La Sala Segunda de Mayor Riesgo dejó en firme la sentencia de 15 años de cárcel contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por el caso Agua Mágica, luego de que su defensa accionara en busca de dejar sin efecto dicha condena, emitida en octubre de 2018 por el Tribunal de Mayor Riesgo C.

El objetivo de la apelación era revertir la sentencia que le dictó el Tribunal de Mayor Riesgo C que consiste en 15 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencia y fraude en la adquisición de una fórmula a utilizar en el saneamiento del lago.

La Sala dejó en firme el fallo dictado por los jueces del tribunal y resolvió que se debe mantener la sentencia. Baldetti fue condenada tras haberse comprobado que formaba parte de una estructura que estafó al estado de Guatemala por un monto de Q22.8 millones.

César Calderón, abogado defensor de Baldetti, indicó que por medio de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se espera revertir el fallo.

“Luego de que resolvieron la apelación especial, se acudió al recurso de casación, que está ante la Corte Suprema de Justicia”, dijo Calderón.

Calderón indicó que lo resuelto por la Sala de Apelaciones ocurrió el año pasado y que están a la espera de la resolución de la CSJ sobre el recurso de casación.

Sobre el caso, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó varios indicios de investigación durante el proceso y uno de ellos era referente a la empresa M. Tarcic Engineering Limited, que en 2014 se le adjudicó un contrato por Q137.8 millones.

Del total adjudicado, Q22.8 millones ya habían sido pagados para la adquisición de 23 mil litros de la supuesta fórmula para sanear el lago.

De acuerdo con la investigación, Baldetti habría propuesto un proyecto para el saneamiento del lago ubicado a 29 kilómetros de la ciudad de Guatemala.

Baldetti también está involucrada en el caso de defraudación aduanera La Línea, en los casos de corrupción Cooptación del Estado y TCQ]; además, aceptó ser extraditada a Estados Unidos por haber recibido protección de los narcotraficantes mexicanos los Zetas durante la campaña electoral de 2011.

La Fiscalía también la señaló en un caso de plazas fantasma en el Registro de Información Catastral.

Un juzgado de Guatemala condenó este miércoles 6 de septiembre a ocho años de prisión al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), ya encarcelado, en otro de los casos de corrupción que lo obligó a renunciar en 2015 y que, de acuerdo con sus declaraciones, su dimisión no fue empujada por las protestas ciudadanas de ese entonces.

La jueza Eva Recinos dictó la sentencia condenatoria luego de que el exgobernante aceptara la culpabilidad por los delitos de lavado de dinero y otros activos, cohecho pasivo y fraude.

“El acusado Otto Fernando Pérez Molina es autor responsable” de los tres delitos y se le impuso una condena de 16 años de cárcel, pero como se sometió al procedimiento especial de aceptación de cargos la pena se redujo a la mitad, precisó Recinos.

El exmandatario además deberá pagar una multa de más de US$3 millones.

La sentencia por el caso denominado “Cooptación del Estado”, vinculado con el saqueo de fondos públicos, es la segunda impuesta a Pérez Molina en menos de un año.

“Yo no renuncié por los movimientos que hicieron las manifestaciones que fueron a hacer, si la manifestación no llegó a más de 40 mil gentes, yo hubiera podido poner tres veces más de las 40 mil gentes”, dijo Pérez Molina respecto a los movimientos sociales que surgieron contra su gobierno.

El exmandatario recordó que un medio de comunicación hizo una encuesta sobre su renuncia y asegura que “el 54% de los guatemaltecos dijo que yo no debería de renunciar, que debería de terminar mi periodo; sin embargo, vine a dar la cara -a la justicia-, pero en estos 8 años me estoy dando cuenta de que la justicia aquí no solo es tardía, es maliciosa, es selectiva y está politizada”.

Agregó que “no tengo una sentencia firme después de 8 años, donde yo voluntariamente me presenté”; además, dijo que en el caso La Línea “me condenaron sin tener pruebas (…) me condenaron sin pruebas, me condenan por defraudación especial aduanera, se inventan el en complicidad, pero dicen que no me enriquecí, que no recibí dinero, entonces cómo así, es una sentencia realmente ridícula”.

Pérez Molina, un general retirado, ya fue condenado a 16 años de prisión inconmutables el pasado 8 de diciembre por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo B de la capital guatemalteca, adonde Pérez Molina se presentó con playera y saco negro. Tras la sentencia el expresidente nuevamente fue enviado a prisión.

