El documento, que analiza cientos de casos recopilados por las organizaciones WOLA y Kino Border Initiative, encontró que de 78 denuncias formales presentadas ante las autoridades entre 2020 y 2022, un 95 % quedaron impunes.

Estas acusaciones, sobre las que no se investigó o se tomó acción disciplinaria alguna, incluyen casos de palizas, negación de atención médica y abusos de autoridad.

El texto, de más de 80 páginas, recoge decenas de duros casos a los que el sistema de escrutinio interno de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no ha dado una respuesta.

Entre ellas, está la historia de Berto, quien pidió agua a un agente de la Patrulla Fronteriza que lo encontró en el desierto, después de haber caminado durante ocho días, y recibió una paliza que lo dejó inconsciente.

“Si quieres agua, hay agua en tu país”, le gritó el agente mientras le pegaba, según el testimonio recogido en el informe. Cuando Berto recuperó la consciencia, el agente que lo golpeó le dijo que se fuera caminando hacia México, pero él ya estaba muy malherido para moverse.

El agente al final accedió a llevarlo a un hospital, donde Berto intentó contar su historia y denunciar con otro agente el maltrato al que había sido sujeto, pero no le hizo caso. Al poco tiempo, fue deportado a Nogales, en el norte de México.

En otra instancia recogida en el informe, las autoridades de la Patrulla Fronteriza se negaron en varias ocasiones a dar atención médica a Evelyn, quien tenía ocho meses de embarazo y llevaba horas sin sentir a su bebé después de haber caminado durante un largo rato en el desierto, donde fue encontraba por las autoridades.

Ese mismo día, la expulsaron de vuelta al lado mexicano de la frontera en Nogales y, a la mañana siguiente, cuando pudo acudir a un centro médico, le dijeron que su bebé ya no tenia vida.

Denuncias que se pierden en la nada

El extenso reporte subraya las falla en el proceso de escrutinio de las autoridades migratorias.

Las organizaciones denuncian que, de no ser por el trabajo de “actores externos” como defensores de derechos humanos, periodistas o incluso las propias víctimas, no se darían a conocer las instancias de abuso, ya que raramente son reportadas por el propio personal.

Las investigaciones de muchas de estas denuncias, señala el reporte, no ocurrirían sin el trabajo de actores externos como son los defensores de los derechos humanos, los periodistas, denunciantes y las propias víctimas.

Y es que, aún cuando se decide poner una denuncia formal, los casos se ingresan en bases de dato “sin que se les haga seguimiento”, se cierran a causa de litigios o porque “no hubo una violación de la política”.

“Es difícil decirle a alguien que ha experimentado abuso por parte un oficial de migración y que quiere poner una denuncia, que en la mayoría de los casos no recibimos respuesta”, señaló Zoe Martnes, coordinadora en Kino Border, en un comunicado.

La falta de escrutinio es tan grave, subrayó Adam Isaacson, investigador en WOLA, que facilita que se lleven a cabo estos abusos.

“La falta de rendición de cuentas está tan extendida que ayuda a cimentar una cultura que permite las violaciones de derechos humanos. Los abusos siguen llegando porque lo más probable es que haya impunidad”, destacó el experto.

El informe expone más de 40 recomendaciones al gobierno para acabar con esta lacra, entre ellas aumentar la penalización para los agentes que cometen abusos, mejorar el sistema de denuncias y permitir un mayor escrutinio por parte del Congreso de EE.UU.

Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) dan seguimiento al caso de un niño guatemalteco que rescató la Patrulla Fronteriza, luego de que un ‘coyote’ lo abandonara tras cruzar el río Colorado, entre la frontera entre Arizona y México.

El rescate quedó registrado en video, la tarde del pasado 20 de marzo de 2023.

El niño migrante tiene 1 año y 9 meses de edad y fue rescatado por agentes de la localidad de San Luis, entre los estados de Arizona y California.

De acuerdo al informe oficial, el menor no acompañado se encontraba en buen estado de salud y permanece bajo protección consular.

También se dio a conocer que el niño es originario de Escuintla y el objetivo de viajar hasta los Estados Unidos era para reunificarse con su padre, quien reside en el estado de California.

