La semana pasada, el Hospital General San Juan de Dios se vio afectado en algunas de sus áreas por la falta de suministro eléctrico, lo que complicó la prestación en algunos servicios.

En conferencia de prensa el viernes 5 de enero, autoridades del Ministerio de Salud y del hospital afirmaron que trabajaban para restablecer el fluido eléctrico y que la atención a los pacientes se mantenía y para ello usaban generadores de energía. También pidieron apoyo a otros hospitales para la atención.

Este lunes 8 de enero, el procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, emitió un comunicado en el que manifestó que “con profunda preocupación y solidaridad hacia las familias afectadas” desea expresar “su más sincera empatía ante los hechos ocurridos en el Hospital General San Juan de Dios”.

Afirmó que desde el 3 de enero han “estado monitoreando de cerca la crítica situación del hospital, afectado por severas fallas en el suministro de energía eléctrica”.

Lamentó: “Es desolador constatar que el sistema eléctrico, con una vida útil de 20 años, haya sido forzado a funcionar durante 40 años, resultando en aproximadamente mil quinientos metros de cableado en deplorables condiciones. Esta situación no solo es inaceptable, sino que también refleja una negligencia inadmisible hacia la seguridad y el bienestar de los pacientes”.

Según Córdova, “a pesar de los esfuerzos realizados por una empresa privada y la EEGSA para instalar generadores en áreas críticas, y de continuar brindando atención en el área de consultas, la realidad es que algunos pacientes tuvieron que ser trasladados a otros hospitales”.

“Estamos realizando verificaciones exhaustivas respecto a los casos presentados y asegurar que se tomen las medidas legales correspondientes. Además, hemos abierto un expediente desde el 4 de enero para asegurar una diligencia adecuada y efectiva”, afirmó.

Hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud y al director del hospital para que se priorice la garantía de servicios de salud de calidad y se busquen soluciones integrales a la problemática del Hospital General San Juan de Dios.

“Es nuestro deber moral asegurar que tragedias como esta no se repitan y que se respete el derecho fundamental a la salud y la vida de cada ciudadano”, según el procurador.

El 6 de enero, el Hospital General San Juan de Dios por medio de un comunicado informó que a partir de ese día el servicio eléctrico había sido restituido en todos los servicios del hospital, con lo cual el funcionamiento del centro asistencial dejaba de depender de las plantas eléctricas activas de manera provisional.

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Afirmó que las consultas externas son atendidas con normalidad desde este lunes 8 de enero y continúan con las cirugías selectivas programadas.

Informó que el sistema de cableado de más de 1 mil 500 metros fue sustituido de forma adecuada, lo que permitió la restitución de energía eléctrica en todo el hospital.

Aseguró que la atención en todos los servicios médicos continúa de manera normal a los pacientes internos y externos.

La Fiscalía de Delitos Administrativos busca que la investigación en contra del exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, sea declarada en reserva y al mismo tiempo hará una solicitud para que se autoricen diligencias en el caso derivado de una denuncia planteada por el actual jefe de la PDH, Alejandro Córdova, informaron este jueves 25 de mayo fuentes judiciales.

Se informó que a solicitud de dicha fiscalía se programó para el viernes 26 de mayo una audiencia en la que se buscará que se autoricen diligencias y se declare la reserva de la investigación contra Rodas, la cual se desarrolla luego de que Córdoba denunciara en el Ministerio Público (MP) irregularidades en la solicitud de indemnización del exprocurador Rodas.

Rodas por su parte señaló que no sabe de qué se le acusa, pues ha solicitado en dos ocasiones información en la PDH referente a su caso, pero no se le ha proporcionado.

“Como la he solicitado en dos ocasiones por acceso a la información y me la ha negado no sé decirle con certeza, por eso presenté una acción penal en contra de él (Córdova) que seguramente el Ministerio Público estará dando el trámite correspondiente por la denegatoria de acceso a la información, lo cual es delito y él no puede ignorarlo ya que es la autoridad reguladora del acceso a la información como una gran paradoja”, dijo Rodas.

