Es uno de solo cinco estados que ejecutaron penas de muerte en 2023. Y uno de los siete que dictaron nuevas sentencias de muerte en ese mismo año.

Es un estado que va en contravía de la tendencia general del país que ha ido dejando poco a poco de lado la pena capital. En la mayoría de estados, esa medida ha sido abolida o, aunque sigue existiendo en las leyes, en la práctica las ejecuciones han sido suspendidas.

Ahora, Alabama se convirtió en el primer estado en ejecutar a una persona con gas nitrógeno, un método controversial debido a que, según sus opositores, podría implicar sufrimiento innecesario.

Kenneth Eugene Smith, de 58 años, fue ejecutado con este método este jueves por la noche.

“Hay muchas preocupaciones alrededor de este método de ejecución, porque nunca antes ha sido usado y múltiples médicos y científicos han dicho que tienen serias preocupaciones sobre la forma como será usado”, le dijo a BBC Mundo Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Smith sobrevivió a un primer intento de ejecución en 2022, cuando intentaron suministrarle una inyección letal, pero no le encontraron la vena.

El sentenciado es culpable por el homicidio de una mujer que ocurrió hace 35 años.

La pena de muerte en Alabama

Entre 2019 y 2023, 9 personas fueron ejecutadas en el estado de Alabama, una cifra solo superada por Texas (28), Oklahoma (11) y el gobierno federal de Estados Unidos (13).

“Creo que mucho de eso es cultural. Alabama siempre ha sido un estado que ha usado mucho la pena de muerte. E incluso antes de usar la pena de muerte, tenía una historia de usar otras formas de ejecución extrajudicial, incluyendo linchamientos y otras formas de violencia racial”, dice Maher.

“Muchos creen que hay un hilo conductor desde esa época hasta ahora”, agrega.

Además de un alto número de ejecuciones efectivas, Alabama es un estado que sigue dictaminando nuevas sentencias de muerte cada año.

Junto con Florida, son los estados en donde más sentencias de muerte se pronunciaron entre 2021 y 2023.

El alto número de sentencias en esos dos estados coincide con que son los únicos en los que se permite dictaminar la pena capital, incluso cuando el jurado del caso no llega a una decisión unánime.

Las leyes en Alabama permiten escoger ese castigo cuando hay al menos 10 de los 12 jurados de acuerdo.

En 2023, Florida pasó una ley que lo permite cuando al menos 8 jurados votan a favor.

En todos los demás estados donde existe la pena de muerte, es indispensable la unanimidad del jurado para determinarla.

El jurado lo integran ciudadanos del estado, que son seleccionados de la lista de votantes o de las personas que tienen una licencia para conducir, con lo cual no deben tener conocimiento especializado en leyes.

En el juicio de Kenneth Smith, el hombre que fue ejecutado en Alabama este jueves, el jurado votó por sentenciarlo a cadena perpetua, pero el juez anuló esa decisión e impuso la pena de muerte.

Eso es algo que la legislación actual del estado no permitiría.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, la mayoría de las personas que fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2023 probablemente no serían sentenciadas a muerte hoy.

Una encuesta de Gallup de 2023 arrojó que, por primera vez desde que se realiza la medición, el porcentaje de estadounidenses que creen que la pena de muerte en el país se aplica injustamente supera a quienes creen que se hace justamente.

Serias preocupaciones

La hipoxia por nitrógeno, el nuevo método con el que Alabama le causó la muerte a Kenneth Smith, genera preocupaciones entre médicos y abogados.

En Alabama, Oklahoma y Mississippi está aprobado usar ese método, pero nunca antes se había hecho.

Pero las preocupaciones de los expertos sobre cómo se está aplicando la pena de muerte en Alabama no se limitan a ese método.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte ha documentado varios casos de ejecuciones mal hechas en ese estado.

En 2022, el personal del Departamento de Correcciones de Alabama estuvo tres horas detrás de una cortina cerrada tratando de suministrarle la inyección leyal a Joe James Jr. Una reportera de The Atlantic describió el procedimiento como una carnicería.

“Muchas de estas ejecuciones presentan indicios de tortura. Parecen experiencias dolorosas y atroces para los prisioneros”, expresa Maher cuando se le pregunta por las ejecuciones mal hechas o fallidas.

Por otro lado, el estado tiene un historial de casos de personas que estaban condenadas a pena de muerte por crímenes que no cometieron como el de Walter McMillan, y casos en los que recaen dudas sobre la labor de los fiscales y los jueces, como el de Toforest Johnson, quien fue acusado por un testigo al que luego se conoció que le habían pagado US$5.000 para hacerlo.

En la decisión de ejecutar a una persona están involucradas varias partes del estado.

Que se prohíba o no la medida depende del Congreso estatal.

Que se le dicte la pena de muerte depende de los fiscales, los jueces y el jurado.

Pero hay una última instancia que puede evitar una ejecución: el gobernador del estado -Key Ivey, en el caso de Alabama- puede concederle clemencia a un sentenciado y reducirle la pena.

Desde 1976, el estado de Alabama lo ha hecho en un único caso.

“Como gobernadores, teníamos la facultad de conmutar las penas de todos los condenados a muerte de Alabama por cadena perpetua. Perdimos nuestra oportunidad de hacer frente a la pena de muerte y vivimos para arrepentirnos.”, escribieron dos exgobernadores de Alabama en el Washington Post en 2023.

Una minoría de las sentencias de muerte en Estados Unidos termina en ejecuciones.

Las ejecuciones suelen darse cuando los sentenciados ya han pasado décadas en condiciones de aislamiento severas, una espera mezclada con incertidumbre que es calificada por quienes se oponen a la pena de muerte como un abuso psicológico. 

La condena a muerte que Estados Unidos prevé aplicar este jueves 25 de enero contra el reo Kenneth Eugene Smith pondrá a prueba un método inédito, el gas nitrógeno, que está en el punto de mira porque sus detractores denuncian que puede provocar dolor excesivo en el proceso e incluso suponer una tortura.