De acuerdo con el Minex, la misión consular de Guatemala en Tucson, Arizona, se comunicó con el progenitor, con quien se reunificará en los próximos días.

Mientras se desarrolla este proceso, se indicó que el menor  permanecerá bajo el resguardo de una familia sustituta y, posteriormente, será el Consulado de Guatemala en San Bernardino, California, el quedará a cargo del caso.

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La Patrulla Fronteriza compartió el video, registrado el lunes 20 de marzo, por la tarde, cuando el traficante cruza la valla que separa México y Estados Unidos, con un pequeño niño en brazos.

Una vez en tierra, el coyote corre y deja en el suelo al menor entre las vallas que separan las fronteras de ambos países, a poca distancia del río Colorado.

En las imágenes se observa cuando el pequeño se pone de pie y un segundo después camina, al parecer, desconcertado.

Un agente que patrullaba la zona se percató del hecho y aceleró su vehículo para llegar hasta el menor, quien corría el riesgo de caer al río y ser llevado por la corriente.

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El agente logró llegar a tiempo hasta donde se encontraba el menor y lo puso a salvo, dentro de su vehículo, para luego llevarlo ante las autoridades migratorias.

Las autoridades, posteriormente, también compartieron la imagen de un agente sosteniendo al bebé, tras el rescate.

Picture of child safe with an Agent. pic.twitter.com/DZr0VMUNTG

— Chief Jason Owens (@USBPChief) March 23, 2023

Aumentan cruces

De acuerdo a las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, durante febrero de 2023 hubo 11 mil encuentros con niños migrantes no acompañados, aumentando en un 16 por ciento la cantidad en comparación al mes anterior.

Las estadísticas muestran una tendencia a mantenerse o incluso aumentar. Casi en el primer semestre de 2022, se registró una cifra récord de 152 mil 057 menores localizados en la frontera.

Los niños que cruzan la frontera con Estados Unidos son en su mayoría de origen guatemalteco, según los registros.

Uno de los casos más recientes y relevantes que demuestran la continúa salida de los niños, fue el hallazgo de más de 100 menores no acompañados localizados dentro de un tráiler que quedó abandonado en el este de México.

Los niños regresaron días después de ser interceptados junto a un grupo de mayores e incluso nueve familias que se disponían a viajar en duras condiciones. Uno de los migrantes mayor de edad, expuso cómo fue la dura travesía y cómo observó a niños y adultos que padecían por el calor sofocante dentro de la cabina.

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Autoridades estadounidenses captaron en video el momento en que un traficante de personas abandona a un niño  a orillas del río Colorado, en la frontera con México.

La Patrulla Fronteriza compartió un video de lo ocurrido, registrado el lunes último por la tarde, cuando un traficante cruza la valla que separa México y Estados Unidos, con un pequeño niño en brazos.

El coyote deja al menor sentado entre las vallas que separan las fronteras de ambos países y a pocos metros del río Colorado.

El pequeño se pone de pie luego de unos segundos y camina sin rumbo, completamente desconcertado y abandonado.

Un agente que patrullaba la zona se percató de lo ocurrido y aceleró su vehículo para rescatar al menor, quien corría el riesgo de caer al río y ser llevado por la corriente.

El agente logró llegar a tiempo a donde se encontraba el menor y lo puso a salvo, dentro de su vehículo, para luego llevarlo ante las autoridades migratorias que llevarán su proceso.

Según las autoridades, se trata de un niño de un año y de origen guatemalteco.

Picture of child safe with an Agent. pic.twitter.com/DZr0VMUNTG

— Chief Jason Owens (@USBPChief) March 23, 2023

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El total acumulado de encuentros (detenciones) registrados por CBP del 1 de octubre de 2021 al 31 de agosto de 2022 llegó a 2.493.723. La mayoría se registraron en la frontera sur, con un total 2.150.244.

En este lapso, la CBP ha repatriado y expulsado a 1.300.467 extranjeros, destacó la agencia en un comunicado.

En agosto se registraron 203.598 encuentros a lo largo de la frontera sur. El 22 % de estas detenciones fueron con migrantes que ya habían sido expulsados del país.

