Durante la Sesión Solemne en el Congreso de la República por los 200 años de independencia, un grupo de diputados rompió los carteles de parlamentarios de oposición, quienes mostraron su inconformidad por la celebración del bicentenario.

Cuando el presidente Alejandro Giammattei se disponía a iniciar su discurso, los parlamentarios de la bancada Semilla sacaron carteles con consignas en contra de la celebración, lo que generó que el diputado José Ubico, del bloque Todos destruyera los carteles, junto con el legislador Oto Callejas.

Luego el diputado Sergio Arana, de la bancada Vamos adoptó una postura similar y rompió otros carteles de los diputados de oposición.

El Organismo Ejecutivo decretó un nuevo estado de Calamidad para tratar de contener el incremento de casos de coronavirus en el país.

Entre las medidas está la restricción para la movilidad entre las 20:00 horas de un día para las 04:00 horas del día siguiente, así como la prohibición para celebraciones y la implementación de clases virtuales en todos los niveles educativos.

La restricción de movilidad tiene como excepciones al personal de salud, pacientes con tratamientos por enfermedades crónicas, medios de comunicación, entre otros.

“No estamos anunciado una guerra, pero haremos  valer nuestros derechos”, dijo una de las  autoridades ancestrales durante la manifestación en Cuatro Caminos, Totonicapán.

El Bloqueo surgió luego que el presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras ignorarán la demanda de diferentes sectores que piden su renuncia, lo que ha provocado más protestas.

A la manifestación acudieron pocas personas que por prevención  participaron con distanciamiento social, en el lugar también se observó a varios grupos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y patrullas.

En total, este julio de 2021 los guatemaltecos pagarán Q667 mil 725 por concepto de bono 14 a los funcionarios de mayor jerarquía en los tres poderes del Estado: el binomio presidencial, los nueve diputados de la Junta Directiva del Congreso y los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuánto recibirá cada uno?

Cinco ejecuciones fueron programadas antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden el 20 de enero, lo que rompe con un precedente de 130 años de pausar las ejecuciones en medio de una transición presidencial.

Si finalmente las cinco tienen lugar, Trump será el presidente que más ejecuciones impulse en más de un siglo, con 13 desde julio de este año.

Las ejecuciones comenzaron el jueves con la muerte de Brandon Bernard, de 40 años.

Este viernes fue ejecutado Alfred Bourgeois, un hombre que fue condenado a muerte por asesinar a su hija de 2 años en el 2002 en el estado de Texas.

El fiscal general, William Barr, aseguró que su Departamento de Justicia simplemente está cumpliendo con la legislación existente.

Pero sus críticos consideraron que la medida es preocupante, ya que se produce a solo unas semanas de que Biden, que ha dicho que buscará poner fin a la pena de muerte, asuma el cargo.

“Esto realmente se sale de la norma de una manera bastante extrema”, señaló Ngozi Ndulue, directora de investigación del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización no partidista.

Esto es lo que se sabe del torrente de ejecuciones de última hora del presidente Trump.

¿Cuál es la política vigente en Estados Unidos?

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restituyó la pena de muerte federal en 1988, las ejecuciones en Estados Unidos llevadas a cabo por el gobierno nacional o federal han sido escasas.

Antes de que Trump asumiera el cargo, solo se habían llevado a cabo tres ejecuciones federales en este período (1988-2016).

Todas se llevaron a cabo bajo el mandato del presidente republicano George W. Bush, e incluyeron al preso Timothy McVeigh, condenado por el atentado con bomba en un edificio federal de la ciudad de Oklahoma.

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De hecho, desde 2003 no se ha producido ejecución federal alguna.

Sin embargo, las autoridades de cada estado del país sí que han seguido ejecutando a presos en las cárceles gestionadas por ellas, llegando a un total de 22 el año pasado.

Pero ese tipo de ejecuciones también registran una tendencia a la baja.

Un número cada vez mayor de estados de EE.UU. se ha movilizado para abolir la pena capital por completo, y la mayoría ha prohibido formalmente la práctica o no ha ejecutado a ningún preso en más de una década.

Opinión ciudadana

Las encuestas también reflejan que los ciudadanos se alejan cada vez más de la pena capital.