“En el caso de fraude quiero manifestar que efectivamente yo soy el responsable de haber ordenado que se le diera el paso para la construcción” de una terminal en un puerto en el Pacífico, al sur de la capital, reconoció.

“Si yo cometí una omisión, error o delito, estoy aceptándolo, y lo estoy aceptando porque giré las instrucciones a las respectivas personas (…), pero en el camino pudo haberse cometido una serie de omisiones, acciones que llevaron a cometer el delito de fraude”, agregó.

Según la acusación, Pérez Molina integraba una estructura ilegal junto a su vicepresidenta Roxana Baldett para recibir millones en sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas. Baldetti ya fue condenada en otros dos casos de corrupción.

Pérez Molina, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.

La Fiscalía destapó los casos de corrupción con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado entre 2007 y 2019.

Un juzgado reprogramó para octubre el proceso judicial contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) acusada de corrupción.

El Tribunal de Mayor Riesgo “B” del Organismo Judicial guatemalteco decidió reprogramar la audiencia para octubre, debido a una excusa presentada por el Ministerio Público (Fiscalía).

Baldetti y su defensa podrían aceptar los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo, de los cuales se le acusa por una trama de corrupción ocurrida durante el Gobierno del presidente Otto Pérez Molina entre 2012 y 2015.

El caso de corrupción, conocido como Cooptación del Estado, se trataba de una estructura incrustada en el Estado y que sirvió para que Pérez Molina y Baldetti se beneficiaran con millonarios sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas.

Actualmente, Baldetti está cumpliendo dos condenas de 15 y 16 años por dos casos de fraude y corrupción en aduanas, cometidos durante su administración.

Además, Baldetti tiene pendiente una orden de extradición de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

Roxana Baldetti, exvicepresidenta de Guatemala no se presentó este 18 de julio al Juzgado de Mayor Riesgo B en el que procedería a aceptar los cargos en el caso de corrupción denominado Cooptación del Estado, debido a una situación médica.

Según se conoció, Baldetti no se presentó al juzgado y se excusó por cirugía a la que fue sometida recién.

La jueza Eva Recinos pospuso la audiencia de petición de aceptación de cargos para el próximo 16 de agosto.

El 12 de julio pasado, la exvicepresidenta pidió al Juzgado de Mayor Riesgo B que le permita someterse a la aceptación de cargos en el caso de corrupción denominado Cooptación del Estado.

La vicemandataria fue condenada a 15 años y seis meses de prisión en octubre de 2018, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo C la halló culpable de fraude en el proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.

Además, en 2022 fue condenada junto al expresidente Otto Pérez Molina a 16 años de prisión en el caso La Línea y se le impuso una multa de Q8 millones 709 mil.

Caso Cooptación del Estado

El 16 de abril de 2015, se presentó el caso de corrupción denominado La Línea, que según la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público, era una estructura de corrupción que había tomado el control de aduanas del país para generar beneficios económicos ilegales que era dirigida por el entonces presidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti.

“Al hacer un ordenamiento minucioso de la documentación incautada físicamente, así como en dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, 4 años antes que el Partido Patriota asumiera el poder”, se lee en el comunicado de la Cicig el 2 de junio de 2016.

Según la información de la Cicig, los nombres de personas y empresas que aparecieron en la investigación de La Línea, TCQ y Lago de Amatitlán y que tenían bastante información de la participación de estos en otras investigaciones en curso.

Las investigaciones revelaron, según la Cigig, “un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que lleva a la Presidencia de la República a Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti Elías”.

Esta estructura habría sido fundada en 2007, luego que el Partido Patriota perdió las elecciones, y siguió funcionando durante el Gobierno de Pérez Molina y Baldetti.

“Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti”, se lee en la información en el sitio de la Cicig.

“Así, varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero -con apariencia de legalidad en muchos casos pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones.  Esta estructura mafiosa utilizó los canales electorales que ofrece la democracia en Guatemala para hacerse con el poder a través de un partido político denominado Partido Patriota”, dice el comunicado de la Cicig en ese entonces.

La exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, le pidió al Juzgado de Mayor Riesgo B que le permita someterse a la aceptación de cargos en el caso de corrupción denominado Cooptación del Estado.