De acuerdo con Córdova, la documentación presentada por Rodas fue trasladada a auditoría interna, cuyos encargados le recomendaron presentar la denuncia, la cual habría sido interpuesta en el MP el 6 de enero pasado.

El titular de la PDH no profundizó en el tema y no dijo bajo que cargos se presentó la denuncia contra Rodas Andrade, quien fue proclamado como candidato a la Vicepresidencia por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos en diciembre pasado, pero que por dicha denuncia su candidatura no fue avalada por el Tribunal Supremo Electoral.

“Como es del conocimiento de todos, él (Rodas) solicitó sus prestaciones, entonces hay varia documentación que tiene que formar el expediente, la cual al estar en recursos humanos se tuvo duda con respecto a alguna documentación”, señaló Córdova anteriormente.

“Sí, efectivamente se puso una denuncia el día 6 de enero del presente año. Por recomendación de la auditoría interna y del Departamento Jurídico de esta institución se puso la denuncia respectiva”, refirió.

Añadió que al no hacerlo podría haber incurrido en algún delito.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) pretende que la Comisión de Finanzas del Congreso le avale un presupuesto de Q287 millones 798 mil 303.63, es decir, más del doble de los Q120 millones que tienen actualmente.

La propuesta fue hecha este viernes 30 de septiembre en una audiencia pública. El aumento es de Q167 millones 798 mil 303.63.

El principal aumento es para el grupo de gasto 300, el cual se denomina “Propiedad, planta, equipo e intangibles”, el cual pasaría de tener Q194 mil a Q81 millones 897 millones 661.90.

William Poroj, director Financiero de la PDH, justificó el monto al señalar que actualmente la entidad gasta Q3.7 millones en arrendamientos, por lo cual buscarían comprar instalaciones.

Además, aseguró que la flotilla de vehículos de la entidad no se ha renovado en 10 años, por lo cual debe hacer una “sustitución” de los automotores, porque consideran que sale más costo reparar los vehículos que pagar por mantenimiento de los nuevos.

Además, la PDH pretende que se haga una renovación del equipo de cómputo, que podría representar unos Q16 millones.

Algunos diputados que integran la Comisión de Finanzas pidieron a la PDH que remita el detalle de los grupos de gasto y la inversión que se pretende hacer con la ampliación del techo para analizar si se da el aval.

“Estamos dispuestos a apoyar a la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero si nosotros vemos el presupuesto, estamos pidiendo más del 100 por ciento y como comisión tenemos que justificar cualquier voto que emitamos. Quisiera que los miembros de la PDH nos pasaran más detallada la solicitud de presupuesto”, aseguró Otto Callejas, miembro de la sala legislativa.

En tanto el presidente de la comisión, Cándido Leal, pidió que se integre la solicitud para atender la petición de la oficina del magistrado de conciencia.

Leal también utilizó la reunión para comunicarse por la vía telefónica con el actual PDH, José Alejandro Córdova Herrera, quien se encuentra en Ginebra, Suiza, por una actividad oficial.

María Eugenia Rivera Lacayo de Erazo, procuradora Adjunta 1, quien se encuentra como Procuradora en Funciones, justificó que el personal de la institución se encuentra desmotivado por diversos factores que encontraron al asumir en septiembre pasado.

“Desde la primera persona se encuentra desmotivada, por salario, por tema de insumos, por recursos para ejercer su trabajo, es una realidad que tenemos que hacerla ver”, dijo Rivera Lacayo.

Manifestó que hay plazas desfinanciadas que buscan reactivar, así como prestaciones que no han sido canceladas debido a que no hay recursos.

