El Ministerio Público (MP) informó este jueves 10 de noviembre que la Fiscalía contra Delitos Electorales logró durante audiencia de ofrecimiento de pruebas que se admita la totalidad de la prueba presentada contra Temístocles Ernesto Gudiel Spiegler, exgerente municipal de Mixco.

La audiencia por el caso Corrupción Municipal Campaña Electoral PP se desarrolló en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mixco.

Las pruebas consisten en 22 testigos y 82 medios de prueba documental. El MP acusa a Gudiel Spiegler de cometer el delito de abuso de autoridad con propósito electoral.

Se fijó como fecha de inicio del debate oral y público el 9 de mayo de 2024, en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mixco.

De acuerdo con la investigación, el acusado integró una organización delictiva para sustraer dinero de la Municipalidad de Mixco y patrocinar la campaña electoral de Otto Fernando Pérez Leal y el Partido Patriota (PP).

El 14 de julio recién pasado, la Fiscalía de Delitos Electorales presentó una apelación a la resolución del Juzgado de Primera Instancia de Mixco, el cual dictaminó el 11 de julio sobreseimiento a favor del exalcalde Otto Pérez Leal.

Según la fiscalía, dentro de la investigación hacia Leal y a la exdiputada Stella Alonzo, quienes estaban señalados de delitos electorales, existen suficientes pruebas y que el juez no hizo mérito de ninguno de estos elementos en su resolución.

Leal fue señalado en 2015 por el MP de crear una organización delictiva que se encargaba de substraer recursos económicos de la Comuna de Mixco para patrocinar su campaña electoral y a la del PP.

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El MP comenzó con la investigación luego de que la Contraloría General de Cuentas denunciara la compra de varios bienes utilizados en la campaña electoral del 2015.

Según la Contraloría, la organización creada por Leal habría obtenido de la Comuna Q624 mil 654.18, que fue erogado del erario municipal para la compra de anuncios publicitarios de obras que la Comuna no realizó, además de otros bienes como gorras, lapiceros, playeras, equipo de porristas y zanqueros con el logo del partido.

La Sala Segunda de Mayor Riesgo envió el pasado jueves 28 de julio un oficio a Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, en el que le ordena que debe suspender la orden de detención que autorizó contra Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González y prófuga de la justicia desde 2016, por su vinculación al caso Cooptación del Estado.

En la circular se le pide al juzgador que debe suspender la orden de aprehensión en un plazo de 24 horas y que debía informar cuando la resolución haya sido ejecutada, es decir, una vez que la orden de aprehensión ya no estuviera activa.

La instrucción de los magistrados derivó de un amparo provisional que otorgaron Harold Ortiz, Edwin Ruano y Santos Sajbochol, todos titulares de esa Sala de Apelaciones del Organismo Judicial (OJ), que también ha beneficiado a otros señalados de corrupción.

En la circula se lee: “De la manera más atenta me dirijo a usted, con el objeto de informarle que en resolución dictada por esta Sala dentro del Amparo arriba identificado, se otorgó el amparo provisional solicitado por la amparista ALBA ELVIRA LORENZANA CARDONA, y en consecuencia se deja en suspenso la orden de aprehensión en contra de la señora ALBA ELVIRA LORENZANA CARDONA, dentro del proceso penal número cero mil setenta y cuatro guion dos mil quince guion cero cero cero diecisiete del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente por Procesos de Mayor Riego, Grupo “B”. Para lo cual se fija el plazo de veinticuatro horas, para que informe de la efectiva ejecución de la misma”.

El amparo está identificado con el número 01141-2022-01266.

Según se informó, el juez Gálvez acató la orden el pasado viernes 29 de julio, con lo cual Alba Elvira Lorenzana Cardona ya no tiene activa la orden de captura.

El caso

La esposa del mexicano Remigio Ángel González y propietario de canales de televisión abierta en Guatemala y en Latinoamérica, está prófuga de la justicia desde el 9 de septiembre de 2016, y desde entonces ha intentado por medio de apelaciones evadir los señalamientos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en la posible comisión del delito de financiamiento electoral ilícito.

La Corte de Constitucionalidad (CC) dictó una resolución en 2021 que la beneficia y no podrá ser juzgada por el supuesto financiamiento irregular del extinto Partido Patriota (PP).

Según, el expediente 4473-2021 de la CC con fecha del 20 de diciembre del 2021, que consta de 27 páginas, se comprende que el delito de financiamiento electoral ilícito no registrado no existió antes y es una de las razones por la que los magistrados fallaron a favor.

