“Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”, dijo Duque.

La propuesta de reforma había desatado fuertes protestas en Colombia, que habían dejado al menos seis muertos hasta este domingo. Aunque la fiscalía dijo que estaba investigando 10 muertes en los últimos días en Cali para determinar si estaban relacionadas con las manifestaciones.

“La reforma no es un capricho. Es una necesidad. Retirarla o no no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales”, añadió.

“La reforma no es un capricho. Es una necesidad. Retirarla o no no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales”, añadió.

La propuesta de reforma incluía un aumento de los impuestos sobre la renta y productos básicos. Las protestas contra la misma, hasta este domingo, habían dejado al menos seis muertos y cientos de heridos. Aunque algunas organizaciones sociales reportan más fallecidos.

El gobierno colombiano defendía la necesidad de la reforma tributaria a causa del enorme gasto que ha debido afrontar el país para sostener los programas sociales que se introdujeron durante la pandemia de covid-19.

La noche del viernes Duque había anunciado que la reforma ya no incluirá el impuesto a las ventas de alimentos o servicios públicos ni una expansión del impuesto sobre la renta. Pero las protestas contra el proyecto continuaron.

¿En qué consistía la reforma?

El proyecto tenía como objetivos principales ampliar la base de recaudación tributaria, evitar que la deuda colombiana genere la pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo internacionales, institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental.

La reforma fiscal originalmente buscaba recaudar 23,4 billones de pesos (USD$6.294 millones), equivalente a un 2% del PIB.

Uno de los puntos más polémicos era la idea de cobrar impuesto a la renta a personas que ganen un sueldo mensual de más de US$663, en un país donde el salario mínimo es de US$234.

La ley proponía, además, imponer el cobro del Impuesto del Valor Agregado (IVA), que en Colombia llega a un 19%, a productos de consumo básico como los servicios públicos (agua, luz y gas), servicios funerarios, objetos electrónicos como computadores, y otros servicios hasta ahora exentos.

Para los críticos del proyecto, la respuesta al incremento de los gastos no debía buscarse con más impuestos sobre la clase media colombiana.

Este viernes, Duque anunció cambios al proyecto original. El mandatario dijo que había instruído al Ministerio de Hacienda que redacte un nuevo proyecto “en el que no se modifica el IVA en bienes, alimentos, servicios públicos y gasolina” y que “no se amplía la base del Impuesto de Renta”.

El plan también proyectaba un aumento en los impuestos al patrimonio de las personas que más ganan.

Quienes tuvieran un patrimonio superior a los US$1,35 millones debían cumplir con otro impuesto -diferente al que pagan de renta- del 1%, mientras que para quienes tengan un patrimonio de más de US$4 millones la cifra a pagar sería del 2%.

Protestas

Las protestas para exigir que el gobierno retire el proyecto empezaron este miércoles pasado de forma pacífica. Pero luego se registraron ataques contra edificios de gobierno y el sistema de transporte en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

#EnVivo | Declaración del Señor Presidente de la República @IvanDuque https://t.co/bqDZktxQ3e

— Presidencia Colombia (@infopresidencia) May 2, 2021

La fiscalía dijo que estaba investigando 10 muertes en los últimos días en Cali para determinar si estaban relacionadas con las manifestaciones.

En esta ciudad, la tercera más grande del país, se registraron incendios de autobuses y saqueos, así como ataques a bancos, oficinas y locales comerciales.

Como resultado, varios gobiernos locales declararon toques de queda y se desplegó la policía y el Ejército.

El presidente chileno Sebastián Piñera anunció este domingo que enviará al Congreso un proyecto para reformar el criticado sistema privado de pensiones que exigirá de forma gradual un aporte de 4% al empleador, hasta ahora excluido de la fórmula recaudadora.

El derechista cumple así con su promesa de reformar el sistema de pensiones instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y diseñado por su hermano, José Piñera, al que sólo contribuye con un 10% el empleado y que en promedio produce rentas en torno a los 400 dólares mensuales.

Uno de los pilares de la reforma será “aumentar el ahorro previsional de los trabajadores, mediante el aporte adicional y mensual del 4% del sueldo de cada trabajador, que será financiado por los empleadores”, señaló el derechista en cadena nacional.

El aporte “crecerá en forma gradual, de forma de no afectar nuestra capacidad de crear nuevos y buenos empleos, y en régimen va a significar un aumento del 40% en las pensiones de todos los trabajadores”, agregó el magnate.

Piñera dice que hay casi 3 millones de pensionados

Piñera destacó que el país tiene 2,8 millones de pensionados de los cuales 1,5 millones tienen mensualidades tan bajas que necesitan ayuda del Estado -a través de pensiones básicas y aporte solidario- para sobrevivir.