Distribución

Servicios personales

• 2022 – Q102 millones 194 mil 801.57
• 2023 – Q140 millones 296 mil 949
• Aumento de Q38 millones 102 mil 147.43

Servicios no personales

• 2022 – Q9 millones 732 mil 497
• 2023 – Q34 millones 405 mil 947.48
• Aumento de Q24 millones 673 mil 450.48

Materiales y suministros

• 2022 – Q5 millones 228 mil 273
• 2023 – Q19 millones 897 mil 745.25
• Aumento de Q14 millones 669 mil 472.25

Propiedad, planta, equipo e intangibles

• 2022 – Q194 mil
• 2023 – Q81 millones 897 mil 661.90
• Aumento de Q81 millones 703 mil 661.90

Transferencias corrientes

• 2022 – Q2. Millones 572 mil 428.43
• 2023 – Q10 millones 300 mil
• Aumento de Q7 millones 727 mil 571.57

Asignaciones globales

• 2022 – Q78 mil
• 2023 – Q1 millón
• Aumento a Q922 mil

PDH, PDH Guatemala, Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Congreso de la República, José Alejandro Córdova Herrera

Los ataques armados en los buses urbanos y extraurbanos han dejado heridos y personas fallecidas, según los reportes de los cuerpos de socorro.

El 4 de agosto recién pasado, pasajeros de un bus en Retalhuleu vivieron momentos de angustia cuando sujetos armados atacaron a balazos al piloto y al ayudante.

Ambos murieron; mientras que pasajeros fueron auxiliados por la crisis nerviosa que sufrieron.

Este miércoles 24 de agosto se registró un nuevo ataque contra una unidad del transporte de pasajeros, se trata de un intento de asalto a los usuarios de un autobús extraurbano en el parqueo de un centro comercial ubicado en la calzada Raúl Aguilar Batres, zona 11 de la capital. La unidad quedó con un impacto de bala y no hubo personas heridas.

También este 24, dos mujeres, de 17 y 18 años, fueron abusadas sexualmente por delincuentes que asaltaron a los pasajeros de un autobús de los Transportes Aracely que circulaba en el trayecto de Los Encuentros, Sololá y Tecpán Guatemala, Chimaltenango, en la ruta Interamericana.

Estadísticas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) dan cuenta que en 12 años, más de 2 mil personas han fallecido víctimas de la violencia en el transporte público, entre estos, hay usuarios y en 2022 ya se contabilizan 28 fallecidos.

Los datos de la PDH son desde el 2010 a este 24 de agosto y revelan que cuántas personas han sido víctimas de la violencia en el transporte público en Guatemala.

Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la PDH, informó que esta situación de violencia que afronta nuevamente el transporte público causa preocupación.

Mencionó que no solo es el tema de ataques al transporte extraurbano como sucedió este miércoles 24 de agosto, sino el problema se ha extendido a los mototaxis, como el caso de la muerte de seis pilotos en la zona 6 en manos de supuestos pandilleros.

Más de 2 mil víctimas

En el tema de víctimas mortales en el transporte de pasajeros, Guerra informó que del 2010 al 2022, al menos 479 usuarios han perdido la vida en ataques directos, balas perdidas y han puesto resistencia a un asalto.

Mientras que pilotos de transporte urbano y extraurbano, han perdido la vida 545 en el mismo periodo, ayudantes 265, presuntos asaltantes 92, empresarios del transporte 42, pilotos de taxis 229, pilotos de microbús 180, pilotos de mototaxis 314 y policías e inspectores de transporte 42, para un total de 2 mil 188 víctimas.

Este 2022 se han reportado usuarios lesionados y según Guerra, en los buses rojos se registraba más víctimas en rutas urbanas y extraurbanas, en algunos casos con artefactos incendiarios.

Dijo que otra situación es el tema de asaltos que lo viven directamente los usuarios, que son despojados de sus pertenencias de una manera violenta, “cada vez más violenta”.

Alertó que la otra situación es los abusos sexuales que se han dado contra mujeres, principalmente en la ruta a occidente. Guerra añadió que la violencia también afecta a los taxis.

Fallecidos en 2022

En lo que va del 2022, la PDH registra 28 personas fallecidas, entre ellas, seis pilotos de buses, cuatro ayudantes, ocho pilotos de taxis y nueve de mototaxis.