Alabama es, junto con Oklahoma y Mississippi, uno de los tres estados del país que permite su uso en sentencias de muerte ante la creciente dificultad de conseguir los fármacos de las inyecciones letales debido a la negativa de las farmacéuticas a que sean usados con ese propósito.

A Smith, de 58 años y condenado en 1989 por el asesinato a sueldo de una mujer, le ha tocado ser el “conejillo de indias”, según denuncia él mismo en una infructuosa batalla legal para intentar evitarlo.

Un protocolo milimetrado pero sin antecedentes.

Cómo funcionará el nitrógeno

La hipoxia por nitrógeno es un procedimiento en el cual nitrógeno puro o en una concentración lo suficientemente elevada como para resultar letal se inhala hasta provocar asfixia. El preso lo recibe a través de una mascarilla hermética.

El protocolo para su aplicación redactado por el Departamento Correccional de Alabama en agosto del año pasado exige a sus técnicos comprobar que el volumen de gas en el cilindro supera el umbral mínimo de aceptación.

Ese documento especifica que cuando se utilice nitrógeno en las ejecuciones no se permitirá la presencia de un asesor espiritual en la llamada “cámara de la muerte” a menos que este último haya firmado un consentimiento frente a posibles riesgos.

La recta final de cara a ese momento, que Smith tiene fijado este jueves, empezó siete días antes. Durante al menos dos días, los miembros del equipo de ejecución deben revisar un proceso que incluye ensayar el traslado del reo desde su celda hasta la cámara letal.

Alabama ha ocultado algunos detalles en ese protocolo público, pero la coreografía estipulada detalla que los funcionarios designados deben extraer la mascarilla, conectarla al tubo de respiración y colocar el material en el lugar fijado dentro de la sala.

En la pared habrá medidores de oxígeno que se habrán verificado varias veces para garantizar que están cargados y que la alarma sonora funciona.

A Smith, según esa hoja de ruta, se le colocará un oxímetro de pulso que muestra el nivel de saturación de oxígeno en la sangre. Tendrá la oportunidad de pronunciar un último discurso de no más de dos minutos de duración y la administración del nitrógeno en sí no se prolongará más de 15.

Antes de que el personal entre a la sala para declarar su muerte, se ventilará la sala.

Smith, según indicó el miércoles la cadena CNN, no tendrá permitido comer desde sus 10 de la mañana para minimizar el riesgo de vómitos y de que pueda ahogarse al inhalar o tragar sus propias expulsiones a través de la mascarilla.

Críticas unánimes

Amnistía Internacional recordó que en noviembre de 2022 se le intentó ejecutar con una inyección letal pero hubo problemas a la hora de introducirle las vías intravenosas.

Una corte federal describió ese episodio como “espantoso”, según la ONG, y tres jueces del Supremo lo calificaron de tortura, haciéndole padecer “enormes dolores y sufrimientos” que le provocaron un trastorno de estrés postraumático.

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Aunque el estado de Alabama alega que la hipoxia por oxígeno es el método de ejecución “más indoloro y humano conocido por el hombre” y sostiene que resulta en una rápida inconsciencia, las alertas al respecto han llegado incluso desde la ONU.

La alta comisionada para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, ha expresado su profunda preocupación y ha pedido al estado de Alabama no solo que detenga la ejecución de Smith, sino que se abstenga de llevar a cabo otras de ese tipo en el futuro.

El preso estadounidense será ejecutado con gas nitrógeno, un método que se utiliza “para matar cerdos” y que provoca un gran sufrimiento al reo, denunció desde Roma Mario Marazziti, cofundador de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.

Smith es el segundo preso estadounidense que ha salido vivo de la cámara de ejecuciones, ya que el verdugo estuvo “más de 4 horas intentado” encontrar la vena correcta para administrarle la inyección letal, sin éxito.

El pleno del Congreso de la República inició este miércoles 22 de marzo con el camino de la aprobación de una ley que pretende que en Guatemala se vuelva a aplicar el recurso de gracia o de indulto presidencial, como parte del mecanismo para reactivar la pena de muerte.

La normativa legal necesita de dos sesiones más para determinar si se aprobará, pese a que hasta el momento solo cuenta con un dictamen favorable de una de las dos comisiones de trabajo a la que se envió para su análisis.

El análisis favorable fue emitido por la Comisión de Defensa, mientras que la Comisión de Derechos Humanos se encuentra en el proceso de elaborar dos dictámenes: uno favorable y otro desfavorable, para que los 19 miembros de la sala legislativa voten y definan que posición adoptarán, aunque la decisión final la tienen los 160 diputados en el pleno del Congreso, según reconocen algunos legisladores.

La propuesta consta de 28 artículos, en los que se detalla el procedimiento para que las personas condenadas a la pena capital planteen el recurso de gracia.

Se establece que dichas peticiones ingresarán a la Secretaría General de la Presidencia y el mandatario tendría 30 días para emitir la resolución, y en caso de que se aplique el perdón, la pena se sustituirá por la condena máxima de tiempo en la cárcel que contemple el delito por el que se juzgó a la persona.

Aunque en el pleno del Congreso la propuesta no generó mayor discusión, en la Comisión de Derechos Humanos sí hubo criterios divididos sobre la aplicabilidad de la norma.

“Si el dictamen gira en el sentido de reinstalar el indulto como una garantía, como los recursos legales que puede hacer uso la persona que está sindicada o condenada a pena de muerte, en esa línea, estaría de acuerdo, pero tendríamos que ver el dictamen”, expuso el jefe de la bancada Todos, Cornelio García durante la reunión de la sala legislativa.

Sin embargo, algunos diputados de oposición criticaron que la propuesta sea puesta en discusión a días de que empiece la campaña electoral.
“La verdad es una irresponsabilidad, porque estamos a días de que inicie la campaña (electoral) y estamos cayendo en un tema de populismo y un tema clientelar”, expuso la jefa de la bancada Winaq, Sonia Gutiérrez.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Herberth Figueroa, expuso que sometieron a votación un dictamen provisional, pero de los 19 miembros siete votaron a favor y seis en contra, por lo que se reunirán la próxima semana por el tema.