La CBP dijo que las detenciones con extranjeros que ingresaron por primera vez al país en agosto (157.921) representan un aumento de 2,2 % respecto a las de migrantes que ingresaron por primera vez en julio, impulsado en gran medida por una mayor cantidad de solicitantes de asilo de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Por primera vez, de agosto, 55.333 del total fueron de migrantes oriundos de Venezuela, Cuba o Nicaragua, lo que representa el 35 % del total de ellos ese mes, un aumento de 175 % respecto a hace un año.

“Los regímenes comunistas fallidos en Venezuela, Nicaragua y Cuba están impulsando una nueva ola de migración en todo el hemisferio occidental, incluido el reciente aumento de encuentros en la frontera suroeste de Estados Unidos”, destacó el comisionado de CBP, Chris Magnus, en el comunicado.

La cifra de migrantes de México y América Central que ingresaron por las fronteras de EE.UU. cayó por tercer mes consecutivo y representó solo el 36 % de las detenciones con personas que ingresaron por primera vez, lo que marca una disminución de 43 % frente a agosto de 2021.

Magnus atribuyó el descenso al trabajo del Gobierno del presidente Joe Biden con “nuestros socios en la región para abordar las causas fundamentales de la migración, facilitar la repatriación y tomar medidas contra miles de contrabandistas”.

Añadió que “más personas encontradas en la frontera sin una base legal para permanecer serán expulsadas o removidas este año que cualquier año anterior”.

El Título 42, que permite la expulsión de migrantes por razones sanitarias, continúa vigente en la frontera.

Agentes de la Patrulla Fronteriza las encontraron solas en el desierto, y a la más pequeña le aplicaron técnicas de primeros auxilios, ya que se encontraba tendida en el suelo, indicó el comunicado proporcionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Tras el rescate, las niñas fueron trasladadas a un hospital en la ciudad de Phoenix, Arizona, en donde recibieron atención médica, y posteriormente fueron trasladadas al centro de procesamiento de migrantes en Tucson, Arizona, agregó el Minex.  

Según las autoridades guatemaltecas, se constató que las menores no acompañadas se encuentran en buen estado de salud, y se contactó con una tía de las mismas, quien reside en el Estado de Iowa. 

La pariente indicó que se comunicó con la madre hace dos semanas, y esta le comentó que intentaría ingresar a EE. UU. de manera irregular. También mencionó que el padre se encuentra en Guatemala.

La Patrulla Fronteriza de EE. UU. informó el pasado fin de semana sobre el arresto de un guatemalteco con cargos criminales.

De acuerdo con la página de Facebook de US Border Patrol, Sector de Tucson, se trata de Sergio Martínez-Garza.

Las autoridades fronterizas dijeron que el guatemalteco fue detenido cerca de Sasabe, Arizona, Estados Unidos.

“Un delincuente sexual registrado fue arrestado por agentes de la estación de Tucson cerca de Sasabe, AZ”, dice el sitio.

Al parecer, Martínez-Garza fue condenado anteriormente en EE. UU. por el delito grave de conducta sexual en segundo grado.

El guatemalteco habría perpetrado vejámenes contra un niño en Nueva York.

De acuerdo con registros, el migrante habría sido arrestado por ese cargo en 2007.

Las autoridades dijeron que ahora el capturado enfrentará otros cargos criminales.

(Foto Principal: el guatemalteco fue arrestado en la frontera de Sasabe, Arizona / AFP)

La muerte esta semana de 53 migrantes en un tráiler en San Antonio, Texas, “era cosa de tiempo y puede repetirse”, asegura a EFE Jenn Budd, una exoficial de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. que ahora aboga por los migrantes y relata su drama en el libro “Against the Wall” (Contra el muro).

Después de pasar seis años como oficial migratoria, reconocer que era racista y denunciar amenazas de sus excompañeros por sacar a la luz pública irregularidades dentro de la institución, Budd recoge en el libro que presentó por estos días la desilusión de su carrera con el uniforme.

Cuenta entre otras su rechazo a la estrategia de la “disuasión“, que consiste en obligar al flujo migratorio a buscar las rutas más inhóspitas y peligrosas para ingresar a Estados Unidos.