Según se informó este 12 de julio, a exmandataria hizo la petición a la jueza Eva Recinos, quien lleva el expediente y tentativamente fijó la audiencia para conocer la petición para el próximo 18 de julio de 2023.

La vicemandataria fue condenada a 15 años y seis meses de prisión en octubre de 2018, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo C la halló culpable de fraude en el proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.

Además, en 2022 fue condenada junto al expresidente Otto Pérez Molina a 16 años de prisión en el caso La Línea y se le impuso una multa de Q8 millones 709 mil.

Caso Cooptación del Estado

El 16 de abril de 2015, se presentó el caso de corrupción denominado La Línea, que según la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público, era una estructura de corrupción que había tomado el control de aduanas del país para generar beneficios económicos ilegales que era dirigida por el entonces presidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti.

“Al hacer un ordenamiento minucioso de la documentación incautada físicamente, así como en dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, 4 años antes que el Partido Patriota asumiera el poder”, se lee en el comunicado de la Cicig el 2 de junio de 2016.

Según la información de la Cicig, los nombres de personas y empresas que aparecieron en la investigación de La Línea, TCQ y Lago de Amatitlán y que tenían bastante información de la participación de estos en otras investigaciones en curso.

Las investigaciones revelaron, según la Cigig, “un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que lleva a la Presidencia de la República a Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti Elías”.

Esta estructura habría sido fundada en 2007, luego que el Partido Patriota perdió las elecciones, y siguió funcionando durante el Gobierno de Pérez Molina y Baldetti.

“Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti”, se lee en la información en el sitio de la Cicig.

“Así, varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero -con apariencia de legalidad en muchos casos pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones.  Esta estructura mafiosa utilizó los canales electorales que ofrece la democracia en Guatemala para hacerse con el poder a través de un partido político denominado Partido Patriota”, dice el comunicado de la Cicig en ese entonces.

Hace ocho años fue detenido Jonathan Chévez, y fue señalado de lavar dinero a estructuras dirigidas por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti cuando gobernaron el país.

El Ministerio Público (MP) ha vinculado a Chévez en los casos Cooptación del Estado, Transurbano y Bodegón, y por medio de sus abogados ha objetado los señalamientos con acciones legales logrando resoluciones a su favor en dos procesos.

La Corte de Constitucionalidad en febrero pasado resolvió un amparo en favor de Chévez en el que ordena que no sea procesado penalmente por financiamiento electoral no registrado debido a que esa figura delictiva no estaba vigente cuando se consumaron los hechos según las pesquisas de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

La semana pasada, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal cumplió la orden del tribunal constitucional. La Feci pidió a la jueza Segundo Penal, Sara Yoc, reformar el delito y la juzgadora no lo hizo debido a que justificó que la resolución constitucional no lo ordenó. Yoc en esa audiencia dictó libertad a Chévez debido a que era el único delito por el que estaba siendo señalado.

Este lunes 29 de mayo, Chévez acudió a la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo B, con la juzgadora Eva Recinos.

Los abogados defensores pidieron que se otorgara medidas sustitutivas y Recinos le otorgó arresto domiciliario, arraigo, prohibición de comunicarse con coimputados del caso, y caución de Q1 millón, la cual deberá pagar en plazo de 15 días.

Al sindicado le hace falta solventar su situación en el caso.

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Tercer caso

Los abogados defensores de Chévez tienen previsto pedir medidas sustitutivas en el caso El Bodegón, el tercer proceso por el que aún se mantiene en prisión.

En este caso, Chévez fue enviado a juicio en marzo de 2017 por asociación ilícita, contrabando aduanero en delito continuado y alternativamente por el delito de lavado de dinero.

Abner Fonseca, acusado en el caso Cooptación del Estado, aceptó este miércoles 26 de abril haber cometido conspiración para el lavado de dinero y encubrimiento propio, por lo que fue condenado a seis meses de prisión conmutables. Además, señaló a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

La audiencia se desarrolló en el Jugado de Mayor Riesgo B, donde Fonseca, exgerente de un banco, está implicado en referido caso que involucra al gobierno del Partido Patriota.

Los señalados en este caso habían acaparado distintos negocios del Estado, que eran adjudicados a empresas vinculadas a los integrantes de la estructura criminal, según la investigación del Ministerio Público.