¿Se puede aplicar la pena de muerte?

A criterio de algunos diputados, la iniciativa para aplicar el indulto nuevamente representa un 50 % del proceso para volver a aplicar la pena de muerte en el país, considerando que actualmente no hay delitos por los cuales se pueda imponer la pena capital.

Algunos parlamentarios coinciden en que la salida puede ser por medio de la denuncia del Pacto de San José, del cual Guatemala es firmante, pero esto tardaría aproximadamente un año.

Mientras que la otra alternativa es la restitución textual de los delitos a los que se podía aplicar la pena de muerte, según el Código Penal, hasta antes del 2017, cuando la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional la mayoría de delitos.

Eso se podría hacer con la iniciativa 5714, que está en la Comisión de Gobernación y que pretende reformar al Código Penal y el Código Procesal Penal, para restablecer la pena de muerte, bajo el argumento de que en el país no es aplicable, debido a la creación de nuevos tipos penales y por el criterio de la peligrosidad del “agente” y no en los actos cometidos.

Pasados 12 días desde que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a elecciones e iniciara la inscripción de candidatos, un grupo de diputados encabezados por la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, presentaron una iniciativa de ley con la que buscan reactivar el tema con una normativa que establezca el procedimiento para la aplicación del recurso de gracia o indulto de la pena de muerte.

La iniciativa también es firmada por los diputados Leopoldo Salazar, Hérber Melgar Padilla, Javier Hernández, Ángel González, Sergio Arana y Douglas Rivero.

En la sesión plenaria de este miércoles 1 de febrero, la iniciativa fue leída en el pleno y enviada a las comisiones de la Defensa Nacional y de Derechos Humanos, donde se hará el análisis y se emitirán los dictámenes respectivos.

“Es una iniciativa que viene del Ejecutivo, nosotros la vamos a analizar en la Comisión de Defensa. Miren, aquí es una cosa que ya existe en el artículo 18 de la Constitución, existe la pena de muerte, aunque está vigente no está positiva, entonces el procedimiento es hacer una denuncia al Pacto de San José y retomar la obligación del Presidente de poder hacer los indultos a la pena de muerte”, expuso el diputado Hérber Melgar Padilla.

La propuesta se presenta cinco días después de que el presidente Alejandro Giammattei durante su discurso en la graduación de dos mil agentes de la Policía Nacional Civil hiciera referencia al tema.

“Y ojalá el Congreso de la República le devolviera lo que la Constitución le dice al Presidente de la República, el derecho del recurso de gracia para que la aplicación de la pena de muerte pudiera ser efectiva, porque no me temblaría la mano si son llevados y condenados a pena de muerte los que mataron a esa niña de 7 años, recientemente en Villa Nueva”, dijo el mandatario con relación al caso de Génesis Ixcajop, asesinada en Ciudad Peronia, Villa Nueva.

La iniciativa señala que tiene como finalidad “determinar” si en casos concretos procede conmutar la pena de muerte a juicio del Jefe de Estado, para ser sustituida por la privación de la libertad regulada en las leyes actuales.

A la fecha, la pena de muerte no es aplicable en el país, derivado de que existe un “vacío legal”, según reconoce la iniciativa, derivado de que no se cuenta con el recurso del indulto, con lo cual se violenta el debido proceso y el derecho de petición, detalla en la exposición de motivos.

“Vacío legal que constituye un obstáculo para la debida aplicación de dicha pena y al no existir un procedimiento adecuado para cumplir con la normativa constitucional, resulta necesario crear un mecanismo legal idóneo para cumplir con la finalidad que ésta persigue, como una forma de extinción de responsabilidad y de la sanción penal”, expone la iniciativa.

En el 2017, la Corte de Constitucionalidad resolvió declarar inconstitucional la aplicación de la pena de muerte en los delitos de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada y muerte del presidente o vicepresidente.

Mientras que en el 2004 se derogó el decreto 159, que regulaba el indulto y permitía al presidente del país suspender la ejecución.

La última ocasión en la que se aplicó la pena de muerte en Guatemala fue en el 2000; sin embargo, por el pacto de San José su legalidad ha estado en entredicho.

Cuatro jóvenes han sido ejecutados en relación con las protestas que estallaron en Irán hace cuatro meses, mientras que otras 18 personas han sido condenadas a muerte. Según grupos de derechos humanos, todos ellos fueron condenados en juicios tremendamente injustos.

Mohammad Mehdi Karami, campeón de kárate de 22 años, fue ahorcado el 7 de enero, solo 65 días después de su detención.

Según ha podido saber el servicio persa de la BBC, tuvo menos de 15 minutos para defenderse en el tribunal.

Su historia muestra cómo las autoridades de Irán utilizan farsas judiciales para infundir miedo en los manifestantes, que exigen la libertad y el fin del régimen clerical.

“No le digas nada a mamá“

El movimiento de protesta comenzó tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una mujer de 22 años que fue detenida por la policía de la moral el pasado septiembre por supuestamente no llevar “bien” puesto el velo obligatorio.

Las autoridades calificaron las protestas de “disturbios”, e iniciaron una violenta represión. Al menos 481 manifestantes han sido asesinados por las fuerzas de seguridad, según Iran Human Rights, una organización no gubernamental con sede en Noruega.

Karami fue arrestado en relación con el asesinato de un miembro de la fuerza paramilitar Basij durante las protestas en la ciudad de Karaj, al oeste de Teherán, el pasado 3 de noviembre.

Más tarde fue acusado del delito de “corrupción en la Tierra” y fue juzgado ante un Tribunal Revolucionario en Karaj el 30 de noviembre junto con otras 16 personas, entre ellos tres niños, también acusados de participar en el asesinato.

