La delegación de senadores estadounidenses que visita Guatemala para abordar la crisis política a causa de la judicialización del proceso electoral se pronunció este viernes 8 de diciembre sobre los señalamientos del fiscal Rafael Curruchiche respecto a que buscan interferir “de forma abusiva” para que el MP detenga las investigaciones, y aseguran que su llegada al país está enfocada en la preservación de la democracia y el respeto de la voluntad popular.

Durante la conferencia de prensa en la que el MP dio a conocer nuevas acciones judiciales contra el presidente electo, Bernardo Arévalo, e integrantes del partido Movimiento Semilla y sugirió que las elecciones generales sean anuladas por supuestas irregularidades, Curruchiche mencionó al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y a funcionarios de otros países, a quienes señaló de querer interferir en el trabajo de la Fiscalía.

En la conferencia, el MP habló de la anulación de la elección del binomio presidencial, las 160 diputaciones, diputados al Parlacén y las 340 corporaciones municipales

“Me hubiera gustado que estuviera acá el día de hoy el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, no sé si todavía está en Guatemala, pero lo invito a que venga -al MP- y personalmente lo puedo atender y le puedo explicar lo que ustedes van a ver más adelante -en la conferencia de prensa-. También a todos aquellos diplomáticos, embajadores, senadores de países extranjeros, que tengo entendido están en este momento en Guatemala, que de forma abusiva quieren interferir en que el Ministerio Público no investigue”, dijo Curruchiche.

Ante esas declaraciones, la delegación bicameral fue consultada durante una conferencia de prensa y señalaron que su objetivo es contribuir con los guatemaltecos para que se respete la voluntad popular y cumpla con el cambio de gobierno.

El senador Tim Kaine, quien preside el subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental y quien encabeza la delegación, señaló que harán “cualquier cosa para apoyar la voluntad del pueblo guatemalteco” y agregó que espera que el presidente Alejandro Giammattei apoye el proceso democrático.

Detalló que “no queremos tener ninguna consecuencia negativa porque estamos a favor de la democracia, nuestro deseo es el desarrollo de la economía y el bienestar de todos”.

Respecto a lo que dijo Curruchiche sobre la visita de la comitiva refirió que llegaron a Guatemala a apoyar la voluntad del pueblo y no a interrumpir.

Por su parte, la congresista de origen guatemalteco, Delia Ramírez, dijo que el objetivo de su visita es garantizar el respeto a la democracia y que es “abusivo” no honrar el voto de los guatemaltecos.

“Para nosotros en EE. UU. el bienestar de Guatemala es importante porque está conectado el bienestar de nosotros, y por eso estamos aquí, pidiendo al Gobierno y al Ministerio Público que demuestren el respeto a la democracia. El pueblo habló directo en las elecciones y las cosas que están pasando aquí tienen un impacto muy grande y el pueblo guatemalteco quiere ver estabilidad, quiere ver un país seguro y un país que pueda tener la economía necesaria para que nuestra gente no sea forzada, como mis papás, a tener que cruzar la frontera”, comentó Ramírez.

Respecto a lo dicho por Curruchiche señaló: “Cuando escucho que el Ministerio Público dice que es abusivo que representantes de otro país vengan aquí a tratar de meterse en los asuntos de las elecciones, creo que lo abusivo es negarle al pueblo guatemalteco la democracia y no honrar el voto (…) para nosotros el bienestar de Guatemala es nuestra prioridad y proteger la democracia es lo más urgente”.

En tanto, la congresista Norma Torres, también de origen guatemalteco, dijo que la relación de EE. UU. y Guatemala es relevante porque son países con países con problemas en común, como la migración, por lo que asegura que se debe trabajar en ese aspecto, algo que ve complicado sin el país no supera la crisis política por la que atraviesa.

Torres dijo que lo más valioso que tiene Guatemala son los jóvenes, quienes son una economía que puede sostener la nación y las autoridades deben enfocarse en ese sector, al cual se le ha robado la posibilidad de tener un futuro en Guatemala, así como el de ella fue robado durante el conflicto armado interno.

Añadió que no conoce personalmente al presidente Giammattei y que este día no se pudo concretar un encuentro con él.

“Este choque a la democracia tan fuerte que han dado, que realmente estoy sorprendida, porque hemos hablado de corrupción y del grupo de corruptos, pero estar aquí y observar lo que está pasando para mí es una pesadilla”, dijo Torres.

