de esos sucesos que pasaron por el conflicto en los años de guerra.

A un mes de que empezara en el cargo, (el presidente, Nayib Bukele) nos reunimos con él y se comprometió a entregar los archivos militares sobre la masacre. Si era necesario, de la A a la Z. Estaba comprometido con ayudarnos.

Pero cuando el juez se los pide, esa entrega no se produce. Y sin ellos, no podemos saber la verdad para hacer justicia. Entonces creemos que juegan con los familiares de las víctimas. No vemos voluntad.

Tampoco este presidente ha acudido a ninguna conmemoración de la masacre, no nos ha acompañado. Lo sentimos aislado y sin darnos apoyo.

Búsqueda de justicia

Tras más de 40 años, sigue sin haber ni un solo condenado. Y lo más tremendo es que quitaron al juez que llevaba trabajando en ello desde 2016, fue retirado y la jueza nueva está casi como volviendo a empezar todo, revictimizando a los familiares a quienes llama para que vuelvan a repetir todas sus historias otra vez. Es frustrante.

Claro que todo aquello marcó mi vida para siempre. Además de tener que vivir uno con aquello que pasó, también se hace muy duro cuando uno regresa a aquel lugar donde nací y empecé a crecer. Ahora solo ves puro monte, pedazos de teja, madera quemada…

Entonces me viene a la mente que ahí viví, y que ahí podría haber crecido feliz con toda la familia… pero cuando regresé, ya éramos la mitad de la familia y sin nadie que le apoye a uno.

A quienes nos dicen que sería mejor olvidarnos de aquello, que es mejor no reabrir las heridas… yo les respondo que se nota que no sufrieron lo que nosotros, que viven con su familia al completo y que no saben lo que es aguantar hambre o sed.

Esas personas parece que quieren que esta historia se termine y decir que aquí no ha pasado nada… pero nosotros no lo vamos a permitir.

Ojalá que haya justicia y que alguien cumpla por lo que hicieron. El Salvador sería un ejemplo para el mundo, porque lo que ocurrió aquí fueron crímenes de lesa humanidad que no deberían ser perdonados.

Ahora vemos en estos tiempos lo que ocurre en otros países donde hay guerras, y es terrible. Viendo lo que uno pasó en su niñez, no le deseamos a ningún país ni ser humano que pase por lo mismo, porque no es fácil vivir con eso.

Eso queda en la mente de uno, y me moriré con eso. A nadie le deseo una guerra.

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Su influencia se limitaba a dos o tres municipios del estado de Guerrero, en la región de Tierra Caliente, donde se registra una alta producción y trasiego de drogas.

El pasado miércoles, una banda armada llevó a cabo una masacre a gran escala que llamó la atención más allá de México y las autoridades apuntan a los Tequileros como presuntos autores.

Los atacantes asesinaron con armas de grueso calibre al presidente municipal de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza, así como otros cinco funcionarios municipales y familiares y civiles que estaban reunidos en esa localidad.

También mataron al exalcalde Juan Mendoza, que era padre del actual presidente local. En total, 20 personas perdieron la vida, informó el jueves el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía.

“Ahí hay una disputa con un grupo criminal conocido como la Familia Michoacana, cuyas cabezas apodadas el Pez y el Fresa son los líderes criminales de esa región”, detalló el funcionario al adelantar los primeros indicios de la investigación.

La disputa entre los Tequileros y la Familia Michoacana viene desde hace una década, pero se ha dado fuera de la atención pública nacional, salvo cuando se han producido enfrentamientos como el del miércoles, le explica a BBC Mundo el experto en seguridad Víctor Sánchez.

“Como hay esa combinación de poca atención gubernamental y procesos de infiltración de las autoridades de larga data, se da una especie de bomba de tiempo. Al no incluir su acción en ciudades grandes, como Acapulco, no llaman tanto la atención de las autoridades o de los medios, salvo cuando se desborda el problema”, explica Sánchez.