Por lo anterior, fue declarada con lugar la apelación promovida por la acusada contra el fallo del juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, quien había declarado sin lugar una inconstitucionalidad interpuesta para que no le fuera aplicado ese delito penal.

Antecedentes

El cargo señalado contra Lorenzana Cardona, desde el 2015 aproximadamente, fue por financiamiento electoral ilícito, pues por medio de las empresas que representa habría dado aportes económicos a la campaña del Partido Patriota (PP) del 2011, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti ganaron las elecciones para presidente y vicepresidenta, respectivamente.

Según las pesquisas, el financiamiento que hicieron los canales 3 y 7 al PP fue de Q17.6 millones, entre el 2008 y el 2011.

A cambio de esa acción, el gobierno que dirigieron Pérez Molina y Baldetti otorgó el 69 por ciento de la pauta publicitaria a las empresas del grupo Albavisión, al que pertenecen los canales 3 y 7, durante el período del 14 de enero del 2012 al 15 de abril del 2015, cuando se descubrió la operación de la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Derivado de la investigación de esa red, las autoridades recolectaron evidencias de una organización más grande que se habría apoderado de diversas instituciones públicas, en las cuales se emitieron contratos para beneficiar a personas y empresas particulares que ayudaron al PP a llegar al gobierno.

Prófuga

El Juzgado de Mayor Riesgo B emitió la orden de captura internacional contra Lorenzana Cardona el 2 de junio de 2016, así como de otras personas vinculadas con la pesquisa.

En el perfil de la sospechosa que la Interpol colocó en su página electrónica, se le señala como mujer de 66 años, originaria de Puerto Barrios, Izabal, cuyo idioma materno es el español.

El Juzgado de Primera Instancia de Mixco, cerró el caso y favoreció a Otto Pérez Leal, quien fue alcalde de Mixco, y a la exdiputada Stella Alonzo, quienes estaban señalados de delitos electorales.

Según el juzgado, el Ministerio Público (MP) no pudo sustentar la acusación contra Pérez Leal, hijo del expresidente Otto Pérez Molina, y la exdiputada Stella Alonzo, y por eso se dictó sobreseimiento y cierre del proceso penal para ambos.

Según la información, el fallo beneficia también a Alonzo, pero la resolución en el caso de ella será el 21 de septiembre.

El exfuncionario era señalado por el MP de crear una organización delictiva para sustraer dinero de la comuna de Mixco y patrocinar su campaña electoral y al Partido Patriota (PP) en el 2015.

El caso estaba a cargo de la Fiscalía contra Delitos Electorales del MP que comenzó la investigación luego de conocer la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas, que tras realizar una auditoría en la comuna de Mixco pudo determinar que dicha entidad compró o pagó varios bienes y servicios que fueron utilizados en la campaña electoral 2015.

La cantidad de dinero que la estructura criminal habría defraudado a la comuna era de Q624 mil 654.18, dinero que fue erogado del erario municipal para pagar anuncios publicitarios en mupis de obras que no ejecutó la comuna, playeras, gorras, lapiceros, uniformes de porristas y zanqueros con logotipo del referido partido político.

Los delitos por los que se le señalaba era conspiración, asociación ilícita y usurpación.

Alonzo era señalada de haber participado en actos de corrupción durante la gestión de su expareja Otto Pérez Leal cuando fungió como jefe edil de Mixco.

El 13 de agosto de 2021 Pérez Leal y otros tres extrabajadores de la Municipalidad de Mixco fueron ligados a proceso por seis delitos: conspiración, asociación ilícita, peculado por sustracción, malversación, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con propósitos electoral.

El 14 de septiembre de 2021, Perez Leal fue beneficiado con una medida sustitutiva para salir de prisión preventiva.

MP apelará

En redes sociales, el MP publicó este 11 de julio que la Fiscalía contra Delitos Electorales no comparte el criterio del juzgado que cerró el proceso contra Pérez Leal y Alonzo, pues considera que se cuenta con suficientes elementos en la investigación y por lo tanto presentará la apelación correspondiente.

El MP añade que, en el caso de Stella Alonzo, la audiencia está programada para el 21 de septiembre de este año.

En la Guatemala del 2015 se revelaron varios procesos judiciales por presunta corrupción. La mayoría de esos expedientes señalaba la participación de funcionarios, pero el primer proceso de esa era fue el caso La Línea.

La investigación del Ministerio Público (MP), en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), alertaban de una red de defraudación en las aduanas, que estaba siendo operada por altos funcionarios.