Los acusados tienen derecho a representación legal en Irán pero, en casos delicados como este, o en casos de espionaje, no se les permite elegir a sus propios abogados. El tribunal designa, en cambio, a uno de una lista aprobada por el poder judicial.

Los periodistas y los miembros de la familia del acusado también tienen prohibido estar presentes en el juicio, por lo que la única ventana a lo que sucede detrás de las puertas cerradas son imágenes muy editadas que comparte el poder judicial.

En uno de esos videos, se ve a Karami visiblemente angustiado mientras “confiesa” haber golpeado al miembro del Basij en la cabeza con una piedra. Su abogado de oficio no cuestiona ni discute esto y, en cambio, pide perdón al juez. Karami luego dice que fue “engañado” y se sienta.

El 5 de diciembre, Karami fue declarado culpable y condenado a muerte. Cuatro de sus coacusados también fueron condenados a muerte, mientras que los niños y otras ocho personas fueron condenados a largas penas de cárcel, según el poder judicial.

Es habitual que las autoridades presionen a los familiares de los acusados para que guarden silencio.

Pero el padre de Mohammad, Mashaalah Karami, que trabaja como vendedor ambulante de paquetes de pañuelos, concedió una entrevista al periódico “Etemad”, en la que aseguró que su hijo lo había llamado llorando el día que fue sentenciado a muerte.

“Papá, nos dieron el veredicto. El mío es la pena de muerte. No le digas nada a mamá”, recordó su padre, reiterando la inocencia de su hijo.

Relatos escalofriantes

Más tarde, el grupo activista opositor “1500 Tasvir” publicó un relato en las redes sociales en el que se afirmaba que Karami había sido torturado.

Según este, Karami contó a su familia durante un encuentro en la prisión que los guardias lo habían apaleado hasta dejarlo inconsciente. Los agentes asumieron que estaba muerto y arrojaron su cuerpo en una zona remota, pero cuando se estaban yendo se dieron cuenta de que todavía estaba vivo.

Karami también contó a su familia que los agentes de seguridad le habían “tocado los genitales todos los días y amenazado con violarlo” durante los interrogatorios, según su relato.

De acuerdo con el sistema legal de Irán, cuando un tribunal dicta una sentencia de muerte, se envía al Tribunal Supremo para su aprobación. Pero incluso si el Tribunal Supremo aprueba la pena de muerte, todavía podría apelarse.

El padre de Karami explicó a “Etemad” que había intentado comunicarse con el abogado designado por el Estado varias veces, pero que no había obtenido respuesta.

Entonces, la familia intentó contratar a uno de los abogados de derechos humanos más destacados de Irán, Mohammad Hossein Aghasi.

“Mohammad me llamó tres veces desde la prisión y me pidió que lo representara. Sus padres también me instaron a que representara a su hijo”, confirmó Aghasi.

Aghasi escribió al tribunal local y luego al Tribunal Supremo. En cada etapa, sus cartas fueron ignoradas o rechazadas. El recurso que interpuso contra la decisión del Tribunal Supremo también fue descartada por un juez.

Las autoridades han dicho en repetidas ocasiones que los juicios rápidos a los manifestantes y las duras sentencias dictadas contra ellos pretenden tener un efecto disuasorio.

Vulnerable y aislado

Seyed Mohammad Hosseini, de 39 años, entrenador voluntario de niños, también fue ahorcado el 7 de enero, tras ser juzgado junto con Karami por el mismo delito.

Sus padres han fallecido, por lo que no hubo una campaña familiar en las redes sociales para salvar su vida después de que fuera sentenciado. Sin embargo, muchos iraníes compartieron una publicación que decía: “Todos somos la familia de Mohammad”.

Hosseini, que sufría un trastorno bipolar, logró obtener representación legal independiente después de que el Tribunal Supremo confirmara su sentencia de muerte.

El abogado Ali Sharifzadeh Ardakani pudo visitarlo en prisión en diciembre y escribió en Twitter sobre el encuentro.

“Lloró durante toda la visita. Habló de la tortura, de cómo fue golpeado mientras estaba esposado y con los ojos vendados, de que recibió patadas en la cabeza y perdió el conocimiento“, escribió Ardakani.

“[Él es] un hombre cuyas confesiones han sido todas obtenidas bajo tortura y no tienen validez legal”.

Ardakani presentó los documentos para apelar la decisión del Tribunal Supremo y le dijeron que regresara al tribunal el 7 de enero. Pero cuando se dirigía hacia allí, escuchó que Hosseini había sido ahorcado.

El abogado fue detenido posteriormente por las autoridades, y actualmente se encuentra en libertad bajo fianza. El servicio persa de la BBC ha podido saber que se enfrenta a una denuncia del fiscal de Karaj por el tuit en el que alegaba que Hosseini fue torturado.

Sin salida

Grupos de derechos humanos han denunciado al sistema judicial de Irán por basarse en “confesiones forzadas”.

Tal y como explicó una fuente al servicio persa de la BBC, los abogados designados por el Estado actúan en realidad como “interrogadores” durante los juicios, aumentando la presión sobre los acusados, en lugar de defenderlos.

Según Iran Human Rights, al menos 109 manifestantes están ahora mismo en peligro de ejecución, ya que han sido condenados a muerte o acusados de delitos capitales. El promedio de edad es de 27 años, con tres menores de 18.

Después de que Seyed Mohammad Hosseini y Mohammad Mehdi Karami fueran ahorcados, países occidentales y grupos de derechos humanos exigieron a Irán que detuviera inmediatamente las ejecuciones.

Pero una semana después, el poder judicial anunció que había ahorcado a Alireza Akbari, con doble nacionalidad británico-iraní, un exalto funcionario del Ministerio de Defensa iraní que fue condenado por espiar para el Reino Unido.

En una grabación de audio obtenida por el servicio persa de la BBC la semana pasada, Akbari alegó que había sido torturado y obligado a “confesar” crímenes que no había cometido.

