El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha confirmado la cancelación de once partidos políticos. La medida, sustentada en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), señala que aquellos partidos que no logran alcanzar la cantidad mínima de votos exigida durante las elecciones generales se enfrentan al proceso de cancelación.

Los partidos afectados por esta medida son el Partido de Avanzada Nacional (PAN), Podemos, Partido Republicano, el Frente de Convergencia Nacional (FCN – Nación), Partido Humanista de Guatemala, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), y el partido Unión Republicana.

Asimismo, otros partidos cancelados son el Partido Popular Guatemalteco, el Partido de Integración Nacional (PIN), Mi familia y Poder, los cuales no contaron con el respaldo social a través de las urnas.

Los 11 partidos políticos cancelados no lograron cumplir precisamente con los criterios establecidos en la literal “B” del artículo 93 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La cancelación de estas agrupaciones se deriva de su incapacidad para obtener, al menos, el 5 por ciento de los votos válidos en las elecciones en las cuales participaron o asegurar una diputación en el Congreso de la República.

El Registro de Ciudadanos también dio a conocer que en el caso de Prosperidad Ciudadana (PC), que se someterá a una audiencia por no participar en el proceso electoral. La cancelación de su asamblea nacional, a raíz de una acción de amparo, le impidió presentar candidatos, generando incertidumbre de su presencia política.

El PAN, con una trayectoria desde 1989 fue una organización que destacó por llevar al fallecido Álvaro Arzú a la presidencia, se encontraba entre los partidos que enfrentan una desaparición al no haber presentado candidato presidencial ni ganado al menos una diputación.

Otro caso significativo es el del FCN-Nación, que obtuvo solo el 0.39% de votos en la elección de binomio y no logró asegurar ni una sola curul, lo que llevó a su cancelación.

Bajo los mismos criterios también quedó cancelado el Partido Popular Guatemalteco, con el que Neto Bran consiguió su reelección como alcalde de Mixco.

El Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que inicialmente sorprendió en las elecciones del 2019, se vio sin un respaldo significativo en los comicios del 2023.

A pesar de no contar con un binomio presidencial, el MLP presentó una oferta de diputados que finalmente no logró convencer a los electores, marcando un declive en su influencia política.

La participación del MLP se vio afectada por una resolución del Registro de Ciudadanos, emitida previo a las elecciones, en la que se declaró como “improcedente” la solicitud para inscribir a Thelma Cabrera y Jordán Rodas como candidatos a la presidencia del país.

La decisión se basó, según el Registro en que se constató que Rodas, candidato a vicepresidente del MLP, presentó un finiquito que, tras una verificación, se encontró que contenía “cargos jurídicos” y “denuncias”.

Aunque el MLP intentó llevar a cabo un proceso legal para sostener su participación, finalmente, su binomio no fue inscrito.

A pesar de su intento por impulsar la candidatura de Roberto Arzú, quien finalmente no fue inscrito, y contar con representación actual en el Congreso, Podemos no logró asegurar la colocación de ningún diputado para la próxima legislatura. Como consecuencia de este resultado, el partido también ha sido cancelado.

El Partido Republicano, Partido Humanista de Guatemala, Unión Republicana, Partido de Integración Nacional (PIN) y Mi Familia, tampoco obtuvieron los votos mínimos necesarios y han cesado su existencia política.

En el 2019, tras las votaciones, siete de los 28 partidos registrados desaparecieron por la misma situación. El caso más significativo fue la cancelación del partido político Encuentro por Guatemala, cuya existencia abarcó desde el 2007 hasta el 2020, siendo su principal representante la exdiputada Nineth Montenegro.

Además, otros partidos como Partido Productividad y Trabajo, Fuerza, Convergencia, Unidos y Libre también fueron cancelados.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), coordina este 12 de septiembre allanamientos en la sede del Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (Cope) y el Centro de Elaboración de Padrones, ambos en el Parque de la Industria.

Fuente del TSE confirmaron a Prensa Libre y Guatevisión que gran cantidad de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) han sido destacados al RC y al Parque de la Industria para apoyar a los fiscales de la Feci que son los que dirigen los allanamientos.

Agregaron que por el momento no han sido notificados si los cateos son para secuestro de papelería o equipo o si se trata de ejecutar alguna orden de captura.

