La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó este miércoles 4 de mayo su decisión de de aprobar y publicar el acuerdo de solución amistosa de la Petición 1287 – 19, Zury Ríos Sosa, de Guatemala a través de su Informe de Homologación No. 61/22. 

El comunicado menciona que el caso se relaciona con “la responsabilidad internacional del Estado por la ausencia de garantías para la participación política de Roberto Molina Barreto y Zury Mayte Ríos Sosa quienes, en el 2019, se postularon a las elecciones presidenciales sin poder participar porque los organismos internos se negaron a aceptar la inscripción de su candidatura, pese cumplir con los requisitos habilitantes para postular a un cargo de elección popular”. 

Según el informe 61/62, petición 1287-19, el 24 de mayo de 2019, la CIDH recibió una petición presentada por Zury Mayté Ríos Sosa, en la cual se alegaba la responsabilidad internacional de la República de Guatemala por la violación de los derechos humanos contemplados en varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su perjuicio, el de su hija y el del señor Roberto Molina Barreto. 

El documento publicado este 4 de mayo por la CIDH explica que en agosto de 2021 se dio inicio formal al procedimiento de solución amistosa que culminó con la firma de un acuerdo en diciembre de ese mismo año, mediante el cual el Estado reconoció “las obligaciones que le corresponden en relación con las garantías del derecho humano de participación política establecidas tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala como en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. 

Añade que, en virtud de eso, “el ejercicio de dicho derecho universal no puede limitarse o restringirse por ningún motivo, partiendo de la igualdad de derechos que le asiste a los hombres y mujeres para participar e involucrarse en la vida política de la nación, siempre y cuando se cumplan los requisitos habilitantes, que deberán ser calificados por las entidades correspondientes, previo a participar a un cargo de elección popular”. 

El 28 de diciembre de 2021, las partes firmaron un acuerdo de solución amistosa, en cuyo texto se establece lo siguiente: 

 El documento menciona que el Estado de Guatemala, a través del Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar comprometió a implementar medidas de reparación consistentes en:  

1. El reconocimiento del derecho humano de participación política de las solicitantes y la improcedencia de límites o restricciones al mismo  
2. Realizar 2 campañas de sensibilización a través de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos para promover la igualdad en la participación política de las mujeres  
3. Realizar 2 foros con las distintas instituciones educativas, privadas y públicas, a efecto de fomentar la igualdad en la participación política de las mujeres. 

En el informe 61/62 también se menciona que las víctimas del presente caso, Zury Ríos, su hija y Molina Barreto, renuncian a la indemnización económica generada por la afectación a sus derechos convencionales. 

La CIDH también refiere que en el Informe de Solución Amistosa 61/22, se valoró la cláusula declarativa de reconocimiento de responsabilidad y en vista de que las partes decidieron diferir el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa con posterioridad a su homologación por parte de la Comisión, se continuará con el seguimiento de la implementación de las medidas de no repetición acordadas, hasta su cumplimiento total y de conformidad con los plazos establecidos en el cronograma diseñado por las partes para tal fin. 

“La CIDH valora los esfuerzos desplegados por ambas partes durante la negociación del acuerdo para alcanzar una solución amistosa que resultó compatible con el objeto y fin de la Convención y saluda los esfuerzos realizados por el Estado para acudir a este mecanismo de resolución alternativo de conflictos al tiempo que le invita a seguir utilizando para otros asuntos en trámite ante el sistema de peticiones y casos individuales. Asimismo, congratula a la parte peticionaria y valora sus esfuerzos para participar en la negociación e impulso de este acuerdo”. 

La petición de Ríos 

El 15 de mayo de 2019, La candidata presidencial del partido Valor, Zury Ríos, solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) ordenó revocar su inscripción en el proceso electoral. 

Ríos buscaba revertir la decisión del máximo tribunal guatemalteco, alegando que su resolución atenta contra los derechos de los guatemaltecos a elegir y ser electos. 

El Tribunal Supremo Electoral anuló ese 15 de mayo la inscripción de Ríos en cumplimiento de la orden de la CC. 

Las razones de la CC 

La CC dejó fuera de la contienda electoral a Ríos y Molina Barreto, por la prohibición que establecen los inciso a) y c) del artículo 186 constitucional. 

Zury Ríos es hija de José Efraín Ríos Montt, quien el 23 de marzo de 1982 gestó un golpe de Estado que finalmente lo llevó al poder.  

