El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lazó este lunes 12 de febrero la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), un mecanismo que tiene como objetivo fortalecer la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y que, de acuerdo con la autoridad electoral, llega en un momento “trascendental” debido a la crisis política que se vivió luego de las elecciones generales de 2023.

La CAME es un espacio regulado en la LEPP y que se instala luego de haber concluido el proceso electoral y se integra por los magistrados del TSE, un representante y suplente de cada partido político vigente, representantes de organizaciones sociales e instituciones académicas acreditadas ante el órgano electoral.

Blanca Alfaro, presidenta del TSE, destacó que a pesar los incidentes que se dieron durante el proceso electoral 2023 se puede decir “misión cumplida”, porque todos los funcionarios electos tomaron posesión en las fechas establecidas.

También agregó que, con base en lo acontecido en el proceso electoral 2023 es necesario que en la CAME se discuta sobre inclusión, voto en el extranjero y su fortalecimiento, distritos electorales, financiamiento a los partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones políticas y su fortalecimiento.

“Debemos evitar a toda costa que a una organización política se le trate como una organización criminal. Una organización política debemos cuidarla porque es de bien común y debemos volverla a elevarla a esos estándares constitucionales”, añadió Alfaro.

Afirmó que han recibido ocho propuestas de reformas a la LEEP y 42 organizaciones y 12 partidos políticos están inscritos. Además, dijo que luego todo queda en manos del Congreso de la República.

“No podríamos ir como país a un evento electoral con la judicialización que tuvimos en el 2023, y también necesitamos la modernización de elevar un Tribunal Supremo Electoral con una justicia especializada”, detalló Alfaro al hacer mención sobre el “mal uso” que se le da al amparo.

También señaló que “la democracia hoy en día está pasando por un momento muy difícil (…) la democracia evita dictadores y caudillos, las democracias están perdiendo su espíritu, están perdiendo la lucha. Estamos en un declive de descomposición de la democracia”.

“El proceso de la democracia es todos los días, no podemos quedarnos estáticos y por eso es en cumplimiento del artículo 256 bis de la LEPP” se lanza la CAME, dijo Alfaro.

Arévalo se pronuncia

Al lanzamiento de la CAME asistió el presidente Bernardo Arévalo, quien destacó tres puntos que, a su criterio, deben ser analizados en la CAME.

“Debemos llamar la atención sobre tres problemas que hemos identificado y a los que hay que empezar a darle solución en el marco de este mecanismo: la exclusión cuestionada de candidatos a cargos de elección popular, la judicialización innecesaria y mal intencionada de los asuntos electorales y partidarios y el cuestionamiento sin fundamento de los resultados electorales”, dijo Arévalo.

El mandatario detalló que hay posibilidades limitadas dentro del marco legal para “ajustarlo y prevenir que estas situaciones se repitan”.

“De nuestra responsabilidad, de nuestra disciplina, de nuestra tolerancia mutua y de nuestra intención real y consecuente de convivir en igualdad y libertad depende la viabilidad de la democracia”, refirió Arévalo.

Respecto al lanzamiento de la CAME, Arévalo comentó: “Estamos llevándolo a cabo a solo meses del intento mezquino de una minoría autoritaria de socavar las bases de nuestra constitución y a pocas semanas del triunfo popular de una gran mayoría que, para sorpresa de muchos, mostró un ferviente compromiso con la democracia, un pueblo valiente que le ha dicho al mundo con claridad que no vivirá bajo el autoritarismo”.

Experiencia

Se informó que en el 2019 se llevó a cabo el primer ejercicio en el que se presentaron 78 propuestas de reformas a la LEPP y se sistematizaron mil 41 planteamientos; sin embargo, por diferentes factores, entre ellos la pandemia, las reformas a la LEPP no se concretaron.

El TSE informó que en el 2019 la mayoría de las propuestas se enfocaron al fortalecimiento de la autoridad electoral, financiamiento político y régimen de medios, proceso electoral, sistema de organizaciones políticas y justicia electoral.

En esta segunda ocasión, desde finales de septiembre de 2023 se presentó el cronograma de trabajo a las organizaciones políticas, posteriormente se realizaron reuniones con representantes de diferentes sectores para explicar la metodología de trabajo y de cómo presentar propuestas, así como el cronograma en el que se tiene previsto desarrollar las mesas de consulta participativa del 5 al 21 de marzo.

