En medio de señalamientos y con la sombra de las plazas fantasma por encima, la Junta Directiva del Congreso de la República decidió este miércoles 9 de febrero dar marcha atrás con su intensión de ocultar la nómina de empleados del Legislativo al pretender dejar por un lado el uso del sistema Guatenóminas.

La propuesta de dejar de utilizar Guatenóminas fue planteada mediante un acta por la anterior Junta Directiva del Congreso, presidida por Allan Rodríguez, acciones que, para algunos, son un claro retroceso en la fiscalización y transparencia.

De hecho, varios sectores sociales anticipaban una batalla legal en contra del Congreso por sus intenciones de ocultar la nómina de empleados, pues en ocasiones anteriores han surgido casos de plazas fantasma que, incluso, varios exdiputados han ido a prisión.

Sin embargo, este miércoles, Shirley Rivera, presidenta de la Junta Directiva del Legislativo, comunicó que determinaron que el sistema Guatenominas se seguirá utilizando.

“Se instruyó para que el Ministerio de Finanzas Públicas haciendo una consulta a la Contraloría de Cuentas no dijeron si debemos o no estar en el sistema Guatenóminas y quiero decirles que la conclusión a la que llegamos en Junta Directiva es que (…) no hay porque tenerle miedo a tener este sistema de guatenominas”, dijo a los diputados Rivera desde su curul en el Congreso.

“Se procedió a solicitar al Ministerio de Finanzas a que nombre personal técnico y profesional para migrar del sistema actual a Guatenóminas”, agregó Rivera.

Durante la jornada de este miércoles en el Congreso se vivieron momentos tensos entre algunos diputados; por ejemplo, hubo una discusión entre los parlamentarios Mario Taracena y el expresidente del Congreso, Allan Rodríguez, artífice de la intención de excluir el uso de Guatenóminas.

Por momentos, diputados oficialista acuerparon a Rodríguez, mientras otros le recriminan por la decisión de salirse de Guatenóminas.

Detalles

Luego de una acalorada discusión entre los expresidentes del Congreso, Mario Taracena y Allan Rodríguez, la actual presidenta Shirley Rivera dejó la mesa directiva y llegó hasta su antigua curul y tomó la palabra. Señaló que pidió al Ministerio de Finanzas que se nombre al personal capacitado para llevar a cabo el traslado de información de Delta (plataforma del Congreso) a Guatenóminas, con lo cual se revierte la solicitud que hizo Rodríguez para ya no pertenecer al sistema de transparencia.

Durante una hora, aproximadamente, los parlamentarios discutieron sobre la propuesta de un punto resolutivo planteado por la jefa de la bancada Semilla, Ligia Hernández. Luego se sumaron otros bloques legislativos, quienes respaldaron el planteamiento.

Sin embargo, los ánimos se elevaron cuando tomó la palabra el expresidente del Congreso, Mario Taracena, quien advertía en reiteradas ocasiones “no aprendemos”, refiriéndose a que hay varios expresidentes del Organismo Legislativo que se encuentran aun dilucidando su situación legal por casos de presuntas plazas fantasma.

“No se puede retroceder en esto, ¿cuál es la intención? Esconder plazas, eso es”, expuso Taracena, señalando que el Ministerio de Finanzas les envió una carta en la que les señala que no tienen información de las plazas 029 que no se reportaron el año pasado en el Congreso.

“No aprendimos la lección, no entendimos que se van presos. Es lo más horrible, aunque sea tu enemigo, cuando se llevan a un diputado se estruja el corazón y se siente horrible”, dijo Taracena.

Posteriormente acuerpado el expresidente del Congreso, Allan Rodríguez, fue rodeado por diputados del oficialismo, mientras el diputado Aldo Dávila le cuestiona.

Rodríguez aseguró que el Congreso nunca ha estado en Guatenóminas en su totalidad, a la vez que señalaba que la oposición “se quedó sin argumentos”. También expuso los argumentos técnicos por los cuales se envió la solicitud.

Posteriormente tomó la palabra Rivera quien luego del anunció incluso fue aplaudida por diputados del oficialismo, y algunos de oposición. Posteriormente Rivera dejó la curul y regresó a la mesa directiva.