Mientras tanto, otro símbolo desgarrador del movimiento de protesta fue compartido en las redes sociales, un video de Maashalah Karami arrodillado en la tumba de su hijo, vistiendo lo que parece ser el suéter amarillo de Mohammed.

Se le ve sosteniendo una foto de su hijo en una mano y agarrando su propia garganta con la otra mano, imitando una soga.

Hasta la fecha, la República Islámica de Irán ha ejecutado cientos de personas bajo este delito.

Esta semana, ahorcó a dos manifestantes vinculados a las protestas que se han registrado en todo el país desde septiembre a raíz de la muerte en custodia de una joven que fue arrestada por la policía de la moral por llevar mal puesto el hijab o velo islámico.

Mohsen Shekari y Majidreza Rahnavard, ambos de 23 años, fueron ejecutados en el lapso de pocos días, tras ser condenados por el delito demoharebehpor un tribunal revolucionario.

Shekari fue encontrado culpable de haber atacado a un integrante de la paramilitar Fuerza de Resistencia Basij con un machete en Teherán, mientras que a Rahnavard se le sentenció por supuestamente haber matado a dos miembros del mismo grupo.

Organizaciones de Derechos Humanos denunciaron que los manifestantes fueron sentenciados a muerte en tribunales ilegítimos sin debido proceso y advierten del “riesgo serio de ejecuciones en masa de manifestantes”.

Señalan que los individuos acusados de moharebeh no tienen derecho a contratar un abogado independiente y que muchos de los casos se basan en confesiones forzadas.

Lo más desconcertante, desde un punto de vista del derecho tradicional, es que el delito está abierto a interpretación. “La acusación depende de que un juez crea que se está haciendo una guerra contra Dios”, explica Amir Azimi, editor en jefe del Servicio Persa de la BBC.

“Enemigos de Dios”

Después de la Revolución Iraní de 1979 la ley iraní empezó a cambiar de su base laica a la sharía (la ley islámica).

“La emergente República Islámica de Irán empezó a aplicar globalmente esta ley, pues es un código de conducta para los musulmanes”, señala Amir Azimi

Dentro de la sharía, el moharebeh es un término legal técnico que tiene varias traducciones que incluyen “hacerle la guerra a Dios”, “guerra contra el Estado y Dios” u “odio contra Dios”, de manera que los culpables son “enemigos de Dios”.

De acuerdo con el artículo 279 del Código Penal Islámico, moharebeh puede significar desenvainar un arma con la intención de atentar contra la vida, la propiedad o el honor de las personas o para intimidarlas, de manera que provoque inseguridad en el entorno.

Esa es una de las acusaciones básicas, señala el editor en jefe del Servicio Persa. “Textualmente, si un individuo toma armas (pueden ser de fuego o blancas) y las usa para ‘aterrorizar’ a alguien, se considera que comete moharebeh. No es necesario causar la muerte de alguien. Con sólo amenazar a la víctima es suficiente”.

Según esa interpretación, el primer ejecutado de estas recientes protestas, Mohsen Shekari, tenía que ser condenado por herir a uno de los miembros de la paramilitar Bajib.

Aún si el acusado tuviese un argumento que lo exculpara, había otra acusación básica por la que lo condenaron: el bloqueo de vías.

“El bloqueo de vías también es considerado parte del delito, porque históricamente se remite a los asaltantes antiguos que bloqueaban las carreteras para robar a los transeúntes”, dice Azimi.

Entonces, aquí hay una interpretación literal de los hechos, pues el bloqueo de vías siempre sucede cuando hay manifestaciones, aún sean pacíficas, como la mayoría de las protestas actuales.

Acción personal

Parte crucial de la interpretación del delito también tiene que ver con si el ataque es personal o no.

Por ejemplo, alguien que mata a otra persona por motivos personales no necesariamente es clasificado como culpable de moharebeh. “El asesino, si paga por su delito o la familia de la víctima lo perdona, no correría la suerte de ser ejecutado”, indica Azimi.

Pero en una protesta, los manifestantes no están dirigiendo su furia contra alguien en particular, así que sus acciones no son personales. En ese caso, sí están sujetos a ser acusados de moharebeh.

Eso permite que la ley se utilice políticamente cada vez más. Se equipara con “aterrorizar”, que es en sí un término muy vago.

“Desde el punto de vista del régimen de la República Islámica de Irán, que se considera la representación de Dios sobre la Tierra, si hay un movimiento, un grupo o un individuo que quiera cambiar ese régimen, de por sí están haciéndole la guerra a Dios y por ende son automáticamente acusados de mohabereh“, explica el editor en jefe del Servicio Persa de la BBC.

Casi sin discusión alguna terminan ejecutados por este crimen capital. Muchos activistas políticos han sido acusados, detenidos, juzgados y condenados por lo mismo.

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Arma política

Por su naturaleza política, el régimen lo utiliza contra las personas o agrupaciones opositoras o disidentes, cuyas luchas de reivindicación política podrían considerarse legítimas en otros contextos. Pero en Irán los colocan dentro de esta categoría contra la cual tienen muy poca defensa.

“Eso ha sucedido anteriormente contra los kurdos y otras comunidades minoritarias”, indica Amir Azimi.

La organización humanitaria Human Rights Iran, con sede en Noruega, denunció la ejecución de los prisioneros políticos kurdos Loghman Moradi y Zanyar Moradi en septiembre de 2018, alegando que sus confesiones fueron forzadas y que no tuvieron representación legal adecuada.

Esas son algunas de las críticas más firmes contra la aplicación de este delito, pues los acusados no tienen acceso a una defensa independiente. El tribunal les asigna un abogado que básicamente repite el fallo del juez.

Si la persona acusada puede contratar un abogado privado, este no tiene permiso de entrar en contacto con él ni manera de presentar evidencia que lo exculpe. Tampoco puede apelar la sentencia.

Por su parte, el juez del tribunal revolucionario tiene entonces mucho margen para interpretar el delito y emitir su fallo.