En fotografías compartidas, se observa cómo una gran cantidad de policías están en los salonres del Parque de la Industria donde funcionó el Cope y también el Centro de Elaboración de Padrones.

El MP publicó en sus redes sociales que la Feci, en coordinación con la PNC desarrolla diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en las instalaciones del Parque de la Industria donde se encuentra el Cope del TSE.

Señalan que el objetivo del cateo es obtener indicios que fortalezcan la investigación, en seguimiento a una denuncia presentada, pero no aclaran cuál.

El MP también confirmó el cateo en el RC e indicó que solo es para secuestro de información.

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#Allanamientos
La Fiscalía Especial contra la Impunidad en coordinación con la #PNC desarrolla diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias pic.twitter.com/w8kMfUElrF

— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 12, 2023

La orden de cateo

La orden de cateo fue autorizada el pasado 7 de septiembre y tiene como número de referencia el 01079-2023-00231. Ese número es el mismo de la causa que se lleva por el caso Corrupción Semilla.

La orden de allanamiento va dirigida a la Feci y le autoriza hacer el allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias, extracción de información digital y análisis de datos digitales en las bodegas 8 y 9 del Parque de la Industria, ubicado en 8 calle 2-33 zona 9 ciudad de Guatemala, en dónde se encuentra la sede del COPE.

Establece que se deberá indicar a los moradores del inmueble el tipo de diligencia a realizar y que al no dar su anuencia o no encontrarse los mismas, se podrá utilizar la fuerza pública.

La orden de cateo también hace saber que en cuanto al secuestro de información se incluye computadoras portátiles, de escritorio, medios de almacenamiento de información, memorias USB, tabletas o teléfonos que se consideren necesarios para la investigación y también se autoriza la extracción de la información que los mismos contenga.

El documento que autoriza el cateo está firmado por Fredy Orellana, juez Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala.

Este es el mismo juez que ordenó la cancelación de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla.

Qué dice el TSE

Luis Gerardo Ramírez, portavoz del TSE explicó que no tienen conocimiento sobre qué es el allanamiento que están realizando en el Registro de Ciudadanos.

Señaló que desde temprana hora se hizo presente al RC el personal de la Feci del MP.

Aseguró que el TSE está prestando toda la colaboración en la diligencia y confirmó que los fiscales están ubicados específicamente en la oficina del director de RC y lo que lo que les han comentado es que están recopilando información, extrayendo la información relacionada con el trabajo de esa dependencia.

Añadió que la diligencia en la oficina del registrador es a puerta cerrada y que solo pudieron observar el traslado de equipo informático, seguramente para extraer algún tipo de información.

Mencionó que el equipo que ellos embalan posteriormente le resguardan con la etiqueta de evidencia.

La Junta Directiva del Congreso emitió un comunicado respecto de la decisión del pleno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de suspender la resolución del Registro de Ciudadanos que suspendía al partido Movimiento Semilla, caso que envío a Asuntos Jurídicos.

Tras una reunión este domingo, la Junta informó que instruirá a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso para que haga las consultas respectivas al Registro de Ciudadanos respecto del caso.

“Se hace necesario realizar las consultas correspondientes ante el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, órgano que debe resolver sobre los temas relacionados con los partidos políticos en el país”, dice el comunicado.

La Junta agregó que se instruyó también a la Dirección Legislativa que, tras las consultas respectivas, “se restablezca el estado del Bloque Legislativo Movimiento Semilla”, si procede, actualizando también el listado de bloques legislativos y efectuando las notificaciones correspondientes.

El pleno del TSE frenó anoche la suspensión del partido político Movimiento Semilla y emitió una exhortativa a los tres poderes del Estado.

El Registro de Ciudadanos había suspendido temporalmente a la agrupación, tomando como base una resolución judicial, misma que fue impugnada por el partido político del binomio electo —Bernardo Arévalo y Karin Herrera—.

Debido a la decisión del Registro de Ciudadanos, la bancada del Movimiento Semilla fue declarada independiente el 30 de agosto en las vísperas de la discusión del presupuesto 2024 y la integración de la junta directivo de ese año legislativo.