Organizaciones sociales y entidades de fiscalización analizaban accionar legalmente contra el Congreso si la intención de ocultar la nómina de empleados continuaba, puesto que no solamente podría reñir con prácticas administrativas sino hasta con principios constitucionales, según la organización Acción Ciudadana (AC), quien ve una clara violación al artículo 30 de la Constitución, que estipula que todos los actos administrativos de las entidades de Estado deben de ser públicos.

Plazas fantasma

El Congreso de la República no es una entidad con credibilidad, los procesos judiciales contra algunos exdiputados como Gudy Rivera y Pedro Muhadi, por plazas fantasma son un claro ejemplo de ello, según la lectura de María del Carmen Pelaez, investigadora de la organización Diálogos.

“Preocupa sobre todo por varios casos donde el Gobierno, específicamente el Congreso se ha visto envuelto de señalamientos de plaza fantasma y otro tipo de casos que han llegado a faces judiciales avanzadas en las que se ha visto que existe esta lógica de usar la institución como un botín y no como una herramienta de servicio a la población”, dijo la experta en transparencia.

Mediante una carta anónima personas que afirman ser trabajadores y extrabajdores del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) señalaron públicamente, a sus actuales autoridades, de una serie de abusos.

Entre los que detallan una serie de supuestas plazas fantasmas, malos tratos a los trabajadores contratados bajo el renglón 011 y 029, así como fiestas después del horario laboral.

El documento menciona que desde que Berríos está en sus funciones ha tomado acciones que van en contra del objetivo general de la institución, que son la atención y dignificación de los migrantes guatemaltecos y a sus familias.

Mencionan que el director contrató a personas que no se presentan a laborar y que únicamente llevan las facturas correspondientes para que les paguen cada mes.

También detalla que en comisiones fuera de la capital, Berríos solicita que el personal contratado 029 incluya dentro del presupuesto (viáticos) la alimentación y hospedaje del funcionario, esto con el objetivo de ahorrarse los gastos de representación que por ley le corresponden.

El documento agrega que Berríos da un “trato inadecuado, poco profesional e inhumano contra el personal contratado por servicios 029 y permanente 011 dentro de la institución” y que sumado a ello, impone acciones que no corresponden al funcionamiento de cada uno de los trabajadores.

Finalmente señalan al funcionario de realizar fiestas en la institución, después del horario laboral, en donde hay alcohol y mujeres.

El documento solicita a los líderes de organizaciones a favor dela migración un proceso de fiscalización, mientras que piden al Canciller, Pedro Brolo, evaluar las acciones de  Raúl Eduardo Berrios, Secretario Ejecutivo de Conamigua.

Es una represalia

Por su parte, Berrios asegura que este documento que no aparece ni siquiera firmado es tan solo una medida de represión en su contra por los resultados preliminares que han dejado una serie de auditorías que solicitaron a la Contraloría General de Cuentas (CGC).

“Nosotros al momento de venir solicitamos una auditoria especial, porque ni teníamos auditor al llegar a la institución.  A raíz de eso la CGC en su informe conclusivo nos hizo ver la semana pasada que presentó una denuncia contra las autoridades anteriores y algunos extrabajadores de esta institución”, explicó.

La notificación que llegó a Berrios detallan que a mediados de 2020 la entonces titular de Conamigua, Rita Elizondo, y otros trabajadores, realizaron un pago de más de Q800 mil por el arrendamiento de un hotel.

Ese pago se había realizado pese a que el Consejo no había autorizado el desembolso, eso según el documento que auditores entregaron recientemente a las autoridades de Conamigua explicando sus hallazgos.

“Nosotros presumimos que es una represalia bien clara por las acciones que ni siquiera la Secretaría de Conamigua realizó, sino solo la solicitó a la CGC por temas de transparencia que dejaron actos ilegítimos e ilegales por lo que se presentó una denuncia; esta es una represalia porque viene de forma anónima por lo que dudamos que sean incluso trabajadores”, finalizó el Secretario.