Estos crímenes se han dado al tema vinculado a las extorsiones y ahora se suma las extorsiones al transporte escolar, aunque derivado de la pandemia del covid-19 hubo disminución, aunque ya empezaba hace unos tres o cuatro años a afectar al referido transporte.

En el tema de las violaciones en el transporte de pasajeros, Guerra dijo que tienen información de bandas que operan localmente en cercanías de Quiché y Chimaltenango, por lo que espera que las autoridades actúen e individualicen a estas personas, que serían más de seis.

Mencionó que la violencia vial ha cobrado vidas por pilotos irresponsables. “Esto se está convirtiendo en problema serio de país, donde las autoridades a pesar de las acciones positivas han falta mucho por tener el control del transporte colectivo en cuando seguridad y calidad del servicio”, señaló el funcionario.

Respecto de las rutas identificadas como peligrosas, el funcionario indicó que una es la CA1-Occidente, en el trayecto de Chimaltenango a Quiché, incluso hasta a Huehuetenango, en horarios especialmente en la madrugada o la noche.

Para leer más: Piloto de bus y su ayudante mueren baleados en Colomba y ataque podría estar relacionado con las extorsiones

La costa sur también registra problemas por la inseguridad, mientras que en la ruta a oriente menos ha registrado casos de violencia. También ha habido asaltos en buses que viajan de Alta Verapaz a Guatemala.

Guerra recomendó a las autoridades mayor presencia policial en carreteras y citó como ejemplo un recorrido desde Huehuetenango a la ciudad de Guatemala en el que vieron únicamente dos patrullas de la Policía Nacional Civil, por lo que señaló que hace falta fortalecer el tema con acciones y preventivo.

Otra muerte de taxista

Los Bomberos Voluntarios informaron que este miércoles 24 de agosto en la 3 avenida y 3 calle de la zona 9, el piloto de un taxi murió baleado.

Pese a que el próximo 20 de agosto se hará el relevo en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República concretó este martes 1 de agosto la citación al magistrado de conciencia, Jordán Rodas, para cuestionarle sobre contrataciones en la oficina que dirige, así como donaciones recibidas entre 2017 y 2021.

La intención de la reunión era obtener información referente a dichos temas y avanzar en el proceso de transición con el nuevo procurador, José Alejandro Córdova Herrera, pero los diputados de las bancadas aliadas al oficialismo arremetieron contra Rodas.

Rodas presentó algunos informes, pero los diputados buscaban cuestionarlo, pese a que solo el secretario de la Comisión, el diputado Julio César López, tenía conocimiento de esos detalles.

Indemnización

Uno de los momentos tensos de la reunión fue cuando el diputado Álvaro Arzú le preguntó a Rodas si solicitará indemnización al dejar el cargo, ya que, a su criterio, hacerlo es “ilegal”, y cuestionable por la situación de las finanzas de la PDH.

“La hago la pregunta por un tema legal y financiero. Tengo mi propia opinión jurídica y pienso que un funcionario que es electo por un periodo no tiene derecho a indemnización, ya que no fue despedido, sino que su periodo venció, por lo que no procede, no es legal una indemnización”, dijo Arzú.

En respuesta Rodas aseguró que en este momento no ha decidido si cobrará o no la indemnización.

“No es mi prioridad si cobro o no una indemnización, y en su momento tomaré la decisión. Agradezco su punto de vista y lo respeto. La verdad hay cosas más importantes. Si les preocupa el despilfarro sería bueno saber cuánto gastó el presidente (Giammattei) en su viaje a Ucrania”, respondió Rodas, quien aseguró que devenga mensualmente Q50 mil.

Esto provocó que el diputado Mynor Mejía, de Vamos, pidiera respeto para el mandatario.

“Con mucho respeto no debería mencionar acá al señor Presidente porque está pidiendo informes de su viaje, si en algún momento hay dudas, se pide un informe”, dijo Mejía.

