El Ministerio Público (MP) informó este viernes 24 de noviembre que su secretario general, Ángel Pineda, “presentó denuncia por la posible comisión de los delitos de amenazas, coacción y obstaculización a la acción penal”.

La denuncia fue remitida a la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas para la investigación correspondiente, añadió el ente investigador.

La denuncia se deriva de los señalamientos que efectuó el diputado Enrique Montano, al señalar que Pineda estaría detrás de ataque en su contra en la red social X.

El 22 de noviembre recién pasado, Montano, presidente de la Comisión Pesquisidora del Tribunal Supremo Electoral (TSE), reconoció públicamente que teme por su vida y la de su familia, tras recibir, lo que dijo ser, una serie de ataques por medio de la referida red social.

El legislador publicó una serie de mensajes en esa red social en la que dijo cuál es la cuenta que estaría detrás de las intimidaciones en su contra.

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En esa ocasión, el MP indicó que la denuncia de Montano fue aceptada y tramitada para el proceso de investigación, pero el secretario del MP aludido, también analizaba medidas legales.

En su publicación en X, el legislador afirmó que era víctima “por hacer un trabajo limpio y a conciencia”.

Este viernes 24 de noviembre, continuó la reunión de la comisión pesquisidora por el tema de los magistrados del TSE y Montano denunció públicamente amenazas de muerte, esta vez en contra de su familia.

Las Juntas Electorales tuvieron a su cargo la coordinación de las votaciones en distintas regiones, ciudadanos voluntarios que rechazan la forma en que está actuando el Ministerio Público (MP), poniendo en duda la labor de los miles de ciudadanos.

La Junta Electoral Departamental de Guatemala (JEDG), uno de los distritos de mayor cantidad de ciudadanos empadronados, emitió una postura por medio de un comunicado, esto luego que el MP secuestro las actas 4 y 8 de la primera vuelta de votaciones.

Este órgano electoral temporal explicó que es importante el resguardo de la información electoral “para evitar poner en riesgo el resguardo de las actas que certifican los resultados del proceso electoral”.

Reiteran como las Juntas Receptoras de Votos (JRV) elaboraron el acta 4 en presencia de los fiscales de los partidos políticos, “quienes dieron fe de los resultados electorales en su mesa y los certificaron con su firma en dicho documento”.

Posteriormente, las JED elaboraron el documento 8 toda vez finalizó la audiencia de revisión, documento que fue trasladado al TSE para la posterior oficialización de resultados.

“Solicitamos respetuosamente a la entidad investigadora respetar la soberanía popular expresada en el voto, que constituye la base de nuestra democracia”, explica la JEDG.

Finalmente, dicen que como entidad electoral han protegido el voto dentro de los parámetros que permite la ley, y añaden también que “ahora, toca a todos los guatemaltecos defenderlo”.

También la Junta Electoral de Voto en el Extranjero manifestó estar “preocupada” por las acciones del MP, que fueron calificadas por el órgano electoral como un “atropello y golpe a la democracia”.

La junta repudia las acciones “por el intento de vulnerar y desestabilizar el orden democrático constitucional”, refieren en un comunicado.

Este órgano también incluyó un respaldo al trabajo elaborado por los magistrados del TSE, y piden a la población “resistencia pacífica” en defensa de su voto.

La sustracción de las actas electorales que hizo el Ministerio Público (MP) no han pasado inadvertidas, sectores y gobiernos se han manifestado en contra de las acciones que aseguran atentan contra el sistema democrático.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, explicó en un comunicado que estarán emitiendo sanciones contra las personas que estén afectando el proceso electoral de Guatemala, esto incluye a políticos y funcionarios judiciales.

“Estamos tomando medidas activas para imponer restricciones de visa a personas que continúan socavando la democracia de Guatemala, incluidos miembros actuales y anteriores del Congreso, actores judiciales y cualquier otra persona que participe en tal comportamiento”, señaló el comunicado.

Las medidas están contenidas en ley y son las acciones que el gobierno toma contra actores antidemocráticos, “la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que restringe las visas para personas que se cree que son responsables, cómplices o socavadoras de la democracia”.