Los líderes de Irán han tildado las protestas de “motines” instigados por enemigos extranjeros del país.

“Desde el punto de vista del gobierno, estas personas han sido engañadas por agentes extranjeros enemigos del régimen que las han hecho a actuar de esta forma”, comenta Azimi, “así que si dices que fuiste engañado o que no estabas en tus cabales, es posible que seas perdonado”.

Los activistas señalan que los medios estatales transmiten rutinariamente las confesiones falsas de detenidos.

En un video trasmitido por la televisión estatal después del arresto de Rahnavard, el acusado no niega haber atacado a los miembros de Basij, pero dice que no recordaba los detalles, porque no se encontraba en un estado mental adecuado. Aun así, fue ejecutado.

En las últimas cuatro décadas Irán ha ejecutado a miles de personas. Después de China, es el país que más ejecuciones lleva a cabo anualmente.

Foto principal: Mohsen Shekari y Majidreza Rahnavard, dos manifestantes ejecutados por el delito de “odio contra Dios”.
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Advertencia: este artículo contiene imágenes que pueden resultar perturbadoras.

“No hay pena de prisión por asesinato [en Irán]. O perdonas o ejecutas“, dice Roya Boroumand, directora ejecutiva de la organización iraní de derechos humanos Centro Abdorrahman Boroumand, con sede en Estados Unidos.

Mientras que otros países ejecutan a más personas que Irán, ningún otro ejecuta a más mujeres, según las cifras anuales de Amnistía Internacional.

¿Por qué Irán ejecuta a más mujeres?

Pena de muerte

Además de las tres mujeres ejecutadas afines de julio, otras seis murieron en los primeros seis meses del año, según el Centro Abdorrahman Boroumand.

Es cierto que la gran mayoría de ejecuciones en el país son de hombres, pero estas 9 mujeres se suman a un total creciente.

“Entre 2000 y 2022, hemos registrado las ejecuciones de al menos 233 mujeres”, dijo Boroumand a la BBC.

“106 mujeres fueron ejecutadas por asesinato y 96 por presuntos delitos de drogas”, agregó.

Se cree que un número menor fue condenado a muerte por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Boroumand dijo que solo alrededor del 15% de estos casos se anunciaron oficialmente. Se conocen otros de presos políticos o de funcionarios que se filtran sin la aprobación de las autoridades.

El alto número de ejecuciones se debe en parte a la falta de flexibilidad, aseguró Boroumand. Según el sistema legal del país, el Estado no puede conmutar una sentencia de muerte por asesinato. La decisión de perdonar recae en la familia de la víctima.

Sin ayuda

La activista iraní Atena Daemi trató de obtener un indulto de última hora para Sanubar Jalali, una mujer afgana de 40 años que finalmente fue ejecutada la semana pasada por matar a su esposo.

Daemi esperaba negociar el perdón con la familia del esposo de Jalali.

“Tratamos de encontrar a la familia de la víctima para suplicarles, pero las autoridades penitenciarias no ayudaron. Nos dieron el número de teléfono de su abogado asignado por el Estado, pero ignoró nuestras solicitudes”, dijo Daemi a la BBC.

“Las autoridades penitenciarias a veces ayudan a que la familia acepte dinero y perdone, pero no siempre”.

Sin embargo, Boroumand puede contar algunos éxitos: trabajando con otros activistas, aseguró haber salvado a dos personas de la ejecución y a otras ocho de la amputación de una parte del cuerpo.

De las otras dos mujeres que fueron ahorcadas el mismo día que Jalali, una era una niña casada a la edad de 15 años. La otra había sido arrestada por matar a su esposo hace más de cinco años.

Defensa débil

Daemi ha pasado siete años en prisión por su activismo. Ella dijo que las prisiones para mujeres carecen de instalaciones básicas y que a veces las reclusas son golpeadas.

Los procedimientos judiciales a menudo se inclinan contra las mujeres, ya que solo los hombres pueden ser jueces y la mayoría de los abogados también son hombres, señaló.

Los tribunales iraníes deben proporcionar un abogado defensor, pero Daemi aseguró que no brindan suficiente apoyo legal ya que “muchos de estos abogados asignados son exjueces o fiscales”.

“Probar la inocencia no es fácil en los casos de asesinato. En esos casos, las palabras de los familiares de la víctima tienen más peso que las del acusado”, indicó Daemi.

Sistema sexista

La periodista iraní Asieh Amini, que ahora vive en Noruega, ha seguido de cerca los casos en que las mujeres son condenadas a muerte. Ella considera que la raíz del problema es el propio sistema legal.

“Según la ley, el padre y el abuelo paterno son el cabeza de familia y pueden decidir el destino de las hijas, incluido el matrimonio”, explicó Amini a la BBC.

Esto significa que las niñas que se ven obligadas a casarse pueden enfrentar graves problemas, incluida la violencia doméstica, y les resultará casi imposible divorciarse en los tribunales iraníes, añade.

Las mujeres condenadas a muerte a menudo pierden incluso el apoyo de sus padres, quienes pueden desear defender lo que consideran el “honor de la familia“.

“En esta condición, algunas mujeres siguen siendo víctimas de la violencia para siempre”, dice Amini.

Otras consideran matar a sus maridos.

“Algunas de estas mujeres confesaron que ellas mismas cometieron el asesinato o alguien las ayudó. Casi todas enfatizaron en que si hubiera habido una manera de apoyarlas contra la violencia que estaban soportando, no habrían cometido el crimen”, afirmó.

Ejecuciones de menores

Amini citó como ejemplo de cómo los tribunales tratan a algunas mujeres el caso de una niña de 16 años, Atefeh Sahaleh, quien fue abusada sexualmente por varios hombres.

En lugar de buscar justicia para la adolescente, los jueces dictaminaron en 2004 que había tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio.

“Fue condenada a muerte por confesar haber tenido relaciones sexuales con unos hombres, cuando en realidad fue violada”, explicó Amini.