Sugerencia

De acuerdo con el TSE, del 18 de enero al 29 de febrero, sectores de la sociedad guatemalteca podrán ingresar al portal came2024.org.gt para hacer sugerencias en busca del “fortalecimiento y modernización de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en el contexto del trabajo de la CAME”.

Anteriormente, Alfaro hizo un llamado a sectores académicos, organizaciones de sociedad civil y partidos políticos para que se sumen a ese proceso y presenten sus propuestas.

Además, dijo que quienes que no pertenezcan a una organización política, social o académica y quieran aportar en la CAME pueden ingresar a la página web y en la sección “comentarios” pueden dejar sus aportes.

Una Sala ordenó este jueves 1 de febrero el embargo de las cuentas bancarias de la empresa Datasys, encargada de haber vendido por Q148 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el cual es objeto de una investigación por parte del Ministerio Público (MP).

La resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo se da con base a una apelación del MP respecto al caso, la cual fue declarada con lugar y se ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Datasys.

Además, en la misma resolución la Sala le ordena al TSE que frene el pago de Q40 millones pendientes a la empresa Datasys.

La apelación que originó la resolución fue planteada por la Fiscalía de Extinción de Dominio, según fuentes judiciales.

Órdenes de captura

Como parte de la investigación, el MP solicitó el retiro de la inmunidad de cuatro magistrados del TSE, quienes fueron desaforados por el Congreso de la República el 30 de noviembre pasado y posteriormente se giró orden de captura en su contra.

La Fiscalía confirmó el 11 de enero pasado órdenes de captura contra la magistrada Irma Palencia por supuesto abuso de autoridad y fraude, mientras que los magistrados Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas son señalados de fraude.

Los magistrados del TSE fueron denunciados por un supuesto fraude financiero en la compra del referido sistema.

Informe de la CGC

Además, el 24 de noviembre del 2023, la Contraloría General de Cuentas (CGC) encontró posibles inconsistencias en la forma en que el TSE, utilizó los Q500 millones destinados para la preparación del evento electoral del 2023.

La CGC comenzó a indagar alrededor del TREP, herramienta usada en las votaciones del 25 de junio y del 20 de agosto del 2023.

Este sistema fue adquirido a un costo de Q148 millones 850 mil 250, cuyo contrato fue suscrito el 15 de marzo de 2023; sin embargo, las acciones de fiscalización detectaron que desde noviembre del 2022 el TSE comenzó con la compra de equipo de computación que se acoplaría con los requerimientos que haría la empresa a cargo del contrato del TREP meses después.

Entre ese equipo se detallan 5 mil 965 escáneres y 8 mil 676 computadoras portátiles, según los hallazgos preliminares, que se adquirieron para uso del sistema.

La idea principal del TSE, según detallan los hallazgos preliminares de la CGC, sería desarrollar su propio sistema informático, del que hasta finales de 2022 no se tuvo un avance significativo.

Datasys, la empresa que ofreció el servicio y a la que finalmente se adjudicó, informó a la CGC que el total del costo del Trep se dividió en 26 puntos.

Las posibles inconsistencias en la compra del TREP, según los hallazgos de la CGC, revelan una mala calidad del gasto en la adquisición de una solución informática y adquisición de componentes tecnológicos adicionales para el proceso electoral 2023, que “exceden las necesidades reales del país”, que habría repercutido en un “detrimento de los intereses del Estado”.

Este martes 30 de enero se llevó a cabo la primera reunión del año entre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y representantes de los partidos políticos, donde se les planteó que tienen hasta el 29 de febrero próximo para presentar sus propuestas de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

Esa recomendación se hizo en el seno de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), que comenzará con la discusión de las propuestas en marzo próximo.

Los partidos deben crear un usuario en la página de la CAME para designar a sus representantes y para presentar sus propuestas sobre temas como el sistema electoral, justicia electoral, fortalecimiento electoral, financiamiento y medios de comunicación.

Además, los partidos en su mayoría se refirieron a aspectos como la “exageración” de las multas que reciben por infracciones a la LEPP.

Para la CAME se ha convocado a todos los partidos que participaron en las elecciones 2023 y den sus aportes, incluso los cancelados.

“Justicia electoral”

La LEPP necesita cambios que permitan una aplicación adecuada en “justicia electoral”, según opinó en septiembre pasado un grupo de analistas de cara a la futura CAME.

