Los familiares de Jorge Sebastián Pop, conocido popularmente por su nombre artístico “Farruko Pop”, entregaron a las autoridades un segundo teléfono celular que el cantante había olvidado en el interior de un vehículo. Teléfono que revela nuevas pistas sobre lo que le habría ocurrido al joven de 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 25 de mayo en un inmueble de zona 18.

De acuerdo a la información recabada por las autoridades, Pop habría sido citado por una mujer a una canchas de fútbol ubicadas en la colonia El Limón, zona 18. Mujer con la que sostenía conversaciones en la red social de Instagram.

Otra de las hipótesis que maneja el ente investigador es que Farruko Pop habría sostenido una especie de relación sentimental con la mujer que conversaba en Instagram, y que la mujer se trataba realmente de la novia de uno de los pandilleros del barrio 18 que operaría en el sector de El Limón.

El Ministerio Público informó que el caso de Farruko Pop ha sido trasladado a la Fiscalía de Delitos contra la Vida para continuar con las investigaciones.

*Impacto Directo es un programa informativo que se emite por Guatevisión, de lunes a viernes a las 18 horas.

El agente fiscal del MP, Saúl Sánchez, concluyó con la lectura de la imputación de los hechos de Cindy Dávila, secretaria ejecutiva de la Asociación Gente Positiva y de la estudiante Andrea Nicole Prera, quienes forman parte de la carpeta de investigación por la toma de las instalaciones de la Usac en 2022.

El MP tenía previsto efectuar la reproducción de videos como parte de los indicios de prueba; sin embargo, esto no fue posible debido a fallos en el equipo de cómputo, por lo que dio inicio con la calificación jurídica, es decir, la exposición de los hechos que supuestamente encuadran en un delito. La reproducción de videos se hará en la próxima audiencia.

Los sindicados escucharon la exposición de los hechos planteados por el ente investigador, desde la denuncia presentada por las autoridades de la Usac, la recopilación de indicios de investigación y una serie de publicaciones en redes sociales.

Uno de los señalamientos principales que plantea el MP, es que el cierre de la Usac fue por un interés político para ser utilizado como una plataforma para darse a conocer como figura política, debido a que varios de los sindicados forman o formaron parte de alguna agrupación política que participó en los comicios de 2023.

El fiscal también expuso que las acciones en 2022 no fueron para expresar rechazo a la elección de Walter Mazariegos como rector, sino que fue hecho con un interés político.

Luego de varias horas, el juez decidió continuar con la audiencia el próximo martes 20 de febrero.

Para leer más: Javier de León, implicado en la toma de la Usac, se gradúa como físico desde la cárcel de Mariscal Zavala

En la audiencia anterior, el Ministerio Público (MP) efectuó la imputación de hechos a seis de los ocho acusados, entre ellos Hada Alvarado, excandidata a rector de la Universidad de San Carlos (Usac); Paulo Roulet, estudiante de esa casa de estudios; y a los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Usac Miguel Vásquez, Juan José García y Amílcar Enrique Bremer, quien indicó ser el secretario del sindicato, además es hermano del juez Jimi Bremer.

El caso

De acuerdo con el MP, en el 2022 la Usac presentó denuncia por la “toma ilícita” de las instalaciones. Posteriormente, en el 2023, colocó otra denuncia por los daños causados a las instalaciones de dicha casa de estudios.

El MP señala que, en seguimiento a la investigación, “se solicitó ante juez competente la realización de diversas diligencias en calidad de anticipo de prueba”, lo que permitió documentar “los daños ocasionados” a las instalaciones de la  Universidad durante los 385 días que estuvo tomada.

La Fiscalía ha informado que esas diligencias permitieron establecer un daño patrimonial estimado al menos en Q90 millones, asimismo, “se determinó que existió vandalismo, por ejemplo, la quema y robo de vehículos, sin dejar de lado los servicios sociales que la universidad dejó de prestar a la sociedad guatemalteca debido a esta situación”.

Además, refirió que, en el 2010, la Universidad de San Carlos fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes.

Orellana aceptó la petición del MP en la audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal A, dirigido por el juez Fredy Orellana, en donde además se ligó a proceso a cuatro trabajadoras del TSE señaladas en el caso Corrupción Semilla.

En la audiencia, la fiscal Leonor Morales, quien estaba acompañada por el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, pidió que las procesadas Luz Elena de León Carreto, Jennyfer Mireya Estrada Escobar,  Alma Beatriz Posadas Beltetón y Katherine Johanna Quezada Villatoro quedaran en arresto domiciliario y reprochó que Alfaro haya acudido a la Torre de Tribunales a mostrarle su apoyo a las empleadas de la institución.

La fiscal cuestionó la visita de la presidenta Alfaro y las conversaciones que tuvo con las sindicadas en apoyo y solidaridad con las empleadas del TSE.

Morales le pidió al juez Orellana que certificara lo conducente contra la magistrada Alfaro por obstaculización a la acción penal.

“Como máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral ya que a ciencia cierta no sabemos a ciencia cierta cuáles son los límites del apoyo que esta -Alfaro- vino a externar a las afueras de este juzgado o si este apoyo será ilimitado aún y por encima de la ley y de la justicia y es por esto que el ente investigador solicita que se certifique lo conducente contra la doctora Blanca Odilia Alfaro por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal”, dijo la fiscal Morales.