No existe una fecha para estas amonestaciones, pero la postura de la dependencia estadounidense es clara en accionar contra aquellos que traten de impedir el relevo de las autoridades en Guatemala.

.@MPGuatemala’s actions against @TSEGuatemala are an affront to democracy. The United States will promote accountability for those who attempt to impede the peaceful transition to the administration of President-elect @BArevalodeLeon. https://t.co/QWPBqQ8ZAw

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) October 1, 2023

España cuestiona al MP

El gobierno de España también se manifestó contra las acciones del MP contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), emitiendo un comunicado en donde informan que la intención es cuestionar los resultados de las votaciones.

En la comunicación, España explica que el evento electoral de Guatemala superó la vigilancia de los grupos de observación, lo que garantizó la pureza de las votaciones.

“Debe cesar el persistente cuestionamiento por parte del MP de los pronunciamientos oficiales tanto de los órganos competentes sobre el proceso electoral guatemalteco como los realizados por las distintas Misiones de Observación Electoral que declararon la limpieza de los comicios observados”, señaló su postura.

El Gobierno de España rechaza  las acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público en Guatemala, intencionadamente dirigidas a sustituir las funciones del Tribunal Superior Electoral y cuestionar los resultados del proceso electoral guatemalteco.https://t.co/iZWlWmSqGI pic.twitter.com/Diuc2d460w

— Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) October 1, 2023

Frente a un Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se manifiesta de luto por el ataque la democracia, la vicepresidenta electa, Karin Herrera, hizo un llamado a la población a defender el proceso electoral.

La sede del TSE se encuentra con moñas negras y las banderas a media asta, esto después que el Ministerio Público (MP) se llevó por la fuerza las actas electorales de la primera vuelta.

Herrera, acompaña de algunos diputados electos de Movimiento Semilla y de un grupo de ciudadanos, brindó una rueda de prensa en donde hizo el llamado a la población.

“Motivamos al pueblo de Guatemala a ejercer su derecho de protesta y manifestación pacífica en defensa de la democracia”, dijo la vicepresidenta electa.

Las acciones de allanamiento del MP contra el TSE no pueden pasar inadvertidas, a criterio de Herrera, “les pedimos no guardar silencio, es momento de actuar, de alzar la voz y dar un paso al frente”.

El MP informó mediante un comunicado que sus acciones están enmarcadas en ley, pero para la funcionaria electa las intenciones del ente investigador no son únicamente profundizar en una investigación.

“Se está consumando un golpe a las elecciones y toda la voluntad del pueblo expresada en ellas”.

Actualmente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene ocho acciones legales en torno a las elecciones pendientes de resolución, que representan una batalla jurídica.

“Como autoridades electas, con el respaldo del partido Movimiento Semilla y del pueblo de Guatemala, hemos llevado a cabo una batalla para defender la voluntad popular”, explicó Herrera, pero considera que esto pasó de ser una batalla legar a una “batalla sucia y espuria”, que está siendo orquestada por actores que quieren la “permanencia en el poder de un grupo de corruptos”.

La sustracción de las actas, a consideración de la vicepresidenta electa tiene serias intenciones de fondo, “no dudamos que el objetivo de estos funcionarios sediciosos es la anulación de los resultados electorales y la destrucción del régimen democrático”.

Presentarán carta a la CC

Diputados electos de Movimiento Semilla entregarán una carta a la Corte de Constitucionalidad (CC), solicitando que se resuelva a la brevedad una cuestión de competencia que promovió el TSE.

Con esta acción, esperarían que la CC defina si una judicatura penal puede o no tener incidencia en el evento electoral, tal y como ha ocurrido en las últimas semanas con las resoluciones del juez séptimo penal, Fredy Orellana.

La CC no ha fijado postura en el tema, incluso los amparos que ha presentado el TSE buscando frenar órdenes de allanamientos por temor a la vulneración del proceso electoral han sido solo remitidos a la CSJ.

La Corte de Constitucionalidad (CC) no conoció tres acciones de amparo que presentó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), acciones que buscaban evitar el secuestro de las actas electorales.