“Los votos de todos los guatemaltecos son los votos que el presidente y estos corruptos quieren cancelar hoy, eso es lo que están haciendo, cancelado sus votos, cancelando su democracia, cancelando su Estado de derecho y cancelando el futuro de ustedes y sus hijos y nietos”. El recado para el presidente -Giammattei- es que todavía hay tiempo, no es muy tarde, puede retroceder estas acciones y esperamos que lo pueda hacer, que este desastre que se ha hecho con este pacto de corruptos tiene que finalizar”, dijo la congresista Torres.

Un grupo de congresistas estadounidenses pidieron este miércoles 16 de noviembre a la Administración de Joe Biden un apoyo “inequívoco” a quienes luchan por defender la democracia en Guatemala, al considerar que la erosión de la situación en el país afecta a Estados Unidos.

La resolución está encabezada por Norma Torres y Albio Sires, integrantes demócratas de la Cámara de Representantes y de origen guatemalteco y cubano, respectivamente.

“Guatemala está en una encrucijada peligrosa. Mientras su gobierno continúa atacando la libertad de prensa, un poder judicial independiente, a las comunidades marginadas y otros derechos humanos básicos, Estados Unidos debe ofrecer su apoyo inequívoco a quienes trabajan para reforzar su frágil democracia y defender el estado de derecho”, dijo Torres en un comunicado.

Su resolución solicita al Departamento de Estado y al del Tesoro que se aseguren de que no se utilizan recursos estadounidenses para apoyar a actores corruptos mediante una investigación a oficiales guatemaltecos, legisladores o empresarios, entre otros, que hayan participado en “actos destacados de corrupción o abusos de los derechos humanos”.

En caso necesario, reclama que se congelen sus activos en Estados Unidos.

El texto también insta a garantizar que no se concedan préstamos o ayudas a personas o entidades responsables de corrupción, financiación ilícita de campañas políticas o violaciones de los derechos humanos, y promueve revisar lo ya concedido para tener claro que no pone en riesgo a defensores de los derechos humanos.

Ese reclamo conjunto urge igualmente al Departamento de Estado y al de Defensa a que revise y de ser necesario postergue la asistencia y el entrenamiento a las fuerzas del orden guatemaltecas hasta tener claro que el Ejecutivo de ese país da pasos efectivos para investigar y llevar ante la Justicia a agentes implicados en corrupción y abusos.

Su revisión de las relaciones bilaterales reclama además que se compruebe hasta qué punto Guatemala cumple el Acuerdo de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y EE. UU., que entre sus cláusulas incluye la de no contar con suministradores implicados en actividades ilegales o fraudulentas.

“El deterioro de la situación en Guatemala tiene un impacto directo en Estados Unidos, con miles de solicitantes de asilo huyendo del miedo constante a la violencia y embarcándose en el peligroso viaje por nuestra frontera sur”, sostuvo Torres.

Con esta resolución, según añadió Sires en esa nota, se llama la atención sobre la situación en el país apoyando “a quienes lo han arriesgado todo para mejorar las condiciones para la siguiente generación”.

Su texto recuerda a modo de ejemplo que “al menos” seis fiscales anticorrupción han sido detenidos por las autoridades guatemaltecas con cargos “frívolos” o que en 2021 se registraron “al menos” 179 ataques contra líderes indígenas y agrícolas que defendían su territorio.

Celebraron la resolución

En tanto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés) señaló en su página web y redes sociales que organizaciones de la sociedad civil celebraron la resolución de la Cámara de Representantes de EE. UU. “para restaurar el Estado de derecho en Guatemala”.

“Organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos celebran la resolución sobre Guatemala presentada el 16 de noviembre por los congresistas Norma Torres, Albio Sires, Chuy García, Jim McGovern y Joaquín Castro en la Cámara de Representantes de Estados Unidos”, refiere la publicación de WOLA.

Añade que “Nos preocupa profundamente la captura del sistema judicial de Guatemala por parte de actores corruptos y que ha obligado a numerosos jueces y fiscales honestos a huir del país. Nos preocupa igualmente el grave cierre del espacio cívico que afecta a las personas líderes indígenas, defensoras de los derechos humanos y a periodistas en Guatemala que se enfrentan a amenazas, ataques y acusaciones falsas que a menudo les obligan a exiliarse”.