La fiscal recordó que los hechos imputados contra las trabajadoras del TSE ocurrieron antes de que  Alfaro tomara el cargo de magistrada presidenta y que eso causa suspicacia. Además, dijo que Alfaro ya tiene petición de retiro de derecho de antejuicio, – pendiente de resolverse- por intentar interferir en una diligencia en el TSE.

“que mejor para destruir, modificar, ocultar, suprimir u falsificar medios de prueba que contar con el apoyo de la máxima autoridad. Esta representación, por ese motivo considera que existe la grave sospecha que, las sindicadas, puedan tener todo el acceso que quieran a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, impunemente, y jamás alguien podría enterarse”, dijo la fiscal.

Resolución

El juez Orellana resolvió arresto domiciliario en el departamento de Guatemala, prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial previa y por escrito, prohibición absoluta de comunicarse o visitar a cualquier empleado o funcionario activo en el TSE, prohibición absoluta a cualquier sede del TSE en toda la república y prohibición comunicarse con cualquier persona que en el actual proceso aparezca como coimputada, procesada o personas condenadas en el caso.

Orellana también accedió a la petición del MP y ordenó a la Feci investigar a la presidenta del TSE por obstaculización a la acción penal.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, dijo que el juez ligó a proceso a las empleadas del TSE por incumplimiento de deberes y señaló que dos de ellas aceptaron someterse al procedimiento de aceptación de cargos y contra las otras dos, el MP tendrá seis meses para investigar.

Dijo que el 14 de febrero se llevará a cabo el proceso de aceptación de cargos contra las sindicadas Katherine Johanna Quezada Villatoro y Luz Elena de León Carreto y allí se decidirá su situación jurídica.

Las otras dos sindicadas fueron las que recibieron arresto domiciliario.

En cuanto a la orden de investigar a la magistrada Alfaro, Curruchiche dijo que fueron testigos cuando ella mostró apoyo a las trabajadoras del TSE, pero que la Feci considera que ese acto tiene implícitamente tiene un componente de mando de autoridad, una relación entre ella y las trabajadoras.

Sancionados

El pasado 2 de febrero, la fiscal Leonor Morales; el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana – junto a la jefa del MP, Consuelo Porras y al secretario de la institución Ángel Pineda-, fueron sancionados por la Unión Europea el  por acciones que socaban la democracia y el estado de Derecho en Guatemala.

Se impusieron medidas restrictivas que restringen viajes y congelan activos en la Unión Europea.

Porras, Pineda, Curruchiche, Morales y el juez Orellana también están sancionados por Estados Unidos, pues fueron incluidos en la Lista de Actores Corruptos en Centro América.

En total son ocho las personas señaladas, pero el MP solo le imputó cargos a seis de ellas, debido a que la audiencia se reprogramó para el 13 de febrero próximo.

Durante la audiencia, el fiscal Saúl Sánchez le imputó los hechos y delitos por los que se vinculó a Hada Marieta Alvarado Beteta, Amílcar Enrique Bremer Ramírez, Kevin Alexander Junior Carrera Vielman, Juan José García Marroquín, Miguel Ángel Vásquez Rodríguez y Paulo Roulet Pellecer

Mientras que Cindy Gabriela Dávila Morales y Andrea Nicole Prera de León quedaron pendientes de ser imputadas, por lo que para la próxima audiencia el MP continuará con el proceso.

A todos se les había girado orden de captura por los delitos de depredación de bienes culturales en forma continuada, usurpación agravada en forma continuada, asociación ilícita y sedición, pero esa medida fue revocada, aunque la sindicación continúa por parte del MP.

El fiscal señaló al juez que la próxima semana presentará videos y fotografías para ampliar la acusación.

Además, en su argumentación el fiscal hizo alusión a que los partidos políticos Winnac, MLP, Voz y Movimiento Semilla utilizaron el cierre de la Usac como una plataforma para promocionar sus imágenes.

Quedan libres

El pasado 25 de noviembre, el juez Cruz benefició con libertad condicional a otros seis sindicados en el caso Toma Usac: Botín Político, por lo que abandonaron la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, donde estaban detenidos.

La decisión del juzgador tuvo lugar en una audiencia de primera declaración que se extendió por más de 12 horas y donde se decidió abrir un proceso penal por usurpación y depredación de bienes en contra Eduardo Velásquez Carrera, catedráticos de la Universidad de San Carlos (Usac); Marcela Blanco, excandidata a diputada por el partido Movimiento Semilla; Javier de León, graduando de la Licenciatura en Física de la Usac; Alfredo Beber Aceituno, decano de la Facultad de Ingeniería de la Usac; Rodolfo Chang Shium, decano de la Facultad de Veterinaria; y Martín Macario, sindicalista de la Usac.

El caso

De acuerdo con el MP, en el 2022 la Universidad de San Carlos presentó denuncia por la “toma ilícita” de las instalaciones. Posteriormente, en el 2023, colocó otra denuncia por los daños causados a las instalaciones de dicha casa de estudios.