Esta mesa que se integra por múltiples sectores sociales se encarga de proponer reformas a la LEPP después de cada evento electoral, por lo que, a criterio de los entrevistados, el reto de la siguiente CAME será mayúsculo.

Las elecciones generales de Guatemala, tanto en primera vuelta del 25 de junio, como en segunda vuelta del 20 de agosto, fueron objeto de amparos, apelaciones, denuncias y discursos que buscaban levantar la percepción de un supuesto fraude.

“Hay que asegurar que el TSE sea figura que organiza, que supervisa y que brinda justicia electoral, que no está sujeto a cualquier tipo de escrutinio ilegal de una sala o de un ciudadano anónimo que pueda poner en vilo todo el proceso electoral”, señaló Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano en Estudios Políticos (Incep).

“Ahora hay que meterse de lleno a la CAME, la vez pasada la CAME fue un evento muy triste, no se llegó a aportar cosas técnicas ni de fondo”, recordó María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Otra necesidad latente para mejorar los procesos electorales en Guatemala, y evitar otra crisis como la vivida recientemente, indican las fuentes, será posible toda vez se fortalezcan los partidos políticos, que tienen que incentivar la participación.

Hidalgo, considera que los partidos políticos tienen que estar presentes siempre, y no una vez cada cuatro años para pedir el voto.

Indica que el rol de una agrupación partidaria es fijar posturas sobre situaciones nacionales, emitir propuestas e incentivar que la población quiera participar en la política, algo que a la fecha no se da y que debe quedar regulado de mejor manera en una mejorada LEPP.

Luego de que la fiscal general, Consuelo Porras, acudiera este lunes 29 de enero a una reunión con el presidente Bernardo Arévalo y su gabinete, pero se retirara anticipadamente alegando impedimentos legales, sin que abordaran el pedido del mandatario para que renuncie, la funcionaria envió una invitación al gobernante para que se reúnan en la sede del Ministerio Público (MP) el próximo 7 de febrero.

“Esta tarde la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, envió un oficio a la Presidencia de la República a efecto de invitar al señor presidente César Bernardo Arévalo de León, en su calidad de representante de la unidad nacional, a sostener una reunión de trabajo para coordinar esfuerzos interinstitucionales en favor de las víctimas del delito, y poder velar por los intereses de toda la población para lograr la debida articulación y coordinación de esfuerzos en favor de Guatemala”, dijo Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, en un video compartido en redes sociales.

Pantaleón agregó que respecto a la reunión con Arévalo de este lunes “la Fiscal General concurrió dando estricto cumplimiento al artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, con la voluntad de entablar un diálogo constructivo en favor del pueblo de Guatemala”.

Sin embargo, agregó que el encuentro no se efectuó “ya que, por mandato de ley, la Fiscal General no tiene la facultad de participar en consejo de ministros, sino únicamente en gabinetes específicos”, por lo que Porras “le está girando la cordial invitación al señor presidente de la República para trabajar por el bien del país en el marco de las respectivas competencias de cada uno”.

La carta firmada por Porras y dirigida a Arévalo señala que, “de conformidad con el artículo 182 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su calidad de representante de la unidad nacional y con el fin de velar por los intereses de toda la población de la República, por este medio me permito cordialmente invitarlo a una reunión de trabajo, acompañado de los funcionarios que usted estime pertinente, a efecto de coordinar esfuerzos interinstitucionales en favor de las víctimas del delito, el próximo miércoles 07 de febrero del año en curso en el Salón Mayor del Edificio Central del Ministerio Público, Barrio Gerona a las 09:00 horas”.

El documento concluye: “espero contar con su participación a efecto de lograr la debida articulación y coordinación interinstitucional en el marco de nuestras respectivas competencias y en favor de la población guatemalteca”.

Se retira

Porras, a quien Arévalo señaló públicamente de promover un “golpe de Estado” por las acciones que la Fiscalía emprendió en contra y contra el partido Movimiento Semilla, acudió a la segunda citación del presidente, quien, además, le ha pedido públicamente su dimisión, algo que ella rechaza. Su mandato vence en 2026.

“Me vi en la necesidad de retirarme ya que la reunión se pretendía llevar a cabo en el marco del Consejo de Ministros, que por mandato constitucional y legal me prohíbe participar”, afirmó Porras en un video difundido en redes sociales tras abandonar la Casa Presidencial.