Estos fueron los argumentos que invocó la CC 

• La prohibición contenida en la literal c) del Artículo 186 de la Constitución Política de la República tiene carácter atemporal y, por ende, es aplicable, en cualquier tiempo, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del caudillo o de los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, o que como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno. 

• Según la Corte, en la resolución se afirma que si bien, en Constituciones anteriores, la limitación a que hace referencia el artículo 186 surgió con límite temporal –para el período electoral siguiente-, en la Constitución de 1985 se modificó esa temporalidad a la limitación y le dotó de carácter indefinida. 

• La Corte hizo relato del contexto socio político en el que esta norma fue modificada. Para lo cual hacer una presentación de hechos históricos relevantes acaecidos en el país durante los últimos 100 años. 

• La Corte puso en relieve lo ocurrido entre 1982 y 1986, periodo dentro del cual se promulgó la actual Constitución. Durante ese tiempo, específicamente el 23 de marzo de 1982, hubo un rompimiento al orden constitucional que puso fin a la presidencia del General, Fernando Romeo Lucas García. Luego de varios meses asumió la presidencia de la Junta Militar de Gobierno, José Efraín Ríos Montt, quien relevó de sus cargos al resto de miembros de la junta. 

• En agosto de 1983 al ser derrocado por un movimiento liderado por un alto mando militar que ubicó en la Jefatura de Estado al General Oscar Humberto Mejía Víctores, este asumió el compromiso de traspasar el gobierno de militares a civiles, incluyendo la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la reorganización de partidos políticos y el establecimiento de la libre competencia electoral. 

• Estos sucesos dieron pie al período democrático guatemalteco actual. Por lo que es en la Constitución de 1985 donde se prevé la limitación con carácter atemporal y cuyo objetivo es proteger los más altos cargos del Organismo Ejecutivo –Presidente o Vicepresidente de la República–, y resguardar el Estado Democrático de Derecho. 

• La Corte señala que debido a las constantes alteraciones al orden constitucional el legislador constituyente lo llevaron a establecer una prohibición de tal naturaleza que garantizara la alternabilidad democrática en el ejercicio del poder, evitando el retorno a esas prácticas negativas. 

• La Corte es enfática en afirmar que la medida de limitar a un pariente cercano de la estirpe, a acceder al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República encuentra lógica, porque otorga preeminencia al bien común ante el interés particular. 

• La Corte de Constitucionalidad citó, además, como respaldo de su fallo, pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha delineado la posibilidad de que los propios Estados regulen diversos límites del derecho de elegir y ser electo de acuerdo con sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales. 

• El fallo hace alusión al carácter pétreo del Artículo 186, el cual, impide efectuar interpretación que varíe el sentido textual de la prohibición contenida en la literal c), en congruencia con la literal a) del artículo 186 del texto constitucional. Conferirle alcances diferentes a lo expresamente previsto, dice la Corte, implicaría reformar tácitamente la norma, lo cual está estrictamente prohibido y contravendría los valores democráticos del Estado de Guatemala. 

La VIII magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026 fue instalada este 14 de abril sin la presencia de tres magistrados designados, dos titulares y una suplente, que están bloqueadas por amparos e impugnaciones.

Roberto Molina Barreto será el primero en presidir el tribunal constitucional. Es la tercera vez que estará en ese cargo en las diferentes magistraturas que se ha desempeñado.

En el acto de instalación, celebrado en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, acudieron los presidentes de los tres organismos del Estado, exmagistrados constitucionales, diputados, cuerpo diplomático y funcionarios del sistema judicial. Sin embargo, fue notoria la ausencia de Gloria Porras, magistrada titular designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos; Nester Vásquez, magistrado titular, y Claudia Paniagua, magistrada suplente, elegidos por el Colegio de Abogados y Notarios (Cang), a quienes diversos amparos e impugnaciones al proceso de designación bloqueó la juramentación y por ende ser parte del acto de instalación de la VIII magistratura.

Certeza jurídica

Molina Barreto dirigió el discurso inaugural al corresponderle la presidencia para el periodo 2021-2022, donde hizo señalamientos contra la CC saliente. También enfatizó que los magistrados de la Corte deben considerar el impacto de sus resoluciones en casos de alto contenido político y que, si bien puede adherir a una ideología política, no puede sucumbir al activismo judicial.