El MP señala que, en seguimiento a la investigación, “se solicitó ante juez competente la realización de diversas diligencias en calidad de anticipo de prueba”, lo que permitió documentar “los daños ocasionados” a las instalaciones de la Universidad de San Carlos durante los 385 días que estuvo tomada.

La Fiscalía agregó que esas diligencias permitieron establecer un daño patrimonial estimado al menos en Q90 millones, asimismo, “se determinó que existió vandalismo, por ejemplo, la quema y robo de vehículos, sin dejar de lado los servicios sociales que la universidad dejó de prestar a la sociedad guatemalteca debido a esta situación”.

Además, refirió que, en el 2010, la Universidad de San Carlos fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes.

También señaló que, como parte de las investigaciones, el MP solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses un peritaje lingüístico, “el cual no es definitivo ni desvanece los demás elementos de investigación recabados, ya que el alcance es escueto y limitado y no responde a lo solicitado por el ente investigador, ni cuenta con un enfoque criminalístico”.

Agrega que, dentro de la investigación fueron autorizados 31 allanamientos y 27 órdenes; además, se plantearon varias solicitudes de retiro del derecho de antejuicio conta varios funcionarios, entre ellos el entonces presidente electo Bernardo Arévalo y la entonces vicepresidenta electa Karin Herrera.

Asimismo, el MP detalla que con esta investigación se estima que, 250 mil estudiantes fueron perjudicados directamente al no poder recibir clases ni realizar trámites administrativos en la casa de estudios durante más de un año, por lo cual, “los estudiantes afectados también presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos”.

El pasado 30 de enero, trascendió que Porras, quien en dos oportunidades ha eludido reunirse con el presidente Bernardo Arévalo, acudió en 11 oportunidades a Casa Presidencial para reunirse con Giammattei, según registros de la Secretaría de Seguridad y Asuntos Administrativos (SAAS).

La última reunión, según esos registros, fue el 6 de septiembre de 2023 y tuvo una duración de 2 horas, lo que comprueba que las visitas al exmandatario eran constantes, contrario a lo que actualmente ocurre con Arévalo, pues el último intento de acercamiento con Porras duró 15 minutos, pues la jefa del Ministerio Público (MP) se retiró sin que se tocaran los temas previstos.

Porras reconoció este miércoles esos acercamientos, pero enfatizó que todos fueron para concretar reuniones de trabajo y que incluso algunos fueron convocados por el exvicepresidente Guillermo Castillo.

“Quiero manifestarle que, si fueron 11, si fueron 15, si hubieran sido cien, creo que era importante la coordinación que el Ministerio Público pueda tener con cualquier autoridad del Estado, y en este sentido, no va a ser realmente la excepción, porque con el actual señor presidente -Bernardo Arévalo-, las reuniones que sean necesarias de coordinación las va a seguir haciendo el Ministerio Público”, dijo Porras en una conferencia de prensa luego de haber sostenido una reunión con autoridades del Ministerio de Gobernación.

Agregó que como lo dijo la SAAS, dichas reuniones tenían un objetivo puntual. “En primer lugar quiero manifestarles que no todas fueron con el señor expresidente. Tres de ellas están registradas por reuniones convocadas por el exvicepresidente de la República, porque él era el que coordinaba Conabed -Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio-, y yo soy miembro como Ministerio Público del Conabed”.

Además, dijo que fue convocada para conversar sobre un convenio anticorrupción para analizar un proyecto de obras inconclusas, en las que además participaron representantes de varias instituciones del Estado.

También dijo que tuvo dos reuniones con el exmandatario cuando eran las entrevistas a candidatos a fiscal general. El señor presidente nos convocó y en dos oportunidades yo también me apersoné”.

“Igualmente tuvimos una reunión de Consejo de Seguridad, que no me dejara mentir el señor ministro de gobernación, que cuando se hace necesario, pues obviamente me invitan para poder participar. Entonces, esa otra reunión de trabajo. Y otra reunión de trabajo se relacionó al tema contra la trata de personas. Como ustedes pueden advertir son reuniones de trabajo eminentemente”, concluyó la Fiscal.

Acuerdos

El Gobierno de Guatemala acordó este miércoles buscar líneas de trabajo interinstitucional con el MP, dirigido por Porras, señalada de supuestamente haber intentado impedir la investidura del presidente, Bernardo Arévalo.

“La colaboración y el trabajo conjunto con el Ministerio Público es un elemento esencial para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado en materia de seguridad en este nuevo Gobierno”, declaró el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, después de la reunión con la fiscal Porras.

En una prueba de fuerza, el presidente Arévalo y la fiscal Porras se citaron mutuamente en las primeras semanas del nuevo Gobierno, luego de que la jefa del Ministerio Público supuestamente intentara evitar el cambio de mando, desde el 12 de julio pasado con una serie de acciones judiciales en su contra.

De acuerdo con Jiménez, el presidente Arévalo le indicó que tenían “que fortalecer el trabajo técnico y operativo con el Ministerio Público”.

La fiscal general y el ministro Jiménez aseguraron que continuarán con una serie de reuniones técnicas la próxima semana “con el objetivo de darle seguridad y justicia al pueblo de Guatemala”.

“Dentro de los acuerdos alcanzados, se establecieron puntos de contacto entre ambas instituciones y se ha propuesto reuniones para la revisión y ejecución de los convenios de cooperación vigentes”, explicó Porras.