La diligencia de allanamiento del Ministerio Público (MP) finalizó la mañana de este sábado, sin que en ese momento se conociera la decisión constitucional referente a esos amparos.

Fue unas horas después que mediante un comunicado de prensa la CC informó que admitió a trámite los amparos, pero que por ser competencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) remitió a esta instancia judicial las tres acciones.

Un amparo iba contra la Fiscal General, otro contra el juez séptimo penal y el tercero contra el juez de turno de diligencias, todas las acciones tenían como fin frenar el allanamiento y secuestro de los documentos 4 y 8 de las elecciones generales.

Estos documentos resumen los resultados y fueron clave para la oficialización de resultados, que ya constan en distintos acuerdos emitidos por las autoridades electorales.

No es la primera vez que la CC no resuelve una acción de amparo del TSE, anteriormente hizo lo mismo cuando las autoridades electorales buscaron, sin éxito, frenar otro allanamiento que dejó la apertura de las cajas electorales.

Ahora la CSJ, la Sala Tercera Penal y el Juzgado Octavo Penal tendrán que conocer los amparos, aunque el riesgo que buscaba frenar el TSE ya fue ejecutado con el secuestro de las actas de la primera vuelta electoral.

La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/HGBulSpdbQ

— CC Guatemala (@CC_Guatemala) September 30, 2023

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) afirman que ya no tiene la custodia del voto, esto después que agentes del Ministerio Público (MP) sustrajeron por la fuerza las actas 4 y 8 de los cinco tipos de elección de la primera vuelta del pasado 25 de junio.

El MP desarrolló por más de 20 hora la diligencia de allanamiento en la sede central del MP, en donde buscó los documentos que validaron las elecciones en Guatemala.

El TSE pidió tiempo para escanearles los documentos y así seguir cumpliendo con su función del resguardo del voto, pero los agentes del MP no aceptaron esto y secuestraron los documentos electorales que contienen los resultados.

“Estoy muy triste pasar toda la noche, tuvieron el acceso a todo lo que quisieron”, explicó la magistrada Blanca Alfaro después que el MP se apoderó de los documentos.

“Nosotros no podemos decir que como tribunal tenemos el resguardo – del voto – porque ya no lo tenemos”, enfatizó la magistrada tras hacer un recorrido en la sede del TSE, en donde dijo que los fiscales “revolvieron” todos los documentos.

La magistrada explicó que tuvo que defender al vocero del TSE, Gerardo Ramírez, debido a que fue amenazado por los fiscales, en caso que el porta voz informara a los medios sobre el allanamiento.

“Le dicen en ese instante que lo van a meter preso (…) que cuidado y les pasaba información a ustedes”, dijo la magistrada.

Incluso en un momento de tensión en el allanamiento Alfaro terminó en el piso al forcejear con los fiscales en defensa de las actas, “lo lamentamos mucho y yo les digo que estoy seriamente lastimada de la espalda, yo tengo una operación de columna”.

Los resultados no cambian

Aunque el TSE desconoce las intenciones de los allanamientos y la sustracción de los documentos, Alfaro fue enfática en que los resultados, que ya fueron oficializados, no van a cambiar.

“Los resultados han sido debidamente oficializados, ya están certificados, ya están dados los carnets y eso no se puede cambiar con ninguna diligencia”

La magistrada agregó que ahora no saben “que pueda pasar”, pero remarcó que los resultados no sufrirán cambios.

También el magistrado Gabriel Aguilera criticó la acción del MP, y fue uno de los funcionarios electorales que formó una valla humana buscando impedir la salida de las actas que “son elaborados por ciudadanos guatemaltecos”, dijo Aguilera explicando la legalidad del proceso.

El funcionario añadió que “se llevaron los documentos que garantizan la pureza del proceso electoral”.

Según los magistrados, las actas serán devueltas el próximo miércoles.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hicieron una valla humana para evitar que el Ministerio Público (MP) se llevara las actas de las elecciones, pero finalmente, con el uso de fuerza, los fiscales se apoderaron de los documentos electorales.

Los magistrados titulares Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, junto a los suplentes Marlon Barahona y Marco Antonio Cornejo, se opusieron de manera física a la extracción de las cajas.