Aseguró que acudió a la citación de Arévalo “en cumplimiento de la ley orgánica del Ministerio Público”, pero se retiró porque esa reunión interfería con la “autonomía” de la institución que ella dirige.

Arévalo citó a Porras a la sesión del gabinete luego de que ella se negara a reunirse con él el miércoles pasado. Ese mismo día, la fiscal de 70 años, sancionada por Estados Unidos, dijo no dejaría su cargo. Arévalo carece de facultadas para removerla.

El presidente por su parte indicó que la “visita frustrada” de Porras tenía por fin abordar actividades conjuntas y señaló que evaluará “las acciones legales que proceden” ante la “negativa” de Porras de participar en la sesión del gabinete.

Respecto a la invitación girada por Porras, se consultó a la Presidencia sobre que decisión tomarán, pero aún no han respondido.

A pocas horas de la elección del presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), el presidente Bernardo Arévalo se reunió este viernes 26 de enero con 304 alcaldes en el Palacio Nacional de la Cultura, en un encuentro en el que el mandatario mostró su apoyo al jefe edil de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero.

La convocatoria fue hecha a los 340 alcalde del país, pero solo acudieron 304. De acuerdo con Arévalo, a los jefes ediles no se les hizo ningún ofrecimiento para que dieran su apoyo a Siero en la elección de la presidencia de la ANAM, la cual se efectuará el sábado 27 de enero.

“Vamos a trabajar igual con cualquier alcalde, independientemente del partido que lo eligió, a quién apoyó en segunda vuelta o cuál sea la decisión o el voto que esté tomando, el compromiso de nosotros es trabajar con todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas indistintamente porque ellos tienen un mandato popular”, dijo Arévalo.

El mandatario aseguró que no hay ningún ofrecimiento para quienes apoyen a Siero. “Estamos ofreciendo nada más que vamos a trabajar sin distinción en beneficio de toda la población”, añadió.

“Identificamos la importancia estratégica de trabajar en conjunto con su organización, con su asociación, la ANAM, y para ello consideramos y nos alegra ver que existe una persona que está ejerciendo un liderazgo constructivo con visión, el alcalde Siero”, agregó Arévalo.

También dijo que cree que Siero reúne las cualidades necesarias para desempeñar el “rol de conjunción ente autoridades locales y gobierno de una manera efectiva y contribuir al éxito de iniciativas conjuntas”.

Selección de gobernadores

Además, Arévalo reveló detalles del procedimiento que se utilizará para la selección de los 22 gobernadores departamentales, un proceso que empezará a partir del martes de la próxima semana.

“El martes estaremos publicando la convocatoria a los ciudadanos para que envíen candidaturas para la elección de gobernadores en todo el país”, dijo el mandatario, quien añadió que luego se darán tres días para que los Consejos Departamentales de Desarrollo se reúnan en sesión extraordinaria para elegir a una comisión que recibirá los expedientes enviados por la población.

“Los ciudadanos van a tener, una vez que se forme la comisión, cinco días para presentar las propuestas y la lista completa va a ser enviada al Ministerio de Gobernación, va a ser publicada en el Diario de Centro América y en la sede de cada gobernación departamental para que las personas puedan ver quiénes son las personas que están aspirando a este cargo”, señaló Arévalo.

También dijo que se podrán enviar objeciones, observaciones y comentarios sobre las candidaturas en el plazo de los tres días siguientes de la publicación de listado de aspirantes.

“El Consejo Departamental (de Desarrollo) convocará dentro de los cinco días siguientes a una sesión extraordinaria para la calificación de expedientes, consideración de las observaciones y las objeciones y elección de ternas tal y como lo establece la ley. Una vez integrada la terna va a ser enviada al presidente en los cinco días siguientes para que haga la elección”, finalizó el mandatario.

El presidente Bernardo Arévalo reveló este miércoles 24 de enero que luego de un barrido electrónico localizaron algunos “juguetes” en su despacho, en referencia a dispositivos de audio y video que fueron instalados con fines que no dio a conocer.

Durante una conferencia de prensa, al presidente Arévalo se le consultó si se tomarán medidas tras la denuncia de la ministra de Comunicaciones, Jazmín de La Vega, sobre el hallazgo de micrófonos en uno de los vehículos de la cartera, y el mandatario respondió que ya se efectúa un barrido electrónico en varias dependencias del Estado.