Se solicitó una postura al Gobierno de Guatemala, pero al cierre de esta edición la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia no había respondida la consulta.

Con la Resolución sobre #Guatemala, el gobierno de EEUU tomó medidas para defender el estado de derecho

@WOLA_org y nuestros socios apoyamos la resolución y a las personas que trabajan por la justicia y el futuro de su país

Declaración: https://t.co/yjjNRZRQVa https://t.co/VDHZrGerth

— WOLA (@WOLA_org) November 16, 2022

Debido a la reciente transferencia de equipo militar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos al gobierno de Guatemala, la congresista estadounidense Norma J. Torres envió una carta a principios de esta semana al secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, y al secretario de Estado, Antony Blinken, llamando a una mayor supervisión y acción con respecto a las transferencias recientes.

La carta de la congresista también sigue a un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los EE. UU. (GAO, por sus siglas en inglés) que encontró que el gobierno de Guatemala usó Jeeps militares provenientes de los EE. UU. “para intimidar a los funcionarios de la embajada estadounidense en 2018”.

La misiva señala: “En ninguna circunstancia se debe utilizar el equipo militar donado por Estados Unidos para socavar la democracia y la libertad de expresión. Tampoco debe usarse este equipo para intimidar a nuestro propio gobierno y ciudadanos. Nuestro gobierno necesita políticas firmes para evitar que estos actos atroces sucedan. Esta es una cuestión de buena política, seguridad nacional y sentido común”.

Desde 2021, Torres ha presionado para que se restrinjan las transferencias de equipos militares a países con un historial de abusos contra su propio pueblo, incluida Guatemala.

La congresista también ha pedido al gobierno guatemalteco que retorne los Jeeps en respuesta al incidente de 2018. Para su petición ha usado la etiqueta #ReturntheJeeps.

Señaló que si bien la transferencia actual utiliza fondos anteriores a estas restricciones, los Departamentos de Defensa y de Estado aún no se han comprometido a limitar la transferencia de equipo militar a Guatemala y, como lo indica el informe reciente de la GAO, no han implementado ninguna política para registrar y responder al mal uso del equipo militar provisto por los EE. UU.

Como integrante del Comité de Asignaciones, la Congresista Torres aseguró la inclusión de $61.5 millones para esfuerzos anticorrupción y estado de derecho en América Central en un proyecto de ley de financiación del gobierno a principios de este año.

La misiva de la congresista dice la siguiente manera. Estimado secretario Blinken y secretario Austin:
Escribo para expresar mi profunda decepción y oposición a la transferencia de equipo militar adicional al gobierno de Guatemala por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos sin tener en cuenta el impacto en el pueblo de Guatemala, y sin que los Departamentos de Defensa y de Estado realicen los cambios necesarios en sus sistemas de monitoreo de uso final para equipo militar. Sin reforma, los planes y esfuerzos actuales están socavando la democracia y el estado de derecho en Centroamérica.

Indicó que el 13 de octubre, el Departamento de Estado anunció la transferencia de 95 vehículos, entre camiones y motocicletas, al Ejército de Guatemala por parte del Departamento de Defensa.

El valor total de estos artículos fue de unos 4.4 millones de dólares. “Me preocupa que, sin salvaguardas adicionales, este equipo esté listo para un uso indebido adicional por parte de los militares”, señala.

Recordó que en 2018, “el ejército guatemalteco hizo mal uso de los jeeps militares provistos bajo este programa para hostigar e intimidar a los manifestantes, activistas de derechos humanos e incluso al personal del Departamento de Estado de los EE. UU. Estos problemas no se investigaron a fondo hasta que recibieron la atención tanto de la prensa como de mi oficina”.

Agregó: “El resultado fue que ninguno de estos jeeps ha sido confiscado, aunque los jeeps que se dirigían a Guatemala han sido retenidos en una instalación estadounidense en lugar de ser transferidos al gobierno guatemalteco. Según tengo entendido, todos estos jeeps permanecen en Guatemala. Y lamentablemente, en los años transcurridos desde entonces, sigue habiendo informes sobre el uso indebido de estos vehículos contra manifestantes y comunidades indígenas para aplastar la disidencia y robar tierras de comunidades vulnerables”.