Sin mencionar a la CC saliente, pero sí en referencia actuaciones de ese tribunal de “los últimos años”, Molina Barreto dijo: “Resulta lamentable que se han vertido opiniones que afirman que el sistema de control constitucional debería desaparecer y por ende la existencia de un tribunal especializado para ello, lo que resultaría un retroceso inconcebible pero comprensible para aquellos que estiman en los últimos años la CC se ha apartado del objeto primordial para lo cual fue instaurado, lo que ha socavado su imagen y credibilidad, soslayando la gran importancia de su histórico desempeño y eso es lo que ha merecido”.

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Recordando a “exmagistrados ilustres” sin perjuicio de ideologías políticas o religiosas, dijo que se “ve en la imperiosa necesidad” de enfatizar que la función esencial que ha sido asignada a la CC comprende la defensa del orden constitucional y prevalencia del principio de supremacía de la Constitución, que “exige respeto irrestricto” del contenido de la Constitución respecto a la garantía de los derechos y libertades fundamentales y normas que regulan el funcionamiento del Estado.

Más adelante señaló que “el magistrado no debe sucumbir ante sus inclinaciones, predilecciones e intereses personales sino debe seguir su vocación jurídica de ser juez y árbitro de los conflictos, pero jamás parte de ellos”.

Sobre las actuaciones de los magistrados, Molina Barreto expresó que la CC debe respetar las competencias de los otros poderes públicos, realizando un análisis objetivo para que reconducir los actos no se torne en la invasión de sus propias competencias. “La CC debe evitar a toda costa el activismo judicial que termine desbordando sus funciones propias y debe tener siempre presente que su resoluciones deben propiciar seguridad jurídica, por lo que en casos de alto contenido político debe tener en cuenta los efectos de sus decisiones sobre la división de poderes y el buen funcionamiento del Estado, aspectos que con la emisión de algunos fallos ha sido más de una inobservado en los últimos años provocado intromisión en las políticas públicas del Estado”.

También apuntó que la Corte debe ponderar de los valores en conflicto, pero debe buscar el equilibrio entre ellos evitando la conflictividad, coadyuvando con la paz social. “La función que debe corresponder al tribunal es la de generar el menor impacto posible, no provocar más desempleo y separación de familias, el cierre de empresas, pero a la vez coadyuvar con el ambiente sin mermar la recaudación tributaria, lo que parece no haberse tomado en cuenta principalmente el convenio 169 del a OIT pues siendo inevitable la explotación de recursos naturales e innegable el derecho de consulta, pero resulta inaceptable la politización de los procesos”, consideró.

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Así, dijo que es vital que en esta magistratura se debe fortalecer la unidad de jurisprudencia y gaceta de la CC para revisar los criterios emitidos y una eficaz una clasificación de los fallos, la jurisprudencia y doctrina legal sentada para hacerla accesible y compresible para el usuario. También el fomento de la excelencia y fortalecimiento del prestigio del tribunal, privilegiando la profesionalización y que se retome la publicación periódica de obras de autores en materia constitucional.

Durante su presidencia garantizó la optimización de los recursos, la transparencia y la independencia funcional de los magistrados. “El combate a la corrupción no tiene ideologías ni bandos”, exclamó. “No venimos a formar parte de la corte celestial, pero sí somos profesionales del Derecho comprometidos con el país, con valores éticos y morales dispuestos a enfrentar el gran reto de integrar este tribunal con mucha fe puesta en Dios para ejercer nuestra tarea con sabiduría, templanza y prudencia, pero sobre todo con independencia, imparcialidad y valentía ara que la Corte retome el importante rol y preponderancia en el ordenamiento jurídico le corresponde.

Respecto a los amparos señaló que los magistrados no pueden ser perseguidos por sus opiniones o resoluciones, ello no significa que “bajo ningún concepto” son superiores a la ley, sino que deben ser “responsables de los actos y la función pública jurisdiccional que ejercen”.

En nombre propio, y convencido de que los magistrados se adhieren, apuntó su compromiso por la misión de emitir fallos sólidamente fundamentados en aras de la certeza y seguridad jurídica que debe prevalecer en el estado de Derecho de cara al desarrollo económico, político y social “sin ceder ni sucumbir a presiones internas, externas, nacionales o extranjeras dejando la pugna y polarización”.