Un sondeo llevado a cabo por Gallup en noviembre de 2019 reveló que el 60% de los estadounidenses prefería la cadena perpetua a la pena de muerte por primera vez desde que comenzó la encuesta hace más de 30 años.

“El apoyo público a la pena de muerte está en su mínimo en décadas”, afirmó Ndulue.

En este tiempo, además, han surgido otros problemas relacionados con los métodos de ejecución, la obtención de medicamentos utilizados para inyecciones letales y los costos de las batallas judiciales y las apelaciones que pueden durar décadas.

¿Qué hizo la administración Trump?

En julio de 2019, el fiscal general, William Barr [que en EE.UU. también ejerce de ministro de Justicia], anunció las ejecuciones programadas de cinco condenados a muerte, a pesar de las prácticas y la opinión pública predominante.

“El Congreso autorizó expresamente la pena de muerte”, dijo entonces el máximo funcionario legal del país.

“El Departamento de Justicia defiende el Estado de Derecho, y le debemos a las víctimas y a sus familias llevar adelante la sentencia impuesta por nuestro sistema judicial”.

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Los presos seleccionados habían sido condenados por asesinar o violar a niños y ancianos, dijo Barr.

La decisión generó duras críticas por parte de los principales demócratas y grupos en defensa de los derechos humanos.

“Creemos que [la pena de muerte] es un castigo inconstitucionalmente arbitrario que debería haberse abolido hace décadas“, manifestó Lisa Cylar Barrett, directora de políticas del Fondo de Defensa Legal de la organización en defensa de la justicia racial NCAAP.

Los presos que se enfrentan a la ejecución:

• Brandon Bernard (ejecutado) fue condenado en 1999 por el secuestro y asesinato de dos clérigos, Todd y Stacie Bagley. Su ejecución está prevista para el 10 de diciembre, pese a las numerosas peticiones de clemencia debido a su temprana edad en el momento del crimen.
• Alfred Bourgeois (ejecutado) condenado por torturar y matar a golpes a su hija de 2 años.
• Lisa Montgomery estranguló a una mujer embarazada en Missouri antes de cortarle la barriga y extraer al bebé para secuestrarlo en 2004. Su ejecución está prevista para el 12 de enero. Sus abogados alegaron que sufre daños cerebrales a causa de las golpizas cuando era una niña y sufre una enfermedad mental grave. Será la primera mujer en enfrentar una ejecución federal en Estados Unidos desde 1953.
• Cory Johnson fue condenado por el asesinato de siete personas, en relación a su participación en el tráfico de drogas en Richmond, Virginia. El equipo legal de Johnson ha argumentado que sufre una discapacidad intelectual, relacionada con el abuso físico y emocional que experimentó cuando era niño. Su ejecución está prevista para el 14 de enero.
• Dustin John Higgs fue condenado por el secuestro y asesinato en 1996 de tres mujeres jóvenes en el área de Washington, DC. Higgs no mató a ninguna de sus víctimas. Su coacusado Willis Haynes lo hizo, después de recibir instrucciones de Higgs. Haynes ha dicho en documentos judiciales que Higgs no lo amenazó ni lo obligó a disparar. La ejecución de Higgs está programada para el 15 de enero.

Además, la selección de los presos llevó a que el Departamento de Justicia fuera acusado de tomar esta decisión por motivos políticos.

La primera serie de ejecuciones este verano, durante una ola de protestas y manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos, fueron todas de hombres blancos. En este caso, cuatro de los cinco prisioneros en la lista de ejecuciones programadas son afroestadounidenses.

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Ndulue dijo que no creía que fuera “una coincidencia” que no se programara la ejecución de ningún prisionero negro durante el período de “mayor conciencia de las disparidades raciales en torno a la pena de muerte federal”.

Las investigaciones realizadas sugieren que la pena de muerte se ha aplicado de manera diferente en el país por motivos raciales.

“Uno de los hallazgos más contundentes encontrados en un estudio tras otro, en jurisdicciones de todo el país, es que la raza es un factor importante para determinar si se le aplicará la pena de muerte al reo”, dijo Ndulue.

¿Qué está pasando ahora?

