Un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos (Usac) dieron este domingo una conferencia de prensa en la que pidieron la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el actual rector, Walter Mazariegos.

Frente a la casa de estudios, los universitarios instaron al sector privado a pronunciarse sobre la exigencia de la renuncia de Porras y Curruchiche “en coherencia con el sentir popular”.

Con comunicado en mano, señalaron también que el ascenso de Blanca Alfaro a la presidencia del Tribunal Supremo Electoral es el inicio de una nueva fase de ataques al actual proceso de elecciones.

Respecto de la dirección de la Usac por parte de Mazariegos, los universitarios calificaron su gestión de “nefasta y usurpativa”.

Recordaron que la universidad ha estado cerrada en los últimos días, lo que ha afectado directamente a la población estudiantil.

El grupo de universitarios también advirtió de que en los próximos días tomarán acciones en conjunto con las autoridades ancestrales para que sus demandas sean escuchadas.

“Anunciamos nuevas acciones en la ciudad capital para los próximos días, mismas que se harán en concordancia con los pueblos originarios, para lo cual llamamos a estar atentos y acuerparlas”, expresa el comunicado que dieron a conocer a los medios.

Los estudiantes no brindaron más detalles del tipo de medidas que estarían implementando la próxima semana.

El 14 de mayo de 2022, Mazariegos fue elegido rector a puerta cerrada, con denuncias de fraude y con un solo candidato: él.

Desde entonces ha habido una serie de protestas por parte de docentes, decanos y estudiantes, y varios edificios universitarios han sido tomados como medida de protesta.

Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán informaron este viernes 20 de octubre que cambiarán de estrategia para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, lo que implica que algunos bloqueos sean levantados; sin embargo, no aclararon cuáles y a partir de cuándo.

Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones, dijo que la medida no es total y que se declaran en asamblea permanente en los pueblos para analizar las nuevas acciones a tomar.

Detalló que “las manifestaciones pacíficas” continúan, así como el plantón frente a la sede central del Ministerio Público en el barrio Gerona, zona 1 de la capital.

“Circular información que a nivel de los 48 Cantones se han suspendido los bloqueos, que nosotros miramos como puntos de manifestación, si bien es cierto no es que sea totalmente, estos parcial, es para una reorganización porque creemos necesario para que también otros sectores vean la buena voluntad de los pueblos indígenas ancestrales”, agregó Pacheco.

“La resistencia va a seguir solo que con otras estrategias. En su momento ustedes se darán cuenta de cuál va a ser la metodología, porque todavía no nos ha informado”, dijo Pacheco.

Los líderes dijeron que habían convocado a conferencia “por los rumores que había” de que se estaban levantando las protestas. 

Agregaron que otros pueblos se les unirán en las manifestaciones, principalmente en la capital, por lo que era necesaria la reorganización. 

“La resistencia va a seguir, solo que con otras estrategias, en donde creemos e invitamos a aquella población que en un momento han dicho que ‘los bloqueos son lo que no me deja apoyarlos’, pues los invitamos a que ahora se unan con nosotros”, agregó Pacheco.

“Lo que sí les pedimos es que las manifestaciones sean pacíficas y públicas y que respeten todos los derechos porque nosotros no queremos crear una inestabilidad social”, añadió el líder indígena.

Respecto a los lugares donde se habilitará el paso, Pacheco enfatizó que “va a ser en algunos puntos que se va a suspender la concentración, pero en su momento los daremos a conocer, porque las bases no nos han indicado”.

Contra la confrontación

Aseguró que el movimiento no se debilitó y que “la resistencia continúa y lo que estamos evitando es que en algún momento se caiga en confrontación como malintencionadamente están buscando.

Sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad respecto del plantón frente al edificio de Gerona, Pacheco dijo que se acató la orden y se liberaron los accesos del edificio. “Nosotros con esto demostramos la buena voluntad de los pueblos indígenas en llevar esta manifestación pacífica como se ha venido haciendo”, expresó.