En días pasados, Arévalo expresó en una entrevista con EFE que pediría la renuncia de Porras, debido al papel que desempeñó para intentar revertir su victoria electoral.

Mientras tanto, Porras, sancionada por Estados Unidos, respondió, hace dos semanas, que no dejará su cargo y que concluirá su mandato hasta 2026.

Seguridad y narcotráfico

De acuerdo con la fiscal Porras, el Ministerio Público se comprometió a trasladar al ministro del Interior y de la Defensa los avances de la creación del Centro Integrado Nacional contra la Narcoactividad en Guatemala, “para que el proyecto continúe avanzando”.

Otro de los acuerdos entre el Gobierno de Arévalo de León y la Fiscalía General ha sido avanzar en la capacitación técnica de agentes policiales, así como generar avances para lograr ejecutar más de 8.000 órdenes de captura pendientes.

En septiembre del año pasado, Arévalo de León acusó públicamente a Porras de intentar un “golpe de Estado” para evitar su investidura presidencial.

La Fiscalía intentó cancelar el partido Movimiento Semilla, de Arévalo de León, e incluso trató de anular los resultados electorales de las jornadas del 25 de junio y 20 de agosto pasados.

Arévalo de León, de 65 años, se convirtió en el primer presidente progresista de Guatemala y existen grandes expectativas sobre su Administración, debido a sus promesas electorales de hacer frente al deterioro democrático y a la corrupción estatal del país centroamericano.

Esta reunión se llevó a cabo después de dos intentos fallidos de concertar una cita entre el presidente y la funcionaria.

Jiménez propuso dialogar con la fiscal general sobre metodologías y estrategias institucionales para abordar delitos relacionados con extorsiones y narcotráfico, como se detalla en una carta publicada en sus cuentas oficiales en redes sociales.

Por su parte, Porras “lamentó” en un video previo a la reunión que Arévalo decidiera no asistir y en su lugar enviara al ministro Jiménez.

“[…] Yo lo invité para que pudiera asistir al Ministerio Público y poder informar sobre todas las situaciones que son de interés para nuestra nación, porque es lo más importante: privilegiar el poder servirle a Guatemala. Entonces le diría yo, señor presidente, reconsidere su venida al Ministerio Público”, dijo Porras un día antes del encuentro.

Autoridades de seguridad se reúnen con Porras

La reunión entre Porras y Jiménez, contó con la participación de diversas autoridades, incluyendo al jefe de la Policía Nacional Civil y de los jefes de las principales unidades del Ministerio Público.

Jiménez encabezó la reunión junto a funcionarios de seguridad nacional. Entre los participantes se encontraban Claudia Palencia, viceministra de Seguridad, Werner Ovalle, del Quinto Viceministro de Antinarcóticos y David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil.

Además, se encontraba Sergio Vela, director del Sistema Penitenciario, y Edwin Medina, encargado de Comunicación Social de Gobernación.

En la reunión se acordó priorizar políticas interinstitucionales para la atención de las víctimas de delitos con mayor incidencia.

Se destacó la importancia de la articulación de las distintas fiscalías para la investigación y persecución estratégica del delito de extorsión, así como el trabajo antinarcótico y otros delitos que afectan la seguridad de los guatemaltecos, especialmente en las poblaciones fronterizas.

La Fiscal General agradeció al Ministro Jiménez su disposición a participar en esta reunión y expresó que le hubiese gustado contar con la presencia del señor Presidente de la República, como representante de la unidad nacional, https://t.co/TfJmLmo6eW pic.twitter.com/bLMzmjtHy6

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 7, 2024

Desencuentro anterior

El 29 de enero, Arévalo de León citó a Porras a una reunión en el Gabinete de ministros. Sin embargo, la fiscal general asistió durante solo 10 minutos y se retiró sin atender las consultas del presidente, argumentando que no era la forma legal de establecer comunicación.

Antes de asumir la presidencia a principios de 2024, Arévalo afirmó en una entrevista con EFE que pediría la renuncia de Porras.

Porras, sancionada por Estados Unidos por alentar la corrupción y socavar la democracia, fue acusada en septiembre por Arévalo de estar detrás de un intento de golpe de Estado en su contra.

Con información de EFE.

Según la información del MP, los cateos se llevaron a cabo en las zonas 2, 3, y 7 de la ciudad de Guatemala y también en Mixco y el departamento de San Marcos.

Según la PNC estos operativos fueron para fortalecer una investigación que está en curso.

Resultados de estos operativos dan cuenta que en el barrio El Gallito, zona 3 fue detenido Luis “N”, por ser presunto responsable de conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y asociaciones delictivas, según la PNC.

Explicaron que esta persona tenía una orden de captura girada por un juzgado de Guatemala el 1 de febrero de este año, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades respectivas.

La tarde de este martes, la PNC amplió la información e indicó que en allanamientos en sectores de Guatemala y San Marcos se reportó la captura de seis personas por conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, conspiración para el asesinato y asociaciones delictivas, según las órdenes de aprehensión.

Según la PNC, los detenidos son presuntos integrantes de una estructura criminal liderada por alias “Gorgojo” y este 6 de febrero fue desarticulada a través de los operativos efectuados por los policías antinarcóticos.