Torres afirmó que estos eventos revelaron una preocupante falta de transparencia, rendición de cuentas y supervisión del equipo militar transferido a otros países.

“Es por eso que incluí lenguaje en la Ley de Autorización de Defensa Nacional del año fiscal 2022 que exige un estudio de la GAO sobre el monitoreo del uso final de equipos militares por parte del Departamento de Defensa y Estado en el Triángulo Norte. El informe, titulado “El DOD y el estado necesitan políticas mejoradas para abordar el uso indebido de equipos”, se publicó el 2 de noviembre de 2022”.

Se mostró consternada al ver lo que el informe descubrió. La GAO concluyó que los Departamentos de Defensa y de Estado no tienen políticas establecidas para registrar las denuncias de uso indebido, ni el Departamento de Defensa tiene políticas establecidas para investigar el uso indebido en absoluto para ciertos tipos de equipos.

Además, en el caso de Guatemala, aunque los Departamentos estaban al tanto del uso indebido por parte del gobierno guatemalteco de los jeeps militares que se les proporcionaron, ninguno de los Departamentos registró con precisión esa información y no tenía políticas para guiar futuras investigaciones.

El informe indicó que el Departamento de Defensa no implementó un monitoreo de uso final mejorado en equipos sensibles porque no mantiene una fecha precisa en la que los equipos entran en esa categoría.
“Estos son problemas serios. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar el equipo militar donado por los Estados Unidos para socavar la democracia y la libertad de expresión. Tampoco debe usarse este equipo para intimidar a nuestro propio gobierno y ciudadanos. Nuestro gobierno necesita políticas firmes para evitar que estos actos atroces sucedan. Esta es una cuestión de buena política, seguridad nacional y sentido común”, enfatizó Torres.

Añadió la carta: Se han impuesto restricciones adicionales a la transferencia de equipo militar desde 2021. “Si bien entiendo que los fondos utilizados para la transferencia actual son anteriores a estas políticas, dadas las noticias que han surgido en los años posteriores, creo firmemente que una supervisión y la regulación debe ocurrir en todos los fondos apropiados para las transferencias militares a Guatemala y otras naciones con un historial de abuso contra su propio pueblo”.

“Insto a los Departamentos de Defensa y de Estado a que se comprometan a limitar la transferencia de equipo militar a Guatemala, así como a otros gobiernos centroamericanos que hagan mal uso de equipo militar contra sus pueblos, hasta que se establezcan mecanismos de supervisión adicionales para todos los fondos asignados, independientemente de la año en que fueron apropiados”, reiteró Torres.

La congresista cree que el Departamento de Defensa debería implementar inmediatamente todas las recomendaciones hechas por la GAO en su informe.

“No entiendo las objeciones del Departamento a estas recomendaciones y creo que el Departamento de Defensa debería estar sujeto a un estándar de conducta más alto que el que está ocurriendo actualmente con respecto al monitoreo del uso final”, sugirió.

Se consultó a Presidencia respecto de lo indicado por la congresista Norma Torres, pero indicaron que trasladarían la consulta y aún se espera respuesta.

La ausencia de los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras en la Cumbre de las Américas, que se celebra en Los Ángeles, California, es motivo de preocupación para congresistas estadounidenses, quienes consideran que eso influirá en la lucha contra la corrupción y la migración irregular, al consideran que son países que “exportan gente”.

Además, criticaron la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no asistir a la Cumbre en señal de rechazo ante la postura de Washington de ni invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, dijo este miércoles 8 de junio que los mandatarios que no asistieron a la Cumbre de las Américas, que se celebra en Los Ángeles, California, se niegan a combatir la corrupción y que lejos de haber despreciado a EE. UU. están abandonando a su propio pueblo”.

En el caso de Guatemala, la participación del presidente Alejandro Giammattei era incierta desde un principio, cuando el mandatario advirtió que “no me van a invitar a la cumbre. De todos modos yo mandé a decir que no voy a ir”; sin embargo, Washington sí lo convocó, pero en representación del país asistió el canciller Mario Búcaro.

“El Gobierno de Guatemala, en seguimiento a la invitación recibida por el presidente de los Estados Unidos de América Joe Biden, directamente dirigida al presidente Giammattei para dicha reunión de carácter diplomático y multilateral ha delegado, conforme la ley, su participación como representante diplomático del Estado al señor canciller Mario Búcaro”, dijo  Kevin López Oliva, secretario de Comunicación Social de la Presidencia.