Fonseca aceptó los cargos y el juez le impuso multas de Q200 mil, Q100 mil para el banco que representaba y Q100 mil para el Estado de Guatemala. La pena era de un año, pero con reducción quedó en seis meses.

En esta condena de seis meses de prisión conmutables, Fonseca tiene derecho a pagar Q5 diarios por cada día de la pena y de esa manera evitar la cárcel.

El juicio fue breve y distinto a un debate ordinario, ya que el sindicado aceptó los hechos que le señalaban durante la investigación.

Señala a Baldetti

En la audiencia, Fonseca señaló a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Explicó ante el juez que le preguntaron que si los dos sobregiros de Roxana Baldetti ya estaban cancelados y respondió que desconocía.  

Ante esto, Fonseca hizo una llamada para consultar por los sobregiros y le indicaron que no estaban cancelados, por lo que Edin Barrientos, también implicado, sacó su chequera y preguntó cuánto era, a lo que le respondieron que eran Q5 millones por cada sobregiro en favor de la exfuncionaria.

Para leer más: Tres colaboradores eficaces del caso Cooptación del Estado podrían perder beneficios

También explicó cómo la estructura pedía créditos empresariales.

El 24 de abril, Baldetti nombró a una nueva abogada para que la represente en el proceso por este caso en el que está implicada.

Baldetti por impago al abogado Gustavo Juárez dejó de recibir esos servicios, este abogado logró que la exfuncionaria obtuviera permiso para salir de la cárcel para tratamiento médico.

En el previo a discutir la etapa intermedia del caso Cooptación del Estado, la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, ha nombrado a una nueva abogada para que la represente en el proceso.

Baldetti por impago al abogado Gustavo Juárez dejó de recibir esos servicios, este abogado logró que la exfuncionaria obtuviera permiso para salir de la cárcel para tratamiento médico. 

El referido beneficio lo concedió la jueza de Mayor Riesgo E, Eva Recinos.

Se conoció que Baldetti no logró pagar dos audiencias al abogado Juárez.

Ahora, ha nombrado a Gloria Floridalma Hernández Reyes para continuar con su representación en el caso que, está cerca de empezar la etapa intermedia en la que se define si va o no a juicio.

En el caso Cooptación del Estado hay más de 50 sindicados.

Para leer más: Tres colaboradores eficaces del caso Cooptación del Estado podrían perder beneficios

Condenas contra Baldetti

En octubre del 2018, Baldetti fue condenada a 15 años y seis meses de prisión cuando el Tribunal de Mayor Riesgo C la halló culpable de fraude en el proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.

Además, el 7 de diciembre de 2022 fue condenada junto al expresidente Otto Pérez Molina a 16 años de prisión en el caso La Línea y se le impuso una multa de Q8 millones 709 mil.

En el caso Cooptación del Estado, los más de 50 sindicados urgen para mayo próximo ir a etapa intermedia, en la que se determinará si van o no a juicio, pero antes tratan de impedir que se concrete la colaboración eficaz de tres sindicados que llegaron a acuerdos en 2018 con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Los colaboradores eficaces deben de formalizar su figura y beneficios declarando en anticipo de prueba ante el Juzgado de Mayor Riesgo B, aunque en los últimos cinco años Ingrid Marisol Dávila Álvarez, María del Carmen Palencia Espinosa y Víctor Hugo Hernández no han podido declarar.

En el proceso ha habido demoras por amparos, agenda saturada del juzgado y cambios de juez desde que Miguel Ángel Gálvez se exilió.

En 2018 se avaló la colaboración eficaz y en el punto tercero de los acuerdos se tiene por obligatoriedad la declaración ante el juez. De no hacerlo y empezar la etapa intermedia, los sindicados podrían perder los beneficios que consensuaron con la Feci del Ministerio Público.

“Como consecuencia del presente acuerdo, el procesado o colaborador se obliga a rendir información testimonial en calidad de anticipo de prueba ante el juez Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo del grupo B del departamento de Guatemala para efectos de producir prueba legal y legítima en contra de los partícipes y cualquier otra persona que pudiera estar sindicada dentro de la investigación”, determinan los convenios.

La audiencia de etapa intermedia se programó para el 2 de mayo próximo, y la Feci en menos de 11 días debe justificar y convencer a la jueza de Mayor Riesgo B, Eva Recinos, de lo necesario de las declaraciones para que sean escuchados y no arriesgar los convenios.