Para leer más: Armas y municiones: El hallazgo en vivienda que supuestamente estaba abandonada en Mixco

También se reportó la incautación de dos pistolas, un arma de fuego tipo Uzi, un radio intercomunicador, un dron, dinero y otros indicios que servirán para continuar con la investigación.

Los capturados

• Carlos “N”, de 46 años, alias “Gorgojo” fue capturado en Colinas de Minerva III, zona 11 de Mixco.
• En Villas Arcángel, zona 2, fue capturado Carlos “N”, de 34 años, alias “Charly y/o Marica”.
• En la colonia Nueva Monserrat, zona 3 de Mixco, fue capturado Ángel “N”, de 56 años.
• En colonia Amparo II, zona 7, fue detenido Andry “N”, de 33 años, alias “Camello”.
• En el barrio El Gallito, zona 3, fue capturado Luis “N” de 41 años, alias “Homero”
• En la zona 2 de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, fue detenida Ana “N”, de 36 años, alias “Carol”

En allanamientos realizados por policías de la #SGAIA y #MP en Guatemala y San Marcos se reportan seis capturas por conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, conspiración para el asesinato y asociaciones delictivas, según las órdenes de aprehensión. pic.twitter.com/mauewWqIbK

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 6, 2024

Este viernes se conoció que el Consejo de la UE emitió sanciones contra la fiscal María Consuelo Porras Argueta; José Rafael Curruchiche Cucul, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci); la fiscal de Feci, Leonor Eugenia Morales Lazo; el secretario general del MP, Ángel Arnoldo Pineda Ávila y al juez Fredy Raúl Orellana.

Se señala que la sanción a las cinco personas es por socavar la democracia y el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala, pues intentaron evitar la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo de León, que asumió el cargo el pasado 14 de enero.

Las medidas restrictivas para estas personas restringen viajes y congelan activos en la Unión Europea.

La respuesta del MP

En su comunicado, el MP señala que “rechaza categóricamente los señalamientos espurios, maliciosos y antidemocráticos propiciados por el Consejo Europeo, que denotan profundo desconocimiento del sistema jurídico guatemalteco, atentan contra el estado de Derecho y la independencia que la ley otorga al ente investigador”.

Califican las sanciones como “ataques sistemáticos” que buscan intimidar y coaccionar a funcionarios del MP y que suponen una grave amenaza contra el régimen de legalidad y la democracia en Guatemala.

Explican que esto lo hacen con un claro interés de obstaculizar la justicia y detener investigaciones en curso para beneficiar a determinados actores.

“Estas acciones son inaceptables pues el Ministerio Público es una institución autónoma, objetiva e imparcial, cuyo mandato legal es velar por el estricto cumplimiento de la ley, responde únicamente a la Constitución Política de la República de Guatemala y a las leyes vigentes del país, no a instancias internacionales”, se lee en el comunicado.

Agregan que el MP únicamente ha cumplido con su mandato constitucional de investigar las denuncias ciudadanas, y que no hacerlo, sería denegarles justicia a las víctimas.

“El modelo penal acusatorio que rige el sistema procesal guatemalteco impone balances y controles jurisdiccionales para garantizar límites a los poderes persecutores y punitivos del Estado a fin de cumplir con el marco de garantías constitucionales de los ciudadanos por lo que las acciones derivadas del mandato constitucional del Ministerio Público están sujetas al control constitucional que ejerce el máximo tribunal en esta materia, la Corte de Constitucionalidad”, se lee en el documento.

Hace referencia a que por el perfil de los funcionarios “arbitrariamente señalados por la Unión Europea” suponen que esa entidad internacional “dedica tiempo a realizar defensas oficiosas con absoluto desconocimiento del sistema de control de garantías constitucionales del Estado de Guatemala”.

Advierte de acciones legales

En otra parte del comunicado se menciona que la UE está incurriendo en una “abierta violación a la autonomía e independencia del Ministerio Público como una institución fundamental del estado de derecho de Guatemala”.

Afirma que Guatemala, como país miembro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), ratificó el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica y por eso “este Ministerio Público, como persona jurídica de derecho público, se reserva las acciones legales bien sea de forma unilateral o bien desde el espacio multilateral del SICA de conformidad con los principios y normas del Derecho Internacional Público que pudieran corresponder en contra de la Unión Europea”.

“Es oportuno traer a colación la declaración que hizo la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, quien se refirió a que las sanciones de este tipo son violatorias de los derechos humanos de las personas”, agrega el comunicado.

El MP dice que reitera a la población guatemalteca y a la comunidad internacional que continuará “fuerte y firme en sus investigaciones a fin de garantizar el estricto cumplimiento de la ley y la averiguación de la verdad”.

En horas de la mañana de este 1 de febrero, Francis Argueta, jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ofreció una conferencia de prensa para tratar varios temas de la aviación nacional y entre ellos el proceso de compra e instalación de las mencionadas gradas eléctricas y elevadores para La Aurora.

Horas más tarde, El MP publicó que la Fiscalía contra la Corrupción, como parte de una investigación en curso, realizó diligencia de inspección en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en seguimiento a investigación relacionada posibles irregularidades en la adquisición de elevadores y escaleras eléctricas.