“Muchos activistas y defensores de derechos de los migrantes veníamos advirtiendo que lo que sucedió en Texas podría pasar por el calor de este verano, el bloqueo a peticiones de asilo, por el Título 42, y el cierre de los puertos de entrada, lo que obliga a la gente a buscar rutas peligrosas“, se lamentó la ahora activista.

Budd se refiere a la vigencia del Título 42 que expulsa de forma inmediata a los migrantes en la frontera, activado por el expresidente Donald Trump, que se excusó en la pandemia para hacerlo como parte de una política de mano dura migratoria que sostuvo en sus cuatro años de gobierno.

La activista dice que mientras la Patrulla Fronteriza en Texas hizo un llamado para que los migrantes se abstengan de ponerse en manos de traficantes o coyotes, esa agencia “sabe que la estrategia de disuasión va a llevar irremediablemente a la muerte de algunas de las personas que cruzan”, principalmente en busca de asilo.

“Saben que a los migrantes, porque su necesidad de cruzar es grande, no los iba a detener el cierre de la frontera, ni Título 42, ni el calor, así que tanto para los agentes como para los defensores de derechos de los migrantes una tragedia como la de San Antonio era cosa de tiempo y por supuesto puede repetirse“, pues el verano apenas inicia, reitera.

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Cuarenta y seis cadáveres de migrantes, en su mayoría de mexicanos, fueron hallados la noche del lunes en un tráiler abandonado donde estaban hacinados, sin aire acondicionado y sin ventilación.

Otros 7 de unos 16 que fueron hallados con vida han muerto hasta el momento en hospitales de Texas.

En “Against the Wall“, Budd reflexiona sobre sus años de patrullaje a lo largo de la región montañosa de Campo (California), al este de San Diego, donde a menudo perecen migrantes víctimas del clima extremo, algunos por insolación y otros por hipotermia o congelamiento.

LOS PROFESIONALES

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Cuenta que en su servicio, en el que llegó a ser encargada de inteligencia, pasó de ser “una joven idealista que quería ser abogada de derechos civiles, a una recluta violada por un oficial de la Patrulla Fronteriza y luego una agente que vivió de primera mano la realidad en la frontera”.

“En Campo había que esperar unas tres horas a que llegaran a recoger a los migrantes detenidos, eran horas que yo platicaba con ellos, conocía sus historias, las razones por las que cruzaban la frontera pese a ese clima y terreno inhóspitos“, recuerda.

La exagente recordó, como escribe en su libro, que a menudo los migrantes detenidos tenían títulos universitarios, varios con postgrado, muchos con dominio del idioma inglés, que huían de la violencia o de amenazas por haber revelado corrupción; muchos otros eran personas con claros argumentos para buscar asilo.

Budd dice que el título de su libro, cuya portada la muestra cerca de la valla fronteriza, se debe más al muro que encontró en su interior, el muro de la negación, de intentar inconscientemente de cerrar los ojos y el entendimiento a lo que veía como agente de la Patrulla Fronteriza, hasta que dejó el puesto en 2001.

“Salí porque me amenazaron de muerte porque intenté denunciar lo que pasaba en la Patrulla Fronteriza, y por enfrentar mi propio racismo, mi propia discriminación que me llevaba a ignorar lo que sucede“, reconoce.

Cuenta que la carga emocional fue tan grande que intentó quitarse la vida.

“Las estrategias de la Patrulla Fronteriza son racismo, les pueden llamar de otras formas, o decir que es la aplicación de la ley, pero en último caso es racismo”, dice Budd, quien a menudo hace trabajo voluntario para organizaciones como Al Otro Lado, en la frontera con México.

Sostiene que la Patrulla Fronteriza fue fundada por ex miembros del Ku Klux Klan e hijos de confederados estadounidenses, “y esa es la mentalidad que continúa hasta ahora”.

Sin embargo, comenta que lo peor de la política de control a la migración en la frontera comenzó hace unos 35 años, y después tomó forma con operaciones fronterizas, la construcción del primer muro y la política de disuasión.

Sin embargo, “definitivamente la peor etapa de la Patrulla Fronteriza comenzó con Donald Trump“, declara categóricamente.