Colaboradores

Entre los colaboradores eficaces está Hernández, quien fue contador y representante de un conglomerado de empresas que coordinó Juan Carlos Monzón, quien fue secretario de la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Ese conjunto de empresas, por la investigación de la Feci se determinó que no existían, y por medio de ellas en la campaña de 2011 se recibieron aportes para el Partido Patriota (PP).

La investigación establece que las empresas de Hernández le entregaban facturas falsas y, en ocasiones, por servicios intangibles y difíciles de rastrear como “uso de maquinaria por mil horas”, modalidad que se repite constantemente.

Unos Q15 millones habría recibido Hernández por medio de la empresa que administraba y que eran parte de la red de Monzón y Baldetti.

Asimismo, Palencia Espinoza posee información de interés en el caso por haber sido la secretaria de Hernández.

La colaboración de Dávila Álvarez interesa a la Feci porque ella fue secretaria de Monzón en las empresas que tuvo, como por ejemplo en Canchas Deportivas, S.A. Ella a los fiscales les ha relatado cómo los operadores del extinto Partido Patriota acudían a la compañía.

Baldetti

En la audiencia de este miércoles, Baldetti anunció que no tenía representación legal y el abogado Gustavo Juárez confirmó su renuncia a continuar brindado su asesoría.

La jueza Recinos ordenó a Juárez continuar con la representación a la ex vicepresidenta hasta que consiga nuevo abogado.

En una audiencia del caso Cooptación del Estado, el abogado defensor de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, pidió que ella pudiera salir de prisión para recibir tratamiento médico por dolencias en la espalda.

En una audiencia anterior, Baldetti había solicitado medidas sustitutivas para salir de la cárcel de Santa Teresa, en la zona 18 de la capital, pero la petición fue rechazada por la jueza de Mayor Riesgo B, Eva Recinos.

Sin embargo, la defensa de la exfuncionaria lo volvió a intentar por otra vía y consiguió un beneficio parcial.

La jueza Recinos le otorgó permiso a Baldetti para salir de prisión por cuatro días a la semana para recibir tratamientos médicos.

“Se declara con lugar la solicitud para recibir tratamiento preoperatorio consistente en rehabilitación física a la señora Ingrid Roxana Baldetti Elías, razón por la cual deberá ser trasladada de lunes a jueves a su lugar de residencia para que reciba tratamiento médico”, resolvió la jueza Recinos.

La resolución de la jueza establece la autorización para dejar la prisión de Santa Teresa, pero cada día debe regresar a su celda.

“Se recibirá el tratamiento cuatro veces a la semana, lo único es que será trasladada diariamente del centro penitenciario donde se encuentra al lugar de su residencia. El traslado se deberá realizar durante la mañana, ya será una coordinación que realice con el centro penitenciario. Recibirá el tratamiento y se esperará ciertas horas a efecto de que ella pueda reaccionar a ese tratamiento y que su traslado no se vea afectado en cuanto a que se sufra de tráfico y otras circunstancias”, determinó la jueza.

Los tratamientos serán aplicados por el médico privado que ha contratado Baldetti, y este debe de informar a “la doctora -fisioterapista-, Ana Beatriz Quinto Dubois, de informar cada semana -al Juzgado- sobre cómo está funcionando el tratamiento”.

Recinos justificó su decisión: “Como se ha establecido la situación de la señora Roxana Baldetti Elías no es algo fácil, toda vez que al haber sido vicepresidenta de la República de Guatemala pues se tienen los cuidados necesarios, no solo por la seguridad de su persona, sino porque está sujeta a otros procesos penales en los cuales debe cumplir. Se debe de resguardar no solo la integridad física sino la presencia en otras judicaturas en los que tiene procesos pendientes”.

La exfuncionaria aún debe enfrentar dos procesos penales por su posible participación en los casos Registro de Información Catastral, Cooptación del Estado y su posible extradición a EE. UU. por delitos relacionados con el narcotráfico.

Para leer más: España extraditará a Guatemala a empresario implicado en el caso TCQ

Condenas contra Baldetti

En octubre del 2018, Baldetti fue condenada a 15 años y seis meses de prisión cuando el Tribunal de Mayor Riesgo C la halló culpable de fraude en el proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.

Además, el 7 de diciembre de 2022 fue condenada junto al expresidente Otto Pérez Molina a 16 años de prisión en el caso La Línea y se le impuso una multa de Q8 millones 709 mil.