Argueta afirmó en su conferencia de prensa que en el proceso de licitación se compraron ocho ascensores y seis gradas eléctricas para el aeropuerto, pero la empresa que ganó la licitación incumplió con las especificaciones técnicas de la licitación y llevó unas de diferente medida.

Prensa Libre publicó el pasado 26 de enero que la DGAC adquirió por más de Q8 millones los elevadores y escaleras eléctricas, pero el tamaño de estas no se ajusta para lo que habían ofrecido.

Además, que el 4 de julio de 2023 el titular de la DGAC firmó el contrato administrativo DS-31-2023 con Hernán Alfonso Ríos Balleza, representante de Tecnologías Smart Home, Sociedad Anónima, acerca de la licitación (DGAC-LIT-05-2023).

La DGAC adquirió 5 elevadores (ascensores) para pasajeros y carga, con capacidad de carga de 1150; tres elevadores (ascensores) para pasajeros y carga, capacidad 1350. También  seis escaleras mecánicas (escaleras eléctricas), más el servicio de instalaciones de los ocho elevadores y las seis escaleras mecánicas. El 13 de abril de 2023 la DGAC publicó en el Diario de Centro América la licitación.

En la conferencia de este 1 de febrero, Argueta refirió que la Comisión Receptora de DGAC hizo del conocimiento que las gradas incumplían con dichas especificaciones técnicas requeridas desde un inicio.

Dijo que como ejemplo ellos habían pedido unas gradas de un metro de ancho, pero el reporte de la Comisión Receptora detalló que las que llevaron tenían una medida de 80 centímetros.

Señaló que por esa razón, no pueden recibir las mencionadas gradas eléctricas, pues no cubren las necesidades que el aeropuerto necesita, ni cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la licitación.

Afirmó que ahora hay un procedimiento legal que se está llevando a cabo, y que solicitó el apoyo de la Contraloría General de Cuentas con una auditoría especial para ese evento de compra y también para acompañamiento en el proceso administrativo y jurídico para estar seguros que se cumplieron con todos los requisitos de ley.

“Por el momento ya se hizo un reporte de la Comisión Receptora, ya se hizo también un análisis jurídico por parte de Aeronáutica Civil… en sí, toda la documentación ha sido trasladada al Ministerio de Comunicaciones, ya que es una licitación, por lo tanto, la máxima autoridad en este caso es el Ministerio de Comunicaciones que nos tiene que también dar las instrucciones de cómo proseguir con estas gestiones de cómo proseguir con este evento”, dijo Argueta.

Para el 30 de abril

Argueta también dijo que informaron al Ministerio de Comunicaciones la solicitud por parte de la empresa a la que se le adjudicó la licitación de las gradas eléctricas y ascensores que ellos reconocen el error que cometieron y también que incumplieron en los tiempos de entrega.

Añadió que la empresa también ofrece la importación de nuevas gradas eléctricas con las especificaciones correctas que pidió la Aeronáutica Civil y lo ofrecen para el 30  de abril de 2024.

“Esto obviamente es un proceso legal que en el que ellos incumplen, pues, la institución tiene que ejecutar la fianza, inhabilitarlos incluso en no poder ofertar al Estado por cierto tiempo según la Ley de Compras y Contrataciones del Estado” dijo Argueta.

No se ha pagado nada

Argueta dijo que algunos medios de comunicación han afirmado que se habían  desembolsado los Q8 millones 650 mil, por las escaleras y elevadores, pero aseguró que la DGAC “no ha pagado ni un centavo” de esa licitación.

“El pago va a ser única y exclusivamente en el momento que se entreguen las gradas eléctricas y ascensores con las especificaciones técnicas que Aeronáutica Civil solicitó y recibido por parte de la Comisión Receptora”, afirmó .

“Es un es un pago en contra entrega a entera satisfacción de las necesidades del aeropuerto. Así que quiero aclararles que Aeronáutica Civil no ha desembolsado un solo centavo, no ha dado que ningún anticipo, puesto que es un producto que el Estado está adquiriendo. Es muy diferente como vemos en el caso de las carreteras que se dan ciertos pagos conforme van avanzando la obra en este caso no es así, no funciona de esta forma, porque es un producto que está adquiriendo el estado de Guatemala y esto se va a pagar hasta el momento que se entreguen a entera satisfacción, cumpliendo con las especificaciones técnicas que desde un momento Aeronáutica Civil solicitó y que el oferente también estableció en su oferta las especificaciones técnicas correctas”, señaló Argueta.

Sin gradas y por una rampa

Argueta también comentó que por el momento no estarán funcionando las gradas eléctricas y se espera que estas funcionen a partir del 30 de abril.

“Sabemos que el aeropuerto no para, es un aeropuerto que no es de seis, ocho horas de ocupación como era antes era, hace cinco o seis años, ahora es un aeropuerto de 24 horas así que hemos hecho un caminamiento a través de diferentes puertas de abordaje en las que hay rampas, en las que los pasajeros no tienen necesidad de utilizar escaleras”, refirió Argueta.

Comentó que el mencionado caminamiento baja por rampas directamente a Migración y eso puede ser utilizado por pasajeros que utilicen sillas de ruedas quienes tengan alguna discapacidad y así no haya problemas por la falta de gradas eléctricas y ascensores.