Una familia de guatemaltecos se entregó a la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, EE. UU., y relató que salieron de Petén huyendo de la violencia y la falta de oportunidades, pero luego de 30 días de trayecto su futuro en esa nación es incierta por la vigencia del Título 42, con el que las autoridades fronterizas expulsan a miles de migrantes.

Esta política, que autoriza la expulsión expedita de migrantes a quienes se considere una amenaza para la salud pública, ha llevado al rechazo en la frontera de más de 1.8 millones de migrantes con el argumento del riesgo que representan por la pandemia de covid-19.

Carlos Rivera, vocero de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, dijo a la Voz de América (VOA) que pese a las restricciones que establece el Título 42, miles de migrantes centroamericanos y haitianos siguen llegando a ese paso fronterizo con el propósito de avanzar hacia otros estados de EE. UU.

Recuerda que solo en abril pasado, el cual define como un mes histórico, llegaron a ese lugar más de 30 mil migrantes y refirió que “ese ritmo operacional continúa” en mayo.

Durante el recorrido, la VOA documentó la historia de nueve migrantes de origen haitiano y guatemalteco que se entregaron a las autoridades y quienes relataron el calvario que les ha tocado vivir para llegar hasta ese punto de la frontera, donde se atiende a un promedio de mil migrantes por día.

Entre el grupo de migrantes iba una bebé y otros menores de edad, entre ellos Emily, de 10 años, quien junto a su madre y dos hermanos decidieron dejar Petén porque, según dijo, eran víctimas de la violencia de las pandillas.

“Fue bien difícil, hemos venido caminando todos los días, no hemos podido descansar”, dijo entre llanto Emily.

Agregó que “mi hermano quieren que se meta en cosas malas, pero mi mamá no quiere, queremos una ayuda porque en nuestro país hay mucho peligro”.

En tanto, Yohana, de 38 años y madre de Emily, relató que “le doy gracias a Dios por estar aquí con mis niños. Nos han amenazado que si mi niño no se mete en cosas malas nos van a matar y por eso venimos huyendo desde hace tiempo para estar aquí”.

Sin embargo, el Título 42 sigue vigente y corren el riesgo de ser deportados de forma directa y sin tramite alguno.

En tanto, Rivera agregó que “son tantos los peligros a los que estos migrantes son expuestos, el calor, una caída del muro fronterizo, son extorsionados y se ponen en riesgo al confiar en estas organizaciones criminales que año tras año han demostrado que lo que les importa es lo monetario y no la vida de las personas”.

Fronteras cerradas

Las fronteras de Estados Unidos “no están abiertas” y el país seguirá expulsando migrantes “cuando sea apropiado” bajo el Título 42, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

“Estados Unidos continúa aplicando sus leyes de inmigración y las restricciones en nuestra frontera sur no han cambiado”, afirmó el funcionario en un mensaje y video de dos minutos en su cuenta de Twitter.

“Individuos y familias siguen sujetos a las restricciones fronterizas, incluida la expulsión”, añadió.

El Gobierno del presidente Joe Biden había marcado para el 23 de mayo la rescisión de la norma sanitaria conocida como Título 42, activada desde marzo de 2020 por su predecesor, Donald Trump.

Pero un juez federal en Luisiana dejó el viernes pasado en suspenso la decisión de abandonar la aplicación de la norma, en respuesta a una demanda de varios estados.

“Los individuos y familias no deberían poner en riesgo sus vidas al emprender una travesía peligrosa solo para ser devueltos. Los individuos y grupos familiares que sean interceptados seguirán siendo expulsados, cuando sea apropiado, bajo el Título 42″, dijo Mayorkas.

Y aquellos que no puedan establecer una base legal para permanecer en el país, también serán expulsados, agregó.

Mayorkas apuntó que la Patrulla Fronteriza ya encara “un número de migrantes a niveles históricos debido a los grandes movimientos de gente que huye de la violencia, la corrupción, la pobreza, el cambio climático y otras tribulaciones”.

“Las cifras podrían aumentar aún más debido a la confusión acerca de recientes órdenes en tribunales, y los contrabandistas siguen divulgando información equívoca para su propio lucro. Estamos preparados”, declaró el funcionario.