Los primeros allanamientos contra la presunta red criminal dejaron más de una docena de capturas. Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por la jueza octava penal de aquel momento, Marta Sierra de Stalling.

Según la investigación preliminar, el presunto líder de esta red criminal era Juan Carlos Monzón, secretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.

La audiencia de primera declaración apuntaba a que había indicios serios contra los detenidos, pues la fiscalía a cargo del proceso respaldó sus señalamientos con una serie de interceptaciones telefónicas.

Esas llamadas, además de exponer la forma en que se concretaban los acuerdos ilícitos para el paso de mercadería, también alertaba del rumbo que tomaría esta investigación semanas después.

“El uno” y “La erre”

Aunque los medios de investigación presentados por la fiscalía parecían ser sólidos,  la jueza Stalling consideró prudente brindar medida sustitutiva a algunos de los señalados del Caso La Línea.

Entre el grupo de personas que obtuvo arresto domiciliar destacó Salvador Estuardo González, alias Eco y Francisco Javier Ortiz Arreaga, alias el teniente Jerez.

Ambos eran señalados como mandos medios de la red y esa decisión judicial fue objeto de una segunda investigación conocida como caso Bufete de la Impunidad.

A consideración de los investigadores, había varios indicios que demostraban que las personas señaladas tenían poder y cercanía con personas poderosas de Guatemala, sin dar mayores detalles en esa etapa de la investigación.

Pero una serie de llamadas alertaba sobre la posible relación que tenía el binomio presidencial con la red criminal, ya que en una seria de interceptaciones se hacía alusión a “el uno”.

Ese sobrenombre que apuntaba sutilmente hacia el presidente Otto Pérez Molina fue acompañado de otros “apodos” que usaban los miembros de la red para supuestamente referirse a él, como “el dueño de la finca”.

Roxana Baldetti también era mencionada de manera sutil en las llamadas telefónicas, en más de una ocasión de mencionaba a “la erre”, según el ente investigador. Por la inmunidad que tenía Pérez Molina y Baldetti, la fiscalía no se atrevía a hacer públicas sus sospechas.   

Pero a medida que las investigaciones siguieron su curso fue cuestión de tiempo para que se presentaran las solicitudes de antejuicio contra el binomio, que fueron acompañadas con protestas ciudadanas.

Pedían justicia

El 2015 pasará a ser recordado como un capitulo histórico para Guatemala. El escándalo que despertó el caso La Línea motivó manifestaciones pacíficas a las que se sumaron incluso varias empresas del sector privado.

La primera baja del binomio fue Baldetti, la primera mujer en llegar a la vicepresidencia de Guatemala, ya que se vio obligada a presentar su renuncia por los señalamientos de corrupción en su contra.

Su dimisión fue conocida por el Pleno del Congreso en una sesión de urgencia convocada el sábado 9 de mayo del 2015. La Plaza de la Constitución y los alrededores del Congreso estaban abarrotados de personas que exigían justicia.

A tan solo horas de perder el cargo, un juzgado emitió un arraigo contra Baldetti, para evitar que saliera del país. El 21 de agosto Roxana Baldetti fue detenida.

El segundo en caer fue Pérez Molina, y luego los señalamientos públicos contra su vicepresidenta, el Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio contra el presidente bajo señalamientos de corrupción.

Justamente el 2 de septiembre Pérez Molina presenta su renuncia a la Presidencia y decidió entregarse ante el juez Miguel Ángel Gálvez, el segundo juez en conocer el caso La Línea.

La dimisión de Pérez Molina trascendió en horas de la madrugada y centenares de ciudadanos salieron a las calles. Sus pedidos de justicia semana tras semana en la Plaza de la Constitución, parecían estar dando resultados.

El juicio

El proceso judicial del caso La Línea se ha ido dilatando por apelaciones, amparos, recusaciones y otros recursos legales que han presentado los abogados de los acusados.

Fue hasta el 17 de enero del 2022 que comenzó el debate oral y público contra la red presuntamente liderada por Pérez Molina y Baldetti. El MP ha respaldado sus acusaciones con medios de pruebas, entre los que destacan interceptaciones telefónicas y peritajes.

El juicio está a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo B, en donde fiscales buscarán convencer a los jueces de una sentencia condenatoria, mientras que los abogados buscarán desvanecer esos cargos.

Dicho caso  es apenas uno de los procesos contra el exbinomio presidencial, ya que el presunto abuso de poder les hace figurar en otros procesos penales.