Las manifestaciones y bloqueos dieron inicio el 2 de octubre, cuando grupos de guatemaltecos se lanzaron a las calles en rechazo a las acciones del Ministerio Público dirigidas a investigar a Movimiento Semilla, agrupación que le dio la victoria a Bernardo Arévalo para la presidencia.

Los manifestantes exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche; la fiscal auxiliar de esa unidad, Cinthia Monterroso, y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.

La semana recién pasada se llegó a bloquear más de un centenar de rutas en todo el país, afectando con ello las actividades comerciales en gran parte del territorio nacional.

Por al menos cinco años, estudiantes de la Escuela Oficial Rural Mixta 616 Americana, en la zona 16 de la ciudad de Guatemala, estuvieron recibiendo clases hacinados, más de 80 niños por aula y sin espacio para caminar, esto por la falta de 11 maestros.

En la jornada matutina faltaban seis docentes y cinco en la jornada vespertina, esta problemática volvió a evidenciarse el 22 de febrero recién pasado con en el retorno a clases presenciales 2023.

Según padres de familia, algunos niños incluso se desmayaban por el hacinamiento en las aulas.

Esta difícil situación obligó a que el 3 de marzo recién pasado padres de familia bloquearan el paso de vehículos en  los cuatro carriles del bulevar La Montaña, en la zona 16.

La manifestación duró unas tres horas y fue para exigir maestros y la mejora a las instalaciones, algo que evidenció Noticiero Guatevisión y Prensa Libre.

Luego de la manifestación que evidenció las carencias, llegaron al plantel educativo las autoridades de la Dirección Departamental del Ministerio de Educación que se comprometieron a contratar docentes, quienes el jueves 16 de marzo llegaron a la escuela.  

Padres de familia habían advertido que si su demanda no era cumplida, manifestarían en más puntos este viernes 17 de marzo, sin embargo, el jueves a la 7:00 horas, diez de los 11 maestros que necesitaban llegaron a tomar su lugar, aunque con contrato temporal. También se informó que el docente que falta llegará el lunes 20 de marzo.

Las aulas ahora albergan entre 35 y 40 niños, ya hay pasillos entre los escritorios y el ambiente es más fresco, pues el hacinamiento ya no se da, pues todos los salones tienen maestros.

Ahora, los padres de familia buscan la homologación de la escuela para que les signen maestros bajo el renglón 011, es decir con plaza fija para los maestros y así evitar tener que gestionarlos todos los años.

En el tema de infraestructura aún hay retos, ya que la fosa séptica, cocina y paredes necesitan remozamientos; además, faltan escritorios para el área de preprimaria, así como pizarrones, ya que los que tienen están dañados.

Lidia Montealegre, madre de familia, destacó que se presentaron los maestros que faltaban, tal como se pactó con las autoridades de Educación.

Añadió que la jornada vespertina completó los docentes que necesitaba, mientras que en la jornada matutina queda pendiente uno, que iniciará el 20 de marzo.

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“Siento bonito ver a mi hijo contento”, destacó Montealegre al referirse a la llegada de maestros.

Agregó que ahora no hay hacinamiento y los niños pueden caminar libremente para desplazarse en el edificio.

Dijo que las maestras ya tienen “espacio digno para cada uno de los niños”.

Recordó que el aula de quinto primaria tenía 97 niños, pero ahora con las llegada de maestros la situación mejoró.

Un manifestante que se encontraba gravemente herido por la represión policial en las protestas contra la presidenta Dina Boluarte en Ilave, región Puno, en el sur de Perú, falleció este sábado 21 de enero, informó la Defensoría del Pueblo.

“Tenemos una persona fallecida en Ilave por las protestas del viernes. Es un poblador herido que estaba siendo trasladado al hospital de Puno, pero murió”, dijo a la AFP Jacinto Ticona, Defensor del Pueblo de Ilave.

“Invocamos a la policía no haga uso desproporcional de la fuerza”, agregó.

La represión policial contra las protestas del viernes en Ilave, desató la cólera de la población que incendió la comisaría al amanecer de sábado sábado, según imágenes de televisión.

Los enfrentamientos entre pobladores aymaras y fuerzas de seguridad en esa ciudad dejaron además 10 heridos, según fuentes hospitalarias.