Con la ejecución de Alfred Bourgeois, los 10 presos ejecutados en 2020 suman una cifra total sin igual en la historia moderna.

“Tendríamos que remontarnos a 1896 para encontrar otro año en el que hubiera 10 o más ejecuciones”, dijo la directora de investigación del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

La administración Trump también ha optado por llevar a cabo ejecuciones federales en medio de una transición política, con un presidente al final de su mandato, por primera vez en más de un siglo.

En general, los mandatarios salientes suelen ceder a sus sucesores decisiones de este calado, lo que permite al próximo ocupante de la Casa Blanca marcar el rumbo.

En una entrevista con la agencia de noticias Associated Press, el fiscal general Barr defendió las ejecuciones postelectorales y dijo que probablemente programaría más antes de dejar el Departamento de Justicia.

“Creo que la forma de detener la pena de muerte es derogar la pena de muerte”, dijo. “Pero si pides a los jurados que la impongan, entonces debería llevarse a cabo”.

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Sin embargo, es una opción controvertida, especialmente porque la administración entrante de Biden ha dicho que trabajará para poner fin a la pena capital.

La primera ejecución programada, la de Brandon Bernard, ocurrida este 10 de diciembre, ha llamado especialmente la atención.

Condenado por asesinato y secuestro en 1999, Bernard tenía 18 años en el momento del delito y es el condenado más joven en ser ejecutado por el gobierno federal en casi 70 años.

Cinco de los nueve miembros del jurado en el caso de Bernard que aún siguen con vida, así como el fiscal estadounidense que defendió la pena de muerte en la apelación, pidieron públicamente que se detuviera su ejecución.

¿Cuál es la política de Biden sobre la pena de muerte?

Trump ha sido un firme defensor de la pena de muerte desde hace mucho tiempo. El equipo de Biden se opone.

La vicepresidenta electa Kamala Harris, en particular, ha sido una constante crítica de esta práctica.

Ya en su exitosa campaña de 2003 para fiscal de distrito de San Francisco se pronunció contra la pena capital y a pesar de la presión dentro de su partido se negó a solicitar la pena de muerte en un caso de asesinato de un agente de policía de 29 años, que estaba de servicio.

El historial del presidente electo es más desigual.

La ley contra el crimen de 1994 de la que Biden fue coautor sumó unos 60 delitos federales que pueden ser penados con la pena de muerte.

Algunos de los condenados a muerte hoy en día fueron sentenciados en virtud de las disposiciones de esa legislación.

Sin embargo, ahora Biden ha prometido impulsar una legislación que elimine por completo las ejecuciones federales y que anime a los estados a hacer lo mismo.

El equipo de Biden subrayó que más de 160 personas condenadas a muerte en Estados Unidos desde 1973 fueron exoneradas posteriormente. Biden aún tiene que elegir su candidato para fiscal general de Estados Unidos.

La próxima semana vence el plazo para que el presidente Alejandro Giammattei sancione o vete el decreto 15-2020. Según el gobernante está a la espera de unos dictámenes para tomar una decisión, pues podría contener alguna inconstitucionalidad.

“Lo estamos analizando, van a tener mi veredicto esta semana que viene, estamos analizando la ley profundamente, le encontramos ciertos errores y estamos consultando si no da pie a una inconstitucionalidad, estamos esperando los últimos dictámenes”, dijo el mandatario en una actividad del Mineduc.

Giammattei aseguró que si la ley aprobada por el congreso contiene algún error, el Ejecutivo se encargará de plantear una nueva iniciativa. “Lo que nosotros haríamos es plantear nuestra iniciativa de ley, una ley que enmiende los errores. Creemos en la ley, definitivamente hay que apoyar a la gente pero tampoco vamos a violar la ley para ayudar, tenemos que ser cuidadosos”, agregó.

El decreto 15-2020 aprobada por los diputados garantiza la prestación de servicios de agua, luz, teléfono, internet y cable mientras dure el estado de Calamidad por la emergencia del Coronavirus.

por Juan José Rodríguez

Los panameños eligen este domingo presidente y otras autoridades para los próximos cinco años, con una amplia participación en las primeras horas de la votación, marcada por el creciente rechazo ciudadano a los partidos tradicionales y a la corrupción.