Apoyados con algunos trabajadores del TSE, los magistrados se apostaron a la salida del edifico, le tapaban el paso a los fiscales y trataban de convencerlos que no era lo mejor la sustracción de las actas.

Los magistrados les dieron alternativas para que no se llevaran las actas, les ofrecieron escanear los documentos, incluso ofrecieron hacer públicos los documentos en aras de la transparencia, pero los fiscales no escucharon razones.

El TSE comenzó una transmisión en directo por sus redes sociales para documentar el suceso debido a que en ese momento los medios de comunicación tenían restricciones, y gracias a eso fue posible apreciar las acciones del Ministerio Público (MP).

El allanamiento duro más de 20 horas, y fue coordinado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), que es liderada por el agente Rafael Curruchiche.

El jefe fiscal no ha brindado detalles del caso explicando que está bajo reserva, pero según una la orden de allanamiento que autorizó el juez Fredy Orellana el número de causa es la misma por el que el partido Movimiento Semilla enfrenta un proceso de suspensión.

Momentos tensos

Los magistrados del TSE se apostaron a la salida del edificio, le quisieron cortar el paso a los fiscales y convencerlos que los documentos que pretendían llevarse eran importantes para el evento democrático.

“Son documentos electorales, no son cualquier cosa”, dijo el magistrado Aguilera, cuestionando ahora como “los votos del pueblo son evidencia”.

Personal electoral acompañó a los magistrados quienes ante le negatoria del dialogo, no tuvieron más que tratar de impedir la salida de las actas, pero sus esfuerzos no dieron resultado.

Los magistrados Alfaro y Franco, forcejearon con los agentes fiscales para defender las cajas que contenían las actas de las elecciones, se aferraron a los documentos, pero el número de agentes fiscales del MP era mayor.

“Han usado la fuerza”, gritó en varias oportunidades la magistrada Alfaro quien terminó en el piso durante uno de los forcejeos, y no pudo evitar las acciones del MP pese a decir que recientemente había sufrido una operación de columna.

El magistrado Franco, el funcionario electoral de mayor edad también afrontó a los fiscales, intentó arrebatar una caja de actas cuando estaba por salir del TSE, pero sus esfuerzos no fueron suficientes por la cantidad de agentes fiscales que participaron en la acción.

“Están forzando la salida, están forzando la extracción” criticó el magistrado Barahona, quien le dijo a los representantes del MP que “vergüenza les debería de dar”.

Sin custodia del voto

Durante la acción que duró más de 40 minutos los magistrados alertaron en las redes sociales que con esto perdieron la custodia del voto, ya que les arrebataron los documentos 4 y 8 de las elecciones.

Presidentes de distintas Juntas Electorales Departamentales (JED) explicaron que con esto corre peligro el proceso electoral, ya que los documentos fácilmente pueden ser alterados o manipulados.

El TSE ya emitió los distintos acuerdos para la oficialización de resultados, y destacó que con estas acciones los resultados de las votaciones no van a cambiar.

También en un comunicado emitido este viernes, el TSE llamó a los partidos políticos y a la sociedad civil a defender la democracia, ya que consideran las acciones del MP como una serie de “ataques” al proceso electoral.

MP justifica acción

Mediante un comunicado de prensa el MP justificó sus acciones en la sede del TSE, explicando que todas sus diligencias se encuentran respaldadas en ley.

“Tomando en cuenta que la elección ya ha finalizado y los resultados constan en el acuerdo respectivo que oficializa los resultados, asegurar que se vulnera la custodia del voto es una afirmación que se aleja de la realidad”, según dice el MP.

También cuestionó el llamado público que hizo el TSE a partidos políticos y sociedad civil a defender el proceso democrático, “se aleja de la naturaleza de la diligencia que no tiene como objeto investigaciones contra un partido político”.

https://x.com/MPguatemala/status/1708138636510728558?s=20

El Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) interpuso un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la certificación de resultados de la segunda vuelta electoral del 20 de agosto.

El amparo refiere que Víctor Israel Guerra Velásquez, secretario general y representante legal de la UNE, compareció con el objetivo de promover proceso constitucional de amparo en contra del Acuerdo 1659-2023 del 28 de agosto proferido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que ha sido divulgado.

