Los exrectores de la Universidad de San Carlos (Usac), Murphy Paiz y Estuardo Gálvez, fueron beneficiados con arresto domiciliario gracias a una resolución del juez suplente de mayor riesgo D, Edwin Ramírez, informaron este martes 17 mayo fuentes judiciales.

Tanto Paiz como Gálvez podrán salir de prisión preventiva y permanecer en libertad condicional mientras concluye el caso Comisiones Paralelas 2020.

Además, se benefició con libertad condicional a Luis Fernando Ruiz, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

La resolución, a la que la Feci no se opuso, se dio a conocer en una audiencia bajo reserva judicial, es decir, sin acceso a particulares ni periodistas.

“El Juzgado de Mayor Riesgo D resolvió otorgar medida sustitutiva a sindicados por razones humanitarias. Asimismo, decretó la reserva total”, señaló el MP.

Murphy Paiz y Estuardo Gálvez son procesados por supuestamente ser parte de una trama que intentó manipular la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, la cual aún está detenida en el Congreso de la República.

Ambos son señalados de asociación ilícita, tráfico de influencias y violación a la Constitución.

La Universidad de San Carlos (Usac) informó este miércoles 26 de agosto que declaró vacante el puesto de rector de esa casa de estudios tras la ausencia de Murphy Paiz.

“En virtud de haber transcurrido el plazo de seis meses establecido en las leyes universitarias, se acordó declarar la ausencia definitiva del ingeniero Murphy Paiz como rector”, explicó esa casa de estudios.

“Por lo tanto, se declaró la vacancia definitiva del cargo a partir del día 26 de agosto de 2021″, agregó.

La Usac informó que para la próxima sesión ordinaria la Secretaría General y la Dirección de Asuntos Jurídicos presentarán un proyecto de convocatoria para la elección del nuevo rector. 

En varios medios trascendió una carta a mano escrita el 20 de agosto último por Paiz desde la prisión en la que se queja de ser víctima de la “injusticia” y agradece a la Universidad.

Paiz fue ligado a proceso y guarda prisión desde finales de febrero. Es señalado en el caso Comisiones Paralelas 2020 de haber influido en la integración de la nómina de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Usac, al cumplirse seis meses de ausencia en el cargo, se debe convocar a nueva elección de rector.

El 26 de febrero, el entonces rector presidía una sesión del Consejo Superior Universitario cuando se enteró por los medios de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) confirmó una orden de captura contra él.

No obstante, en ese momento no se desplazó hacia la Torre de Tribunales sino a un sanatorio privado de la zona 11 capitalina, donde fue ubicado por agentes de la Feci y la PNC.

la Feci explicó entonces que Paiz fue parte de una red integrada por personas dentro y fuera del sistema de comisiones de postulación que se organizó para definir aspirantes a magistrados a salas de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia para que, una vez en los cargos, devolvieran el pago de favores.

Un exrector de la Usac y dos abogados implicados en el caso Comisiones Paralelas 2020 también hacen petición a jueces para que les permitan inmunizarse contra el covid-19.

El expresidente de Guatemala, Otto Fernando Pérez Molina, recibió la autorización de Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, para que pueda acudir a inmunizarse contra el coronavirus.

Este viernes 2 de julio, el abogado defensor de Pérez Molina, César Calderón, informó que el juez Gálvez había autorizado que su cliente acuda a un centro de vacunación y así recibir inmunización contra el coronavirus.

El exmandatario está procesado en el caso Cooptación del Estado.

Otras peticiones

El exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Paiz y los abogados Luis Fernando Ruiz y Juan Salvador Soto, vinculados al caso Comisiones Paralelas 2020 también hicieron una petición para que les autoricen vacunarse.

En una audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo D,  este viernes los abogados defensores de Paiz, Ruiz y Soto pidieron el permiso a la juzgadora Erika Aifán para trasladar a centros de vacunación a los procesados.

Los tres están implicados en la negociación para elección de cortes nacionales, una operación descubierta por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y que determinó que el orquestador de ese amaño fue el exsecretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos.

Las solicitudes de los tres procesados en el caso Comisiones Paralelas 2020 aún se analiza y Aifán pidió una constancia que garantice que serán vacunados para autorizar su traslado.

Otros detenidos ya vacunados

La exvicepresidenta de Guatemala, Ingrid Roxana Baldetti Elías, quien guarda prisión por su supuesta vinculación en actos de corrupción durante su mandato, fue llevada a un centro de vacunación en Santa Catarina Pinula para ser inmunizada contra el covid-19, según se informó el viernes 18 de junio.

Baldetti fue inmunizada contra el coronavirus luego que la jueza de Mayor Riesgo “A”, Marta Claudette Dominguez Guerrero, autorizada dicho procedimiento.

El pasado 16 de junio se conoció que El juez presidente del Juzgado de Mayor Riesgo E, Elvis David Hernández, ordenó que el exguerrillero Julio César Macías López, alias “César Montes”, preso en la cárcel del Cuartel Militar de Matamoros y procesado por la muerte de tres soldados en El Estor, Izabal, fuera vacunado contra el coronavirus.