Arévalo asegura que se han hecho barridos electrónicos en distintas áreas y confirmó que se han localizado algunos “juguetes”.

“Henos hecho un barrido electrónico y en el despacho presidencial encontramos algunos juguetes, cabe decir que algunos de los juguetes eran viejos y otros eran nuevos”, dijo Arévalo.

Consultada la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, se informó que los “juguetes” a los que se refería el mandatario son micrófonos y cámaras.

“Al efectuar el barrido electrónico fueron localizados dispositivos de audio y video, y es a lo que hizo referencia el Sr. Presidente Bernardo Arévalo esta tarde como juguetes”, informaron.

De momento se desconoce si esos dispositivos estaban ocultos o formaban parte de los sistemas de seguridad de la Presidencia, pues no se ha profundizado en el tema.

Arévalo asumió la Presidencia el pasado 14 de enero, luego de haber sorteado una serie de obstáculos judiciales emprendidos por el Ministerio Público (MP) en su contra y en contra de su partido, el Movimiento Semilla.

De esa cuenta, Arévalo citó este miércoles a la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, señalada de intentar evitar su investidura, para que se presente ante el Consejo de Ministros el próximo lunes, luego de que la funcionaria rechazara reunirse con él este día.

“La ley le obliga a presentarse ante el Consejo de Ministros, si no asiste estaría cometiendo incumplimiento de deberes”, indicó Arévalo en una conferencia de prensa, tras anunciar su decisión de citar de nuevo a la fiscal general.

Porras Argueta, que dirige el MP desde 2018, se negó a asistir este miércoles a una reunión a la que fue invitada por Arévalo para que rindiera un informe de gestión y además aseveró, por medio de un video, que no dimitirá al cargo de fiscal general.

Luego de que la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, no asistiera a una reunión con el presidente Bernardo Arévalo, el mandatario dijo este miércoles 24 de enero que la funcionaria ya fue citada para que acuda al consejo de ministros del lunes próximo, a donde, según dijo, está “obligada” a asistir.

En conferencia de prensa, Arévalo lamentó que Porras no asistiera a la reunión, en la que, según dijo, se tratarían temas de relevancia para el país y no se tocarían asuntos relacionados a procesos de investigación, por lo que ahora, amparados en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la fiscal fue citada a la junta de ministros.

“La fiscal no asistió a la invitación y recibimos una carta firmada por un empleado del MP y no por la fiscal (..) de fondo la carta no responde a las solicitudes específicas que se le hicieron en la carta del 18 de enero, y en vista de que esta información no ha sido proporcionada hemos invitado a la fiscal a que asita a le reunión de ministros del próximo lunes 29 de enero a las 9 de la mañana en Casa Presidencial”, dijo Arévalo.

El mandatario agregó que “el artículo 4 de la Ley Orgánica del MP establece que quien ocupa el cargo de fiscal general está obligado u obligada a concurrir a esta junta, es decir, la fiscal debe venir el lunes”.

Respecto a lo que opinaba ante la inasistencia de Porras a la reunión, Arévalo dijo que “no voy a hacer una apreciación, voy a permitir que el pueblo de Guatemala saque su conclusión. Hemos recibido una carta que ni siquiera está firmada por ella. La hemos vuelto a invitar en las condicione que de acuerdo en la ley la obligan a estar presente”.

Arévalo agregó que la renuncia de Porras es una solicitud generalizada, pues “la fiscal es una persona sancionada internacionalmente por participar en redes de corrupción”.

“Hemos manifestado que sus actuaciones han sido, siempre en el marco de estos últimos meses, apañando la utilización espuria de la legislación y la persecución política. Hemos comenzado un proceso institucional (…)  la hemos invitado a iniciar una discusión sobre temas puntuales que está en el marco de las normas y las formas como debe operar el Gobierno de la República”, dijo Arévalo.

Agregó que la carta enviada por el MP no está firmada por Porras y que no responde a ninguno de los puntos requeridos, por lo que la invitaron para que se presente y explique ante el consejo de ministros.

“Esperamos que ella cumpla la ley, porque la obliga y no hay otra opción y entraría en incumplimiento de deberes si no asiste”, añadió el mandatario.