Según Guerra Velásquez, el acuerdo vulnera derechos fundamentales de la organización política UNE y de la ciudadanía guatemalteca.

El documento recuerda la resolución del 12 de julio de 2023 del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, como consecuencia de haber una investigación en la Fiscalía Especial contra la Impunidad por hechos que cuestionan la legalidad de la constitución del Movimiento Semilla.

El amparo también hace alusión a la resolución del 28 de agosto que suspende provisionalmente la inscripción de la personería jurídica del comité para la constitución del Movimiento Semilla cumpliendo con la orden del juez competente.

Señala que por esta suspensión provisional, dicho partido político se ve imposibilitado de ejercitar los derechos y obligaciones regulados en la ley.

Explica que estando el Movimiento Semilla en situación de suspensión se emitió el acuerdo 1659-2023 que contiene la oficialización y adjudicación de los cargos de presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2024-2028 postulado por el Movimiento Semilla.

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La UNE pretende con el amparo “que se otorgue la protección constitucional suspendiendo en definitiva el acuerdo 1659-2023” que contiene la oficialización y la adjudicación de los cargos para presidente y vicepresidente de Guatemala.

La referida agrupación política en el amparo denuncia la violación al debido proceso, violación del derecho de certeza y seguridad jurídica y el derecho a igualdad en materia electoral.

Mientras que la CSJ informó que admitió el amparo para su trámite.

La UNE aún no acepta los resultados de la segunda vuelta electoral del 20 de agosto y en los últimos días ha emitido comunicados para señalar supuestas irregularidades en las actas.

Este lunes 28 de agosto, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) brindaron conferencia de prensa para oficializar los resultados de la segunda vuelta electoral y declararon ganadores al binomio presidencial del Movimiento Semilla integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

La presidenta del TSE, Irma Palencia, indicó que Arévalo de León y Karin Herrera fueron electos el pasado 20 de agosto para gobernar Guatemala para el periodo de 2024 a 2028.

“Los ciudadanos lo dijeron en las urnas, y nosotros hoy lo estamos garantizando”, destacó la magistrada Palencia, al finalizar la conferencia de prensa.

Luego de haberse oficializado los resultados, la excandidata a la presidencia, Sandra Torres, compartió un comunicado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), para pronunciarse.

El pronunciamiento fue “ante la ilegalidad de una precipitada oficialización de resultados electorales”.

Añadió la UNE que el “proceso electoral termina el 31 de octubre de 2023 por decisión propia del TSE, vertida en el Decreto de convocatoria a elecciones 1-2023 y, por consiguiente, al tenor literal del artículo 245 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, su divulgación deberá realizarse a más tardar el 8 de noviembre del presente año”.

Agregó que además de dicha temporalidad, “existe una lluvia de anomalías que el Partido UNE ha señalado a las autoridades competentes, tanto del orden constitucional como penal, que hacen ilegal e ilegítimo cualquier intento del TSE de dar a conocer resultados electorales en las actuales condiciones”.

Destacó que el registrador de ciudadanos “finalmente acató la orden judicial emanada de juez penal consistente en la suspensión de la personería jurídica del Partido Semilla, lo que impide a todos sus candidatos ser adjudicatarios de derechos políticos por ser nulos de pleno derecho”.

Recordó que el Partido UNE se encuentra amparado por la Corte Suprema de Justicia constituida en Tribunal de Amparo, estando pendiente de resolver la calificación jurídica desde la perspectiva constitucional de todo lo actuado por el TSE en materia estrictamente electoral “en este deplorable proceso electoral”.

La UNE espera que los órganos fiscalizadores del Estado como lo son la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público cumplan su función para contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta electoral con el fin de garantizar “la pureza de las elecciones y la democracia”.

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La noche de este lunes 28 de agosto, Bernardo Arévalo y Karin Herrera brindaron conferencia de prensa.

En la conferencia a Arévalo le preguntaron que qué opinaba del comunicado del UNE y respondió que “necesitan -la UNE- cambiar sus asesores jurídicos”.