“(El Departamento de Seguridad Nacional) está ejecutando su amplio plan, que abarca a todo el Gobierno, para manejar los actuales y potenciales incrementos en nuestra frontera de forma segura, ordenada y humana, congruente con la aplicación de nuestras leyes”, añadió.

Aseguró que las autoridades también están disuadiendo la migración irregular al sur de la frontera “en sociedad con el Departamento de Estado, otras agencias federales y naciones en todo el Hemisferio Occidental”.

La semana pasada la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que sus agentes efectuaron en abril 234 mil 088 detenciones de migrantes indocumentados, un incremento de 5.4 % respecto al mes anterior.

En los seis primeros meses del período fiscal 2022, la CBP ha efectuado 1.3 millones de detenciones, en comparación con los 1.7 millones de todo el período fiscal 2021.

Lo que Marisol García Alcántara recibió fue un balazo.

Le ocurrió hacia las 5 de la tarde del 16 de junio en Nogales, Arizona, cuando iba a bordo de una camioneta Kia blanca, según recoge el reporte policial, junto a otros que trataban de entrar a Estados Unidos indocumentados desde el estado mexicano de Sonora.

Se lo cuenta a BBC Mundo desde su casa en México, a donde fue deportada tras ser sometida a una cirugía y pasar 22 días en un centro de detención, en una conversación por Zoom en presencia de su equipo legal.

El suyo es un relato detallado, pero con pausas. Y es que por momentos le cuesta recordar nombres, busca palabras en su cabeza durante segundos, hace gestos de esfuerzo. A veces lo logra. Otras no.

La pérdida de memoria es una de las “consecuencias de por vida” que asegura le dejó el impacto de la bala y el fragmento que aún alberga su cerebro.

En diciembre presentó una reclamación civil por daños y prejuicios contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agencia que supervisa a la Patrulla y que depende del Departamento de Seguridad Nacional, exigiendo una indemnización.

Es un paso previo obligatorio antes de entablar una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, algo que pretenden hacer tan pronto como los plazos legales se lo permitan —no antes del próximo 20 de junio—, tal como le explica a BBC Mundo su abogado Eugene Iredale.

Pero volvamos a la escena inicial, al relato de Marisol.

“Un ángel muy grande”

“Íbamos en la camioneta. Al dar la segunda vuelta, como a media calle, se escucharon las sirenas. Entonces le dijimos al conductor que se parara por favor, porque ya nos habían agarrado“.

Era la Patrulla Fronteriza siguiéndolos, ordenándole al vehículo que se detuviera.

Un supervisor de la Patrulla les diría después a los agentes del Departamento de Policía de Nogales que llegaron a la escena que la camioneta había hecho caso omiso, tal como se recoge en el informe policial, pero García Alcántara insiste en que estaban aminorando la marcha para parar.

En eso estaban, cuenta, cuando uno de los agentes de la Patrulla —cuyo nombre no se ha hecho público ni se recoge en el informe policial ni en la reclamación civil— le disparó. Ella inmediatamente perdió la visión.

“Yo nomás escuchaba a mis compañeras que estaban pidiendo ayuda. Escuchaba que ellas decían que me ayudaran a mí, que alguien las ayudara.

“Los policías me preguntaban cómo me llamaba, cuántos años tenía, de dónde era y cuántas hijas tenía. Y (me decían) que no me durmiera, que ya iba a llegar la ambulancia por mí”.

Para cuando recuperó la vista ya iba en la ambulancia de camino al centro de salud local, donde una doctora le diría que “tenía un ángel muy grande en el cielo porque estaba viva después de recibir un balazo”.

El disparo le provocó una hemorragia intracraneal, fractura de cráneo y de órbita (uno o más huesos que rodean el ojo) y la bala y algunos fragmentos de hueso se le quedaron incrustados en el lóbulo frontal izquierdo, según se lee en la demanda civil.

La cirugía para extraerle el proyectil se la realizaron en el Hospital St Joseph, en Phoenix, a donde la trasladaron en helicóptero.

De la intervención le queda la marca de 36 grapas, un poco más arriba de la cicatriz que le dejó la bala. “Aquí, arriba de la ceja está la cicatriz, y la de los puntos aquí. Tengo todo esto, hasta acá”, dice mientras mueve el cabello de la frente para mostrarla a cámara.

