La primera reunión de la Comisión Pesquisidora del antejuicio contra el vicepresidente Guillermo Castillo terminó este miércoles 15 de noviembre con señalamientos entre la presidenta de esa mesa, Andrea Villagrán, y los otros cuatro diputados que la integran.

El primer encuentro de los integrantes de dicha pesquisidora fue marcado por los señalamientos sobre el supuesto interés de apresurar o atrasar el proceso en contra del vicemandatario, según lo dio a conocer Villagrán quien, incluso, dijo que el comportamiento de los otros diputados integrantes es “machista e ilegal”.

La inconformidad de Villagrán se debe a que, según ella, luego de haber finalizado la reunión de la Pesquisidora, los otros cuatro integrantes, Napoleón Rojas, Rudy Pereira, Julio César Longo y Rudy González, prosiguieron con la discusión.

“Exijo a la Junta Directiva del @CongresoGuate que RESPETE la Presidencia de la Comisión Pesquisidora que presido. Que llame al orden y disciplina a los miembros de la comisión que de forma MACHISTA e ILEGAL eligieron otra presidencia e instauraron una comisión ilegal paralela. Esto evidencia la desesperación de los GOLPISTAS”, escribió Villagrán en sus redes sociales.

La parlamentaria dio a conocer que durante la primera reunión de la pesquisidora se tocaron temas como el desistimiento de quien solicitó el antejuicio contra Castillo, por lo que se solicitará un informe circunstanciado al Ministerio Público (MP).

Villagrán agregó que luego de finalizar la sesión “los diputados integrantes decidieron continuar con la sesión de forma ilegal, usurpando funciones, atribuyéndose cuestiones que no les corresponden porque en mi caso como presidenta de la Comisión Pesquisidora soy yo quien abre y cierra las sesiones”.

“Es algo nunca visto, nunca he visto semejantes ilegalidades, porque se cerró la sesión y ellos decidieron, por lo que pude escuchar, de forma completamente ilegal atribuirse las funciones de la Presidencia de la Comisión Pesquisidora. es algo lamentable, nosotros vamos a seguir, en mi caso presidente de la Comisión, haciendo un trabajo responsable y serio.

“Lo que pasó hoy es una barbaridad. Estamos viviendo un momento histórico bastante convulso, donde vemos a grupos antidemocráticos estar vulnerando nuestra democracia, pero sobre todo atentando contra nuestro orden constitucional”, reiteró Villagrán.

“Desconozco cuáles pueden ser esos intereses de agilizar el proceso del antejuicio contra el vicepresidente (…) en un momento en la historia política que tenemos que ser muy responsables y mesurados sobre lo que está sucediendo”, reiteró la parlamentaria.

Por su parte, el diputado Pereira señaló que “el pleno del Congreso escogió a cinco integrantes y les dio el cargo que van a tener dentro de la Comisión, pero la misma ley dice que nadie puede negarse a participar en la Comisión, y en mayoría, en ausencia de alguno de los miembros las sesiones no pueden parar”, señaló el parlamentario.

Además, dijo que no tienen ningún interés de adelantar el proceso como lo dijo la diputada Villagrán.

Respecto a la reunión de la Pesquisidora, el parlamentario detalló que lo que se debe hacer es escuchar al vicepresidente a quien solicitó que se le retirara el derecho de antejuicio para luego determinar la ruta a seguir.

Al vicepresidente Castillo se le pretende investigar por un supuesto nombramiento ilegal en 2020 de Ángela Figueroa como titular de la Secretaría de Bienes de Extinción de Dominio.

Según la ley guatemalteca, la comisión que investiga a Castillo debe hacer un informe para recomendar o no el retiro de su inmunidad, pero la misma solamente puede concretarse si la mayoría del Congreso apoya la moción.

El vicepresidente se encuentra distanciado desde 2020 del presidente, Alejandro Giammattei, con quien llegó al poder el 14 de enero de 2020 de la mano de la agrupación política Vamos.

De acuerdo con diversos analistas políticos, una posible remoción de Castillo tiene vínculos con los planes de ciertos sectores en Guatemala para evitar la investidura en enero próximo del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

Castillo ha defendido su inocencia ante los cargos en su contra y ha calificado la denuncia como “espuria”.