Con la decisión de la Junta Directiva del Congreso, continúa la incertidumbre sobre el restablecimiento como partido del Movimiento Semilla, cuya suspensión fue criticada a escala nacional e internacional en vísperas del comienzo de la transición del poder anunciada para este lunes.

La Junta Directiva del Congreso, respetuosa del Estado Constitucional de Derecho, el principio de legalidad y del debido proceso, informa a la población en general:#IXLegislatura#TransparenciaLegislativa pic.twitter.com/me1PG6XNXs

— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) September 4, 2023

El Movimiento Semilla, a través de su equipo legal, presentó este 29 de agosto un recurso de nuldad en contra de la resolución del Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que ordenó la suspensión provisional de la personalidad jurídica de esa agrupación política.

Andrea Reyes, fiscal y abogada del Partido Semilla comentó que presentaron el recurso de nulidad por varios motivos.

Comentó que como partido revisaron la Ley de Electoral y de Partidos Políticos y se determinaron que no es una causal de suspensión, el motivo que se aduce, que es la resolución del juez Séptimo de Primera Instancia Penal -que ordenó la cancelación de Semilla por un caso de posible afiliación ilegal-.

Otro motivo que encontraron es que la resolución tampoco origina una situación que pueda suspender definitivamente a partido.

El tercer motivo es todavía está vigente el período del proceso electoral y que el RC se encuentra fuera de plazo para poder cancelar el partido.

Dice que en la resolución aducen que el proceso electoral ya terminó y eso no es cierto, pues el decreto de convocatoria a elecciones establece que este termina el 31 de octubre de 2023.

Agregó que con la resolución se saltaron varios procedimientos administrativos que permite la suspensión del partido.

Dijo les dieron la audiencia que tenían que otorgarles como partido para que explicaran la situación que originó la resolución del juez séptimo.

Añadió otro aspecto que motivó el recurso de nulidad fue que la mencionada resolución del juez séptimo todavía no está firme, pues está siendo cuestionada a través de un amparo que se presentó ante la Sala Segunda de la Corte Apelaciones, el cual sigue en trámite.

Juan Gerardo Guerrero, fiscal nacional de Semilla, comentó que el recurso que presentaron es derivado de la decisión que les fue notificada a las 15.16 horas del pasado lunes 28 de agosto, en el que el director del RC, del Tribunal  Supremo Electoral, decidió dejar en suspenso la personalidad jurídica del partido político, basándose en una resolución, que considera ilegal, por parte del juez séptimo.

Comentó uno de los detalles que encontraron, es que el TSE todavía no había resuelto la adjudicación del cargo de la presidencia de la República a Bernardo Arévalo y de la vicepresidencia a  Karin Herrera cuando les notifican de la suspensión provisional, aunque la autoridades electorales aducen que sí.

Puntualizó que el amparo en definitiva, que les otorgó la Corte Suprema de Justicia, garantiza que se respete la personalidad jurídica del partido político hasta que se dé por finalizado el proceso electoral el 31 de octubre de 2023 y también que se garantice la adjudicación de los cargos y el sufragio universal y secreto.

El procedimiento

Según Guerrero, el procedimiento que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos para el recurso que presentaron este 29 de agosto es que tras ser notificados tenían tres días para presentar la nulidad.

Explicó que como ya sabían que algo así iba a ocurrir, ya estaban preparados y lo tenían listo desde el 29 de agosto y por eso lo presentaron en tiempo.

Añadió que el director del Registro de Ciudadano se debe de inhibir de conocer el recurso y lo debe de elevar al pleno de magistrados del TSE  y una vez en mano de ellos tienen tres días para resolver el recurso de nulidad.

El caso

El pasado 28 de agosto, el RC suspendió provisionalmente la inscripción de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, cuyo candidato, Bernardo Arévalo de León, ganó la Presidencia de la República.

La suspensión es debido a que el pasado 12 de julio, a pedido del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, el juez Fredy Orellana inhabilitó la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, por supuesta inscripción ilegal de afiliados.

Esta decisión puso en jaque el balotaje que se llevó a cabo el pasado 20 de agosto que terminó con la vitoria de Semilla en las urnas.