“Esto sabemos que causa serios problemas, es algo incómodo, pero es la única solución que tenemos con el fin de que no haya necesidad de utilizar gradas eléctricas o asesores para los pasajeros que visitan aeropuerto de Guatemala” puntualizó Argueta.

Iniciativa para ley de aviación

Francis Argueta también se refirió en su conferencia de prensa que este 1 de febrero trasladarían al Congreso de la República una iniciativa para la ley de aviación.

Expresó que esto es importante pues se debe cambiar la Ley de Aviación Civil de Guatemala y en la nueva propuesta se busca que la DGAC ya no dependa del Ministerio de Comunicaciones.

“Es necesario e imperativo que Guatemala logre independizar, darle autonomía a la institución de Aeronáutica Civil como debe de ser. No puede ni debe ni debería de seguir dependiendo del Ministerio de Comunicaciones”, puntualizó Argueta.

Según Argueta, esta iniciativa no es por que haya algún problema con el ministerio, sino que todas las aeronáuticas civiles del mundo se requiere que sean autónomas.

Comentó que la autonomía les beneficiaría para su presupuesto, pues la institución debe tener uno digno.

“Al día de hoy, el aeropuerto puede producir hasta Q300 millones y nuestro presupuesto está muy debajo de los Q300 millones” afirmó Argueta.

También explicó que DGAC que necesita tener de presupuesto lo que genera invertirlo en la aviación.

Argueta también mencionó los US$32 dólares de impuesto de salida del país, los cuales se reparten entre ministerios e instituciones.

Dijo que de ese dinero, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y el Inab  reciben un porcentaje, pero que eso debería de ser para invertir en aviación.

Señaló que Educación tiene un presupuesto muy alto y  a veces no lo ejecuta completo, pero la aviación si requiere de ese 32% que va a esa cartera.

Agradeció la iniciativa de unos diputados para hacer un cambio en la distribución e esos fondos para que sean estrictamente para aviación.

Aseguró que la aviación no debe suplir las falencias que tienen otras entidades y que debería ser el Ejecutivo quien les proporcione los fondos.

Presupuesto

El director de DGAC recordó que el año pasado pidieron al Congreso un presupuesto de Q360 millones, pero se los negaron y con el dinero que les dieron optaron por invertirlo en seguridad operacional del aeropuerto y no en remodelaciones.

Con ese dinero se pretendía colocar el sistema de aire acondicionado, bandas , renovación de rayos X y otras necesidades, pero se optó por la seguridad operacional que incluyó arreglos en la rampa internacional, la compra de un radar secundario, pues el anterior ya había excedido su tiempo de utilidad. Dijo que ese radar cuenta con tecnología satelital y tiene tecnologías más avanzadas.

La jefa del MP acudió a una invitación que Arévalo le había hecho para participar en la reunión con ministros, saludó al mandatario y cuando la reunión recién iniciaba, ella salió de la misma.

Luego, el MP publicó un video en el que Porras señalaba: “Me vi en la necesidad de retirarme, ya que en la reunión se pretendía llevar a cabo en el marco del Consejo de ministros, que por mandato constitucional y legal me prohíbe participar y les prohíbe a los ministros de Estado contar con mi presencia”, dijo la fiscal.

“Ni yo puedo interferir en las funciones y resoluciones que emita dicho órgano, ni ellos pueden interferir en la autonomía del Ministerio Público”, explicó Porras.

“Dejé constancia antes de retirarme sobre esta situación, ya que la ley es clara de que la participación de un ente estatal autónomo como el Ministerio Público, solo puede ser en escenarios de coordinación intersectorial, como lo manda la ley del Organismo Ejecutivo en cuanto a la naturaleza jurídica de los gabinetes y  no me permite participar en reuniones deliberativas y de decisión del Organismo Ejecutivo, como lo es un Consejo de ministros”, señaló Porras en el video.

Respuesta de Arévalo

Horas más tarde, el presidente Arévalo ofreció una conferencia de prensa sobre la frustrada reunión con Porras, en la cual estuvo acompañado de sus ministros de Estado.

“El objeto de la invitación que se le hizo fue establecer una coordinación interinstitucional sobre aspectos de interés para el Gobierno de la República de conformidad con los artículos 134, 183 inciso M, y 251 de la Constitución Política de la República, y reiteramos, en ningún caso se trató de discutir y pedir información sobre casos específicos”, afirmó el mandatario.

Explicó que se estaba solicitando información sobre las políticas que el MP está siguiendo a fin de ajustarlas a las políticas del Gobierno.

“A manera de ejemplo, desde el año 2018 a la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha registrado 12 medidas cautelares en relación a la vulneración al derecho, a la libertad de expresión y de prensa, por lo cual era necesario conocer la política que ha seguido el Ministerio Público en la materia para poder hacer la coordinación y garantizar la vigencia de este principio como corresponde a un estado democrático”, ejemplificó Arévalo.

Agregó que Porras estaba perfectamente enterada del objeto de la invitación en virtud de la recepción de los oficios, por el MP el 19  y 24  enero pasados.

“Dichos oficios tenían perfectamente explícita cuál era la el objetivo de la reunión y estos se enviaron de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público, normativa que obliga, reitero, obliga a la señora fiscal a asistir y participar en estas reuniones con voz, pero sin voto, en cualquier junta de ministros de Estado, sentenció el presidente Arévalo.