Con información de EFE

El Congreso de la República integró este miércoles 8 de noviembre la comisión pesquisidora que conocerá el expediente por medio del cual se busca retirar la inmunidad al vicepresidente Guillermo Castillo, a quien se pretende investigar por un supuesto nombramiento ilegal de una funcionaria, acción que el vicemandatario calificó de “espuria” y de tener “fines políticos”.

Por medio de un comunicado, Castillo explicó que la denuncia interpuesta en su contra en junio de 2020, por un supuesto nombramiento ilegal de Ángela Figueroa como titular de la Secretaría de Bienes de Extinción de Dominio, carece de fundamentos; sin embargo, el expediente fue enviado al Congreso, donde este miércoles se integró la pesquisidora.

La comisión pesquisidora quedó integrada por la diputada Andrea Villagrán, de la bancada BIEN, como presidenta; Napoleón Rojas, de UCN, secretario; Rudy Pereira, de FCN, vocal; Julio César Longo, de FCN, vocal; y Rudy González, de Viva, vocal.

Esta comisión tiene en sus manos el destino los fueros de Castillo, pues sus integrantes deben analizar el proceso contra el vicemandatario y definir si debe perder su inmunidad para ser investigado en un proceso penal regular.

Se pronuncia

Castillo por su parte detalló que la Contraloría General de Cuentas analizó el nombramiento de Figueroa y no encontró anomalías.

Castillo concluyó que entregó sus pruebas de descargo al poder Legislativo y que espera que el proceso en su contra sea detenido por considerarlo de índole “político”.

Desde 2020, el vicepresidente Castillo tomó distancia del presidente, Alejandro Giammattei, y exhibió sus diferencias con él al solicitarle una renuncia conjunta por señalamientos de corrupción contra su Administración.

El próximo 14 de enero, Giammattei y Castillo entregarán sus cargos a Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, elegidos presidente y vicepresidente, respectivamente, en las elecciones celebradas este año para el periodo 2024-2028.

Con información de EFE

La Vicepresidencia de Guatemala publicó este 8 de noviembre un comunicado en el que señala que la denuncia que originó el proceso de retiro de inmunidad al vicemandatario de la República, Guillermo Castillo, es espuria, ilegítima y política.

En el comunicado de la Vicepresidencia, en el cual nunca aparece el nombre de Guillermo Castillo, se señala que el 10 de julio de 2020 se originó la denuncia penal contra el vicemandatario, pero sin ninguna prueba ni medio de convicción atendible.

En la denuncia se menciona que el funcionario “efectuó un nombramiento ilegal en la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), por cuanto la persona designada no llenaba los requisitos establecidos en la Ley”.

Señalan que la mencionada denuncia es espuria, ilegitima y política, por las razones siguientes.

• La Contraloría General de Cuentas en revisión efectuada al Ejercicio Fiscal 2020 de la Senabed, analizó el nombramiento en referencia, solicito informes, corrió audiencias y como resultado final no confirmó hallazgo alguno, lo que significa que ésta es una acción administrativa juzgada y de ninguna manera una acción penal, como pretenden calificarlo quienes han intervenido en el proceso de antejuicio. Con ello se dejaría sin materia la denuncia planteada.
• No obstante lo anterior, es oportuno señalar que tanto el denunciante como las autoridades que han sustanciado el expediente no advirtieron lo siguiente:

1. Que el nombramiento -temporal, se efectuó conforme a lo establecido en la Ley de Extinción de Dominio que señala: Por ausencia definitiva del Secretario General, se designará una persona para completar el periodo original de tres años. Ese nombramiento temporal tuvo lugar, debido a que en el mes de junio de 2020, el secretario general de Senabed, presentó su renuncia al cargo faltando dos meses del periodo para el que fue elegido en 2017.
2. Que la profesional nombrada sí llenaba las calidades y requisitos que exige el Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio -pruebas documentales obran en el expediente- y fue únicamente por dos meses para completar el periodo original del anterior secretario general.
3. Que previo al nombramiento en referencia, se inició en abril de 2020 el proceso público de concurso por oposición (convocatoria, integración de comisión revisora, entrevista de candidatos, etc.) que finalizo con el nombramiento de un nuevo secretario general para el periodo de 3 años, contados a partir del 7 de agosto del 2020, quien ocupó en definitiva ese cargo.