El expresidente del Congreso y exintegrante del extinto Partido Patriota (PP), Pedro Muadi, salió de prisión preventiva tras estar seis años en la cárcel al haber sido hallado culpable en marzo de 2020 de peculado por sustracción, asociación ilícita y lavado de dinero, informaron este lunes 6 de diciembre fuentes judiciales.

Muadi estaba privado de libertad en la cárcel de Mariscal Zavala y recuperó su libertad al obtener medidas sustitutivas, sin caución económica, luego de que su defensa cuestionara por medio de un amparo la última prórroga de la prisión preventiva. Según sus defensores, el juzgado no avisó sobre la prórroga de la prisión preventiva. La prisión por condena aún no está en firme.

Muadi se estaba preso desde octubre de 2015 luego de haber sido condenado a 30 años de prisión por el caso Plazas Fantasma el 2 de marzo de 2020 por los delitos de peculado por sustracción asociación ilícita y lavado de dinero; sin embargo, ese fallo fue apelado y la Sala Segunda de Mayor Riesgo le redujo la condenan a 8 años.

Detalles de la condena y la reducción

La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo redujo la pena a Pedro Muadi, expresidente del Congreso condenado por el caso Plazas Fantasma.

Muadi fue sentenciado a 30 años y ocho meses por tres delitos: lavado de dinero, 13 años y cuatro meses más multa de Q4 millones 376 mil; asociación ilícita, nueve años y cuatro meses, y peculado, ocho años y una multa de 40 mil. Esa sentencia le prohíbe ejercer cargos públicos durante 50 años.

Pero la Sala Segunda anuló dos delitos, lavado de dinero y asociación, por lo que solo quedó vigente la pena menor.

Así, la reducción de la pena es de 22 años y ocho meses.

El Tribunal Octavo, que emitió la condena en marzo de 2020, expuso que hubo “participación coordinada” de Muadi con personal del Congreso y de la empresa Productos, Servicios y Equipos, S.A., de cual él era el accionista mayoritario, para contratar personal que no laboró. Gracias a esa operación Muadi sustrajo Q4.3 millones por plazas de personas que contrató en el Legislativo.

Favorece a procesados

Para enero de 2021m este era el tercer caso reciente en el que la Sala Segunda ha resuelto a favor de los procesados. En diciembre anuló el caso en primera instancia contra Armando Escribá, exdiputado vinculado con empresas constructoras que tuvieron contratos millonarios, y caso Fénix, por lavado de dinero luego del desfalco de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2003.

El Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza Jeannette Valdés, por unanimidad resolvió dictar medidas sustitutivas a favor de Luis Lima y Moisés Galindo junto a otros cuatro implicados en el caso Caja de Pandora, quienes obtuvieron la libertad condicional informaron este jueves 2 de diciembre fuentes judiciales.

Los procesados quedaron sin arresto domiciliario, pero tienen prohibido salir del país, así como acercarse a otros imputados, a la Municipalidad de Guatemala, al Sistema Penitenciario (AP) y al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), y tienen obligación de firmar un acta cada mes en el Ministerio Público (MP).

El MP había solicitado una caución económica para cada uno de los sindicados, pero el tribunal no la aprobó, por lo que estos no pagaron ni un centavo. El juicio del caso Caja de Pandora está programado para el 10 de abril de 2023.

Las pesquisas de ese caso empezaron el 3 de septiembre de 2014 cuando el MP y la Cicig desarticularon una red de corrupción dirigida por el fallecido reo Byron Lima Oliva.

En la organización participaban altos funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario, así como personas particulares, quienes obtenían beneficios económicos producto del traslado de reos, entre otros ilícitos.

En el caso también fue implicado el entonces ministro de Gobernación Héctor Mauricio López Bonilla, designado por el expresidente Otto Pérez Molina, quien llegó al poder con el extinto Partido Patriota (PP).

La relación entre Lima Oliva y los dirigentes del extinto Partido Patriota (PP) se debió en gran parte a que compartían formación militar, y se consolidó en 2012, según la investigación.

Además, el nombramiento de Héctor Mauricio López Bonilla al frente de Gobernación abrió las puertas a Lima Oliva para ejercer poder dentro de la DGSP, y pasó a tomar decisiones que le correspondían a un funcionario público en el ejercicio del cargo, entre ellas nombrar personal dentro de la institución.