Donaciones y contrataciones

Del 2017 al 2021, la PDH ha recibido Q28 millones 869 mil 147.65 en donaciones que consisten en apoyo técnico, principalmente; sin embargo, los diputados utilizaron este tema para cuestionar la administración de Rodas.

“No cuadra lo financiero con lo de la cooperación. No sé si es la cooperación o el financiero el que está equivocado o a donde se fueron (los donativos)”, cuestionó el diputado Julio César López.

Henry Buldemaro, director financiero de la PDH, respondió que hay donaciones que no se pueden registrar “de una vez”, por lo cual hoy en día aún hay algunas que están en ese proceso.

Antes de dar los datos hubo cruce de palabras entre Buldemaro y López, ya que el parlamentario solicitaba los datos, pero el funcionario de la PDH le señalaba que los montos estaban en el informe, lo cual provocó que algunos diputados gritaran: “¡No sea abusivo!”.

Algunos parlamentarios de oposición cuestionaron que solo López tuviera acceso al informe, por lo que solicitaron analizar la información para luego cuestionar.

Debido a que se prolongó la citación, se declaró en sesión permanente para continuar con el análisis de los informes.

Transición

A la citación también fue invitado José Alejandro Córdova Herrera, quien fue electo recientemente como magistrado de conciencia, y quien aseguró que el miércoles se reunirá con Rodas para continuar con el proceso de transición.

“Por favor, les pido la seriedad del caso apeguémonos a las noticias que son objetivas para que el pueblo de Guatemala conozca la realidad de lo que va a pasar”, dijo Córdova Herrera a los periodistas tras finalizar la reunión en la que aseguró que será un procurador de “puertas abiertas”.

La Comisión de Derechos Humanos (DD.HH.) se reunió este martes 5 de julio para integrar la terna de aspirantes al cargo de procurador de los Derechos Humano y que será trasladada al pleno el plano del Congreso.

Los diputados no aprobaron por mayoría utilizar el artículo 23 de la Ley de Comisiones de Postulación para conformar la terna de aspirantes, que señala votar de forma descendente y finalizar el proceso una vez esta se conforme.

Cuando se sometía a votación al aspirante número 9, el diputado Aníbal Rojas propuso que se diera un receso de cinco minutos, a lo cual se opusieron otros diputados al considerar que restaba transparencia a la votación.

El diputado Bernardo Arévalo, integrante de la Comisión de DD.HH. calificó de “irregular” el receso que se aprobó en plena votación para buscar consensos en los votos.

Dijo que según la ley, cuando se comienza un proceso de votación, este no puede ser suspendido y también aplica para las comisiones.

“Sin embargo se pidió un receso que desafortunadamente a la hora de ser votado se decidió que sí iba a tener lugar. Consideramos que esto es, primero es irregular, claramente a luces del reglamento, pero además la razón por la que están haciendo es porque evidentemente no están obteniendo los votos que esperaban para los candidatos del oficialismo y lo que están haciendo es generando el espacio para la negociación bajo la mesa, para las presiones, para todo tipo de discusiones turbias y coercitivas que son a las que recurren para resolver estos temas”, señaló el legislador.

#CongresoGT | El diputado Bernardo Arévalo, integrante de la Comisión de DD.HH. califica de “irregular” el receso que se aprobó en plena votación para buscar consensos en los votos. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/4BCWpi4IhD

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) July 5, 2022

Terna de aspirantes

Luego, la Comisión integró la terna de aspirantes al cargo, la cual la integran: José Alejandro Córdova Herrera (90.42 puntos), Giovanni Francisco Soto Santos (86.11 puntos) y Melvin Giovanni Portillo Arévalo (87.00).

¿De qué hablaron en el receso?