Las urnas abrieron a las 12H00 GMT para que 2,7 millones de panameños elijan, en una sola vuelta, al sucesor del presidente Juan Carlos Varela, con baja popularidad por la desaceleración económica, la sensación de corrupción y la crisis de sectores como la salud pública y la justicia.

El proceso transcurría en orden y sin inconvenientes en los 2.798 centros de votación en horas de la mañana. Muchos mostraron una amplia presencia de votantes desde la apertura de las urnas, y el Tribunal Electoral dijo que espera hasta 80% de participación.

Siete candidatos aspiran a la presidencia, aunque las encuestas dan como favoritos a los opositores Laurentino Cortizo (Partido Revolucionario Democrático, socialdemócrata), Rómulo Roux (Cambio Democrático, derecha) y al independiente Ricardo Lombana.

Varela no se presentó a la carrera ya que la Constitución panameña no permite la reelección inmediata.

“Se siente, se siente, Cortizo presidente”, gritaba una multitud entusiasta cuando el aspirante opositor acudió a votar en la capital. También coreaban “Nito, Nito”, por su apodo.

“Es un día muy importante para la democracia y el país, me siento optimista”, dijo Cortizo antes de votar.

También Roux habló con los periodistas antes de emitir su voto. “Estoy aquí hoy encomendándome a Dios y pidiéndole al pueblo panameño que salga a votar a conciencia, que escojan al candidato que ellos determinen que tiene la capacidad, la voluntad y el carácter para echar este país adelante”.

En un sondeo del instituto español GAD3, publicado el jueves por el diario La Prensa, Cortizo ostenta la mayor intención de voto (36,1%), seguido de Roux (26,2%) y Lombana (19,6%). La encuesta, con un margen de error de 2,9%, da cuenta de 10,6% de indecisos.

“Las candidaturas independientes han tenido auge por el hastío ciudadano que hay con respecto a los resultados que ha traído para el país la política partidista, la gente está hastiada de la corrupción”, dijo a periodistas el independiente Lombana tras votar en la capital.

“Hay un segmento importante de la población que no está vinculada con partidos políticos ni es leal a ninguna opción partidaria, este segmento volátil puede volcarse hacia una u otra opción y alterar el final”, señaló Enoch Adames, excoordinador académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

El voto protesta

Cortizo, ganadero y empresario de 66 años, fue ministro del expresidente Martín Torrijos (2004-2009), pero dimitió por controversias con el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Estados Unidos.

Roux, de 54 años, es apoyado por el apresado expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), de quien fue canciller y ministro del Canal.

Por otro lado, Lombana, abogado y periodista de 45 años, ha subido como la espuma en los últimos meses con su furibundo discurso contra la corrupción y los partidos tradicionales.

Precisamente mientras crece el hastío ciudadano por escándalos en la Asamblea Nacional, que implican a diputados de todos los partidos, y por la falta de resultados judiciales en los llamados “Papeles de Panamá“, los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y otros casos de corrupción local.

“Puede ocurrir de todo (…) hay un voto de protesta que es real y es contra los partidos, más allá del gobierno de Varela, que está desgastado”, indicó a la AFP el director de los servicios informativos de Radio Panamá, Edwin Cabrera.

“La sorpresa la pueden dar dos grupos de ciudadanos, los indecisos y la juventud, una juventud militante y activista que ha logrado captar Lombana, indiscutiblemente”, añadió.

Sin embargo, la vicepresidenta del centro de iniciativas democráticas (CIDEM), Claire Nevache, cree que la clave estará en “la estructura partidista” para llevar a los electores a votar, en un país donde el PRD de Cortizo tiene más de medio millón de afiliados por 350.000 del partido de Roux, Cambio Democrático.

Propuestas similares

La campaña se caracterizó por la ausencia de un debate entre partidos, la mayoría muy parecidos ideológicamente, y el perfil de los candidatos no ha ayudado a calentar el ambiente.

Sea quien sea el futuro presidente nada indica que Panamá, con un Canal por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial, vaya a realizar cambios en su sistema político o económico.

Tampoco en su relación con Estados Unidos, su principal socio comercial y aliado, pese al acercamiento del país centroamericano con China.