Luego de que el Tribunal de Mayor Riesgo B, integrado por Irma Jeannette Valdés, Marling Mayela González y Katty Mariflor Sarceño, emitiera un fallo a favor del expresidente Otto Pérez Molina en el caso La Línea, por el que podrá pagar Q13 millones para gozar arresto domiciliar, el exmandatario afirmó que no tiene esa cantidad para pagar.

En declaraciones a los medios, Pérez Molina dijo que hay aspectos que considera se deben tomar en cuenta, primero que “el Tribunal está diciendo que es un exceso de prisión preventiva”.

Dijo que otro aspecto es que la legislación interna y externa, como los acuerdos internacionales, “dicen que es un abuso de la prisión preventiva y eso sí lo dijo el Tribunal muy claramente y por eso es que otorga la medida sustitutiva, el problema es que por una cantidad que es impagable”.

Añadió que se modifica la cantidad de dinero de la acusación y “eso también es bueno, porque en la acusación están diciendo que son Q28 millones, después dicen otra cantidad de Q23 millones, pero hoy basados en las dudas dicen que son Q13 millones 700 mil”.

Añadió que a otros implicados les han otorgado medidas sustitutivas sin caución económica y “al único que le vienen a poner ahorita una caución económica que es impagable, es a mí, ahí se queda uno con la duda, por un lado dicen que sí hay exceso y hay abuso de prisión preventiva, pero piden una caución económica que ya saben que es impagable, yo no tengo los Q13 millones para pagarlo”.

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A decir de Perez Molina, esto es contradictorio, ya que le dan medidas porque hay abuso de prisión de preventiva, “pero por otro lado lo ponemos con una cantidad que sabemos que no se va a poder mover, y eso es lo que sucede”.

Añadió que se su abogado le dijo que se puede poner una fianza o se puede poner un bien mueble, “pero ahorita no lo tenemos”.

Indicó que en estos seis años y dos meses ha pagado abogados; además, las cuentas están embargadas y las propiedades en extinción de dominio, “de dónde se va a sacar el dinero para sacar esos Q13 millones, es imposible realmente”.

Según él, aunque el Tribunal reconozca que hay abuso de prisión preventiva, pero al final hace que siga en prisión porque “me está poniendo Q13 millones y de dónde los voy a sacar”.

“Lo que sucede es que habrá que seguir en prisión preventiva mientras miramos si se va a apelar, se va a amparar o qué puede hacer”, manifestó el exmandatario.

A decir del Tribunal de Mayor Riesgo B, el exmandatario guarda prisión desde seis años y dos meses y es “razonable que pueda modificarse la medida de privación de libertad y otorgársele medidas sustitutiva en proporción a los montos establecidos en la acusación”. La caución es de Q13 millones 177 mil.

Dijo que se aplican los montos aproximados que resultan de la sumatoria de las declaraciones aduaneras que se incluyen en la acusación dirigida al ahora acusado. La caución es de Q13 millones 177 mil.

Además, Pérez Molina no podrá salir de prisión todavía, pues enfrenta un proceso penal en el caso Cooptación del Estado.

Antecedente

El 16 de abril del 2015, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaron un caso de defraudación aduanera en el que fueron señalados funcionarios de varias instituciones gubernamentales.

Altos mandos de la Superintendencia de Administración Tributaria, del Gobierno de Otto Pérez Molina, fueron señalados en la investigación, así como el exsecretario privado de la Vicepresidencia

El Tribunal de Mayor Riesgo B emitió un fallo a favor del expresidente Otto Pérez Molina en el caso La Línea, por el que podrá pagar Q13 millones para gozar arresto domiciliar; sin embargo, no podrá salir de prisión todavía, pues enfrenta un proceso penal en el caso Cooptación del Estado.

Anteriormente, Pérez Molina fue enviado a juicio por el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, y el caso quedó a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo B, que este lunes 15 de noviembre falló a favor del exmandatario.

El Ministerio Público interpuso un recurso de reposición, para evitar que Pérez Molina obtuviera libertad condicional en el caso; sin embargo, el Tribunal rechazó la acción y mantuvo en firme el beneficio para el expresidente.

Pérez Molina tendrá que pagar los Q13 millones de la caución económica y luego esperar a ser beneficiado también en el caso Cooptación del Estado, proceso que lleva el Juzgado de Mayor Riesgo B.

“El Tribunal está diciendo que es un exceso de prisión preventiva, que tomando en cuenta la legislación interna y externa, se dice que es un abuso de la prisión preventiva. Por eso otorga la medida sustitutiva, pero el problema es que es una cantidad impagable”, indicó el expresidente Pérez Molina.