“Vale la pena resaltar que el 20 de julio de 2020, según Acta 07-2020, el vicepresidente de la República informó al Pleno del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed), sobre el nombramiento temporal, que por 2 meses se había realizado. No obstante ser esta una facultad vicepresidencial, no se recibió alguna objeción, recomendación u opinión en contrario. Asimismo, en esa sesión se informó a Conabed sobre el estado del concurso por oposición para la designación del nuevo secretario general para el periodo 2020-2023”, se lee en el comunicado.

El documento agrega que por esos motivos se concluye que el nombramiento se realizó con fundamento en normas vigentes y recayó en un profesional que cumplía los requisitos necesarios para optar a ese cargo.

Es por eso que esta situación ha sido calificada como un juicio político “que es a todas luces espurio e ilegitimo”.

El comunicado agrega que el expediente de retiro de inmunidad está en el Congreso de la República para que continúe su trámite.

La Vicepresidencia afirma que el Congreso ya tiene conocimiento de los hechos antes descritos, dadas las acciones ante ellos planteadas, las que deben ser resueltas antes de que se instale la comisión pesquisidora.

Conocerá el caso

El Congreso de la República conocerá en la plenaria de este miércoles 8 de noviembre dos solicitudes de retiro de derecho de antejuicio en contra de funcionarios del Organismo Ejecutivo. La primera denuncia es en contra de Guillermo Castillo, vicepresidente de Guatemala, y la segunda contra Javier Maldonado, ministro de Comunicaciones.

Mediante sorteo, usando una tómbola, la Junta Directiva deberá de seleccionar a los cinco integrantes de la Comisión Pesquisidora, en donde la única persona que queda fuera del sorteo es el presidente del Congreso, los otros 159 diputados son elegibles.

Rechaza denuncia

El vicepresidente de la República Guillermo Castillo aseguró el martes pasado que la solicitud de retiro de inmunidad en su contra es una situación política, pues la denuncia planteada que dio pie al proceso no se sostiene jurídicamente.

“Se refiere a un nombramiento que se hizo por dos meses en el año 2020 en consecuencia de que el secretario general de esa época renunció para irse a otra posición” refirió el vicemandatario.

Además, en su defensa explicó que el nombramiento del secretario general de la Senabed debe llevar un proceso de comisión de postulación según su ley orgánica en el artículo 15, pero debido a que se quedó sin vacante ese puesto por dos meses, la ley establece que por ausencia definitiva se puede nombrar a una persona solamente para terminar el período.

Castillo añadió que de ser citado al Congreso asistirá para informar y hacer los descargos respectivos.

El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) no le otorgó un amparo al vicepresidente Guillermo Castillo, quien buscaba dejar sin efecto una resolución de la Corte Suprema de Justica (CSJ) que, en julio del 2020, le dio trámite a una solicitud de retiro de antejuicio, informaron este miércoles 27 de septiembre fuentes judiciales.

Con la resolución de la CC, el fallo de la CSJ queda en firme y ahora le corresponde al Congreso de la República conocer el expediente del vicemandatario para hacer un análisis y determinar si debe o no retirarle la inmunidad que goza por su cargo.

Fuentes de la CC señalaron que “respecto del expediente 2519-2020, este Tribunal resolvió denegar el amparo solicitado por César Guillermo Castillo Reyes, en calidad de vicepresidente de la República de Guatemala, contra la Corte Suprema de Justicia y como consecuencia, revoca el amparo provisional oportunamente otorgado”.

Agregan que “lo anterior en virtud que del estudio de las constancias procesales, este Tribunal establece que la Corte Suprema de Justicia, al emitir el acto reclamado, no ocasionó vulneración alguna a los derechos del postulante, en tanto que al admitir para su trámite las diligencias de antejuicio, se limitó, conforme al correcto ejercicio de sus atribuciones, a establecer la existencia o no de motivaciones espurias, políticas o ilegítimas en el planteamiento de la denuncia presentada en su contra”.