El proceso de extradición a Guatemala del expresidente del Congreso, Luis Rabbé quedó en suspenso de forma indefinida, luego de que Julio Veredín Sena Velásquez, juez séptimo de Distrito en Amparo Penal de México, resolviera a favor del ex parlamentario guatemalteco.

Rabbé es requerido en Guatemala, debido a los señalamientos en su contra por un caso de presuntas plazas fantasma, cuando fue presidente del Organismo Legislativo.

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México presentó un recurso de revisión contra la suspensión que otorgó el juez, y se espera que el tribunal colegiado tome una decisión sobre si se mantiene el fallo o si se revoca.

El exdiputado del Partido Patriota, Édgar Romeo Cristiani Calderón, fue condenado este viernes 19 de marzo a tres años y seis meses de prisión conmutables por el delito de peculado por sustracción y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cuatro años al declararse culpable en el proceso que se le sigue por una plaza fantasma en el Registro de Información Catastral (RIC).

El caso por el que se le condenó a Cristiani, conocido como uno de los Roxy Boys, por su cercanía con la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, fue denominado como Registro de Información Catastral (RIC): Caja de Pagos.

El exfuncionario no purgará prisión, pues la pena de cárcel es conmutable, pero todavía está pendiente programar una audiencia para reparación digna.

Cristiani acudió al Juzgado Cuarto Penal, en donde fue sentenciado por procedimiento abreviado. Luego de la diligencia, el exdiputado salió y no ofreció declaraciones.

Antecedentes

El 27 de mayo del 2019, Cristiani compareció en ese juzgado, a caro de Pedro Lainez, y escuchó la imputación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público.

Los fiscales señalaron al exdiputado de peculado por sustracción y enumeraron cuatro contratos que gozó Édgar Rosales López, quien fue chofer de Cristiani, en el RIC.

Según la acusación, Cristiani conspiró en la sustracción de fondos en el RIC con la contratación de una persona que jamás llegó a trabajar a la entidad y era su chofer.

En total Rosales López firmó cuatro contratos en 2013 por Q6 mil, Q18 mil, Q12 mil y Q6 mil en un mes diferente cada uno para totalizar Q42 mil la sustracción de fondos.

Ese día Cristiani aceptó los cargos de los que lo señalaban.

¿Quién es?

Cristiani nació en la ciudad de Guatemala el 25 de julio de 1972 y está casado con Mónica Barrios con quien tiene dos hijas. Es bachiller y comerciante, además trabajó en bienes raíces.

Se postuló en 2011 como candidato a diputado por el Listado Nacional y logró la curul. Fue diputado del 14 de enero 2012 al 14 de enero de 2016.

En mayo de 2016 fue detenido al conocerse el caso Plazas Fantasma en el Congreso, por el que también está procesado.

La investigación en el RIC

La investigación del caso por el que se le condenó a Cristiani se deriva de los allanamientos del caso de defraudación aduanera denominado La Línea, el 16 de abril de 2015. Ahí se obtuvo información con correos electrónicos de Omar Gustavo Nájera, empleado del RIC, y Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti y quien fue colaborador eficaz de la Fiscalía, donde revelaron contrataciones de personal en esa institución.

Otro indicio presentado en el proceso es un correo de Monzón, del 4 de marzo de 2013, donde hace alusión a una tabla con los nombres de algunas personas para ser contratadas en el RIC. El objetivo era el pago de favores políticos mediante plazas fantasma, según la Fiscalía.

La Fiscalía recordó que los salarios eran de Q10 mil y Q20 mil mensuales que eran depositados a cuentas del Grupo Estrella, un conglomerado de empresas de Baldetti.

Las siglas VP, según el testimonio de Monzón, eran las plazas para Baldetti. La pesquisa refiere que la exvicepresidenta se había hecho de 68 plazas fantasma.

Bajo las siglas AP (algo que, según Monzón se entendía como ausentes pagados en el Ejército) la red sabía que se refería a las plazas fantasma.