Permanece legítima

Ante la asunción de la nueva Corte sin presencia de dos magistrados titulares designados, en el caso de Gloria Porras y Nester Vásquez, Molina Barreto expresó que eso no resta legitimidad porque no es la primera vez que ocurre y asimismo la Ley de Amparo contempla que, en los casos en los que haya impugnaciones a las designaciones del CSU y el Cang, deben continuar los magistrados del periodo anterior, en estos casos Francisco de Mata Vela y María Cristina Fernández, respectivamente.

Sobre Porras, indicó que ella se fue ayer del acto de juramentación en el Congreso y acudió a la CC, donde estuvo presente en reunión con la magistratura saliente y entrante hasta aproximadamente las 20 horas para revisión de actas de transferencia, y no expresó que se ausentaría del acto protocolario de instalación. “Habría que preguntarle -por qué se ausentó hoy-, me imagino que debe estar molesta, como cualquiera lo estaría”.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), el último de los organismos pendientes de designar magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC), designó este miércoles 10 de marzo a Roberto Molina Barreto como magistrado titular para que integre ese organismo en el período 2021-2026.

La elección se llevó a cabo en la Sala de Vistas de CSJ y la votación fue pública y transmitida a través de redes sociales.

Luego de la votación, los magistrados de la CSJ hicieron la designación de Roberto Molina Barreto para magistrado titular y a eso de las 13.15 horas se suspendió la reunión y se otorgó un receso para luego votar por el magistrado suplente.

Molina Barreto es actualmente integrante de la CC, a la que llegó luego que el 10 de noviembre fuera designado por el Congreso de la República para que concluyera el período que termina en 2021.

El jurista, excandidato a la vicepresidencia de la República en 2019 en fórmula con Zury Ríos, ocupará la magistratura que dejó Neftaly Aldana.

Molina Barreto es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Fue magistrado titular en los períodos del 2006 al 2011 y del 2011 al 2016 y presidente de la Corte de Constitucionalidad del 2010 al 2011 y del 2014 al 2015.

También fue fundador, en el 2010, del Instituto de Justicia Constitucional, adscrito a la Corte de Constitucionalidad.

Fue presidente de la CC  de junio 2010 a abril 2011 y del 2014 al 2015, y vicepresidente del 2013 al 2014.

Es asociado fundador del Centro para la Defensa de la Constitución -CEDECON-, del que fue presidente del año 2003 al 2005; Procurador General de la Nación del 2005 al 2006. Oficial en los diferentes Tribunales del Organismo Judicial de 1974 a 1980. Ha ejercido la profesión de abogacía por 36 años a través del Bufete Profesional Molina Barreto & Asociados.

Con la designación de estos dos magistrados queda completa la Corte de Constitucionalidad 2021-20226, a falta del magistrado suplente de la CSJ.

Integración de la CC

 Presidencia

Alejandro Giammattei y el Consejo de Ministros designaron a Leyla Susana Lemus Arriaga como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) y a Juan José Samayoa Villatoro como magistrado suplente.

Corte Suprema de Justicia

Los designados por este organismo del Estado para la CC fueron:

Congreso

Eligió a los magistrados designados por ese organismo, Dina Ochoa titular y Luis Rosales suplente.

Usac

El Consejo Superior Universitario ya eligió a Gloria Porras titular y Rony Eulalio López suplente.

Colegio de Abogados

La asamblea de profesionales eligió a Nester Vásquez y a Claudia Paniagua.

Tres solicitudes de amparo han llegado a la Corte de Constitucionalidad (CC) contra un mismo asunto: la elección de Roberto Molina Barreto y José Rodrigo Rosales Mirón, magistrados titular y suplente de ese tribunal elegidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ambos abogados fueron elegidos el 10 de noviembre por la Suprema y durante la noche fueron juramentados por el Congreso para ocupar las vacantes de los magistrados Neftaly Aldana, titular, quien fue cesado del cargo por enfermedad, y María Consuelo Porras, suplente, quien renunció en 2018 para ser fiscal general. La elección servirá para culminar la magistratura 2016-2021.

La CC aún no ha emitido resolución en torno a las tres peticiones.

Consultado por Guatevisión, Molina Barreto dijo que él cumplió con todos los requisitos de la convocatoria, no está sujeto a proceso penal ni ha sido condenado por violación de derechos humanos, y prueba de la legalidad de su nombramiento es que los magistrados de la CC le dieron posesión del cargo, algo que no habría ocurrido si hubiera ilegalidad en el proceso.