Aseguró que, según el Código Penal Islámico de Irán, si una persona soltera confiesa haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, será sentenciada a 100 latigazos. Y si este acto se repite tres veces, pueden ser condenadas a muerte.

“Pero en el caso de Atefeh, ni siquiera se aplicó esta ley inhumana, porque descubrí que le dieron 100 latigazos solo dos veces antes de que el juez dictaminara que tenía que ser ejecutada”, dijo Amini.

“Por cuarta vez, este mismo juez, cuyo nombre era Haji Rezaei, puso la cuerda alrededor del cuello de Atefeh“.

El entusiasmo por la retribución no termina ahí. La activista contra la pena de muerte Narges Mohammadi publicó un video donde describe una ejecución en la que el hijo de una mujer condenada por asesinar a su esposo pateó el taburete de debajo de los pies de su madre en la horca.

Mohammadi cree que la familia del marido asesinado ejerció mucha presión sobre el hijo y sus parientes para restaurar el “honor familiar”.

Herramienta de intimidación

Amini lamenta que la discriminación en la ley, los tribunales y las tradiciones “jueguen un papel en llevar a estas mujeres a un callejón sin salida, convirtiéndolas en criminales o en víctimas”. Sin embargo, no está segura de qué hacer con esta serie de ejecuciones.

“Realmente nunca entendí durante los años que seguí estos casos de prisión en prisión, cómo el gobierno de Irán se beneficia de un castigo tan brutal“, dijo.

No obstante, Boroumand tiene una teoría.

Las prisiones de Irán ahora están abarrotadas de presos políticos y consumidores de drogas, y para aliviar la presión sobre las cárceles, cree que los funcionarios obligan a los familiares de las personas asesinadas a acelerar su decisión: clemencia o muerte.

Boroumand teme que esto lleve a que muchos más sean enviados a la horca.

Ella también sospecha que las autoridades tienen un motivo oculto para el castigo extremo.

“Recientemente le amputaron la mano a un hombre en Teherán. Están trayendo prisioneros de otras ciudades para realizar las amputaciones”, aseguró.

“No lo están anunciando, pero lo hacen de tal manera que la información sobre el castigo se filtrará en la sociedad en general y creará miedo entre los activistas”.

El gobierno iraní no responde a las solicitudes de comentarios de la BBC, pero el poder judicial ha dicho previamente que las ejecuciones son legales y no violan las obligaciones internacionales (tratados firmados por Irán). El gobierno iraní ha negado repetidamente los informes de tortura y confesiones forzadas. 

Foto principal: Estas 6 mujeres se encuentran entre las 200 que han sido ejecutadas en Irán desde el inicio del siglo XXI. ABDORRAHMAN BOROUMAND CENTER

La historia de Skylar DeLeón causa mucha sorpresa al público por pasar de ser una promesa para la televisión ha convertirse en un asesino que fue condenado a muerte en Estados Unidos.

Su nombre original era John Julius Jacobson Jr y nació el 12 de agosto de 1979. Desde pequeño había mostrado fascinación por la actuación, lo que lo llevó a estar en diferentes producciones de televisión infantiles.

Una de las más recordadas fue su aparición en la popular serie Mighty Morphin Power Rangers cuando tenía 14 años.

A la edad de 20 años, Jacobson dejó la industria de la actuación y se enlistó en la marina de los Estados Unidos, pero por haberse ausentado durante quince días sin previa autorización, no se le permitió continuar en la armada.

Antes de contraer matrimonio Jennifer Henderson en septiembre de 2002, Jacobson decidió cambiar su nombre al de Skylar DeLeón, ya que lo consideraba un nombre “neutral” en cuanto al género, además de desligarse de su padre que, en palabras de él, lo abusaba cuando era un menor.

Vida criminal

El matrimonio empezó a involucrarse en el mundo delictivo y robaban en diferentes comercios y gasolineras, hasta el año 2004 que realizaron un crimen mucho más grave.

En ese año, una pareja de jubilados llamados Tom y Jackie Hawks pusieron a la venta un yate, y fue ahí que DeLeón y su esposa se pusieron de objetivo robarlo.

Entonces la pareja junto a tres cómplices, Alonso Machain, Myron Gardner y John Kennedy amenazaron a la pareja con una pistola y los obligaron a firmar un documento que les concedía la propiedad del barco.

Luego de firmarlo, los cinco criminales ataron a la pareja a un ancla y los tiraron vivos al mar. A día de hoy las autoridades no han encontrado los cuerpos de la pareja.

Fue en 2005 que uno de los cómplices, Alonso Machain confesó el crimen en un interrogatorio policial, lo que ocasionó la captura de todos los implicados.

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Jennifer Henderson fue condenada a cadena perpetua sin oportunidad de libertad condiciones, mientras que Skylar DeLeón fue condenado a la pena de muerte por inyección.

Sin embargo, por la moratoria de California, deberá pasar el resto de sus días en el llamado “corredor de la muerte”.

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Cambio de género

En su estadía en prisión, Skylar DeLeón solicitó un cambio de género para convertirse en mujer. Según una entrevista al medio ABC de Estados Unidos, DeLeón dijo que se llevaba mejor con las mujeres, motivo por el que también solicitó su traslado a una prisión femenina.

Michael Molfetta, abogado defensor de Jennifer Henderson, dijo que una de las principales razones que llevó DeLeón a cometer el doble asesinato fue porque necesitaba el dinero para la cirugía de reconversión de género.

Ante esto, DeLeón se cambió nuevamente el nombre al de Skylar Preciosa DeLeón, y se volvió oficial en 2009 a raíz de una orden de la Corte Suprema.

Antes de ser declarado muerto, un prisionero condenado a la pena de muerte sufrió numerosas convulsiones durante su ejecución en Estados Unidos la tarde del jueves.

John Grant, un afroestadounidense de 60 años, recibió la inyección letal en una prisión de Oklahoma, en el sur de EE.UU., tras ser sentenciado a muerte por asesinato en 1999.