Imágenes viralizadas en las redes sociales muestran a policías que disparan al cuerpo de manifestantes en la plaza principal de Ilave, una pequeña ciudad a 3 mil 800 ms de altitud cercana al lago Titicaca en la frontera con Bolivia.

Otra comisaría en Puno, en el distrito de Zepita, había sido también quemada el viernes, sin causar víctimas.

Las protestas en Perú pidiendo la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso se han cobrado 46 vidas -45 civiles y un policía- desde el 7 de diciembre, tras la destitución y detención del presidente de izquierda y de origen indígena Pedro Castillo, acusado de haber intentado un golpe de Estado al querer disolver el Congreso -controlado por la derecha- que estaba a punto de sacarlo del poder por presunta corrupción.

El gobierno peruano amplió el domingo el estado de emergencia por 30 días en Lima, Cusco, Callao y Puno para frenar las protestas, habilitando a los militares a intervenir junto a la policía para resguardar el orden público.

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El jueves las regiones Amazonas y La Libertad, ambas en el norte, y Tacna, esta última en la frontera con Chile, fueron incluidas en el estado de emergencia. Con ello casi un tercio del país, que tiene 25 regiones, está afectado por ese régimen hasta mediados de febrero.

La crisis también refleja la inmensa brecha social que existe entre la capital y las provincias pobres que respaldan a Castillo, de origen indígena, y que veían en su elección una forma de revancha contra el desprecio de Lima.

#AHORA | Vándalos queman la comisaría del distrito de Zepita, Provincia de Chucuito, Región Puno. pic.twitter.com/NAOaKbJgpK

— Jeremy Falcón Flores (@jeremyfalconf) January 20, 2023

La Cancillería de Guatemala informó este miércoles que se encuentra atendiendo a 16 turistas connacionales que quedaron varados en el sureste de Perú ante el estado de emergencia decretado por las manifestaciones violentas en el país suramericano.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), son 16 turistas guatemaltecos que quedaron varados en Cusco, ante el cierre del aeropuerto Inca Manco Cápac.

La Cancillería precisó que se encuentran coordinando sistemas de ayuda para atender a los guatemaltecos que se encuentran sin poder movilizarse.

Además, la embajada de Guatemala en Perú se ha comunicado con los 324 guatemaltecos que son residentes en la nación suramericana para constatar su situación, confirmó la misma fuente.

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La crisis, desatada por el autogolpe del expresidente Pedro Castillo, desencadenó una serie de manifestaciones violentas en todo el país que ha dejado ocho fallecidos y 200 heridos en siete días, de acuerdo con datos de la Policía Nacional de Perú.

Ante esta situación, la cancillería aseguró a EFE que aún no se ha analizado si el embajador Carlos Escobedo y su equipo podrían volver a Guatemala a causa de la inestabilidad del país suramericano.

Guatemalteco en Perú relata su experiencia

El guatemalteco Darío Lucas, quien vacacionaba junto a su pareja en Cusco, Perú, es uno de los connacionales que se vio afectado por las manifestaciones y cierres de carreteras y aeropuertos.

Lo que más escasea son los alimentos y salir a la calle a buscarlos representa un gran riesgo. Así lo describió el guatemalteco en entrevista con Prensa Libre y Guatevisión.

Lucas se encontraba a punto de abordar su vuelo para regresar a territorio guatemaltecos, cuando justo aumentó la tensión y un grupo decidió entrar por la fuerza al aeropuerto Inca Manco Cápac.

Más de 200 personas entre extranjeros y locales se quedaron varados en la terminal aérea y perdieron sus vuelos.

Por lo tanto, ahora Lucas y otros turistas, se encuentran refugiados en un hotel en medio del estallido social en el país suramericano.

Lucas confirmó que ya logró establecer contacto con la Embajada de Guatemala en Perú debido a que quedaron atrapados debido a las protestas que sacuden al país.