Sin embargo, Torres en un comunicado que publicó en sus redes sociales señaló que “la Novena Cumbre de las Américas es una importante ocasión para planificar y abordar juntos los desafíos que enfrenta nuestra región. Desde la migración hasta el desarrollo económico y el cambio climático, las naciones de nuestra región están interconectadas entre sí, en la mayoría de los casos de manera bastante literal, y nuestras respuestas deben desarrollarse en cooperación”.

Agregó que “por eso estoy profundamente preocupada y decepcionada por aquellos líderes que han optado -no- venir a la Cumbre de las Américas. Esta reunión es una oportunidad real para establecer un plan en acción y hacer un cambio real para mejorar las condiciones en la región, en particular los problemas que impulsan la crisis migratoria”.

La congresista agregó que “debemos unirnos para combatir la corrupción y promover la democracia, la rendición de cuentas y el estado de derecho, pero aquellos que se negaron a asistir optaron por renunciar a estos objetivos”.

Refirió que juntos se tiene la oportunidad de promover la supervisión, la transparencia y la rendición de cuentas, y “los Estados Unidos, junto con los que están en Los Ángeles esta semana, seguirán trabajando para lograr estos fines”.

Torres destacó que es importante que la Cumbre se celebre en Los Ángeles, donde viven grandes cantidades de inmigrantes; además, dijo que “las remesas constituyen una parte sustancial de algunas de las economías de estas naciones, pero se niegan a tomar en consideración las necesidades y los problemas de estas comunidades que continúan contribuyendo tanto, incluso después de que abandonan el país”.

También lea: Giammattei dice que no participará en la Cumbre de las Américas organizada por EE. UU. y pide respeto a la soberanía
 

“Los valores democráticos son un componente crítico para abordar nuestros desafíos regionales, y uno que está cada vez más bajo ataque. Aquellos países que no llegaron a la mesa deben tener en cuenta el hecho de que han decidido poner los puntos políticos a corto plazo por encima del bienestar de sus ciudadanos. Han elegido un argumento sobre invitaciones sobre el valor de la discusión y el debate. Los países que no participaron en la cumbre no están despreciando a Estados Unidos, están abandonando a su propio pueblo”, reiteró la congresista.

Agregó que “para avanzar y permitir el progreso, debemos trabajar todos juntos para defender el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. Imploro a las naciones que no participaron que analicen detenidamente sus prioridades y tomen medidas concretas para demostrar su compromiso de trabajar juntos hacia una región más segura y próspera”.

Países que “exportan gente” están ausentes

La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, criticó la agenda de la Cumbre de las Américas y señaló de preocupante la ausencia de presidentes de países que “exportan gente”, al hacer referencia de la importancia de tratar el tema de la migración irregular.

Salazar calificó de “posición insultante” la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no asistir a la Cumbre como muestra de rechazo porque Washington no invitara a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

De acuerdo con Salazar, en la Cumbre no se incluye temas para frenar la migración; sin embargo, el martes pasado, la vicepresidenta Kamala Harris anunció US$1.9 mil millones de inversiones del sector privado en Centroamérica para crear oportunidades que aportarían a la reducción de la migración ilegal.

Salazar también subrayó que la ausencia de los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, que describió como “países que exportan gente”, imposibilita un diálogo sobre el flujo de migrantes de esas naciones hacia EE. UU.

El representante republicano por Florida, Byron Donalds, también fue crítico de la actitud de López Obrador y dijo que no tiene respeto por EE. UU. y la administración de Joe Biden que, según dijo, ni siquiera respeta su propia frontera a través de sus políticas.

Además, el representante republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, acusó a la administración Biden de “hacer todo lo posible por legitimizar” a los enemigos de la libertad y dio como ejemplo los recientes cambios anunciados por Washington en su política hacia Cuba.

“La Casa Blanca está optando por suavizar sus políticas hacia estos regímenes comunistas”, dijo por su parte el representante republicano por Tenesí, Tim Burchette.

Por su parte el senador demócrata, Bob Menéndez, dijo en un comunicado que le complace ver que el presidente Joe Biden esté preservando el estándar de que “la Cumbre de las Américas siga siendo una reunión para las democracias”, y que no haya invitado a países como Cuba.