“Las elecciones panameñas no se caracterizan por competitividad electoral en términos de diferencia ideológica o programática”, afirmó Adames.

“Si uno se pone a mirar las propuestas de las candidaturas independientes, son bastante cercanas a las propuestas de los partidos políticos”, indicó Nevache.

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© Agence France-Presse

José Luis Chea Urruela fue proclamado como candidato presidencial del Partido Productividad y Trabajo, competirá en las elecciones junto a Mario Guillermo González. Esta será la segunda vez que Chea Urruela buscará ser presidente de Guatemala. En 1995 se postuló con el extinto partido Unión Democrática.

Además es el segundo ministro del gabinete de Jimmy Morales que renunció para postularse a un cargo de elección popular. Chea fungió como Ministro de Cultura y Deportes.

El primer ministro de la administración de FCN Nación en ser proclamado fue Julio Hector Estrada, que participará por la primera magistratura del país por el Partido CREO.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó su respaldo al líder opositor Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela este martes.

Trump realizó estas declaraciones durante el que se considera su discurso político más importante del año, el Estado de la Unión.

Se trata de la segunda vez que el mandatario ofreció este tipo de discurso y lo hizo en un momento de especial tensión tanto en el plano nacional como internacional.

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En Estados Unidos, Trump habló ante un Congreso dividido y en medio de las difíciles negociaciones con los demócratas para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos y evitar así un nuevo cierre del gobierno.

El discurso de Trump también se produce en medio de la crisis de Venezuela, en la que Washington se ha implicado de lleno.

“Brutalidad”

En su discurso, Trump condenó “la brutalidad del régimen de Maduro” y elevó la tensión con ese país.

“Sus políticas socialistas hicieron que el país pasara de ser el más rico de Sudamérica a un Estado de pobreza extrema y desolación”.

Washington fue el primer país en reconocer a Guaidó como presidente “encargado” de Venezuela después de que éste se autoproclamara como tal el pasado 23 de enero, ante una multitud de personas en Caracas.

Desde entonces, la Casa Blanca ha aumentado la presión para acabar con el gobierno de Maduro e insta a otros países a sumarse a esos esfuerzos.

“Estancamiento político”

Tras dos años de creciente crispación partidaria en Estados Unidos, Trump abogó por un mensaje de unidad, en línea con los discursos que hizo anteriormente en esta cámara.

“En el comienzo de un nuevo Congreso, me presento aquí preparado para trabajar con ustedes para conseguir avances históricos para todos los estadounidenses”, destacó al comenzar su alocución.

“La agenda que presento esta tarde no es una agenda republicana o demócrata. Es la agenda de los estadounidenses”, manifestó el presidente.

Trump consideró que políticos de todos los ámbitos comparten los mismos intereses.

“Defender los empleos estadounidenses, el comercio justo (…) crear un sistema de inmigración que sea seguro, justo y moderno, y perseguir una política exterior que ponga los intereses de los estadounidenses primero”, enumeró.

“Juntos, podemos romper décadas de estancamiento político”, instó el mandatario durante su intervención, en la que además destacó los logros económicos de su gobierno.

La falta de acuerdo entre demócratas y republicanos llevó al cierre parcial del gobierno más largo de la historia del país a principios de este año, algo que podría repetirse si no se llega a un pacto pronto.

La disputa se centra en una de las propuestas que marcó la campaña presidencial de Trump: el presidente pide US$5.700 millones de financiación para construir un muro en la frontera sur con México, pero los demócratas se niegan de plano.

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Pese a su mensaje de unidad, Trump también criticó “las ridículas investigaciones partidistas”, en aparente alusión a la supuesta colusión entre su campaña y Rusia en la carrera presidencial de 2016 que le llevó al poder.

El Congreso recibió sus palabras entre el rechazo esperado de los demócratas y los múltiples aplausos de los republicanos, aunque también hubo espacio para algunas sorpresas.

Legisladoras de ambos bandos se pusieron en pie cuando el presidente hizo mención a los avances de la mujer en múltiples sectores del país, en una especie de ovación que sorprendió hasta al presidente.