Respecto a las reformas a la Ley del MP para que el presidente de la República tenga la facultada de destituir a la fiscal, Arévalo dijo que ya hay una iniciativa en el Congreso, pero le corresponde a los diputados “definir el curso que se la va a dar a esa iniciativa”.

Respuesta de la fiscal

La fiscal general Consuelo Porras se pronunció este miércoles en un video publicado en las redes sociales respecto a su inasistencia a la reunión con el presidente Arévalo, en el que dijo que el MP no “está supeditado a ningún poder del Estado por ser una institución autónoma e independiente”.

“Quiero enviar un mensaje claro y contundente al pueblo de Guatemala y al presidente de la República para hacer saber que soy respetuosa de las leyes del país y en consecuencia cumpliré con el mandato constitucional de cuatro años (…) y en consecuencia no voy a renunciar”, dijo la fiscal general en un video publicado en las redes sociales de la Fiscalía.

El 18 de enero pasado, cuatro días después de haber asumido como presidente, Arévalo le envió un oficio a la fiscal general para citarla a una reunión con él, en la que se esperaba que le pidiera la renuncia como previamente lo había anunciado.

Sin embargo, Porras evitó acudir a la citación de este miércoles y publicó un video en las redes sociales vestida con una blusa banca, un saco verde y una pañoleta con rosas estampadas donde descartó renunciar y abunda en explicaciones judiciales sobre su decisión.

“La Constitución es clara al respecto y establece un mandato legalmente determinado que debo cumplir a cabalidad, por lo que usted como máxima autoridad de la nación debe respetar lo que establece la carta magna y las leyes del país”, insistió la fiscal.

Además, Porras aseguró que el MP no “está supeditado a ningún poder del Estado por ser una institución autónoma e independiente, garantizando con ello la no intervención alguna en el ejercicio de sus funciones”.

“Ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o sus subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o militar, salvo las facultades conferidos en la ley a los tribunales de justicia”, remarcó Porras.

Afirmó que actuará conforme a las leyes del país y por ello “atender citaciones, invitaciones o reuniones para discutir procesos bajo investigación constituiría inobservar la normativa legal y constitucional vigente”.

Porras fue nombrada en 2018 fiscal general para un periodo de cuatro años por el entonces presidente Jimmy Morales y en 2022 su sucesor Alejandro Giammattei la designó para un segundo periodo, que vence en 2026.

En respuesta, Porras exhortó al mandatario a dejar “su discurso anticorrupción y lo convierta en una realidad en favor de la ciudadanía guatemalteca”.

“Presenten las denuncias con sus respectivas pruebas sobre cualquier acto de corrupción, los cuales serán investigadas sin excepción alguna, ya que el MP ha investigado y continúa investigando todas las denuncias que han sido puestas de su conocimiento”, puntualizó la fiscal.

Porras, de 70 años e incluida en una lista de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos desde 2021, es señalada por Arévalo, manifestantes y la comunidad internacional de supuestamente “socavar” la democracia y poner en riesgo la transición presidencial.

La Fiscalía emprendió una persecución judicial contra Arévalo después de que éste dio la sorpresa al colarse al balotaje en los comicios de junio.

También logró que un juez suspendiera al partido de Arévalo, Movimiento Semilla, por supuestas ilegalidades en su conformación en 2017.

Todas esas acciones fueron calificadas por Arévalo como un intento de “golpe de Estado” para evitar que asumiera la Presidencia.

“Juguetes” en la Presidencia

Durante la conferencia de prensa, el presidente Arévalo fue consultado sobre si luego de conocer la denuncia de la ministra de Comunicaciones sobre el hallazgo de micrófonos en uno de los vehículos de la cartera, se tomarán medidas en la Presidencia.

El mandatario dijo que se han hecho barridos electrónicos en distintas áreas y confirmó que se han localizado algunos “juguetes”, sin especificar a qué se refería.

“Henos hecho un barrido electrónico y en el despacho presidencial encontramos algunos juguetes, cabe decir que algunos de los juguetes eran viejos y otros eran nuevos”, dijo Arévalo.

Consultada la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, se informó que los “juguetes” a los que se refería el mandatario son micrófonos y cámaras.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este martes 23 de enero que espera recibir el miércoles a la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, a quien señaló públicamente de supuestamente querer impedir su investidura, para que presente un informe detallado de sus labores.