La CSJ dio trámite el 31 de julio de 2020 a una solicitud de retiro de inmunidad contra Castillo, la cual fue promovida por el abogado Nimrod Estévez González.

En esa oportunidad Castillo dijo que la acción legal tenía que ver con el nombramiento que hizo de una abogada para que, de forma interina, ocupara la jefatura de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) por renuncia de su titular, Óscar Conde, para ocupar uno de los viceministerios de Gobernación a partir del 7 de agosto de 2020.

En esa fecha, el vicemandatario dijo a Prensa Libre que la solicitud de retiro de inmunidad era espuria y política, de lo cual da cuenta que, según información que poseía, hubo cuatro magistrados de la Suprema que votaron en contra.

Por lo anterior, el 2 de agosto de 2020, Castillo presentó una acción de amparo en contra de la resolución de la CSJ que dio trámite a la solicitud de retiro de antejuicio.

Trámite

El proceso de retiro de inmunidad está regulado por la Ley en Materia de Antejuicio.

El artículo 17 establece que el Congreso de la República debe conocer los antejuicios promovidos contra un dignatario o funcionario que, por razón del cargo goce de ese derecho, después de haberse inhibido un órgano judicial de continuar instruyendo proceso por tal razón y habiéndose recibido los autos para su conocimiento, como señala el artículo 16 de esta Ley, la Junta Directiva lo deberá hacer saber al pleno del Congreso que en próxima sesión ordinaria, que se celebrará no más de ocho días después de su recepción, iniciará el trámite.

El Congreso procederá de la manera siguiente:

• El pleno del Congreso será informado de todos los detalles del asunto.
• En esa misma sesión el pleno del Congreso integrará una comisión pesquisidora, formada por cinco miembros por sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el presidente del Congreso.
• El primer diputado sorteado será el presidente de la comisión y el segundo actuará como secretario. Los restantes actuarán como vocales.
• Las decisiones de la comisión pesquisidora se adoptarán por mayoría de votos y ningún diputado puede excusarse o dejar de participar, salvo que el pleno acepte la excusa encontrando fundadas las razones argüidas. Si alguno de los miembros de la comisión pesquisidora se resistiere a actuar en ella esto constituirá falta grave y los demás miembros lo harán del conocimiento de la Junta Directiva del Congreso de la República para la sanción que corresponda.
• La comisión pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.
• Emitida la resolución que declara con lugar el antejuicio, deberá retornarse el expediente a la Corte Suprema de Justicia al fin que lo turne al tribunal del orden común que proceda.

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) subastará 58 vehículos de lujo, que fueron incautados en varios operativos contra el crimen organizado, entre los que destacan marcas y estilos como Maserati, Corvette y Porche.

La subasta está prevista para el martes 15 de noviembre próximo a 9.00 horas, en la Senabed, diagonal 6, 10-26, zona 10, según publicó esa dependencia en sus redes sociales.

Entre los vehículos que serán subastados hay automóviles, todoterreno, deportivos y varias motocicletas, según la Senabed.

Además, en las bases para publicar en la subasta se publicó el listado de vehículos y en este destacan marcas como Maserati, Corvette, Porche, Audi, BMW, Mercedes Benz y motocicletas Harley Davidson.

Ese día serán subastados un Audi R8 modelo 2014, que tiene un precio bases de Q677 mil 871, un Maserati Gran Turismo 2016 por Q316 mil 376, un Mercedes Benz AMG GT S por Q429 mil 111.86 y un Chevrolet Corvette 2017 por Q211 mil 433.39.