La situación en Latinoamérica

Además de la situación en Venezuela, el presidente también aludió a la inmigración procedente de otros países latinoamericanos y de México para pedir apoyo para su muro.

“Mientras hablamos, grandes y organizadas caravanas están de camino a Estados Unidos”, destacó Trump.

El presidente fue más allá de sus habituales críticas a estos grupos de personas que se encaminan hacia Estados Unidos a pie y aseguró que en ciudades mexicanas están trasladándoles en “camiones y autobuses” hacia puntos de EE.UU. que tienen “poca protección fronteriza”.

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En el último año, diversas caravanas llegaron a la frontera sur de Estados Unidos, integradas en su mayoría por personas procedentes de países centroamericanos que aseguran huir de la violencia y la pobreza.

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• Reveló lugar y fecha de la próxima cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-Un: 27 y 28 de febrero en Vietnam
• Pidió al Congreso prohibir el aborto en avanzado estado de gestación “de niños que pueden sentir dolor en el vientre de la madre”
• Anunció legislación para el pago de licencia de maternidad, algo que no existe en Estados Unidos
• Concretó el número de tropas que reforzarán la seguridad en la frontera sur con México: 3.750

“Los inmigrantes legales enriquecen nuestro país y refuerzan a nuestra sociedad de maneras incontables. Quiero que la gente venga a nuestro país, pero tienen que hacerlo de forma legal”, manifestó Trump.

El presidente recordó que enviará 3.750 tropas a la frontera sur para “preparase para esa tremenda invasión”.

Trump volvió a describir la situación en la frontera sur como de crisis e insistió: “Los muros funcionan y salvan vidas”.

“Si no hubiera sido elegido, estaríamos en una gran guerra con Corea del Norte”

El mandatario estadounidense también se refirió a China, Rusia y Corea del Norte.

Sobre Pekín, insistió en la necesidad de conseguir un acuerdo comercial justopara los estadounidenses y culpó de la “injusta” situación comercial a los anteriores gobiernos estadounidenses.

“No culpo a China de aprovecharse de nosotros: culpo a nuestros líderes y representantes por permitir que pasara”.

“Tengo mucho respeto por el presidente Xi (Jinping), y estamos trabajando en nuevo acuerdo comercial con China”, destacó.

Trump también consideró que sin su acción, la relación con Corea del Norte hubiera sido hoy muy diferente.

“Si yo no hubiera sido elegido, estaríamos en una gran guerra con Corea del Norte”, manifestó, tras hacer alusión al cese de pruebas balísticas de Pyongyang pero sin referirse al estado de las negociaciones para conseguir una península coreana libre de armas nucleares.

El presidente reveló que celebrará la fecha del nuevo y segundo encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un: el próximo 27 y 28 de febrero en Vietnam.

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Con Rusia, el discurso de Trump fue más crítico.

El líder estadounidense aseguró que Moscú había incumplido el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés), un acuerdo clave sobre misiles nucleares que se remonta a la Guerra Fría.

“Eso es por lo que anuncié que Estados Unidos se retira oficialmente del tratado“, argumentó Trump.

El presidente también dejó clara su visión para Oriente Medio, tras anunciar el pasado mes de diciembre de retirar sus tropas terrestres de Siria.

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“Ha llegado la hora de al menos intentar la paz”, manifestó.

“Las grandes naciones no luchan guerras interminables”.

Niños de 5 años hasta adolescentes de 17 podrán elegir al presidente de Guatemala en una votación simbólica que se realizará el mismo día que las Elecciones Generales,  es decir el 16 de junio.

Quienes deseen participa deberán acercarse a establecimientos identificados y empadronarse. Se espera que al menos 500 mil menores de edad se registren. Así lo informaron los niños que fueron juramentados como Magistrados del TSE.

El empadronamiento estará disponible del 1 de mayo al 19 de abril. Desde 1995 cuando se realizaron las primeras elecciones infantiles han participado al menos 1.2 millones de niños. Para esta elección esperan que 300 mil emitan el voto.

Las Elecciones infantiles forman parte de una fundación que se encarga de realizar campañas cívicas con menores de edad para instruirles la importancia del voto y tiene el aval del Tribunal Supremo Electoral.