Aquí la entrevista y los videos: “Tememos por nuestra seguridad”: guatemalteco se enfrenta a la tensión en Perú al quedar varado por las múltiples protestas

Las revueltas en Perú suman ocho muertos y 200 heridos en una semana.

Lo que más escasea son los alimentos y salir a la calle a buscarlos representa un gran riesgo. Así describe el guatemalteco Darío Lucas el panorama que enfrenta al estar en Perú, donde quedó atrapado debido a las protestas que sacuden al país y en el que recién se declaró estado de emergencia.

Las manifestaciones se tornaron violentas y escalaron a hechos vandálicos. Se han tomado las carreteras y los caminos con barricadas armadas con piedras y llantas incendiadas.

Aunque hay contingentes de policías desplegados en Cusco, una de las regiones de mayor agitación, donde precisamente Lucas y su pareja se encontraban cuando inició la revuelta, estos “no se dan a basto”, explicó en una entrevista telefónica a Prensa Libre y Guatevisión.

“No sabemos cuándo vamos a poder salir de aquí”, indicó ante la angustia de lo que parece ser una batalla campal en las calles cercanas al hotel en donde se encuentran refugiados junto a otros turistas extranjeros provenientes de Colombia, El Salvador, Belice y los Estados Unidos.

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No logran salir de Perú

“Nosotros vinimos a Lima e hicimos varios recorridos turísticos y nuestra última parada fue en Cusco. Cuando salimos de Lima ya habían iniciado las protestas, pero todo parecía relativamente tranquilo”, dijo Lucas.

Sin embargo, a partir del lunes 12 de diciembre por la noche las manifestaciones se tornaron “bastante violentas”.  “Querían tomar el aeropuerto lanzando piedras y tratando de destruir las puertas de ingreso”, recordó.

En ese momento, unas 200 personas que esperaban en el aeropuerto quedaron retenidas, pero ante la cancelación de vuelos y los cierres de las terminales aéreas, se vieron obligados a salir y buscar un sitio para instalarse, pese al riesgo.

Violencia en manifestaciones

Aunque el frío en Cusco es persistente, con temperaturas entre los 8 y 9 grados, las protestas han continuado, según Lucas.

“Estamos como a diez cuadras del Centro Histórico -de Cusco- y se escuchan las manifestaciones que ayer (martes 13 de diciembre) empeoraron porque ahora las calles están bloqueadas y hay vidrios de botellas quebradas esparcidos para pinchar los neumáticos”.

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Conseguir con qué alimentarse es el principal desafío, pues según Lucas, el hotel ya no puede cubrir esa necesidad. La última vez que intentaron salir encontraron un negocio abierto y les vendieron una pizza, pero de momento a otro la protesta se reactivó, cerraron el lugar y tuvieron que marcharse.

“Hay policía en muchas partes, pero es evidente que no se dan a basto. Sí tememos por nuestra seguridad y es por eso que decidimos no salir y si lo hemos hecho es por cuestiones muy necesarias como buscar comida”, relató.

Guatemaltecos varados

Hasta ahora se conoce que hay 16 turistas guatemaltecos varados en Cusco, confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores este 14 de diciembre, que precisó además que debido al cierre de los aeropuertos el grupo no ha conseguido salir de Perú y retornar al país.

La Embajada de Guatemala contactó a los 324 connacionales registrados como residentes en el país suramericano y se determinó que “hasta ahora, todos se encuentran bien”.

Aunque perdieron su vuelo de regreso, Lucas ya está en contacto con la Embajada de Guatemala en Perú. La entidad diplomática les requirió sus pasaportes y boletos para evaluar de qué manera los pueden apoyar por la emergencia.

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En tanto, según el guatemalteco en las calles sigue el conflicto y la inestabilidad. Una noche antes, describió que los inconformes intentaron sabotear las antenas de comunicación de televisión y de radio.

“Es notorio que hay una manifestación pacífica y que existen otros grupos que están delinquiendo que además atentan contra lugareños y extranjeros”, describió. “No hay fecha de apertura del aeropuerto en Cusco y, según los lugareños, estas manifestaciones apenas inician”, añadió.