De acuerdo con la Senabed, para participar en la subasta pública se debe tomar en cuenta lo siguiente:

• Pueden participar todas las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras y entidades de cualquier naturaleza que estén inscritas y actualizadas en la Unidad de Registro de Contratistas de la Senabod, como lo establece el Acuerdo Gubernativo Numero 514-2011, Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio, Artículo 32 y 37.
• Siendo este requisito indispensable para participar y obtener las Bases de Participación. Para mayor información comunicarse al PBX 2302-8480 Unidad de Registro de Contratistas.
• Los interesados inscritos en la Unidad de Registro de Contratistas recibirán vía electrónica la siguiente información:
• a) Bases de Participación de la Venta Anticipada en Pública Subasta.
• b) Formulario de Oferta de la Senabed.
• c) Listado de precios de los 58 vehículos a subastar.
• Las bases de participación de los bienes a subastarse también se podrán observar en la página web www.senabed.gob.gt.
• 3. Previo al evento de enajenación, del 31 de octubre al 10 de noviembre de 2022 de 8.00 a 15 horas, previamente coordinado con los interesados, se realizará la visita técnica, donde se tendrá a la vista los 58 vehículos objeto de la Venta Anticipada en Pública Subasta en las Bodegas ubicadas en la 10ª. avenida A, 25-63 zona 13, bodegas 17 y 17ª;  bodega ubicada en Carretera al Atlántico, 47-71 KM 10.8, Zona 18; Residenciales Praga, Km. 27.5 Carretera a Santa Elena Barillas, Villa Canales, Guatemala.
• Para ingresar a las instalaciones donde se encuentran ubicados los bienes objeto de la Venta Anticipada en Pública Subasta, los interesados deberán tramitar un permiso para él y un máximo de 2 acompañantes, así como programar una cita con al menos dos días de antelación, ante la Dirección de Administración de Bienes de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, ubicada en la Diagonal 6, 10-26 zona 10, Ciudad de Guatemala, o bien al teléfono 2495-0600 ext. 253 y 280.

Narcotráfico

Una parte del lote de vehículos que serán subastados le fue decomisada a Edwin Alfredo Cifuentes Díaz, presunto líder de una banda de narcotraficantes y lavado de dinero que fue desarticulada en marzo de 2019, en San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

La desarticulación de la estructura fue por medio de 40 allanamientos en Guatemala, San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Escuintla, y reveló la fortuna que Cifuentes Díaz acumuló por medio de esos ilícitos.

La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del MP fue la encargada de efectuar la investigación. Expuso que entre los vehículos que poseyó Cifuentes Díaz había automóviles deportivos, clásicos, motocicletas, motos acuáticas y cuatrimotos.

Los 10 automóviles de lujo, cada uno valorado de Q600 mil a Q1 millón. Solo allí, el parque vehicular de Cifuentes Díaz alcanza Q10 millones.

“Entre los automóviles hay Maserati, un Porsche, un Audi R8, un Corvette, hay autos clásicos; un Ford Coupe de 1930 que tiene modificaciones. El Maserati y Corvette están valorados en un Q1 millón”, expuso un fiscal en esa oportunidad.

La fiscalía detectó casas a nombre de Cifuentes Díaz en la zona 5 capitalina, Fraijanes y la zona 8 de Mixco. Las propiedades más caras, según la valuación que efectuó el MP, es el inmueble de Fraijanes, valorado en Q15 millones y la casa de Quetzaltenango con valor de Q8 millones.

Las propiedades estaban amuebladas y se decomisaron obras de arte, joyas de lujo, US$80 mil y Q110 mil. Además, en una casa se incautó un kilo de cocaína valorado en US$15 mil, según el MP.

“Esta estructura criminal maneja diversos mecanismos para lavar el dinero. Ellos buscaron rutas donde no podrían ser identificados e incursionaron en el sector financiero para trasladar el dinero. Asimismo, usaron empresas o constructoras para rentar o vender inmuebles y darle salida al dinero obtenido de manera ilícita”, explicó el fiscal.

La Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP), le entregó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) una casa vinculada a Francisco Morales Guerra, alias “Chico Dólar“, la cual está ubicada en Colinas de Andalucía, Fraijanes.

El reporte del MP incluye fotografías del inmueble que pasaron bajo administración de la Senabe, el cual consta de dos pisos y acabados de lujo.

La Fiscalía de Extinción de Dominio hizo entrega a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) de un inmueble vinculado al caso Chico Dólar, ubicado en Colinas de Andalucía, municipio de Fraijanes. pic.twitter.com/IqPmnxY0Es

— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 24, 2022

Chico Dólar

Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, es un empresario de Jutiapa dueño de más de 100 casas de cambio. Desde 2013 la Intendencia de Verificación Especial (IVE) notó las transacciones sospechosas por millones de quetzales.