Resaltó que los grupos que se oponen a su nombramiento solo buscan impedir que las cortes se integren y recordó que en años anteriores las organizaciones han impugnado las elecciones de esos órganos estatales. Esas agrupaciones, dijo, “buscan que la corte sea un ring donde se diluciden sus situaciones confrontativas”. Agregó que no se pronunciará sobre si integrará el pleno en el momento que se conozcan las solicitudes de amparo en su contra puesto que desconoce si el tribunal les dará trámite.

CALDH
El Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) también presentó este 16 de noviembre un amparo contra la elección de Molina Barreto con el argumento de que el abogado no cumple con el principio de reconocida honorabilidad y no es idóneo para el cargo.

Se le señala de que, cuando fue magistrado de ese tribunal en 2013, “emitió resoluciones contrarias a la ley en el caso por genocidio contra Efraín Ríos Montt”, exjefe de Estado de facto, y también porque participó como candidato a la Vicepresidencia de la República en 2019, lo cual podría otorgar beneficios personales pero contrarios a las prohibiciones constitucionales.

Además, CALDH plantea que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no conoció tachas contra Molina Barreto y otros aspirantes al cargo.

Alianza por las Reformas
Alianza por las Reformas presentó el 13 de noviembre amparo contra irregularidades en la elección de la CSJ en la que fueron nominados Molina Barreto y Rosales Mirón.

La organización expuso que los magistrados de la Suprema no firmaron el acuerdo 45-2020 en el que establecían las reglas para la elección de magistrados titular y suplente, asimismo no conocieron las tachas que organizaciones sociales presentaron contra los aspirantes -Alianza presentó dos dos tachas contra Molina Barreto-.

Para esta agrupación, Molina Barreto no cuenta con honorabilidad ni independencia porque es parte del partido político Valor, fue candidato nominado a la Vicepresidencia en 2019 por ese partido.

Primera acción
El abogado Marco Vinicio Mejía presentó el 12 de noviembre un amparo contra la convocatoria de la Suprema del 30 de octubre porque considera que no tiene fundamento legal. Considera que la Suprema actuó con “notoria ilegalidad” contrariando preceptos constitucionales.

Michael G. Kozak, secretario interino del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, reaccionó este 11 de noviembre ante la elección ayer de Roberto Molina y Jorge Rosales Mirón, nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

En Twitter, Kozak se refirió a la elección que hizo la Corte Suprema de Justicia para nombrar a dos magistrados ante el tribunal constitucional y llenar las vacantes de Neftaly Aldana y María Consuelo Porras para el periodo 2016-2021.

“Es vital que todos los miembros de la corte cumplan sus responsabilidades constitucionales. La independencia judicial es un requisito no negociable en una democracia”, expresó el diplomático.

El 21 de octubre, el nuevo embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp, se reunió con los magistrados constitucionales. La misión diplomática dijo que el embajador transmitió un mensaje sobre la importancia del respeto a la Constitución y la protección de la justicia y de los derechos constitucionales.

.@WHAAsstSecty: El martes fueron nombrados dos nuevos magistrados a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
Es vital que todos los miembros de la corte cumplan sus responsabilidades constitucionales.
La independencia judicial es un requisito no negociable en una Democracia. https://t.co/35qcK7HhUI

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) November 11, 2020

La Corte queda ahora integrada con cuatro magistrados titulares y cinco suplentes, a falta de que el Colegio de Abogados nombre al sucesor de Bonerge Mejía, quien falleció por covid-19.

La magistratura que actualmente presidente Gloria Porras termina el 13 de abril de 2021, para lo cual la Presidencia de la República, el Congreso, la CSJ, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados deberán nombrar magistrados titular y suplente.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) eligió este 10 de noviembre a Roberto Molina Barreto para ser magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para la magistratura que termina en 2021.

El jurista, excandidato a la vicepresidencia de la República en 2019 en fórmula con Zury Ríos, ocupará la magistratura que dejó Neftaly Aldana.

Los otros cuatro abogados aspirantes no obtuvieron más de tres votos de los magistrados de la CSJ.

La votación fue a viva voz en la sala de vistas de la CSJ después de revisar los expedientes.