“La señora fiscal general, utilizando argumentos que no aplican, y estamos utilizando con mucho cuidado la palabra no aplican, los adjetivos se los dejamos a cada uno de ustedes y de los oyentes, comunicó su decisión de retirarse de la junta de ministros rehusándose a cumplir con su obligación legal establecida en el artículo cuarto de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que señala, y cito: el presidente de la República podrá invitar al fiscal general para que participe En cualquier junta de gabinete o de los ministros de Estado”, expresó Arévalo.

Recalcó que esos encuentros eran en cualquier junta de Gabinete o de los ministros de Estado y per por eso ella está obligada a concurrir a la junta con voz, pero sin voto, fin de la cita.

Analizan acciones

“Los argumentos que la señora fiscal general ha comenzado a hacer públicos son simple y llanamente no aplicables, y lo que evidencian es la falta de voluntad para cumplir con lo establecido en la ley y muy explícitamente en el artículo cuarto de la Ley Orgánica del Ministerio Público.  El Gobierno de la República estará examinando en las próximas horas las acciones legales que proceden”, afirmó Arévalo.

Sobre la renuncia

A Arévalo se le consultó si en la reunión había alcanzado a pedirle la renuncia a Porras, y respondió que el encuentro no fue para pedírselo, sino que para llevar a cabo los alcances que están establecidos en la ley,  de promover la coordinación de las políticas necesarias.

Contó que Porras estuvo en la reunión entre 10 y 15 minutos, porque ella planteó su argumentación, se le hizo ver que la argumentación no era aplicable y estaba fuera de lugar.

Según Arévalo, Porras insistió en su argumentación e intentó sostener un debate, pero en ese momento se le invitó a retirarse pues ya había manifestado que se quería ir de la reunión.

“En el momento en el que estaba por entablarse un debate innecesario alrededor del tema, le dijimos, bueno, pues si usted no va a participar, proceda por favor, a retirarse, ya entendimos lo que usted ha dicho”, dijo Arévalo.

¿Se le pedirá la renuncia?

Varios periodistas le preguntaron a Arévalo si se le iba a pedir o no la renuncia a Porras y en qué momento y respondió:  “La solicitud de renuncia es pública y notoria, es del dominio público, ella la conoce y creo que está colocada sobre la mesa, de manera que es ella la que con sus actos define si la está aceptando o no. La reunión de hoy era una reunión que tenía como objeto avanzar en las funciones de coordinación de políticas entre el Ministerio Público y el Gobierno de la República, tal como está establecido constitucionalmente. Lo que nosotros hemos identificado es que hay una negativa de ella a actuar de acuerdo a lo que está establecido legalmente en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la Constitución Política de la República, y en consecuencia estamos viendo cuáles son las opciones que corresponden a esta negativa”, dijo Arévalo.

A Arévalo también se le preguntó sobre las discusiones en el Congreso para lograr acuerdos y si el Ejecutivo le había hecho algún ofrecimiento a los diputados que están en alianza y respondió que ignoraba cuáles eran las discusiones que había en el Congreso, pero lo que podía asegurar era que no se ha ofrecido nada en ningún momento, porque esa es la política de su gobierno, y que no se ha ofrecido ni contratos ni plazas.

Luego, el MP en redes sociales publicó un video en el que el secretario general del ente investigador, Ángel Pineda, indicó que Porras fue invitada por el presidente de la República a una junta de Gabinete este lunes 29 de enero.

Agregó que la fiscal acudió a la invitación “con la  voluntad de entablar un diálogo constructivo en favor del pueblo de Guatemala, no obstante, el presidente dio inicio a una reunión de consejo de ministros, la propia Constitución Política de la República y la ley del Organismo Ejecutivo establece con claridad y precisión la forma en la cual se integra el referido Consejo.

Agregó: “No pudiendo integrar el mismo -Consejo- personas distintas a las establecidas en la ley, ante tal situación la fiscal general y jefe del Ministerio Público tomó la decisión de dejar constancia respecto a la referida irregularidad legal, la cual se hubiera materializado si se lleva a cabo el referido Consejo, pues el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público en consonancia con el artículo 18 de la ley del Organismo Ejecutivo únicamente regula la obligación de a fiscal general de acudir a un Gabinete específico integrado por los ministros y para los fines que se establezcan en el correspondiente acuerdo gubernativo que le de vida”.

Pineda añadió que en virtud de lo anterior, Arévalo decidió cerrar la sesión del Consejo de Ministros e inició una sesión de Gabinete, “no obstante, la misma no reunía las condiciones legales establecidas en la propia ley del Organismo Ejecutivo, como lo es el haber creado y publicado el acuerdo gubernativo para tal efecto”.

Afirmó que Porras con objetivo de evitar “que se incurriera en ilegalidades les hizo ver la deficiencias jurídicas que hacían inviable llevar a cabo la reunión de Gabinete, por lo que en cumplimiento a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la fiscal general y jefe del Ministerio Público se vio en la necesidad de retirarse se la reunión”.

#MPfuerteYfirme
Mensaje del Secretario General del Ministerio Público a la población guatemalteca pic.twitter.com/mZBidm9svl

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 29, 2024