Curruchiche señalaba supuestas irregularidades en la recolección de firmas de ciudadanos para inscribir a Semilla como partido en 2017 y 2018 y que entre las miles de firmas de afiliados del partido figuran 18 fallecidos y 319 personas cuyo documento de identificación no corresponde.

El 28 de agosto, el pleno de magistrados del TSE oficializó los resultados de la segunda vuelta de votaciones y dieron la victoria de Movimiento Semilla, que proclama como binomio electo a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera para el mandato constitucional 2024–2028, pero el RC ya había notificado sobre la suspensión de la personalidad jurídica de ese partido político.

El presidente electo, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta electa, Karin Herrara, criticaron este lunes 28 de agosto la resolución del Registro de Ciudadanos que cancela la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla, con el cual llegaron a la segunda vuelta electoral en la que resultaron ganadores.

En conferencia de prensa, el binomio de Semilla dijo que a primera hora del martes presentarán un recurso de nulidad en contra de la resolución del Registro de Ciudadanos, la cual llegó minutos antes de que el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializara los resultados de la elección presidencial del pasado 20 de agosto.

Arévalo señaló que el TSE hizo oficial los resultados de la segunda vuelta electoral que “confirman la decisión contundente y soberana del pueblo de Guatemala que no ha confiado la conducción del país”.

“A partir de este momento nada puede impedir legalmente que tomemos posesión el 14 de enero de 2024, tal y como está establecido constitucionalmente”, dijo Arévalo.

“Este es un momento histórico para un pueblo que se volcó a las urnas y después se volcó a las calles y las plazas de todo el país a celebrar el inicio de una nueva primavera democrática”, agregó.

También dijo que poco antes de que los resultados fueron anunciados fueron notificados del Registro de Ciudadanos, indicando que el director del Registro ha suspendido provisionalmente la personalidad jurídica del Movimiento Semilla para acatar el juzgado encabezado por el juez Fredy Orellana.

Por su parte Herrera refirió que “esta resolución es nula en pleno derecho” y que el lunes a primera hora presentarán el recurso de nulidad correspondiente, “ya que como lo afirmó Irma Palencia en la conferencia -de prensa-, el proceso termina el 31 de octubre, y no antes como equivocadamente señala la resolución del registrador, en consecuencia, lo actuado por el registrador es nulo”.

Adicionalmente, Semilla presentó un amparo ante la Sala Segunda “para poner fin a la persecución política que ha encabezado el juez Fredy Orellana, junto al fiscal Rafael Curruchiche, en este marco el juzgado séptimo ha hecho acciones ilegales que violentan las garantías del debido proceso, vulnerando el derecho de defensa de audiencia y la tutela judicial efectiva”.

En tal sentido, el amparo interpuesto ante la Sala Segunda Penal “debe ser resuelto lo antes posible” en virtud de que, según Arévalo, las acciones ilegales del juez Orellana y la Feci contravienen principios de rango constitucional, tales como que la cancelación o suspensión de un partido político solo puede ordenarse por las causas establecidas en la LEPP y solo el TSE tiene competencia constitucional para hacerlo.

“Al pueblo de Guatemala hacemos saber que el Movimiento Semilla no claudicará en la exigencia al respeto a la voluntad popular expresada en las urnas y el respeto al estado de derecho y al régimen democrático que están siendo amenazados por quienes se niegan a aceptar el cambio que Guatemala exige”, dijo Arévalo.

La reacción del binomio presidencial, electo para el periodo 2024-2028, se dio después de que esta tarde el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral decidiera cancelar provisionalmente a su partido a petición del juez Orellana.

La solicitud de suspensión había sido extendida desde el 12 de julio por un supuesto caso de firmas falsas que se habría cometido durante la creación del partido en 2018, investigado por fiscales sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Arévalo de León agregó que la suspensión “no tiene validez” debido a que según la ley electoral “solo el Tribunal Supremo Electoral puede ordenar la suspensión y bajo los preceptos legales establecidos”.

Según la visión de analistas políticos y la misma ley guatemalteca, la suspensión “provisional” del Movimiento Semilla podría dar paso a problemas a sus diputados para llegar al Congreso y ya dentro del Parlamento podrían tener inconvenientes para ejercer algunas funciones.

En los próximos días, el Tribunal Supremo Electoral debe entrar a conocer la suspensión para definir si esta es ratificada o pierda validez.