Qué ocurre en Perú

Las manifestaciones y algunas protestas violentas han dejado hasta este miércoles al menos siete muertos y 200 heridos.

Para entender el origen del estallido social, hay que comenzar recordando que el Congreso peruano destituyó la semana pasada al expresidente Pedro Castillo por querer disolver el Parlamento e instaurar un gobierno de excepción.

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Tras el autogolpe fallido, se designó a Dina Boluarte como presidenta de la nación, pero lejos de calmar los ánimos surgió una nueva ola de reclamos.

Las protestas continúan en Lima, la capital de Perú, pero también también se hallan agitadas al sur, donde está la turística Cusco, Arequipa, Puno, y Apurímac, cuna de Boluarte.

La figura de Castillo es trascendental ya que posterior a su destitución y detención el miércoles pasado, ahora los peruanos exigen su liberación.

Debido a los enfrentamientos, cierre de aeropuertos y bloqueos de las principales vías de acceso, el gobierno de Boluarte declaró este miércoles el estado de emergencia nacional en Perú y propuso adelantar las elecciones a 2023.

“Legalmente los tiempos calzarían para abril del 2024, sin embargo haciendo reajustes ayer, conversando, estos se pueden adelantar a diciembre del 2023”, dijo el miércoles Boluarte a la prensa.

El Congreso se reunirá en pleno este jueves para debatir la propuesta de ir a las urnas a fines del año próximo.

Una protesta de comunidades indígenas en Bogotá, Colombia, terminó con una serie de disturbios y enfrentamientos en contra de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD).

Al menos 14 policías resultaron heridos por las confrontaciones, informó el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Las más de 15 comunidades indígenas de Colombia aseguraron a medios locales que las protestas se llevaron a cabo por el incumplimiento del Gobierno a varias promesas que propusieron en mayo de este año.

Dichas promesas incluían el apoyo con proyectos productivos, la participación de las comunidades en la reformulación de las políticas públicas y garantías de acceso a programas de alimentación, salud, transporte y atención infantil.

La policía informó que hasta mediodía las protestas de las comunidades indígenas se llevaban a cabo con normalidad. Sin embargo, algunos manifestantes empezaron a agredir a funcionarios de la alcaldía de Bogotá y a las autoridades.

Varios videos difundidos en las redes sociales muestran enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes policiales. Incluso se ve a un elemento de la policía, quien se encuentra inmóvil en el suelo y recibe golpes con palos y objetos largos.

Otro metraje muestra cómo un gran número de manifestantes agreden a una policía que se resguardaba en una estación de transporte público.

| URGENTE: Se reportan disturbios en el centro de Bogotá en Colombia. pic.twitter.com/32Q8WQBmwq

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 19, 2022

https://twitter.com/SintesisMexico/status/1582855806201888770

Las autoridades también señalaron que los grupos indígenas empezaron a dañar infraestructuras, ubicadas en el centro de Bogotá.

Ante la situación, elementos de la ESMAD se trasladaron a varias zonas de Colombia y empezaron a confrontarse con los manifestantes.

“Se ve claramente cómo miembros de las comunidades agreden de forma indiscriminada a dos policías de nuestra ciudad. La violencia que vimos hoy fue indiscriminada. Bogotá no tolerará estos hechos. Estamos coordinando con Policía para judicializar a responsables”, indicó Felipe Jiménez Ángel, secretario de Gobierno de Bogotá.

Es inaceptable la violencia en contra de los gestores de la alcaldía.

Desde las 8.30am estabamos en una mesa de diálogo con la comunidad Embera.

Ante los hechos de violencia intervino la fuerza pública. pic.twitter.com/vlivw6txDp

— Felipe Jiménez Ángel (@felipeangell) October 19, 2022

“El Esmad y la Policía intervino dado los flagrantes y evidentes hechos de violencia. En este momento la zona está asegurada, hay capturas y estamos trabajando con Policía para ir tras los responsables de estos lamentables hechos”, señaló Jimenez, horas después de iniciar las confrontaciones.

El Esmad y la policia intervino dado los flagrantes y evidentes hechos de violencia.