Por tal motivo, se ampliará gradualmente el aporte estatal del 0,8% actual a un 1,12% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que representa un incremento del gasto público cercano a los 1.000 millones de dólares.

“Este fortalecido Pilar Solidario nos permitirá mejorar inmediatamente la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario en un 10%”, con especial énfasis en mejorar las pensiones de las mujeres.

Además, se premiará con aportes estatales a los trabajadores que voluntariamente posterguen su retiro, asegurando que una permanencia adicional de 5 años reditúe en más de 40% el monto de su pensión.

En cuanto a la administración de los fondos, que centra las críticas de la ciudadanía, se permitirá al empleador elegir quien administre el 4% adicional entre “nuevas instituciones”, creadas a partir de la ley, cooperativas de ahorro, seguros de vida o las criticadas AFP (Administración de Fondos de pensiones) que hoy concentran el negocio.

Durante el último año del gobierno Michelle Bachelet (2014-2018) los chilenos se lanzaron a las calles para pedir el fin del sistema de pensiones actual. Al final de su mandato, la socialista mandó al Congreso una reforma que buscaba hacer contribuir con 5% al trabajador.

El nuevo proyecto de pensiones será discutido en un Congreso sin mayoría absoluta.

La diputada Nineth Montenegro informó que se abstendrá de votar por una eventual reforma al artículo 407N del Código Penal. La decisión de la congresista es por un posible conflicto de interés en el tema, ya que ese artículo se refiere al financiamiento electoral ilícito y anónimo, delito por el que Montenegro enfrenta un proceso de antejuicio.

La modificación ya fue aprobada en primera y segunda lectura. Falta el tercer debate y redacción final, pero según como está redactado el artículo podría beneficiar con penas menores a involucrados en casos relacionados al delito de financiamiento electoral.

Diputada Nineth Montenegro dice que ella se abstendrá de votar por reforma al 407N del Código Penal por posible conflicto de interés. pic.twitter.com/rjOsi86tWv

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 11, 2018

En el comunicado, la diputada señala que el artículo 18 inciso b de la Ley de Probidad prohibe a los funcionarios públicos utilizar el poder que le confiere el ejercicio del cargo para tomar, participar o influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros.

Diputada Nineth Montenegro emite comunicado en donde asegura que se abstendrá de votar por reforma al artículo 407N del Código Penal por conflicto de intereses luego de señalamientos en su contra. pic.twitter.com/dC02qOi8jD

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 11, 2018

En junio pasado los diputados conocieron en segunda lectura las reformas al código penal, desde entonces no se ha vuelto incluir en la agenda en el pleno, pero en cualquier momento podría proponerse.

En ese momento señalaron que diputados de FCN Nación y la UNE tienen conflicto de interés en el tema porque los secretarios de esas agrupaciones políticas fueron acusadas de cometer el delito que quieren modificar. Es el caso de Jimmy Morales y Orlando Blanco.

Los jueves los diputados tendrán una sesión extra, se reunirán para modificar nuevamente la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Los Jefes de Bloque fueron informados por la Junta Directiva del dictamen que la Corte de Constitucionalidad emitió y trasladó al Congreso la semana pasada.

Ahora los diputados deberán analizar los cambios y votar por ellos, aunque han surgido varias dudas del procedimiento. Según el análisis de Dirección Legislativa, el dictamen debe regresar a la Comisión de Asuntos Electorales para que elabore un nuevo documento.

Otros congresistas como Nineth Montenegro, cree que se puede avanzar en la aprobación de los artículos que la CC dijo que se podían aprobar sin ninguna modificación.

Transmisión en Vivo: Sesión Jefes de Bloque 26.09.18 https://t.co/PF88Q3b78C

— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) September 26, 2018

Cuándo entraría en vigencia la reforma a la Ley Electoral

Esta modificación es catalogada como la segunda generación de la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pero también hay dudas de cuándo entrarían en vigencia.

La mayoría de congresistas consideran que no daría tiempo para que las modificaciones se apliquen al proceso electoral de 2019, creen que lo más prudente es aprobar un artículo transitorio para que los cambios entren en vigencia para las elecciones de 2023.

Para la sesión plenaria de este martes, los diputados podrían conocer la iniciativa 5300 que se refiere a la reformas a la Ley en Materia de Antejuicio. La propuesta del diputado Fernando Linares Beltranena recibió dictamen favorable en febrero de este año.

Según el orden del día aprobado por los jefes de bloque se conocería la iniciativa en primera lectura, pero será decisión del pleno si se conoce en primer debate o si la aprueban de urgencia nacional.