La orden tampoco especificaba las razones por las cuales “César Montes” fue vacunado; además, tanto autoridades del Sistema Penitenciario (SP) como del Ministerio de Salud aseguran que en todo el país él es el único reo que ha sido inmunizado.

El caso Comisiones paralelas 2020 celebró este 23 de marzo la audiencia de primera declaración para seis detenidos, entre ellos los sancarlistas Murphy Paiz, actual rector, y Estuardo Gálvez, exrector.

Los otros sindicados en esta fase del caso son los abogados Jennifer Dell’Acqua, Olga del Rosario Alfaro, Luis Fernando Ruiz y Juan Salvador Soto, excomisionados de postulación. La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán.

Paiz se abstuvo de declarar. Por su parte, Gálvez señaló que ha formado parte de cinco comisiones de postulación durante su trayectoria como decano de Derecho y rector sancarlista, pero negó que en esos procesos haya traficado influencias y en particular la del periodo 2019-2024, como sindica la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

En audiencia la Feci presentó un listado de posibles candidatos a cargos que tenían el aval del operador de cortes y exfuncionario Gustavo Alejos, preso por casos de corrupción, el cual fue encontrado en el sanatorio de la zona 2 donde él estuvo internado en 2020, y el mismo listado fue encontrado un año después en un allanamiento a Dell’Acqua.

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Asimismo, la fiscalía mencionó que hubo visitas a Alejos en el sanatario en diferentes días, pero, por ejemplo, en horas cercanas a la medianoche, entre ellos, Dell’Acqua, Alfaro Pineda (llevó el listado de Ruiz), Gálvez Barrios y Luis Fernando Torres (quien según la pesquisa fue intermediario de Paiz para presentar su lista, pero por el momento no está implicado ni detenido).

No obstante, la fiscalía pidió que los sindicados sean ligados a proceso por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y violación a la Constitución.

La jueza de Mayor Riesgo D Erika Aifán ordenó que el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Paiz, quede en prisión provisional en la cárcel de Matamoros mientras se aclara su situación legal.

Paiz es señalado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público de ser parte de una estructura que supuestamente se organizaba para definir aspirantes a magistrados de salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, caso conocido como Comisiones Paralelas 2020.

El 26 de febrero del año en curso, la Feci reveló más detalles de la investigación y señaló, además del rector de la Usac, a Estuardo Gálvez, exrector de esa casa de estudios, de estar implicado en el caso, por lo que también ordenó su captura.

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Luego de haberse dado a conocer las acciones de la Feci, Paiz acudió a un sanatorio privado, aduciendo problemas de salud, pero el Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinó que se encuentra en condiciones para ser trasladado a otro lugar.

En las redes sociales de Paiz se divulgó una carta donde se defiende de los señalamientos en su contra, pero confía en que serán desvanecidos.

En el caso de Gálvez, la jueza Aifán ordenó que se someta a un examen médico para determinar si puede ser trasladado a prisión preventiva mientras se desarrollan las audiencias de primera declaración por el caso.

Juan José Bolaños Mejía y Henry Giovanni Dubón Ruano, otros dos señalados por la Feci y con orden de captura vigente, no han sido localizados y no se han presentado ante el Juzgado de Mayor Riesgo D, por lo que la juez Aifán los declaró en rebeldía.

Investigación

Según las autoridades, esta agrupación se cercioró de obtener el número de electores necesarios, para alcanzar los votos mínimos indispensables, para cumplir con su cometido de copar las cortes.

La Feci indica que el pacto se aseguró de obtener el número de electores necesarios para cumplir con el requisito establecido en los artículos 215 y 217 de la Constitución Política de la República, es decir las dos terceras partes de los votos.  El número que se requería era de 25. La agrupación aseguró 24 votos, y manejaron un margen de riesgo de 1 voto.

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Según las autoridades, se identificaron redes que operan desde dentro y desde fuera del sistema de justicia para influir en la toma de decisiones, e incluso algunos grupos se han especializado en “ofrecer” (vender) servicios de impunidad a partir de contactos en el interior de este. Además, se estableció la distorsión del esquema legal de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones.

Murphy Paiz, rector de la Universidad de San Carlos, fue capturado este 26 de febrero en un sanatorio privado horas después de que se enterara de una orden de captura por el caso Comisiones Paralelas 2020 y dijera que se iba a presentar ante la justicia.

Paiz presidía una sesión del Consejo Superior Universitario que conoce los expedientes de aspirante a Corte de Constitucionalidad (CC) cuando se enteró por los medios que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) confirmó una orden de captura contra él.

“En las redes sociales anda información de que hay un allanamiento en mi vivienda y que hay una orden de captura contra mi persona, entonces discúlpenme yo quisiera presentarme ahorita a la justicia para hacer las aclaraciones que correspondan y pedirles el permiso para poder retirarme para hacer la verificación de esa información y poder decirle al decano más antiguo que asuma el rol”, señaló Paiz a los consejeros sancarlistas y salió del salón de un hotel de la zona 11 bajo los reflectores de las cámaras.