En este momento la zona está asegurada, hay capturas y estamos trabajando con Policia para ir tras los responsables de estos lamentables hechos.

— Felipe Jiménez Ángel (@felipeangell) October 19, 2022

Es evidente que hubo instrumentalización de menores de edad en estos hechos de violencia.

Varios miembros de la comunidad Embera agredieron a policias, agredieron gestores, civiles y realizaron actos vandálicos en contra de comercios de la zona pic.twitter.com/bC8FZ0B8BJ

— Felipe Jiménez Ángel (@felipeangell) October 19, 2022

Representantes de los 48 Cantones recibieron este martes 23 de agosto un documento firmado por varios integrantes de la Junta Directiva del Congreso en el que hace constar que engavetan la iniciativa sobre el uso de fuerza en protestas. 

Tras varias horas de espera, y luego de haber rechazado dos borradores previos, finalmente la delegación se retiró del Congreso al recibir y estar de acuerdo con un tercer documento. 

“Esta Junta Directiva (…) atendiendo las prioridades del país, no agendará más la iniciativa 6067, Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, en ninguna propuesta del orden del día que esta Junta Directiva proponga a la instancia de Jefes de Bloque”, consigna el documento.

Los representantes de las comunidades indígenas de Totonicapán exigieron de manera presencial en el Parlamento que la iniciativa de ley 6076 no se concretara.

Dicha iniciativa, denominada Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, pone en riesgo derechos constitucionales, de acuerdo a diversos expertos.

Uno de los representantes de las comunidades indígenas, Geovany Rosales, aseguró ante diversos diputados que la iniciativa de ley “trata de disolver y de atacar a un derecho que tenemos” como lo es manifestarse.

Rosales, presidente de los 48 cantones, junto a otros miembros de la organización, ya habían llegado al Congreso la semana pasada para manifestar su oposición a la posible normativa.

Específicamente, los representantes indígenas se hicieron presentes en el Congreso el 17 de agosto para dialogar con la presidenta del Organismo Legislativo, Shirley Rivera y prometieron volver en la presente semana.

Es por ello que este martes arribaron al Congreso, en el centro de la Ciudad de Guatemala, y expresaron nuevamente su rechazo a la iniciativa de ley.

Según diversas fuentes del Organismo Legislativo, por el momento la iniciativa de ley no se encuentra en la agenda de los próximos días, pero no se descarta que pueda incluirse próximamente mientras no esté archivada.

Lo representantes también exigían un documento en el que se hiciera constar expresamente que la ley será engavetada.

Compromiso

Tras haber recibido el documento, Rosales dijo que se haría público para que lo conocieran todos los guatemaltecos. 

“Esta es la única forma en que lo vamos a hacer valer”, agregó.

“Si todos nos enteramos de lo que hoy está sucediendo en el Congreso de la República, porque la parte final (del documento) es clara (…) es entendido que no la van a promover más y existe un compromiso de los señores que forman parte de la Junta Directiva”, expresó.

La polémica ley

De acuerdo con diputados opositores, la ley confunde en cuanto al uso de la fuerza por parte de diversas entidades de seguridad, como la Policía Nacional Civil y el Ejército, además de la guardia presidencial.

De igual forma, la normativa hace “legítimo” el derecho de defensa de las fuerzas de seguridad durante protestas y manifestaciones, como ha señalado el legislador Bernardo Arévalo, de la agrupación Semilla, nacida de las manifestaciones contra la corrupción en 2015.

A la polémica normativa le falta aún una aprobación final por parte del Congreso, compuesto por 160 legisladores (la gran mayoría perteneciente al oficialismo) para convertirse en ley, siempre y cuando el presidente del país, Alejandro Giammattei, no la vete.

El cansancio de dos intensas y duras semanas de protestas se vislumbra en sus rostros, pero el ánimo de los miles de indígenas que se declaran “en pie de lucha” contra el Gobierno de Ecuador sigue este domingo más que firme, enardecido por las muertes de manifestantes registradas en los últimos días.