Al ser cuestionado el respecto, el diputado Rojas respondió que “este es un proceso eminentemente político, ya, y vemos a grupos de izquierda trabajar arduamente para que lograran meter a alguien que fuera en la línea de ellos, nosotros no estábamos de acuerdo en esto y estábamos de acuerdo, la mayoría, como se pudo ver, en que fueran profesionales que fueran independientes con pensamientos independientes, no ideológicos, eso es lo que queríamos elegir y eso es lo que se eligió al final, por eso se hizo el receso y se llegó al acuerdo que al final se tomó en el pleno”.

Luego indicó que se necesitaban los 11 votos para elegir a la terna y se tiene el resultado aunque fueron momentos “un poquitos complicados”.

Lo que prosigue es que se envía a la Comisión Permanente la terna, se publica, y la referida Comisión define cuándo pasa al pleno para su votación final y según Rojas, esto no puede pasar del 20 de julio y elegir al nuevo procurador.

Afirmó que cada quien emitió su voto en la Comisión de Derechos Humanos. “Hubieron ahí algunos diputados de izquierda para variar que se oponían a que se hiciera como se hizo, al final esto es democrático, se gana por votos, se tuvieron los 11 votos necesarios para uno de los postulantes de los que ganaron, otro tuvo 12 y otro tuvo 16, entonces estábamos en ley, un proceso democrático, se cumplió con él y este es el resultado”, manifestó el funcionario.

#CongresoGT | ¿De qué hablaron los diputados durante el receso de 5 minutos que se otorgó en plena votación? Esto responde el diputado Aníbal Rojas, miembro de la comisión. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/7WvCJ1c8jH

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) July 5, 2022

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso votó por mayoría que deben continuar en el proceso los siete aspirantes al cargo de Procurador de los Derechos Humanos, contra quienes se presentaron 10 tachas.

Estos son el exdiputado Fernando Linares-Beltranena , el parlamentario José Alejandro de León Maldonado, Diego José Montúfar, Carlos Solórzano, Silvia Villata, Marilis Ramírez y Giovanni Soto.

Los diputados votaron por cada aspirante bajo la posición de haber quedado “satisfechos” con los descargos que presentaron ante la sala legislativa para desvanecer las tachas o señalamientos en su contra.

Son 36 postulantes al cargo los que continúan en el proceso y en la reunión de este jueves 9 de junio se aprobó el edicto que será publicado el lunes próximo y que oficializa el listado de los aspirantes que son aptos para formar la terna que debe ser traslada al pleno del Congreso, que tiene como fecha el 7 de julio.

¿En qué consistían las tachas?

José Alejandro de León Maldonado

Contra el diputado de la bancada Podemos e integrante de la Comisión de Derechos Humanos se presentaron tres tachas.

El primer señalamiento fue formulado por Olga Elvira Morales Vail, residente de Chimaltenango, distrito por el que fue electo de León Maldonado como congresista.

La objeción argumenta que por ser un diputado no podría ostentar el puesto de manera independiente, ya que podría responder a intereses partidarios de su agrupación, misma que en las elecciones pasadas impulso la candidatura presidencial de Roberto Arzú.

La segunda objeción fue firmada por Éricka Mariana Román Javier. Su razón para dejar fuera al diputado es un supuesto conflicto de intereses ya que él es integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

Pese a que el diputado se inhibió del proceso, a criterio de Román, la Comisión Legislativa no estaría completa para la integración de la terna dando pie a acciones legales que podrían ampliar el mandato de Jordán Rodas hasta esclarecer el proceso.

La tercera tacha fue firmada por Zoel Antonio Franco, quien señala que por la trayectoria parlamentaria del candidato es poco probable que sea un magistrado de conciencia independiente, ya que podría responder a intereses políticos.Govanni Francisco Soto Santos

Es magistrado de una sala administrativa y es señalado por Zoel Antonio Franco de no ser idóneo para el rol de procurador de los Derechos Humanos por los antecedentes judiciales donde se desempeña como magistrado.

A criterio del impugnante, Soto Santos ha votado a favor de una serie de acciones de amparo que tienen un fondo político más no jurídico, destacando algunas de esas resoluciones.