“Desperté el día viernes (18 de junio). Fue cuando me llevaron a otro cuarto. Y de ahí el sábado me llevaron a Migración y el domingo a Florence”.

— ¿Qué es Florence?

— Florence es la cárcel.

El Centro Penitenciario Florence alberga un centro de detención gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Marisol pasó allá 22 días antes de ser deportada.

“Si me la saca, me muero”

De regreso en su país volvió a ir al médico, ya que en EE.UU., asegura, no le habían dado “ninguna explicación”, ni el informe del alta hospitalaria ni ningún otro documento que informara sobre su estado de salud.

En México “me hicieron estudios y me dijeron que traía un pedazo de bala en la cabeza, que me está cubriendo un pedazo de mi cerebro”.

“No pueden hacer nada más que tratarme con medicamentos. Eso sí, me dijo el doctor que el medicamento es de por vida. Porque sacarme la bala no se va a poder, porque si me la saca, me muero”.

Los fármacos que debe tomar incluyen uno para prevenir ataques epilépticos, además de antidepresivos.

A 10 meses del incidente, “tengo consecuencias como parálisis facial, pérdida de memoria, los dolores de cabeza que no se me van a quitar, me mareo”, cuenta.

“Justamente ayer me mareé y se me fue la visión por segundos”.

Eso le impide seguir trabajando como seguridad privada, a lo que se dedicaba antes de decidir emigrar y buscar en EE.UU. una manera de ayudar a que sus tres hijas sigan estudiando.

Hoy por hoy subsiste con la ayuda que le da su madre y una asociación cuando se siente “más apretada”.

Las demandas

Por ello presentó en diciembre la reclamación civil por daños y perjuicios. Pero no busca solo que la indemnicen con dinero.

“Justicia, pedimos justicia. Que la persona que me disparó me pida una disculpa personalmente y que se haga justicia para que él no siga haciendo más daño a más personas”.

BBC Mundo le consultó a la CBP sobre el incidente y la demanda presentada por Marisol, pero todo lo que obtuvo por respuesta es que no hace comentarios sobre litigaciones en curso. No hay más información pública acerca del caso.

Según el abogado Iredale, recibieron una carta de la CBP fechada el 23 de diciembre solicitando una serie de documentos, incluidos los relativos a los tratamientos médicos, e informando que tenían hasta seis meses para llevar a cabo una investigación y responder a la demanda civil.

La reclamación civil es una etapa obligatoria para poder entablar una demanda en un tribunal federal contra el gobierno de Estados Unidos, aclara el letrado.

Si a los seis meses de presentar la reclamación civil —se cumplen el 20 de junio— la CBP no ha respondido, Iredale confirma que presentarán la demanda federal. Si hay respuesta, tendrán que esperar otros seis meses para hacerlo.

“Queremos una investigación completa”, le dice a BBC Mundo. “Pero creemos que no es solamente una cuestión de culpabilidad civil, sino también criminal, porque este es un asalto con fuerza letal contra una mujer que es inocente de cualquier forma de provocación o asalto”.

“Ella no representó un peligro de ninguna forma para a este agente”, subraya.

“Y va contra las reglas de la Patrulla Fronteriza el utilizar balas, disparar, para tratar de parar un vehículo. Y según entiendo a este punto en nuestra investigación es que el vehículo estaba parado o estaba en el proceso de hacerlo cuando el tiroteo sucede. No hay justificación posible para este uso de fuerza brutal“.

La cantidad de migrantes que tratan de llegar ilegalmente a EE.UU. por la frontera que comparte con México se ha disparado en los últimos años.

El pasado año fiscal —que empezó en octubre de 2020 y terminó el 30 de septiembre de 2021— la Patrulla Fronteriza registró la mayor cantidad de “encuentros” con migrantes indocumentados de las últimas seis décadas.

Y en ese mismo periodo la CBP contabilizó en la frontera sur 628 incidentes en los que agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron “uso de la fuerza”, según se recoge en las estadísticas disponibles en su página web, sin especificar de qué tipo ni con qué consecuencias. En lo que va de año fiscal llevan ya 360.