La iniciativa tiene varios cambios a la ley actual. Uno de estos es el trámite que se sigue cuando se presenta una solicitud de antejuicio. Actualmente un juez al recibir la denuncia se inhibe de conocerla y traslada el expediente al pleno de la Corte Suprema de Justicia, luego si los magistrados consideran que hay elementos suficientes le dan trámite y lo trasladan a los órganos correspondientes.

La propuesta quiere eliminar ese proceso y así permitir que antejuicios en contra del Procurador de los Derechos Humanos, Fiscal del Ministerio Público y Magistrados de la Corte de Constitucionalidad se trasladen de manera directa al Congreso.

Este es el cambio al artículo 16 de la referida ley:

Diputados han criticado a PDH y Magistrados de la CC

El diputado Fernando Linares Beltranena ponente de la iniciativa aseguró que es necesaria su aprobación para que los antejuicios en contra del Procurador de los Derechos Humanos, Fiscal General y Magistrados de la Corte de Constitucionalidad no sean detenidos en la Corte Suprema de Justicia.

“Yo estoy totalmente de acuerdo con que se aplique la Constitución en ese término porque creo que hay muchos indicios tanto de Jordán Rodas como de los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad de que pueden haber cometido algunos hechos ilegales”, dijo el congresista.

El diputado Linares dice que los antejuicios promovidos contra esos funcionarios deben conocerse en el congreso pero que la CSJ no los traslada por lo que propone se modifique la ley en materia de antejuicio. pic.twitter.com/47zB5fqc8E

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) September 3, 2018

Felipe Alejos, otro de los diputados que ha cuestionado el trabajo del PDH y CC, señaló: “Yo creo que ellos han cometido en varios casos prevaricato, no se si ellos van a continuar con esa ruta, yo creo que está bien claro el haber mencionado el artículo 157 que no se deben acatar resoluciones ilegales”.

Mientras diputados de oposición ya se han pronunciado y aseguran que la iniciativa pretende establecer una ruta para destituir al Procurador de los Derechos Humanos y a Magistrados de la Corte de Constitucionalidad para nombrar personas afines.

¿Lo vamos a permitir? pic.twitter.com/I2jf14SuID

— Bancada Digna (@Bancada_Digna) September 3, 2018

Además impugnó cuatro artículos del Reglamento de la Unidad especializada de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión Pública del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para evitar que se limite la pauta.

El sector privado considera que los artículos impugnados son una amenaza a la libertad de empresa, de contratación, de industria y a la seguridad jurídica, que podrían repercutir en el proceso electoral.

El @CACIFnoticias también accionó para que no se limite la pauta en la campaña electoral, según lo establecido en el reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación. https://t.co/qdgVNxAuzI

— Carolina Leverón (@CLeverongt) August 21, 2018

Entre los artículos impugnados están el 220 y 222 de la LEPP, al considerar que viola la libertad de acción al obligar a los medios de comunicación aceptar una “tarifa política” fijada a discreción del Congreso de la República.

Según el sector empresarial “El legislativo facultó al TSE de manera ilegal tener un control e injerencia absoluta en el funcionamiento de las empresas de publicidad y comunicación”.

Dudas sobre campaña anticipada

En el comunicado el CACIF aseguró que el inciso n) del artículo 223 no define claramente los actos constitutivos a campaña anticipada, y criticó que se impongan censuras a encuestas y estudios de opinión durante la campaña política pues atentan con la libre emisión del pensamiento.

Dichas reformas son aparte de la modificaciones que hizo el Congreso de la República en 2016.

Hoy, en el Congreso de la República, el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, Luis Alonzo Pernilla que es diputado de FCN Nación, presentaría el dictamen favorable para la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pero no se llevó a cabo pues no se tenían las firmas necesarias.

La iniciativa de Ley, propuesta por el diputado de Movimiento Reformador Luis Hernández Azmitia, busca reformar el artículo 205 Ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que permitiría a los diputados tránsfugas reelegirse en las próximas elecciones con otro partido político.

Dictamen tiene 3 firmas

El dictamen tiene 3 firmas, la del presidente de la Comisión y la de Víctor Cruz de FCN Nación y Víctor Estrada de Movimiento Reformador.

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala y miembro de la Comisión, dijo que no están de acuerdo con la reforma.

Dijo que esto debilitaría aún más a los partidos políticos y sería un retroceso.

Dijo también que, por ser de rango constitucional, necesitaría 105 votos y tendría que pasar por consulta a la Corte de Constitucionalidad.

Para entregar el dictamen, se necesitan seis firmar que apoyen el cambio.

Diputados quieren volver a ser tránsfugas para poder reelegirse