La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt), publicó este 21 de julio un comunicado de prensa en el que condena la orden de captura en contra de la subdirectora general del Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien fue nombrada como encargada del despacho de esa dependencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según el comunicado, esta acción – la orden de captura- “amenaza la independencia de la autoridad electoral y desobedece la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo órgano jurisdiccional encargado de la defensa del orden constitucional”, se lee en el comunicado.

El comunicado explica que la CC, en su resolución del 13 de julio de 2023 (expediente 3985-2023), otorgó un amparo provisional al partido Movimiento Semilla y decretó que la resolución que suspendió la personalidad jurídica de la agrupación política no afecta ni deja en suspenso el acuerdo del TSE que oficializó los resultados electorales y los binomios que continúan en la contienda electoral.

“La resolución establece también que la persecución penal puede continuar. Sin embargo, su lectura y comprensión permite concluir que, si bien la investigación penal persiste, no puede suspenderse a la agrupación política ni excluirla de las elecciones del 20 de agosto”, se lee en el documento.

“Por tanto, la orden de captura, solicitada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y librada por el Juez Séptimo de Instancia Penal, es una intromisión ilegal que viola la autonomía del TSE y plantea un falso dilema entre acatar la protección constitucional provisional que dictó la CC y cumplir con la suspensión de la personalidad jurídica del partido político en cuestión. En este caso, una ley de rango constitucional como la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la protección dada por el amparo provisional otorgado por la CC prevalecen sobre las decisiones de un juez ordinario”, explica la MOE-Gt.

Según la misión de observación, debe respetarse la institucionalidad del régimen electoral porque en ello se protege la integridad del voto ciudadano, y previene sobre el “efecto nefasto que tienen en la democracia electoral las acciones que realiza la FECI contra el TSE y el partido Movimiento Semilla para entorpecer el libre curso de la segunda vuelta presidencial. Hacemos un llamado a la CC a una resolución urgente para dotar de la mayor certeza al proceso electoral y a los partidos en contienda”.

Concluye expresando que los partidos que competirán en la segunda vuelta electoral el 20 de agosto de 2023 – La UNE y Movimiento Semilla- tienen el derecho garantizado la Constitución Política y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos de realizar sus campañas sin coacciones, interferencias ni amenazas de ninguna índole.

El juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, certificó lo conducente en contra del Registrador de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Muñoz, por incumplir la orden de suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla.

Según se conoció este 18 de julio, con la resolución del juez Orellana la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) podrá gestionar el retiro de inmunidad a Muñoz y abrirle investigación por desobedecer la orden de suspender al movimiento Semilla, por supuestas irregularidades por afiliación ilegal de una persona.

El 12 de julio pasado, la Feci informó que a petición de ellos, el Juzgado Séptimo, dirigido por Fredy Orellana, ordenó la suspensión de personalidad jurídica del Movimiento Semilla, cuyo candidato, Bernardo Arévalo, pasó a segunda vuelta en las elecciones generales 2023.

Según la Feci, en mayo de 2022, un ciudadano denunció haber sido adherido ilegalmente al Movimiento Semilla, por lo que, al realizarse la prueba científica por el Inacif se concluyó que la firma y letra fueron falsificados.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, dijo ese día que “existen indicios que posiblemente más de cinco mil ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla, falsificándole su letra y firma”.

No acató orden de juez

El pasado 13 de julio, Muñoz señaló que no obedecería la orden del Juzgado Séptimo de suspender al partido Semilla.

Ese día, refirió que no era acatable, ya que suspender a un partido es competencia del TSE y durante un proceso electoral en desarrollo no se puede cancelar a ningún partido, por lo cual presentó dos amparos, uno ante la Corte Suprema de Justicia  y otro ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones rechazó el 14 de julio recién pasado un amparo interpuesto por Muñoz, por lo que se hizo una apelación en la CC, pero también fue rechazada.

La CC denegó dicho recurso de apelación que el RC interpuso en contra de la resolución de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, que denegó un amparo que buscaba dejar sin efecto la orden del juez Fredy Orellana, según se informó el pasado 17 de julio.

Sin embargo, la CC si declaró con lugar de manera provisional un amparo que frenó la orden del juez Orellana.