Otros condenados

Omar Gustavo Nájera Sagastume, el colaborador eficaz del caso, fue condenado en octubre del 2019. Él reveló cómo la exvicepresidenta Roxana Baldetti y quien fue su secretario privado, Juan Carlos Monzón Rojas -excolaborador eficaz-, manejaron el Registro de Información Catastral (RIC) a su antojo y colocaron a Emilia Guadalupe Ayuso Girón como directora del RIC.

Durante su declaración recordó Emilia Guadalupe Ayuso Girón le dijo un día que habían 60 plazas fantasma disponibles.

El 2 de octubre del 2019 Daniela Beltranea también fue condenada por este caso de plazas fantasma en el RIC.

La sentencia fue de tres años y tres meses de prisión conmutables a razón de Q5 diarios por peculado por sustracción y multa de Q5 mil.

Una de las plazas fantasma que se dieron en el RIC fue la contratación de Alex Danilo Alfaro, piloto de Beltranena.

Fuentes oficiales confirmaron esta mañana que el gobierno de México aceptó la extradición del expresidente del Congreso, Luis Rabbé, quien deberá presentarse ante la justicia guatemalteca por su presunta vinculación al caso Plazas Fantasma en el Congreso de la República.

El exfuncionario guatemalteco está pendiente de ser notificado. Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que hasta la noche del viernes no habían recibido una notificación oficial de la embajada.

Rabbé permanece detenido en ese país desde julio del 2018, sin embargo, diversas acciones judiciales por parte de la defensa han retrasado que el sindicado se presente ante los tribunales de justicia en el país.

Lee más: Qué funcionarios, políticos y jueces guatemaltecos no pueden ingresar a Estados Unidos por acusaciones de corrupción

Investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron que el exdiputado aprobó plazas en el Congreso de la República para personas que no asistieron a trabajar. Entre los delitos que se le atribuyen están abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción.

En concreto, Rabbé autorizó para la junta directiva 164 plazas que no cumplían con el perfil idóneo, con salarios excesivos y algunas de ellas sin asistir a labores.

“Autorizó de manera consecutiva dos solicitudes de contratación por un total de 21 asistentes para la primera Vicepresidencia, a cargo del diputado Arístides Crespo Villegas, con salarios de Q15 mil y Q20 mil, siendo que en la mayoría de los casos se trataba de su primera contratación en el Congreso de la República. En la modalidad dos, como presidente de la Junta Directiva del Congreso (2015-2016) autorizó 42 plazas para su beneficio y de otros diputados con salarios de Q7 mil y Q20 mil”, detallaron los entes investigadores.

Se intentó comunicación con la embajada de México, pero al cierre de esa nota no hubo respuesta.

El exlegislador señaló que fue víctima de calumnia y difamación por la colaboradora, quien lo mencionó en su declaración a la Fiscalía Especial contra la Impunidad del ministerio público.

La investigación de la PDH determinó que no hubo ninguna violación al derecho humano del exdiputado, y que la declaración de la colaboradora se recibió ante un juez que controla la legalidad del acto.

En el juicio la colaboradora eficaz, Bianca Yaneth Chacón Barillas, reveló en el juicio que varias plazas fantasma del registro de la propiedad fueron solicitadas y entregadas a Salvador Baldizón, por ese señalamiento surgió la denuncia que conoció la PDH.

El 3 de abril del año pasado Carlos Gilberto Solórzano Morales y Yoni José Valenzuela Mejía, extrabajadores del excandidato presidencial, y Génesis Daniela Alvarado Xoná fueron condenados por haber cobrado salarios sin ir a trabajar al registro general de la propiedad.

Solórzano Morales y Alvarado Xoná deberán purgar nueve años y tres meses de prisión, por falsedad ideológica y peculado por sustracción. Valenzuela Mejía obtuvo pena de diez años de cárcel. La sentencia la dictó el Tribunal Segundo Unipersonal Penal.

Las autoridades del Ministerio de Salud revelaron este miércoles 5 de agosto que investigan la existencia de plazas fantasma en dependencias de esa institución.

Sin profundizar en el tema, la ministra de Salud, Amelia Flores, dijo durante una citación con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que trabajan en una auditoria y un análisis con respecto a plazas fantasma, cuyos resultados podrían darse a conocer a mediados de este mes.