Menéndez añadió que se une a los que están cada vez más preocupados por la decisión del presidente López Obrador de apoyar a dictadores en vez de los intereses del pueblo.

Marco Rubio critica a López Obrador

El cruce de declaraciones entre el senador republicano por Florida, Marco Rubio, y López Obrador continúa con un nuevo episodio, y es que el senador ha asegurado que la postura de no ir a la Cumbre de las Américas es un claro apoyo a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua; además, Rubio señaló que AMLO cedió territorio al crimen organizado.

La polémica se dio luego de que Rubio celebró la ausencia de AMLO en la Cumbre de las Américas, y tras la acusación de un supuesto pacto entre gobierno -mexicano- y grupos delictivos, a los que les ha “entregado secciones de su país a los carteles de droga”.

A las críticas también se ha sumado el senador por Texas, Ted Cruz. Ambos actores políticos con ascendencia cubana.

Con exclusiones, bajas y un grito pro democracia

La IX Cumbre de las Américas arrancó el lunes último en Los Ángeles dando voz a la sociedad civil, que denunció los retrocesos democráticos y medioambientales que vive la región, en una primera jornada en la que se confirmó la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua por parte de Estados Unidos.

La apertura del IX Foro de la Sociedad Civil marcó el pistoletazo de salida de esta cita continental, que se celebrará hasta el próximo viernes y que ha iniciado enfrascada aún sobre el debate de la lista de invitados, mientras se acumulan las bajas de cara a la reunión de líderes.

La Administración de Joe Biden confirmaba a primera hora las sospechas de los últimos días: los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua están fuera.

El principal encargado del Departamento de Estado de EE. UU. para Latinoamérica, Brian Nichols, explicaba en declaraciones a los periodistas esa decisión, que ha disgustado a varios gobiernos de países latinoamericanos.

También lea: Alejandro Giammattei no asistirá a la Cumbre de Las Américas en Estados Unidos y el Gobierno lo atribuye a la agenda del mandatario
En Venezuela “hay falta de libertad” y “presos políticos”, situación que es contraria a los “documentos fundamentales de la Cumbre de las Américas”, destacó Nichols sobre la nación caribeña, instantes antes de inaugurarse el Foro de la Sociedad Civil.

“Entendemos que hay otras opiniones y pasamos mucho tiempo hablando con los demás, pensando en avanzar en esos temas, pero al final eso es lo que más pesó en nuestra decisión”, completó para afirmar después que están preparando una nueva ronda de sanciones contra el Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega.

También lea: Kamala Harris anuncia nuevos compromisos para empoderar a mujeres de Guatemala y otros países
 

Casi en paralelo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ya había avisado de que no iría a la cumbre en caso de que hubiera exclusiones, se bajaba del barco, como ya había hecho antes su homólogo boliviano, Luis Arce.

También el mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei, confirmaba su baja este lunes por problemas de agenda, mientras que su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, tampoco estará, pero por un positivo por covid-19.

Con información de EFE

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, anunció la inclusión de US$61.5 millones (unos Q504 millones 350 mil) en el proyecto de ley general de financiamiento del Gobierno de EE. UU. que aprobó este jueves 10 de marzo el Congreso de esa nación y que serán destinados a la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del estado de derecho en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Torres, quien integra el Comité de Asignaciones del Congreso de EE. UU., incluyó esas disposiciones para garantizar que la política de EE. UU. logre que “Centroamérica se centre en proteger los derechos humanos y defender las instituciones democráticas y el estado de derecho en la región”, según se lee en una publicación en el sitio web de la congresista.

“Estados Unidos tiene la responsabilidad de defender los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en el Triángulo Norte, y esto ha sido una prioridad para mí durante mucho tiempo”, dijo Torres.

Agregó que “me complace haber obtenido estas disposiciones para garantizar que nuestra política en Centroamérica se centre en ayudar a la gente de Centroamérica y que no estemos financiando gobiernos corruptos responsables de abusos contra los derechos humanos. Continuaré trabajando para garantizar que los dólares de los contribuyentes no se envíen al extranjero a líderes que se llenan los bolsillos a expensas de su gente”.