“La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, resuelve: Sin lugar el recurso de apelación interpuesto la Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, por medio de su director, Ramiro José Muñoz Jordán”, dice la resolución de la CC.

De vacaciones

El pasado jueves 13 de julio, el director del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, brindó una conferencia de prensa junto con su equipo de asesores. En esa ocasión, debía dar a conocer la decisión tomada sobre la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, que ordenó el Juzgado Séptimo.

Dos días después, Muñoz solicitó al pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que le autorizara vacaciones a partir del domingo 16 de julio, “por motivos de índole familiar”.

En conferencia de prensa, los magistrados del TSE dijeron que no tienen conocimiento de que existan amenazas o presiones hacia el director del Registro de Ciudadanos, derivado de las últimas resoluciones.

“No tenemos conocimiento de que en su caso esté siendo objeto de algún tipo de amenaza, porque es una cuestión personal, pero no tenemos conocimiento de alguna circunstancias que giren torno a ello”, indicó el magistrado Ranulfo Rojas.

El pasado 13 de julio, Muñoz señaló que la orden del Juzgado Séptimo no era acatable, ya que suspender a un partido es competencia del TSE y durante un proceso electoral en desarrollo no se puede cancelar a ningún partido, por lo cual presentó dos amparos, uno ante la Corte Suprema de Justicia  y otro ante la Corte de Constitucionalidad.

Mientras Muñoz goza de las vacaciones autorizadas por el pleno de magistrados, la subdirectora de la dependencia, Eleonora Noemí Castillo se hará cargo de las funciones.

Los magistrados no indicaron de cuánto tiempo es el periodo de vacaciones que se le otorgó a Muñoz.

Antecedentes

Pese a que el pasado jueves, durante la conferencia de prensa, Muñoz negó ser objeto de presiones o amenazas por el tema de la suspensión del partido Semilla, hay antecedentes de solicitudes de vacaciones que han hecho otros funcionarios bajo contextos políticamente convulsos.

Por ejemplo, en el 2019, el exdirector del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra (Q.E.P.D), solicitó un permiso para ausentarse por 15 días de sus funciones, bajo el argumento de quebrantos de salud, sin embargo, lo hizo faltando horas para que se llevaban a cabo las elecciones de aquel año.

Guerra en el 2019 solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a amenazas recibidas por la inscripción de Thelma Aldana, como candidata presidencial.

Otro fue el caso del exjefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales del MP, Óscar Schaad, quien pidió en aquel año un permiso de tres meses, debido a amenazas hacia él y su familia.

Luego, en noviembre del 2019, Schaad renunció finalmente al Ministerio Público tras dos licencias concedidas.

El Ministerio Público (MP) informó la mañana de este 13 de julio, que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) se encuentra desarrollando allanamiento en la sede del Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), como parte del proceso que se sigue por posible afiliación ilegal en el partido político Movimiento Semilla.

Según la información difundida por el MP, los cateo incluyen inspección, registro y secuestro de evidencia en la sede del RC en seguimiento a denuncia presentada en la que un ciudadano manifestó haber sido adherido ilegalmente a dicho partido político.

“Dentro de la investigación existen indicios que posiblemente más de 5 mil ciudadanos habrían sido adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla, mediante falsificación de documentos. Así también, al menos 12 personas fallecidas habrían sido inscritas en dicho partido político”, señala la información del MP.

Se agrega que  el peritaje grafotécnico realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forense (Inacif) concluyó que la firma y letra del denunciante fueron falsificados.

El personal de la Feci está inspeccionando archivos y documentos en el Registro de Ciudadanos. Algunos fiscales que participan en el cateo usan pasamontañas, según se pudo observar. Los fiscales ingresaron a la sección de Organizaciones Políticas del TSE a la diligencia.

Al lugar se han hecho presentes observadores de la OEA para verificar cómo se desarrolla el cateo.

El MP informó el miércoles pasado que el juez Séptimo suspendió legalmente a Semilla de su creación jurídica, mientras el Tribunal Supremo Electoral confirmó minutos después a dicho partido y su candidato como participante en la segunda vuelta electoral, junto a la ex primera dama Sandra Torres.