Desde prácticamente todos los rincones del país llegaron a Quito hace una semana para hacerse sentir con más fuerza en la capital, que les recibió con gases lacrimógenos, los mismos que han respirado casi a diario en largas y tensas jornadas de pulso con las fuerzas de seguridad y de escaso e incómodo descanso.

“De aquí no nos vamos a ir sin respuesta”, afirma a Efe muy contundente la vicepresidenta de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), Nayra Chalán, una de las portavoces del movimiento indígena que lidera estas protestas por la carestía de la vida.

La consigna entre los dirigentes indígenas es clara: no flaquear hasta ver cumplidos los diez puntos de su pliego de demandas, que van desde medidas para aliviar las economías de los hogares más humildes a otras que chocan directamente con la política emprendida por el Gobierno del conservador presidente Guillermo Lasso.

Así, exigen que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que se condonen deudas a familias campesinas y que se respeten los derechos indígenas, pero también que no se privaticen empresas estatales y que no se incremente la actividad minera y petrolera.

“Hemos visto asfixiadas nuestras economías”, señala Chalán al enarbolar la bandera de aquellas poblaciones que más acusan la desigualdad de una economía que aún no se termina de recuperar la crisis de la pandemia de la covid-19 y que se ha visto golpeada, como el resto del mundo, por la guerra de Rusia en Ucrania.

“Exigimos justicia social. Los diez puntos son equilibrar mínimamente la balanza tan desigual que vivimos en el país”, agrega la vicepresidenta de Ecuarunari antes de dar un discurso en la estatal Universidad Central del Ecuador.

“AQUÍ ESTÁN LOS VAGOS QUE DICE LA DERECHA”

Este campus universitario se ha vuelto en el improvisado centro de acogida de los miles de indígenas llegados a Quito en estos días, y en su Plaza Indoamérica se vive un ambiente festivo con bailes y música tradicional en el que se encuentran prácticamente delegaciones de todos los pueblos y nacionalidades originarias del país.

Allí están los campesinos andinos y, bien formados, como si de una guardia pretoriana se tratase, también los indígenas amazónicos lanza en mano y con un rudimentario escudo de latón que en estos días han utilizado para protegerse de los agentes antidisturbios.

“Estos son los vagos que dice la derecha ecuatoriana. Aquí están los vagos. Si nosotros no producimos en el campo, ustedes no comen. Si nosotros no trabajamos, ustedes no van a comer los billetes que tienen amontonados en los bancos”, dice Chalán.

Como parte de esa multitud está Yaku Pacto, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador (FEUE), que le recuerda a Lasso la promesa que hizo en campaña electoral de permitir el ingreso libre a las universidades.

“Muchos de los hermanos han migrado a otros países y han muerto en las fronteras internacionales porque no tuvieron el cupo para estudiar”, lamenta Pacto, estudiante de la Universidad Técnica de Cotopaxi, que viene “de los altos páramos del cantón (municipio) Alausí”.

“NO SOMOS TERRORISTAS NI CORREÍSTAS”

En el ambiente hay un sentimiento generalizado de “indignación”, en particular con el presidente Lasso, al punto de que algunos demandan su destitución en la Asamblea Nacional (Parlamento) por considerarlo el principal responsable de las muertes de manifestantes ocurridas en las protestas.

También le reprochan que desde el Gobierno se les ponga la etiqueta de violentos, pese a que ha habido episodios aislados de gran violencia como el incendio y la quema de un cuartel policial en la ciudad de Puyo, en cuyos patios quedaron incinerados 18 vehículos, y el ataque a un convoy militar cerca de Quito, que dejó 17 militares heridos.

“Nos están discriminando. Nos dicen que somos terroristas, que somos correístas… nosotros somos indígenas de corazón y luchamos por nuestros derechos”, alega a Efe el joven Marcio Marcatoma, que llegó a Quito seis días atrás desde el cantón de Guamote, en la provincia de Chimborazo.

Su intención es permanecer expectante hasta ver satisfechas las demandas del movimiento indígena, en un conflicto que podría encauzarse por la vía del diálogo después de que el sábado hubiese una primera toma de contacto entre Gobierno e indígenas y el presidente derogase el estado de excepción decretado por las protestas en seis de las veinticuatro provincias del país.