Las disposiciones que Torres incluyó en el paquete de financiamiento del Gobierno de EE. UU. incluyen: US$61.5 millones para esfuerzos anticorrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras, incluido apoyo a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Guatemala y la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) de Honduras.

Además, incluyó la eliminación de todo financiamiento militar extranjero para Guatemala, El Salvador y Honduras, también US$70 millones para programas para reducir la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos US$15 millones “que pueden usarse para pactos bilaterales para proteger a las mujeres y los niños” en dichos países.

Además, Torres incluyó condicionar el 50% de la asistencia extranjera a los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras y al cumplimiento del estado de derecho y estándares anticorrupción.

También agregó ordenar al Departamento de Estado que consulte con el Congreso sobre el uso planificado del entrenamiento militar y educativo internacional para Guatemala, El Salvador y Honduras.

Por último, se incluyó una supervisión adicional de la asistencia militar del Departamento de Defensa a Guatemala.

Sires, presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental, encabezó una audiencia del “subcomité sobre las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica” y, al cierre de una intervención, se refirió al mandatario, según la transcripción de su intervención divulgada en sus redes.

El legislador señaló que en las últimas semanas “los funcionarios del Gobierno salvadoreño han intentado desacreditar a miembros individuales del Congreso de los Estados Unidos o utilizar la desinformación para tergiversar los puntos de vista de los miembros individuales”.

Indicó que “esta campaña para manipular la percepción pública ha sido respaldada por millones de dólares en pagos a cabilderos estadounidenses” y que miembros del Congreso “están recibiendo amenazas de muerte y hostigamiento como resultado”, sin precisar la forma en que han sido amenazados.

“Recientemente, se intensificó hasta el punto de que el jefe de estado de El Salvador instó a los electores de un miembro del Congreso a votar para sacarla de su cargo y difundió teorías de conspiración apoyadas por sus oponentes políticos”, indicó Sires.

El pasado 1 de abril, tras intercambiar mensajes públicos en Twitter con la congresistas Norma Torres, Bukele pidió a los latinoamericanos en Estados Unidos no votar por ella.

“Espero que todos mis hermanos salvadoreños, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, dominicanos, venezolanos y todos los latinoamericanos del Distrito 35 de California NO VOTEN por @NormaJTorres (Norma Torres)”, publicó el mandatario salvadoreño.

El actual período de Torres concluirá en enero de 2023 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que se vota cada 2 años y cuyos miembros serán renovados en noviembre de 2022.

Esta no es la primera vez que el mandatario salvadoreño tiene una confrontación en las redes sociales con congresistas de Estados Unidos.

“Esta es una interferencia electoral extranjera. Si continúa, lo enfrentaremos como una amenaza a la seguridad nacional para Estados Unidos”, advirtió Sires.

En noviembre de 2020, el mandatario acusó a 12 congresistas estadounidenses, sin aportar pruebas, de seguir órdenes del filántropo George Soros, después de que uno de ellos respaldara los allanamientos realizados por la Fiscalía en diferentes oficinas gubernamentales.

De acuerdo con analistas consultados por Efe, El Salvador y Estados Unidos se encuentran en una etapa de reajuste de sus relaciones tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

En su página web la congresista estadounidense de raíces guatemaltecas informó que la próxima semana se hará pública la lista de personas que influyen en prácticas de corrupción en la región centroamericana.

“En los próximos días, espero con ansias una nueva etapa en este trabajo a medida que se entregue al Congreso un informe que solicité sobre funcionarios corruptos en Centroamérica”, refirió en la comunicación.

Al mismo tiempo criticó el actuar de los gobiernos del Triángulo Norte, asegurando que los niños centroamericanos merecen una vida digna y gobiernos que trabajen para hacerlo realidad.

“Soy responsable ante mis electores de asegurarme de que el dinero de los contribuyentes que trabajan duro y que envían en ayuda exterior llegue realmente a las personas que están sufriendo, no a los gobiernos corruptos que prefieren llenarse los bolsillos. Y nunca dudaré en arrojar luz sobre la corrupción que es la base de tanto sufrimiento”, agregó el comunicado.

Los comentarios de la congresista Norma Torres generaron una disputa virtual con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien pidió, el jueves pasado, a los latinoamericanos a no votar por la congresista Torres. 