“Yo creo que sí va a llegar”, respondió Arévalo de León a medios de comunicación al ser consultado sobre la posible asistencia de Porras al Palacio Nacional de la Cultura para una reunión.

Porras Argueta fue citada por el nuevo mandatario para informar sobre su labor al frente del Ministerio Público (MP). Sin embargo, esta institución aún no confirma si la fiscal se presentará, pero tampoco lo descarta.

“En cuanto tengamos información la estaremos trasladando”, respondió en un mensaje de WhatsApp Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, a la consulta de si la fiscal asistirá a la cita con Arévalo de León.

Además, un grupo de ciudadanos y organizaciones civiles convocaron una colecta de firmas para pedir la renuncia de Porras Argueta, señalada internacionalmente de haber intentado evitar la investidura de Arévalo de León el pasado 14 de enero.

Arévalo de León confirmó a EFE el pasado 3 de enero que pedirá la renuncia de la fiscal general, a quien acusó públicamente el 1 de septiembre de 2023 de dirigir un intento de “golpe de Estado” para frustrar su inesperada victoria electoral.

Desde el 12 de julio, la Fiscalía, a cargo de Porras, emprendió una serie de acciones judiciales en contra de Arévalo de León y su partido, el Movimiento Semilla, incluso la Fiscalía solicitó el retiro de la inmunidad del entonces presidente electo y de su compañera de fórmula, la vicepresidenta Karin Herrera.

Arévalo de León asumió la presidencia el pasado 14 de enero con un fuerte apoyo internacional y de las comunidades indígenas del país, quienes esperan que el mandatario avance con las promesas de lucha contra la corrupción que impulsaron su triunfo en las urnas.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo oficial este lunes 22 de enero la cancelación de los partidos políticos Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y Mi Familia por no haber cumplido con los criterios establecidos en la literal “B” del artículo 93 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La cancelación de ambas agrupaciones políticas se oficializó este lunes mediante una publicación en el Diario de Centro América, en la que detalla que dicho procedimiento se sustentó con base en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El pasado 8 de enero, el TSE ratificó la cancelación de 11 partidos políticos, entre ellos el MLP y Mi Familia.

En el caso de Mi Familia, el TSE lo canceló por su incapacidad para obtener, al menos, el 5 por ciento de los votos válidos en las elecciones generales y tampoco lograron representación en el Congreso.

Respecto al MLP, que inicialmente sorprendió en las elecciones del 2019, se vio sin un respaldo significativo en los comicios del 2023.

A pesar de no contar con un binomio presidencial, el MLP presentó una oferta de diputados que finalmente no logró convencer a los electores, marcando un declive en su influencia política.

La participación del MLP se vio afectada por una resolución del Registro de Ciudadanos, emitida previo a las elecciones, en la que se declaró como “improcedente” la solicitud para inscribir a Thelma Cabrera y Jordán Rodas como candidatos a la Presidencia del país.

“La Dirección General del Registro de Ciudadanos, en resoluciones números SRC- R-4186-2023 RJMJ/ogf y SRC-R-4191-2023 RJMJ/ogf, ambas de fecha quince de diciembre de dos mil veintitrés; por lo que, con base a lo preceptuado en el artículo 93 literal b) de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, resuelve: 1) la cancelación de los Partidos Políticos denominados Movimiento para la Liberación de los Pueblos -MLP- y partido político Mi Familia”, dice la resolución publicada en el diario oficial.

Añade que “en consecuencia, a lo regulado en los artículos 95 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y 22 de su Reglamento, el nombre y símbolo o emblema de los partidos cancelados no podrán ser utilizados ni registrados por ninguna organización política antes de 10 años”.

Qué dice la Ley

Artículo 93. Cancelación del partido

Procede la cancelación de un partido político: a) Si por acción propia o de acuerdo con funcionarios electorales ocasiona fraude que cambie los resultados verdaderos de las votaciones o la adjudicación de cargos en un proceso electoral, vulnerando la voluntad popular expresada en el mismo, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan a las personas involucradas.