Los abogados que se presentaron candidatura fueron Jorge Rolando Rosales Mirón, Walter Brener Vásquez Gómez, Guillermo Antonio Porras Ovalle, Roberto Molina Barreto y Christian Lanuza Monge.

Obtuvo 10 votos a favor: Nery Medina Méndez, Vitalina Orellana, Josué Baquiax, Sergio Pineda Castañeda, Nester Vásquez Pimentel, Josué Pineda Barales, Manuel Reginaldo Duarte, Silvia Valdez Quezada, Noé Adalberto Ventura Loyo y Edwin Roberto Ruano Martínez. Votaron en contra Delia Dávila, Silvia García Molina y María Eugenia Morales.

Molina Barreto fue procurador general de la nación y en dos ocasiones magistrado titular de la CC nombrado por la Suprema.

Jorge Rolando Rosales Mirón fue elegido para la magistratura suplente, con 10 votos a favor y tres en contra. Ocupará la magistratura que dejó María Consuelo Porras, quien fue elegida por la Suprema para el periodo 2016-2021 pero renunció para ser fiscal general.

Pleno
Integraron esta vez el pleno de la CSJ los magistrados titulares Silvia Valdez Quezada, Nery Medina Méndez, Vitalina Orellana, Delia Dávila, Josué Baquiax, Sergio Pineda Castañeda, Silvia Verónica García Molina, Nester Vásquez Pimentel, Josué Pineda Barales, María Eugenia Morales Aceña y Manuel Reginaldo Duarte, y los suplentes Noé Adalberto Ventura Loyo y Edwin Roberto Ruano Martínez.

En los dos municipios del departamento de Guatemala que visitaron este sábado en horas de la tarde, prometieron la aplicación de la pena de muerte para violadores y asesinos, así como la eliminación de impuestos, de aranceles e implementación de una secretaría para exmilitares.

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Entre las 13.00 y 14.00 horas en Palencia, primer lugar al que llegó  Zury Ríos se pudieron observar al menos 7 buses llegando a un campo del municipio donde se realizó el mitin, algunos de los buses llevaban globos con colores de la agrupación o pancartas del candidato a alcalde por el partido Valor, Donald Hernández.

Cuando descendían de las unidades los simpatizantes eran recibidos por representantes del partido asegurando que “no eran acarreados”, dijeron ser vecinos de las aldeas lejanas a Palencia, sin decir quién había contratado los buses.

Simpatizantes de Zury Ríos en Palencia bajan de buses y escoltados por personal del partido Valor #DecisiónLibre2019 pic.twitter.com/Y3jcG66cBx

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) May 11, 2019

Los exmilitares grandes héroes nacionales

El exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) Roberto Molina Barreto compañero de fórmula de Ríos, agradeció a los exmilitares del lugar señalando que fueron “hombres valientes” que anduvieron a lado del padre de la candidata, el expresidente de facto José Efraín Ríos Montt, el militar golpista acusado de genocidio.

Barreto los tildó de “héroes” enfatizando que por ello se comprometen a crear una secretaría especial para ellos.

“Este es un lugar de mucha gente valiente y por ello quiero saludar, a los excombatientes militares que son unos héroes de nuestra democracia, esos valientes hombres, muchos andando precisamente con el padre de Zury Ríos, el General Efraín Ríos Montt salvaron al país del totalitarismo, así que es para nosotros un orgullo que tenemos planificado una secretaria especial para atender a estos grandes héroes nacionales” dijo Barreto, en medio de aplausos en Palencia.

Molina indicó que esta propuesta está es parte de las secretarías “asesoras de la presidencia” para beneficiar a “los expatrulleros militares que han sido abandonados no obstante se comprometió el Estado a respetar la dignidad de ellos son jubilados son retirados y se va a crear esa secretaría para apoyarlos a ellos y a su familia con programas sociales que de alguna manera se les reconozca el esfuerzo que hicieron por este país” dijo a Guatevisión, Molina Barreto al consultarle por más detalles de está propuesta.

Eliminación de impuestos

Por su parte Zury Ríos en su discurso en ese municipio y en San José Pinula indicó que de llegar a la presidencia no pondrá más impuestos, por el contrario prometió que eliminará algunos y trabajará de la mano con las empresas para que paguen parte de sus impuestos con obra.