“Les imploro que se resistan a enviar dinero directamente a manos de funcionarios corruptos”, dijo Torres, una congresista por California nacida en Guatemala, en una carta dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

“Nuestra asistencia extranjera debe ir a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, instituciones multilaterales y otras instituciones creíbles que tengan un historial probado de ayudar a personas y comunidades vulnerables”, apuntó.

No es la primera vez que Torres, integrante del Subcomité de Asignaciones Estatales y Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes, busca que la ayuda estadounidense beneficie a quienes lo necesitan en Guatemala, El Salvador y Honduras, origen de la mayoría de los migrantes indocumentados que llegan crecientemente a la frontera sur de Estados Unidos.

En el proyecto de ley de financiación omnibus del 2020, Torres aseguró financiamiento para la lucha anticorrupción en esos tres países, así como la identificación de funcionarios corruptos y la eliminación de la financiación militar.

Torres, del Partido Demócrata, cuestionó la gestión del expresidente republicano Donald Trump, por permitir una corrupción “desenfrenada” en el llamado llamado Triángulo Norte centroamericano.

En su misiva, señaló que en Guatemala, los militares utilizaron la asistencia de seguridad estadounidense para intimidar a la propia embajada de Estados Unidos.

Además, citó procedimientos judiciales en tribunales federales en Nueva York, según los cuales presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, “protegió a narcotraficantes mientras se jactaba de traer drogas a Estados Unidos”.

También dijo que en El Salvador, “el presidente Nayib Bukele usa su influencia para desacreditar procesos e instituciones democráticas legítimas”.

El gobierno de Biden, que asumió el 20 de enero con la promesa de una política migratoria “justa y humana”, dijo que está decidido a atacar las “causas fundamentales de la migración”.

Recientemente Torres viajó a la frontera Sur de Estados Unidos en donde habló con migrantes que huyen de Guatemala, Honduras y El Salvador, según ella “para tener la oportunidad de vivir otro día.

Afirmó que los migrantes escapan de los “narcogobiernos” de Alejandro Giammattei, en Guatemala; Juan Orlando Hernández, Honduras y Nayib Bukele en El Salvador.

Visité la #FronteraSur para hablar con migrantes que huían de sus países para tener la oportunidad de vivir otro día. Muchos están escapando de #narcogobiernos liderados por @nayibbukele, @JuanOrlandoH y @DrGiammattei. Estas familias merecen un verdadero liderazgo y compasión. pic.twitter.com/OClxaNW9my

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) March 24, 2021

Torres, de origen guatemalteco y quien migró a EE. UU. cuando apenas tenían 5 años, compitió por el distrito 35 de California, su rival era el republicano Mike Cargile.

De acuerdo con los resultados del 93% del escrutinio, Torres consiguió el 70.4%, de los votos, conra el 29.6% de Mike Cargile.

Mira cómo van los resultados de las elecciones en Estados Unidos en tiempo real

El conteo refiere que en total se han escrutado 134 mil 961 votos, para 93.47, del total de sufragios.

De esta cifra, Torres obtuvo 94 mil 961 votos y Cargile, 40 mil.

Dentro de su experiencia política, antes de ser congresista, Torres fue senadora estatal y alcaldesa de Pomona.

Norma Torres, la congresista estadounidense de origen guatemalteco, recibió este 12 de septiembre el premio Wola de derechos humanos y la forma en que lo celebró se volvió viral.

El reconocimiento fue en Washington y fueron invitadas Thelma Aldana, exfiscal general de mayo de 2014 a mayo de 2018 y que actualmente tiene una orden de captura en Guatemala; Claudia Paz y Paz, fiscal general de diciembre de 2010 a mayo de 2014; Claudia Escobar, exmagistrada de Apelaciones, e Iván Velásquez, exdirector de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)

Pero el momento estelar de la noche fue el tuit que envió Torres en compañía de Aldana y Paz, y que le dedicó al presidente Jimmy Morales.

Con mucho @jimmymoralesgt pic.twitter.com/EeApYd8wbA

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) September 13, 2019

El tuit se viralizó inmediatamente.

Aldana señaló a Morales de ser el líder del Pacto de Corruptos contra la Cicig y la lucha contra la corrupción y Torres ha sido crítica de la actual administración desde las acciones para no renovar y luego dar por finalizado unilateralmente el mandato de la Cicig.

Traducida como la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, Wola es un centro de estudios y promotor de los derechos humanos en América.