Irma Palencia, magistrada presidenta del TSE, dijo en una entrevista con Emisoras Unidas, que la diligencia del MP es preocupante, pero aún con la presencia de los magistrados en el lugar no podrían paralizarla, pues se tomaría como obstrucción y no quieren agregarle ingredientes innecesarios a algo que ya es muy grave.

Afirmó que la diligencia tiene que transcurrir y terminar y que no se nos vaya de decir que los magistrados están obstruyendo algo, que aunque no sería así, se pueda tomar de manera equívoca.

“Ahí está todo (en el RC), lo que quieran ver ahí está. Y confiamos, seguimos confiando porque tiene que ser así, somos un estado de derecho, somos una república. Tenemos que seguir confiando que, pese a todo lo que está ocurriendo, tenemos que confiar en el derecho, en las instituciones. Por supuesto que sí, porque la verdad tiene que prevalecer al final”, dijo Palencia.

El caso contra Semilla

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos en 2022 bajo cargos de crear falsos casos en contra de exautoridades, informó el miércoles sobre la acusación en un mensaje en video.

Curruchiche indicó que la acusación obedece a un caso denominado “Corrupción Semilla”, por supuestas firmas falsas.

La decisión del Ministerio Público no tiene precedentes en el contexto de elecciones en el país centroamericano y, según diversas organizaciones sociales y varios sectores, es un intento de “golpe electoral” similar a un “golpe de Estado”.

La Fiscalía acusa a Semilla de supuesto financiamiento electoral ilícito y de la utilización de firmas falsas y por ello el juzgado séptimo penal ordenó su suspensión.

Dicho juzgado es el mismo que tuvo a su cargo uno de los casos en contra del periodista José Rubén Zamora Marroquín, en prisión desde el 29 de julio de 2022, solo cinco días después de lanzar fuertes críticas al círculo íntimo del presidente, Alejandro Giammattei.

Arévalo de León había conseguido avanzar al balotaje después de obtener sorpresivamente el segundo lugar en los comicios del pasado 25 de junio, por detrás de la ex primera dama Sandra Torres, mientras las encuestas lo colocaban en un séptimo u octavo lugar.

La oficialización de los resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral estaba pendiente después de que el pasado 1 de julio la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano, ordenara una nueva revisión de las actas electorales, que se llevó a cabo del 4 al 6 de julio.

El proceso electoral guatemalteco se vio ampliamente marcado previo a las elecciones por la suspensión de tres candidaturas con posibilidades de ganar los comicios presidenciales.

La agrupación Semilla nació de las manifestaciones contra la corrupción registradas en el país centroamericano durante 2015 y que culminaron con la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), actualmente en prisión.

José Ramiro Muñoz, jefe del Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó este 10 de julio que en lo que va del actual proceso electoral han emitido 14 multas a organizaciones políticas y personas individuales por violaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Muñoz fue abordado por periodistas, quienes le consultaron sobre las multas que se han emitido en este proceso, y señaló que la Inspección General del TSE les ha enviado un buen número de expedientes y que hasta la fecha se han corrido 115 audiencias para determinar si las organizaciones políticas y personas han incurrido en alguna falta.

Comentó que hasta el momento se han girado 14 multas, otros expedientes han tenido amonestación pública, otros privada y otros han sido archivadas.

Explicó que las multas que han emitido van por montos de entre US$5 mil y US$50 mil, aunque a un partido político se le multó por US$60 mil.

Entre las organizaciones políticas que han sido sancionadas están Mi Familia, que ha recibido dos multas de US$5 mil, se le ha corrido a audiencia al partido Vamos y UNE.

Recordó que también han sido multadas personas individuales como Alfonso Portillo, Edwin Tipaz, Fredy Salazar, Aldo Dávila, a este último se le sancionó la semana pasada una segunda vez por un monto de US$50 mil.

Muñoz también explicó que al partido Creo se le aplicó una multa de US$60 mil por temas de fiscalización, pues los partidos cada semestre y cada año deben reportar todos los gastos durante el proceso electoral y no electora y no se cumplió.

En el caso del partido Vos y el diputado Aldo Dávila se les multó con US$50 mil a cada uno, pues este no fue inscrito en para ser candidato en este proceso, pero hizo campaña política y estaba llamando al voto por ese partido.