“Vamos a trabajar la revolución educativa, eso significa que medianos y grandes contribuyentes podrán pagar parte de sus impuestos con obras, ose que no solamente vamos a ver el dinero en líquido que entra al gobierno si no que vamos a ver obras directamente para los ciudadanos, que las escuelas públicas no tengan una letrina, sino que tengan un baño digno, una cocina digna que los hospitales tengan medicamentos, las camillas, el oxigeno que es necesario para la población que los policía tengan equipo, que tengan balas y que tengan el pan de cada día para que puedan hacer su trabajo cada día” dijo Ríos en San José Pinula.

“Y no vamos a poner más impuestos al contrario vamos a quitar impuestos qué tal, pero vamos a administrar mejor los recursos del pueblo con lo que ingresa al gobierno velaremos para que los satisfactorios básicos lleguen a la población, vamos a establecer lo que se llama un 0% de arancel, que es un tipo de impuesto, 0% para todos aquellos nuevos comercios, nuevas industrias que quieran invertir en las regiones en Guatemala para que la gente tenga empleo, que tengan trabajo” destacó la candidata a la presidencia señalando que en varios lugares le dicen que no tienen empleo.

Zury Ríos señala que se compromete a bajar los aranceles. Además de decir que los programas sociales seguirán https://t.co/JxIUFNj6NR

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) May 11, 2019

Defendió que estarán haciendo los cambios necesarios a las leyes para que se vuelva a ejecutar en el país la pena de muerte para delincuentes, asesinos y violares, además de señalar que los proyectos sociales continuarán “pero no como hasta ahora que sirven para clientelismo”, por lo que planea realizar cambios de la manera en la que se entrega.

Ríos rodeada de los candidatos a alcalde así como de la corporación municipal y algunos candidatos a diputados enfatizó que pese a que “algunos partidos de colores, señalan que Zury es preparada en inteligente, y dicen que no irá, pero yo si voy” esto en referencia a la acción de amparo pendiente de resolver su candidatura en la CC luego de que el TSE accionará en su contra.

Zury Ríos saca su credencial y dice que muchos dicen que ella no va.Esa es la prueba que sí. #DecisionLibre2019 pic.twitter.com/MWNKCcW5Zs

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) May 11, 2019

En ambos lugares Zury también enseñó su credencial, asegurando que ella “si va” y estará en la papeleta de las elecciones a realizarse el próximo 16 de junio.

En San José Pinula, Zury Ríos también saca su credencial que le permite https://t.co/EcEqw79L6d aún no resuelve acción del TSE pic.twitter.com/brMM0B155M

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) May 11, 2019

Regalos pese a prohibición

Según el inciso m) del artículo 223 de la Ley Electoral establece que es prohibido: “otorgar u ofrecer prebendas, regalos o cualquier otra retribución que implique clientelismo con fines electorales”, pese a ello en la actividad de San José Pinula el candidato a alcalde tenía varios regalos “por el día de la madre”.

En la tarima donde Ríos y Barreto dieron su discurso estaban colocados los obsequios que según Giovanni Salvatierra se compraron con dinero recaudado entre el equipo y solo eran tazas y porcelanas, aunque esto no se pudo comprobar pues ninguna de las que recibieron el “premio por llevar a su mamá” abrió el mismo.

El candidato a alcalde Giovanni Salvatierra dice que son regalos por el día de la madre y son tazas y porcelanas https://t.co/bfUQJq0S4b

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) May 11, 2019

Candidatura aún en riesgo

El TSE considera que es evidente la inconstitucionalidad a la participación en el proceso electoral de Ríos Sosa por considerar que ella tiene prohibición constitucional por ser la hija del general golpista Ríos Montt.

“El artículo 186 de la Constitución regula las prohibiciones para optar al cargo de presidente y vicepresidente de la República… a) el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno… c) los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia y los de las personas que se refiere al inciso primero de este artículo”, sostiene el tribunal electoral.

El TSE expone que la norma constitucional, al establecer la prohibición a optar el cargo de Presidencia y Vicepresidencia a los jefes de Estado, como a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, persigue no solo sancionar un acto grave, como el rompimiento del orden constitucional, sino también persuadir a los golpistas de cometer tales actos, pues de cometerlos no solo afectarán su participación, sino también la de sus parientes a optar a los cargos relacionados.

La acción establece que resulta “oportuno” clarificar el sentido expreso de la prohibición constitucional contenida en el artículo 186 literal c) al respecto la literal en referencia contiene dos supuestos distintos y por lo tanto independientes entre sí.