“En la acusación dicen que son Q28 millones, después dicen que son Q23 millones y ahora dicen que son Q13 millones, que solo que los dividieran entre los 30 y pico que estamos aquí. A los demás les han dado medida sustitutiva sin caución económica, y ahora al único que se la ponen, y que es impagable, es a mí. Yo no tengo Q13 millones para pagarlo”, afirmó el exmandatario.

El exdiputado del Partido Patriota (PP) Gudy Rivera, quien fue condenado por intentar sobornar a una magistrada para obtener una resolución favorable a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, salió de prisión el 12 de agosto último.

Rivera fue sentenciado a 13 años y cuatro meses por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal el 28 de julio de 2016. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia redujo a ocho años y 11 meses la condena.

Actualmente le faltan dos años y medio de cárcel, pero un Juzgado de Ejecución Penal le concedió el beneficio de libertad anticipada, por lo que podrá culminar la condena en libertad.

La Fiscalía de Ejecución del Ministerio Público (MP) no se opuso a esta disposición. Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó que a criterio de la fiscalía Rivera cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 80 del Código Penal, entre los cuales estaba el haber cumplido con más de la mitad de la pena de prisión impuesta, que el reo no había sido condenado por otro delito, mostrar buena conducta durante su reclusión y haber hecho el pago de la multa impuesta en la pena.

Entre las prohibiciones que siguen vigentes para el congresista está la de no salir del país, tiene la obligación de reportar su huella digital en el Ministerio Público de Gerona, pero puede mantener un trabajo estable.

El caso

En el 2014, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió como secretaria general del PP a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por realizar campaña anticipada en un evento en que se proclamó a Alejandro Sinibaldi como candidato presidencial de esa agrupación.

Con el fin de revertir la disposición del TSE, el exdiputado Rivera se reunió con la magistrada de la Sala Quinta de Apelaciones, Claudia Escobar, y ofreció garantizarle su reelección en el cargo a cambio de que esta otorgara un amparo que permitiera a Baldetti continuar como secretaria general.

No obstante, la magistrada denunció estas presiones ante el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), lo que derivó en la condena del exdiputado por tráfico de influencia y cohecho activo.

El exalcalde de Mixco, Otto Pérez Leal, hijo del expresidente Otto Pérez Molina, saldrá de prisión bajo arresto domiciliario.

Esto luego de que el Juzgado de Mixco le otorgó medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

El exfuncionario es señalado por el Ministerio Público (MP) de crear una organización delictiva para sustraer dinero de la comuna y patrocinar su campaña electoral y al Partido Patriota (PP).

El 13 d agosto recién pasado, el exalcalde y otros tres exfuncionarios de esa comuna fueron ligados a proceso dentro del Caso Muni de Mixco en una audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mixco.

El viernes 6 de agosto, la Fiscalía contra Delitos Electorales del MP y Policía Nacional Civil efectuaron operativos por este caso de supuesta corrupción durante la campaña municipal del PP.

La fiscalía comenzó la investigación del caso luego de conocer la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas, que tras realizar una auditoría en la comuna de Mixco pudo determinar que dicha entidad compró o pagó varios bienes y servicios que fueron utilizados en la campaña electoral 2015.

Para leer más: Juzgado de Mixco liga a proceso a exdiputada Stella Alonzo tras haberse entregado a la justicia

La cantidad de dinero que esta estructura defraudó fue de Q624 mil 654.18, dinero que fue erogado del erario municipal para pagar anuncios publicitarios en mupis de obras que no ejecutó la comuna, playeras, gorras, lapiceros, uniformes de porristas y zanqueros con logotipo del referido partido político.

Traslado de fiscal

El 10 de septiembre, Carlos López Aquino quien laboraba en la Fiscalía contra Delitos Electorales del MP, fue trasladado hacia la Fiscalía de Sipacate, Escuintla, según trascendió, por orden de la fiscal general María Consuelo Porras.

López Aquino tuvo a su cargo la investigación del caso Muni Mixco, en la cual se reveló una estructura que operó desde la comuna de Mixco para beneficiar al extinto PP, en el 2015.

Comunicación Social del MP informó que el traslado del fiscal López Aquino fue por necesidades del servicio y según lo establecido en los artículos 11 numeral 5 y 71 de la Ley Orgánica del MP, un agente fiscal de la Fiscalía de Delitos Electorales fue trasladado a la Agencia Fiscal de Sipacate, Escuintla, el 3 de septiembre.