Según la tacha, el voto de Soto fue clave para que la Usac celebrara hace unas semanas una cuestionada elección de rector. Detalla que en 2018 como el magistrado respaldó al partido FCN Nación, evitando su cancelación y ayudó a que la exdiputada Julia Maldonado obtuviera finiquito.

Diego José Montúfar

Contra el exasesor de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) se presentaron dos tachas.

Primero fue tachado por representantes legales de la CDAG, quienes cuestionan la legalidad de su función en la dependencia deportiva.

En la primera tacha informan sobre una denuncia que recibió el candidato a procurador de los Derechos Humanos por los supuestos cargos de abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la constitución, incumplimiento de deberes y asociación ilícita.

La segunda tacha explica que la CDAG declaró a Montufar como persona “no grata” a raíz de sus aparentes resoluciones ilícitas que le costaron una denuncia que está bajo investigación de la Fiscalía de Delitos Administrativos.

Las dos tachas señalan que el candidato a procurador de los Derechos Humanos no reúne una de las principales características que exige el cargo: honradez.

Fernando Linares-Beltranena

Exdiputado al Congreso de la República que impulsó, sin éxito, la Ley para la Reconciliación Nacional, que buscaba una amnistía para todos los procesados y condenados por hechos relacionados al conflicto armado interno.

Era señalado de conductas violatorias a los Derechos Humanos por parte de la Asociación Política de Mujeres Mayas (Moloj), dentro de las tachas.

Entre los hechos que la organización considera que Linares Beltranena es no apto, detalla como en su rol de abogado defensor presto servicios profesionales a personas relacionadas con el narcotráfico.

También lo señalaron por algunos comentarios polémicos cuando fue diputado como cuando en una sesión plenaria del 2017 dijo que las personas con discapacidad eran “un gasto para el Estado”, o cuando manifestó que las mujeres eran “un accidente biológico”.

En el caso de Linares-Beltranena, en febrero pasado fue excluido del proceso para elegir al Fiscal General por una sanción del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

“Habían cosas muy subjetivas como que había defendido a algunas personas, es en realidad en su libre ejercicio de ejercer la abogacía y no se tomó como impedimento”, dijo el secretario de la comisión, el diputado Julio César López.

Marilis Guendali Ramírez

Actualmente es delegada de la PDH en el departamento de Chimaltenango, pero su desempeño en el área no ha sido la mejor a criterio de vecinos.

El Cocode del departamento de Chimaltenango objetó su participación, afirmando en que en su rol no ha prestado atención a las violaciones a los Derechos Humanos reportados por los grupos de vecinos.

Según el documento que fue entregado a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, el año pasado los vecinos pidieron al procurador Jordán Rodas la destitución de Ramírez, pero su petición no fue tomada en cuenta.

Exrelatores contra la Tortura

Se trata de los exrelarores Carlos Solórzano y Silvia Villalta. Las objeciones las comparten por presunta negligencia y operaciones a favor de actores políticos con procesos penales, hechos presuntamente registrados de 2014 a 2019, cuando ocupaban el rol de Relatores Contra la Tortura.

Eso según las tachas que presentó la ciudadana Eleonora Muralles, representante de la Asociación de Familiares y Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).

Entrevistas

Los diputados aprobaron que las entrevistas con los 36 aspirantes sean virtuales, mediante un video que deben grabar los postulantes con su plan de trabajo.

Debe tener una duración de 7 minutos, y los videos serán grabados por la oficina de Comunicación Social del Congreso a partir de la próxima semana.

Tabla de gradación

En la reunión se discutió la tabla de gradación que se pretende elaborar para evaluar a los aspirantes.

Algunos diputados propusieron que se elabore una tabla sin aspectos que sean evaluados de forma subjetiva.

Por ejemplo, si un aspirante no cumple un requisito no se le den puntos, y si los cumple, se le brinde una ponderación completa.

Será hasta en la siguiente reunión cuando se defina el tema.