El Tequilero

El nombre del grupo viene de su fundador, Raybel Jacobo de Almonte, alias el Tequilero.

Desde la década de 2000, encabezó las acciones de tráfico de drogas en San Miguel Totolapan, el cual es un municipio con alta producción de opio, “uno de los de más alta producción en México”, describe Sánchez.

Se encuentra en la región de Tierra Caliente, la cual se extiende también al vecino estado de Michoacán, el cual históricamente ha sido dominado por el grupo la Familia Michoacana y grupos derivados, como los Caballeros Templarios.

En la década pasada, la lucha por el control de una región altamente productiva en sembradíos de marihuana y amapola llegó a las puertas de San Miguel Totolapan.

En esa disputa, el Tequilero presuntamente murió en 2018 tras un enfrentamiento. Hasta hoy se asume que Raybel Jacobo de Almonte falleció, pese a que su cuerpo nunca fue identificado.

“Es una organización que perdió algo de fuerza con el supuesto abatimiento de su líder, pero vemos que no desapareció, que siguió presente”, explica Sánchez.

“Pero por concentrar su fuerza en un solo municipio difícilmente llegan los medios de comunicación, salvo en estos casos en los que se ve un incremento de la violencia o situaciones de violencia paradigmática”.

No obstante, los Tequileros han usado la violencia para realizar secuestros y extorciones en San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y partes de Arcelia.

En la actualidad, hombres identificados por sus apodos, el Vago y la Mula, son quienes asumieron el liderazgo de los Tequileros.

En 2020, la Mula afirmó en un video que habían efectuado un pacto con el cartel Jalisco Nueva Generación, que rivaliza con la Familia Michoacana. Pero para Sánchez, solo es una alianza menor para traficar droga.

¿Por qué el ataque en su “territorio”?

Desde la década pasada había sospechas de que las autoridades en San Miguel Totolapan colaboraban con los Tequileros.

La reciente filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) da muestra de ello.

El informe confidencial de 2014 titulado “Presidentes municipales del estado de Guerrero con presuntos vínculos con el narcotráfico” identifica a Saúl Beltrán Orozco.

Denuncias obtenidas por la Sedena dicen que era “compadre” de Raybel Jacobo de Almonte, “dirigente del grupo delictivo a quien protege y proporciona información”.

Como ocurre en muchas localidades pequeñas del país, “hay una captura del aparato municipal para la obtención de rentas a través de la colocación de funcionario municipales”, explica Sánchez.

El ataque del pasado miércoles contra Conrado Mendoza se dio cuando este presuntamente iba a sostener una reunión con José Alfredo Hurtado Olascoaga, el Fresa, líder local de la Familia Michoacana.

El propio Hurtado Olascoaga publicó el jueves un video en el que señala que estaba por bajar de su vehículo para reunirse con Mendoza cuando se desató el ataque del que pudo huir.

El ataque, presume Sánchez, se da por “una especie de venganza por haber cambiado de bando”.

Como en otras regiones de México capturadas por grupos delictivos, en San Miguel Totolapan se combinan factores que favorecen a esas bandas: poco empleo o inversiones, pobreza y corrupción de autoridades.

Por eso Sánchez señala que crean “bombas de tiempo” que de tanto en tanto explotan.

El joven de 18 años que el sábado último mató a 10 personas e hirió a otras tres, en su mayoría afroamericanas, en un supermercado de la ciudad neoyorquina de Búfalo, escribió cuando estaba en el Instituto que quería cometer un tiroteo masivo, según el diario The Wall Street Journal (WSJ).

El periódico, que cita a un agente con conocimiento de la investigación, asegura que los profesores informaron a la Policía.

El comisionado de Policía de Búfalo, Joseph Gramaglia, reconoció durante una rueda de prensa celebrada este domingo que en junio del año pasado, el atacante, identificado como Payton Gendron, hizo una “amenaza generalizada, pero no una amenaza específica dirigida hacia un lugar o una persona en concreto”.