Agregó al tener documentados los casos, los cuales “se dan a todo nivel”, presentarán las denuncias correspondientes en el Ministerio Público.

“Tengo una investigación en Recursos Humanos, contamos con grabaciones de personas que se han atrevido a presentar los casos porque antes no había nada”, dijo Flores a diputados.

De momento no se dio a conocer de cuántas plazas se habla y la cantidad de recursos que se derogan para pagarlas.

“Eso es histórico, pero es difícil tener un dato, una prueba y en eso se está trabajando, pero ya llevamos un buen avance”, dijo Flores a periodistas.

Carlos Barreda, jefe de Bancada de la UNE, cuestionó la falta de denuncia y le exigió a la ministra que agilicen la investigación para dar con los responsables.

Durante la citación, los congresistas también cuestionaron el trabajo de la cartera de Salud ante la pandemia de coronavirus que afecta al país, pues la ejecución de los fondos asignados para atender la emergencia apenas llega al 16.8 por ciento.

La Comisión Presidencial contra al Corrupción y el Ministerio Público tienen una investigación sobre plazas fantasma contratadas en el Ministerio de Salud, confirmaron las autoridades.

En una citación al Congreso, la comisión de Salud reveló que hay al menos 15 guatemaltecos contratados al despacho superior del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), que no tienen el perfil académico y ganan entre Q11 mil hasta Q30 mil.

Hugo Monroy, ministro de Salud, aceptó que algunas de esas personas ni las conoce y hay una investigación en proceso del listado presentado.

Un grupo de médicos renunció a la atención de pacientes con coronavirus por la falta de pago, mientras que por otro lado habrían personas contratadas por el Ministerio de Salud consideradas como “Plazas Fantasma”, cuenstionaron los legisladores.

Una “mercadóloga” gana Q30 mil, mientras que un bachiller en ciencias y letras gana Q11 mil, son parte de los datos revelados.

Además otro de los problemas es la falta de ejecución en los recursos asignados. Según el reporte oficial, solo el 2% de los fondos asignados para la emergencia del coronavirus han logrado ser ejecutados.

Irma Quiroa, viceministra administrativa de Salud, informó que han publicado 4 mil 311 eventos de licitación, pero que han tenido que anular el 21%, solo el 48% se ha adjudicado por supuestos problemas con los proveedores.

Zulma Calderón, defensora de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) presentó un informe sobre la situación de los hospitaltes que atienden los casos con covid-19 y destacó que las verificaciones demuestran que “hay un nivel de salud abandonada”.

“Lo que existe es una falta de respuesta del mismo ministerio de Salud, una situación de inercia y hemos llegado a una situación que nunca habíamos visto””, dijo Calderón.

Orlando Blanco, presidente de la Comisión de Salud, señaló que ante la incapacidad del ministro pidieron al presidente Alejandro Giammattei la destitución, de lo contrario pedirán una interpelación para tramitar el voto de falta de confianza.

El caso deriva de la contratación, supuestamente irregular, de Gustavo Bonilla, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Penales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), como capacitador en el MP sin que llegara a trabajar y por el que habría cobrado Q20 mil.

La orden firmada por el juez Víctor Cruz, señala que la exfiscal y jefa del MP estaría siendo capturada por los delitos de peculado por susctracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria.

La orden de captura fue confirmada por Jorge Chinchilla, portavoz de la Policía Nacional Civil.

“Ya tenemos el contrato y ahora tenemos que verificar con la Superintendencia de Administración Tributaria ciertas declaraciones para ver si estaba dentro del régimen correcto de contribuyente a la misma institución”, dijo Medina.

La denuncia fue interpuesta en contra de la exfiscal Aldana, Rootman Pérez y José Carlos Marroquín, en base a una auditoría especial requerida por el parlamentario Felipe Alejos.

“Básicamente le dimos 165 páginas de evidencia de cómo el Ministerio Público, dirigido por la exfiscal Thelma Aldana, había robado más de Q1 millón al Estado de Guatemala”, dijo el diputado.