• b) Si en las elecciones para presidente y vicepresidente de la República o en el Listado Nacional para cargos de diputados al Congreso de la República, no hubiese obtenido, por lo menos, un cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en las mismas, salvo cuando haya alcanzado representación ante el Congreso de la República. Si el partido ha participado en dichas elecciones como parte de una coalición, se procederá para determinar el porcentaje de votos, en la forma que señala el artículo 86 de esta Ley
• c) Si transcurrido el plazo de seis meses que señala el artículo 92 de esta Ley Electoral y de Partidos Políticos 71 LEPP ley, el partido político sancionado no hubiere presentado al Registro de Ciudadanos prueba fehaciente de que las causales de suspensión mencionadas en dicho artículo han sido corregidas.
• d) Si los partidos políticos no postulan candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República; o no postulan candidatos a diputados en más de la mitad del total de los distritos electorales, salvo cuando haya alcanzado representación ante el Congreso de la República.

Los diputados Ervin Edin Maldonado Molina, José Inés Castillo Martínez y Raúl Solórzano Quevedo cuestionaron este jueves 18 de enero las acciones emprendidas por la secretaria nacional de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, quien asegura que los tres parlamentarios fueron expulsados de dicha agrupación política y quedaron sin bancada en el Congreso.

Tanto los señalamientos de los parlamentaron como las acciones de la UNE se dan en el contexto de la orden de la Corte de Constitucionalidad de repetir la elección de la Junta Directiva del Congreso, que el pasado 14 de enero fue ganada por la planilla encabezada por el diputado Samuel Pérez Álvarez, del Movimiento Semilla.

En conferencia de prensa, los diputados aludidos dijeron que Torres actúa de manera “ilegal”, debido a que ellos comprobaron en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no se ha empezado ningún proceso de expulsión por parte de la UNE, por lo que aseguran que su estatus en el partido es de afiliado vigente.

De esa cuenta, aseguran que están en condición de apoyar a una de las planillas que buscará la Presidencia del Congreso de la República, así como a optar a cargos en la Junta Directiva; además, aseguran que cuentan con 21 votos para apoyar al grupo “de consenso” que buscará la Presidencia del Congreso.

Los parlamentarios señalaron que el motivo de la conferencia de prensa fue para aclarar la situación jurídica de varios integrantes de dicha bancada con relación a “una supuesta expulsión” que ha iniciado Torres.

“Nosotros giramos varios oficios al Tribunal Supremo Electoral, donde nos han respondido (…) y se hace constar, de parte de Sergio Antonio Escobar Antillón, jefe del Departamento de Organizaciones Políticas”, que se estableció que hasta este 18 de enero “no se ha recibido documentación en relación a la expulsión del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Edwin Aid Maldonado Molina y que actualmente se encuentra como afiliado al partido de mención, y en el mismo sentido está la carta del diputado José Inés Castillo Martínez y en el mismo sentido la del diputado Raúl Solórzano Quevedo”, señalaron los congresistas.

Aseguran que presentarán acciones de amparo. “Vamos a presentar una acción legal en contra de Arturo Morales, quien supuestamente funge como presidente del Tribunal de Honor del partido, porque él supuestamente inició trámites de expulsión y ni siquiera tiene los libros del Tribunal de Honor”.

“Todo el procedimiento que inició la secretaria general del partido, Sandra Torres, junto con esta persona que se llama Arturo Morales, es totalmente ilegal, no se puede, no estamos expulsados, y no lo estoy diciendo yo, sino que son los documentos oficiales del Tribunal Supremo Electoral”, detallaron.

“Estamos inscritos legalmente al partido y mañana tenemos el derecho de optar a cargos del Congreso de la República. Estaremos apoyando la planilla de consenso (…) y acá públicamente comprometemos 21 votos de la Unidad Nacional de la Esperanza, que vamos a una planilla que está pensando en Guatemala, estamos pensando en una agenda legislativa por el país, una agenda legislativa de consenso”, refirieron los congresistas.

Sin embargo, la UNE publicó un comunicado en el que “confirma” y “ratifica” la expulsión de dichos parlamentarios.

El comunicado agrega que, estos diputados al no tener bancada no podrán optar a un cargo en la Junta Directiva del Congreso, no pueden ser jefes o subjefes de bancada, no pueden integrar comisiones legislativas y tampoco “actuar en nombre de la UNE”.

Por su parte, Torres publicó un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en el que señaló: “¿Vos Inés? Decile a la exdiputada Ligia que pare de sufrir y deje de victimizarse. Ya la CC dijo que semilla está suspendido y que sus diputados son independientes. también recordarle a Jose Inés y Adim que dejen de darse baños de pureza y que siguen expulsados”.