Una decisión de última hora de la Corte Suprema de EE.UU. autorizó el procedimiento.

Fue la primera muerte de un prisionero en los últimos siete años en ese estado, desde que una serie de ejecuciones fallidas llevaron a una moratoria temporal de la pena capital.

La manera en que murió Grant, sin embargo, ha vuelto a generar cuestionamientos sobre los métodos en que se aplica la inyección letal en Estados Unidos.

El prisionero vomitó y convulsionó “dos decenas de veces” antes de quedar inconsciente y recibir un coctel de fármacos que terminó con su vida.

El Departamento de Correccionales de Oklahoma dijo que el procedimiento se desarrolló según lo planeado.

“La ejecución del preso Grant se llevó a cabo de acuerdo con los protocolos del Departamento de Correccionales de Oklahoma y sin complicaciones”, dijo el director de comunicaciones Justin Wolf en un comunicado.

Pero lo que atestiguaron algunos periodistas cuestiona la declaración oficial.

¿Qué ocurrió?

Grant cumplía una pena de 130 años de cárcel por varios robos a mano armada cuando en 1998 asesinó a Gay Carter, una empleada de la cafetería de la prisión.

Testigos declararon que Grant llevó a Carter hasta un armario que se utilizaba para almacenar utensilios de limpieza y la apuñaló 16 veces con un arma hechiza.

Fue condenado a muerte en 1999, un año después del asesinato.

Entró a la cámara de la muerte la tarde del jueves luego de la última decisión de la Corte Suprema.

Dan Snyder, un periodista de la cadena Fox, fue testigo de la ejecución junto con otros cinco reporteros.

Explicó que inmediatamente después de que le fue administrada la droga para sedarlo, midazolam, Grant comenzó a convulsionar. “Tanto así que la parte superior de su espalda se levantó repetidamente de la camilla”.

“A medida que continuaron las convulsiones, comenzó a vomitar varias veces en el transcurso de los siguientes minutos. El personal médico ingresó a la cámara de la muerte para limpiar el vómito de Grant, quien aún respiraba”, continuó.

Un minuto después, el prisionero recibió el segundo y tercer fármaco para detener su sistema respiratorio y cardíaco.

A las 4:20 pm, el personal médico revisó el pulso y miró las pupilas de Grant.

“Un minuto más tarde, a las 4:21 pm, el director del Departamento de Correccionales de Oklahoma, Scott Crow, entró en la habitación y declaró que la ejecución se había completado”, explicó Snyder.

Su testimonio es similar a otros descritos por periodistas, incluido el de Sean Murphy, de la agencia AP, quien explicó a sus colegas que Grant convulsionó “unas dos docenas de veces, de cuerpo entero”.

Aseguró que no había visto algo así en las 14 ejecuciones que ha atestiguado.

El polémico coctel de la muerte

Los abogados de Grant argumentaron que el uso del sedante midazolam constituiría un castigo cruel e inusual, violando sus derechos constitucionales.

Ese sedante fue identificado como un factor potencial en una serie de ejecuciones fallidas en Oklahoma, la última de las cuales se llevó a cabo en 2015.

Clayton Lockett, un asesino convicto ejecutado en Oklahoma en abril de 2014, tardó más de 40 minutos en morir después de que le inyectaran una droga en el tejido muscular en lugar de en el torrente sanguíneo.

En la ejecución de Charles Warner al año siguiente, se usó un fármaco equivocado. Y otra ejecución fue cancelada en el último minuto cuando se descubrió que también un fármaco erróneo estaba a punto de ser usada nuevamente.

Todos esos casos generaron la moratoria sobre la pena de muerte en Oklahoma.

Grant “se convirtió en un experimento humano para el desafío que otros presos condenados a muerte han hecho al proceso de ejecución de Oklahoma”, afirmó Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información sobre Pena de Muerte.

“Ejecuciones como esta proporcionan a los opositores a la pena de muerte más pruebas de que a los estados que tienen prisa por ejecutar simplemente no se les puede confiar la pena de muerte”, le dijo a la agencia AFP.

Una demanda contra el uso de la inyección letal de Oklahoma está programada para ir a juicio en febrero de 2022.

“No debería haber más ejecuciones en Oklahoma hasta que vayamos a juicio en febrero para abordar el problemático protocolo de inyección letal del estado”, dijo Dale Baich, abogado de Grant y otros condenados a muerte.

La ejecución de otro recluso condenado a muerte en el estado, Julius Jones, un afroestadounidense de 41 años, está programada para el 18 de noviembre.

Jones ha dicho insistentemente que es inocente y su caso ha atraído la atención de celebridades como Kim Kardashian y el mariscal del fútbol americano Baker Mayfield.

Jason Budrow, de 40 años, reconoció que mató a Roger Kibbe, de 82 años, pero la fiscalía ha optado por conducir el caso para que el sindicado no sea condenado a pena de muerte, informó Fox News.

Kibbe cumplía condena por haber violado y estrangulado a siete mujeres entre los 70 y 80.

Su caso es recordado porque interceptaba a sus víctimas en la autopista interestatal 5, por lo cual se conoce como “El estrangulador de la I-5”.

Sin embargo, un día de febrero de 2021, Kibbe recibió en su celda a Budrow en una prisión de California.

A través de una carta, Budrow confesó el crimen. “Maté a Roger Kibbe el mismo día que me convertí en su compañero de celda”, dijo, en una especie de “misión” que se arrogó para vengar a las siete víctimas de Kibbe.

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También se expresó tranquilo en que ningún jurado votará por la pena de muerte, creyente de que lo hecho fue “ofrenda de sacrificio humano”.

Y parece que está en lo cierto. El fiscal Todd Riebe dijo que solo se presentarán cargos por asesinato en primer grado, lo que limita el castigo a cadena perpetua, algo que ya cumple por haber estrangulado a su novia en 2011.

De hecho, el rechazo a la pena de muerte proviene desde el propio gobernador Gavin Newsom, quien firmó una moratoria mientras esté en el cargo.