“De la redacción deriva necesariamente que la prohibición del primer supuesto parientes del presidente y vicepresidente se extiende mientras el pariente ostente la calidad de presidente o vicepresidente, por lo tanto, al ya no ejercer dicho cargo, la prohibición desaparece para los parientes; mientras que en el caso del segundo supuesto, el constituyente reguló una prohibición atemporal, al referirse a una condición histórica de quienes sean familiares de los que hayan sido caudillos o jefes de un golpe de Estado”, dice la apelación.

“Eso lo esperábamos, ustedes saben que nos tienen miedo porque vamos a ganar, la ley nos ampara como nos amparó la última vez y estaremos en la papeleta”, explicó la candidata.

La negativa del registro se debe a una prohibición en el artículo 186 de la Constitución Política de la República que restringe la participación de familiares de personas que hayan participado en gobiernos de facto.

Esto deriva del proceso electoral pasado, cuando Ríos accionó ante la Corte Suprema de Justicia, que ordenó su inscripción, en ese entonces para el partido Visión con Valores (Viva).

El Tribunal Supremo Electoral informa que el amparo otorgado fue revocado por la Corte de Constitucionalidad y en consecuencia quedó vigente la resolución que el ente electoral emitió en 2015.

Ríos fue diputada al Congreso en cuatro legislaturas. El candidato a vicepresidente que la acompaña en esta contienda es el exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto.

Molina Barreto fue uno de los tres magistrados que resolvió anular la condena por genocidio en contra del exjefe de Estado Efraín Ríos Montt, padre de su compañera de fórmula.

Durante su proclamación como candidata, Ríos prometió bajar impuestos en áreas fronterizas y reincorporar la carrera de magisterio.

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El Partido Valor realizó su Asamblea Nacional y proclamó como candidatos a la presidencia y vicepresidencia a Zury Ríos y Roberto Molina Barreto.

Ríos fue diputada al Congreso en cuatro legislaturas y en las elecciones pasadas se postuló a la presidencia por el Partido VIVA.

Molina Barreto fue Procurador General de la Nación y Magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

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Durante su gestión en la Corte de Constitucionalidad, Molina Barreto fue uno de los tres magistrados que resolvió anular la condena por genocidio en contra del exjefe de Estado Efraín Ríos Montt, padre de su compañera de fórmula.

La figura de Ríos Montt se exalta durante la asamblea. Uno de los participantes afirmó que él se preocupaba por la familia y recuerda la frase: “usted papá, usted mamá es la encargada de su hogar, para que una familia progrese y sobresalga”.

En su discurso, Molina Barreto reiteró el rechazo a al aborto y señala que “la pena de muerte sigue vigente para los que asesinan, secuestran y violan”.

Indica que lo regirá la familia “como la verdadera escuela de formación de valores que nos permita la convivencia en paz, con seguridad y en libertad”.

Roberto Molina Barreto señala que está en contra del aborto. Pero que cumplirá con lo que establece la Constitución como la aplicación de la pena de muerte. pic.twitter.com/GfFrEcUk5G

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 2, 2018

Promesas de Zury Ríos

“Una revolución educativa que contempla escuelas donde hay salud preventiva, donde hay deporte, artes y oficios que nos den oportunidades de empleo”, es el compromiso de Ríos, agrega que luchará para que se reincorpore la carrera de magisterio a las escuelas normales.

La candidata también prometió bajar impuestos en áreas fronterizas e impulsar polos de desarrollo con áreas industriales.

Indicó que entre sus planes está el fortalecimiento del Ejército y que aceptará cooperación extranjera en seguridad del Departamento de Estado de Estados Unidos e Israel.

"Escúchenme bien, cero tolerancia a la corrupción", dice Zury Ríos. pic.twitter.com/EOwNQ49yKI

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 2, 2018

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Los otros candidatos del Partido Valor

Luis Rosales, Antonio Arenales Forno, Elmer Palencia, Lucrecia de Palomo y Edgar Zamora buscarán un curul en el congreso por lista nacional.

Durante la actividad también participó Virgilio Jerónimo Bernal, quien ocupó el puesto de alcalde en Nebaj durante tres períodos. El líder comunitario, manifestó su apoyo a al binomio presidencial.

Zury Ríos y Roberto Molina Barreto son vestidos con trajes típicos de Quiché. pic.twitter.com/59KkKb13im

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 2, 2018