De acuerdo a la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 100 agrupaciones que trabajan en la frontera, desde enero de 2010 al menos 100 personas han muerto a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. En su página web recogen los datos con detalle, en ocasiones con nombres y apellidos de las víctimas.

Mientras “los agentes de la CBP y los oficiales arriesgan sus vidas todos los días para mantener seguras a nuestras comunidades”, el Departamento de Seguridad Nacional “le debe al público la investigación justa, objetiva y transparente de los incidentes de uso de fuerza para que se mantengan y cumplan nuestros más altos estándares”, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas en unas declaraciones recogidas en enero por el diario The New York Times.

La utilización de la fuerza por parte de la Patrulla con consecuencias nefastas no es nueva.

Una de las más sonadas fue la muerte en 2010 de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano padre de cinco hijos que llevaba 25 años residiendo y trabajando en construcción en EE.UU. sin los debidos documentos migratorios.

Falleció tras ser detenido en la localidad californiana de San Ysidro y recibir descargas eléctricas de la Patrulla Fronteriza. El informe forense lo catalogó como “homicidio”. El Departamento de Justicia se negó a presentar cargos contra los agentes involucrados y hoy el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Desde el caso de Anastasio hasta el de Marisol, existe una gran problema de impunidad con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, dice Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, que forma parte de la Southern Border Communities Coalition.

“La CBP es relativamente nueva. Se formó después del 11-S, rápido, sin mucha supervisión y sin un sistema para responsabilizar a los agentes que cometen abusos”, explica.

Guerrero apunta al Equipo de Incidentes Críticos como el centro del problema.

El rol de dicho equipo no está definido públicamente y no tiene autorización del Congreso para llevar a cabo investigaciones ni recopilar evidencias, pero suele involucrarse cuando agentes de la Patrulla se ven envueltos en incidentes con heridos o muertos, apunta.

En el caso de Marisol, el reporte del Departamento de Policía de Nogales hace constar que el Equipo de Incidentes Críticos estuvo en la escena además del FBI.

Guerrero, que lleva años indagando sobre el equipo, lo describe como “unidad encubridora en la sombra”. Por ello, la Southern Border Communities Coalition ha pedido al Congreso que lo investigue y presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Dos comités del Congreso iniciaron en enero una investigación propia, solicitando a la CBP información sobre la unidad en cuestión.

“Creamos la CBP, la agencia policial más grande de EE.UU., y funciona con mucha impunidad. Y es algo que tiene que acabar”, zanja Guerrero.

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Un video muestra el preciso momento en que una pareja de migrantes guatemaltecos son rescatados por aire en el desierto de Arizona. 

De acuerdo con la revista La Voz del Migrante, que publicó el video en su cuenta de Twitter, la pareja de esposos se había extraviado en una zona montañosa. 

Según la publicación, autoridades de la Patrulla Fronteriza informaron que el rescate se efectuó la tarde del 14 de abril último. 

El reporte dice que el Centro de Coordinación aérea recibió una llamada de emergencia en la que se indicaba que los guatemaltecos necesitaban ayuda médica tras haberse extraviado en las montañas remotas.

“Se determinó que se trataba de un hombre y una mujer, ambos originarios de Guatemala, quienes habían estado en el desierto por varios días”, dice la publicación.

De acuerdo con el informe de las autoridades, la pareja se encontraba sin agua y sin posibilidades de seguir caminando. 

Tras su búsqueda, un equipo a bordo de un helicóptero Black Hawk los localizó en horas de la noche. 

Posteriormente, los migrantes recibieron tratamiento por deshidratación y tenían varias ampollas en los pies, dice la nota.

También informa que tres días después, otros cuatro migrantes irregulares originarios de Chiquimula también debieron ser rescatados de otra localidad de Arizona. 

ARIZONA/Rescatan, por aire, a pareja de inmigrantes indocumentados guatemaltecos extraviados en zona montañosa en Arizona.@AVillagran502 @lanegrisgt @DiputadoRivera @CONAMIGUANEWS @LettyBaran pic.twitter.com/XqD05FBhty

— Revista La Voz del Inmigrante (@vozinmigranteLA) April 21, 2022