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No obstante, en ese momento no se desplazó hacia la Torre de Tribunales sino a un sanatorio privado de la zona 11 capitalina, donde fue ubicado por agentes de la Feci y la PNC. Una vez se determine su estado de salud procederá el arresto, según el Ministerio Público (MP).

Según la Feci, Paiz fue parte de una red integrada por personas dentro y fuera del sistema de comisiones de postulación que se organizó para definir aspirantes a magistrados a salas de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia para que, una vez en los cargos, devolvieran el pago de favores.

Aunque no ha pormenizado los delitos supuestamente cometidos por Paiz, la Feci señala que la red incurrió en violación a la Constitución, tráfico de influencias y asociación ilícita.

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El abogado Sergio Martínez Mora, defensor de Paiz, dijo que presentó un memorial a la Feci e informó que su cliente está a disposición y que había ingresado a un centro privado.

Con Paiz sería la quinta persona detenida este 26 de febrero. Los otros fueron:

• Luis Fernando Ruiz Ramírez, expresidente del Colegio de Abogados (Cang) y candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Cang.
• Jennifer Candelaria Dell’Acqua Lima, abogada, representante del Cang en la Comisión de Postulación de magistrados de la Corte de Apelaciones 2019 -2024.
• Juan Salvador Soto Hernández, exrepresentante del Cang ante la Comisión de Postulación de candidatos a Salas de la Corte de Apelaciones 2019-2024.
• Olga del Rosario Alfaro Pineda, abogada.

Sandoval también informó que hay orden de captura contra el exrector de esa casa de Estudios, Carlos Estuardo Gálvez Barrios; Juan José Bolaños Mejía y Henry Giovanni Dubón Ruano.

Así operó la red

Según la investigación, esta agrupación se cercioró de obtener el número de electores necesarios, para alcanzar los votos mínimos indispensables, para cumplir con su cometido de copar las cortes.

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Agrega que el pacto se aseguró de obtener el número de electores necesarios, para cumplir con el requisito establecido en los artículos 215 y 217 de la Constitución Política de la República, es decir las dos terceras partes de los votos.  El número que se requería era de 25. La agrupación aseguró 24 votos, y manejaron un margen de riesgo de 1 voto.

Expresó que se identificaron redes que operan desde dentro y desde fuera del sistema de justicia para influir en la toma de decisiones, e incluso algunos grupos se han especializado en “ofrecer” (vender) servicios de impunidad a partir de contactos en el interior del mismo. Además, se estableció la distorsión del esquema legal de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones.

La secretaria general de esa casa de estudios, Marcia Véliz, aseguró que ya toman cartas en el asunto y establecerán una prórroga en febrero para efectuar los trámites que las fallas en el sistema han imposibilitado.

“En lo que corresponde a Registro y Estadística, para inscripciones y diferentes procesos que se llevan a cabo hemos tenido problemas y se está trabajando al respecto para tranquilidad de nuestros estudiantes y de todos los interesados en realizar trámites a través de registro y estadística se van a da prorrogas, pero ya el sistema se está tratando de restaurar”, refirió Véliz.

Sabemos que muchas/os estudiantes han experimentado dificultades para realizar procesos administrativos virtuales debido a la falta de una plataforma eficiente por lo que hemos mediado con las autoridades para que den una solución y poder continuar con normalidad. pic.twitter.com/AY8onW8Ps6

— AEU (@AEU_OliverioCDL) February 1, 2021

De acuerdo con un comunicado emitido por el Consejo Superior Universitario el domingo último, el 29 de enero último fuertes vientos causaron daños en el cableado eléctrico, lo que provocó la caída de los servidores.

El texto agrega que las reparaciones no se han podido llevar a cabo a totalidad debido a que un grupo de estudiantes tiene tomados los edificios de Rectoría y de la Dirección General de Administración, y aunque han permitido el ingreso a los técnicos para que trabajen, no les otorgan el tiempo necesario.

Nuestra obligación #USAC y responsabilidad es garantizar la seguridad de los recursos universitarios, datos personales y sensibles de todos nuestros estudiantes, así como el resguardo del patrimonio USAC. pic.twitter.com/d2FsmpJMiM

— Universidad de San Carlos de Guatemala #USAC (@InfoUsac) January 15, 2021

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ha mediado el diálogo entre las autoridades universitarias y los estudiantes para que se permita el acceso a las personas encargadas de restablecer el sistema.

Saúl Orellana, auxiliar de la PDH, confirmó que el domingo y este lunes los estudiantes han permitido el ingreso a los técnicos, quienes regresarán este martes para continuar los trabajos.  Agregó que ambas partes han mostrado apertura al diálogo.

Tras mediación de Oficiales de turno de @PDHgt se logra acuerdo entre CSU y estudiantes universitarios que mantienen tomado el DIGA @usacenlinea, estudiantes permitirán el ingreso de técnicos para restablecer los sistemas informáticos del Departamento de Registro y Estadística pic.twitter.com/9wOudV8qOI

— PDH Guatemala (@PDHgt) January 31, 2021

Desde el 10 de septiembre un grupo de estudiantes tomó las instalaciones en oposición a un préstamo de US$120 millones ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, el cual consideran serviría para favorecer a empresas de ministros, diputados y autoridades de la Usac.