El martes 25 de enero se registró un enfrentamiento entre la Policía Nacional Civil (PNC) y manifestantes en Suchitepéquez, donde transportistas bloquearon la ruta en rechazo al pago de un seguro.

Los incidentes fueron en el cruce conocido como El Aguacatal, donde de acuerdo con videos en redes sociales, los descontentos volcaron y dañaron autopatrullas de la PNC.

Estos enfrentamientos entre transportistas y autoridades dejaron agentes heridos, personas capturadas y agentes de policía secuestrados, así como a un comisario.

Supuestos vecinos de la costa de Sololá bajaron a Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, y secuestraron primero a la agente de la PNC.

Mientras se desarrollaba el diálogo para la liberación, el grupo de pobladores retuvo a un comisario y a otro agente.

Luis Recinos, Comunicación Social de la PNC, informó que los manifestantes que tenían retenidos a los uniformados, solicitaban que se les entregara a las personas que las autoridades habían capturado preventivamente a cambio de liberar al comisario y a los dos agentes.

“Entonces se vio en la necesidad de hacer el canje, ya que eran las exigencias que tenían los manifestantes”, manifestó.

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En la noche del martes se logró la liberación de los agentes retenidos y luego fueron evaluados en el IGSS de Mazatenango.

El comisario Franco Suchité fue llevado a la Subestación de Santo Tomás La Unión donde fue liberado a las 20 horas.

Mientras que los agentes Ana Paola Argueta Pastor y Edwin Roberto Robles Mejía fueron liberados a las 21.15 en la aldea Guineales, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.

El Ministerio Público informó que trabaja en la identificación de las personas que participaron en el secuestro de los agentes y buscan individualizar a los implicados.

Abogado explica situación

Prensa Libre y Guatevisión consultaron al abogado Deyvin Carrillo, quien explicó la parte legal respecto del caso de los agente de la PNC que fueron retenidos contra su voluntad en Suchitepéquez.

Añadió que los manifestantes tomaron la acción de retener a algunos agentes a efecto de poder exigir que se les cumplan sus exigencias.

Indicó que de inicio se pudiera decir que esta acción o esa conducta por parte del grupo de personas, puede tipificarse en un delito de una detención ilegal.

Explicó que la detención ilegal es cuando a una persona se le retiene y se le restringe su libertad sin ningún motivo. Dijo que en este caso de los uniformados, en primera instancia pudiera considerarse una detención ilegal; sin embargo, de las investigaciones que haga el MP se podrá ir determinado los medios de convicción para presentarle a un juez.

Resaltó que al existir una exigencia o un canje a cambio de entregar a los agentes, sí pudiese en algún momento encuadrarse en un delito como lo es el secuestro.

Añadió que la investigación del MP debe recabar la información que sea necesaria para luego deducir responsabilidad penal, es decir, el inicio de un proceso penal.

Penas por delitos

Dijo que el delito de detención ilegal contempla una pena de uno a tres años conmutables, pero la pena se vuelve agravante y se le agrega una tercera parte cuando el delito es cometido por más de dos personas, con amenaza y violencia en contra de funcionarios.

Agregó que si lo anterior en algún momento encuadra en el delito de secuestro, la pena es mayor con pena máxima de 50 años.

Indicó que en este caso en Suchitepéquez se exigió algo a cambio de la libertad de los agentes, se exige un canje, para resolver alguna petición de las personas.

Carrillo explicó que el cuerpo legal de la PNC tenía que haber interpuesto una exhibición personal para que un juez llegara  a donde estaban las personas retenidas y luego de verificar la retira del lugar la libera inmediatamente.

La agente Paola Argueta, de la Subestación de @PNCdeGuatemala de #SantoTomásLaUnión está retenida por vecinos de la bocacosta de Sololá.@RBCNoticiasGT@AntonioIxcot_PL @prensa_libre

Cortesía pic.twitter.com/qxYaJDEWUe

— Marvin Túnchez (@MTunchez_19) January 26, 2022