Gramaglia, que no ofreció más detalles sobre dicha amenaza, se limitó a apuntar que la Policía investigó lo ocurrido, mantuvo una entrevista con él y lo trasladó a una institución mental para que fuera evaluado.

Según el WSJ, un día y medio después fue dado de alta. “Hicieron su trabajo al máximo nivel que se pudo hacer en ese momento”, subrayó Gramaglia, que no aceptó más preguntas.

Ayer, Gendron se trasladó en un vehículo desde Conklin, una localidad a 320 kilómetros al sureste de Búfalo, y lo aparcó en el estacionamiento del supermercado Tops.

Después salió armado del vehículo, ataviado con un chaleco antibalas, un casco y una cámara con la que retransmitió en vivo la masacre a través de la plataforma Twitch, perteneciente a Amazon, antes de entregarse a la Policía.

Las autoridades están investigando lo sucedido como un ataque terrorista y un crimen de odio en base, entre otras cosas, a un manifiesto que al parecer el joven dejó escrito.

El obispo baptista Darius Pridgen aseguró durante una misa en honor de las víctimas que en el texto Gendron, de raza blanca, dejó escrito que quería matar a todos los afroamericanos.

Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul, aseguró que el atacante también redactó que había elegido asesinar en ese barrio, porque era de mayoría afroamericana.

“No fue un acto de violencia al azar. Hemos visto suficiente de esto. Vemos lo que sucede cuando hay demasiadas armas en nuestras calles y la gente se enoja o está en medio de una batalla entre pandillas y hay víctimas inocentes”, dijo Hochul.

“Hoy en día, la tecnología permite encontrar a todos los que han sido captados al menos alguna vez por un objetivo. Y teniendo en cuenta cuánto les gusta colgar fotos en internet y el número de cámaras que hay en las ciudades y en las casas, resolveremos esta cuestión muy rápidamente”, dijo Fedorov, citado por la agencia Unian.

Precisó que “de hecho, ya se ha encontrado a muchos asesinos que aterrorizaron a los civiles en Bucha e Irpen”.

“En poco tiempo, estableceremos toda la información sobre estas personas: sus perfiles en las redes sociales, dónde y con quién sirven y viven”, dijo.

El Ministerio de Defensa de Ucrania ha comenzado a utilizar la tecnología de reconocimiento facial Clearview AI para reconocer a los invasores rusos, combatir la desinformación e identificar a los muertos, indica Unian.

Clearview AI, una empresa estadounidense de reconocimiento facial, ofrece programas informáticos a empresas, organismos policiales, universidades y particulares, y su base de datos cuenta con 10.000 millones de fotos y más de 2.000 millones de imágenes de la red social rusa VKontakte.

En tanto, la comisionada de la Rada Suprema para derechos humanos, Lyudmila Denisova, denunció en un comunicado en Facebook, recogido por Unian, que en Bucha “dispararon a la gente a bocajarro” y “torturaron hasta la muerte no sólo a adultos, sino también a niños”.

La defensora del pueblo ucraniano agregó que, según los supervivientes, las fuerzas del líder chechén, Ramzán Kadírov, instalaron en su cuartel general “una auténtica cámara de tortura.

“Según las autoridades de la ciudad, hay en estos momento un total de 360 civiles muertos en Bucha, entre ellos al menos diez niños”, precisó.

Agregó que en la liberada aldea de Makirov, en la región de Kiev, se han encontrado 132 fusilados, tanto en fosas comunes como cuerpos aislados, y que locales hallaron en el bosque en la salida de Hostomel hacia Irpin un coche tiroteado con una familia.

Denisova hizo un llamamiento a la Comisión de Investigación de la ONU sobre las violaciones de los derechos humanos durante la invasión militar rusa de Ucrania y a la misión de expertos creada por los Estado miembros de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) en el marco del Mecanismo de Moscú a tener en cuenta estos hechos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Agregó que acciones de este tipo cometidas por las tropas rusas “caen dentro de la definición de ‘genocidio’ según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y el artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.