En ese momento inicia la amistad con el diputado Martínez Lohaiza por ser de oriente. Es señalado de lavado de dinero.

En agosto de 2018  el MP informó acerca de el embargo propiedades de Morales Guerra. “Entre los bienes inmuebles se encuentra un chalet ubicado en la orilla del lago Güija (en la frontera de Guatemala y El Salvador)”.

También 10 terrenos que se encuentran en distintos puntos de Asunción Mita, Jutiapa. Las propiedades están registradas a nombre de Servia Guzmán de Morales, esposa de Morales Guerra.

El cabecilla de la red de lavado de dinero recibía transferencias extranjeras. La acusación detalla que introducía dinero al sistema financiero en dólares o quetzales a través de unas 200 empresas ficticias y de testaferros.

Condenado a 38 años de prisión

Chico Dólar fue sentenciado a 38 años de cárcel y al pago de Q119.1 millones en el caso Lavado y Política, según fallo emitido el 11 de febrero de 2019, por el Tribunal de Mayor Riesgo A.

Ese Tribunal dio valor probatorio a la declaración de los testigos propuestos por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), así como a las intervenciones telefónicas.

Uno de los testimonios clave en el caso fue la auditoría que realizó Wilson Medrano, quien detalló que el empresario Chico Dólar, “hizo cambios” en las declaraciones ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y con ello logró engañar al fisco, lo que derivó en defraudación de Q19 millones.

El relato del expresidente del Banco de Guatemala, Édgar Barquín, -que se declaró culpable en un juicio abreviado- también confirmó la tesis del Ministerio Público (MP) del lavado de más de US$33 millones. En total se documentaron 686 transferencias al exterior.

Chico Dólar fue condenado a los 38 años de cárcel por los delitos de: lavado de dinero u otros activos (20 años de prisión y multa de Q100 millones); defraudación tributaria (6 años y multa de Q19 millones 939 mil 303.87); cohecho activo (6 años y multa de Q75,000) y por financiamiento electoral ilícito (6 años y multa de Q100 mil).

La Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público informó este martes 6 de julio que fueron entregados a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) un total de 17 bienes, luego de un proceso judicial.

Se trata de diez vehículos, dos lanchas, cuatro motores marinos y un arma de fuego.

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Además, se dictaron medidas cautelares sobre otros 25 vehículos, tres armas de fuego y cuatro fincas ubicadas en Cobán, Alta Verapaz, mientras concluyen las investigaciones para determinar la procedencia de los bienes.

Según el Ministerio Público, las sentencias y medidas cautelares se obtuvieron durante de mayo y junio del año en curso, por investigaciones contra actividades ilícitas o delictivas descritas en la Ley de Extinción de Dominio.

Una casa de playa con 19 ambientes y piscina, así como casas en residenciales forman parte de los 14 bienes que la Fiscalía de Extinción de Dominio entregó a la Secretaría de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).

Los bienes fueron comprados por Héctor Florentino Rodríguez Heredia, exsubdirector de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil (PNC) condenado a 26 años por el caso Patrullas.

La capital, Mixco, Fraijanes, San Lucas Sacatepéquez y Puerto San José son los municipios donde se encuentran los inmuebles.

El caso estableció una estructura criminal para desviar dinero público aparentando inversiones en adquisición de bienes y servicios, especialmente reparaciones mecánicas de patrullas, reparaciones, remozamientos y remodelaciones de estaciones policiales que en la práctica fue hecho por los mismos policías. Solo una adjudicación de un evento de compra de repuestos por más de Q12 millones fue adjudicado de forma fraudulenta.

Por este caso Rodríguez Heredia fue condenado por asociación ilícita (10 años) y fraude continuado (16 años), más prohibición de optar a cargos públicos.

Stuart es “sindicado de dirigir una estructura criminal relacionada al tránsito internacional de drogas”, detalló el MP.

Los automotores están en una venta de carros ubicada en La Esperanza, Quetzaltenango. La Unidad de Extinción de Dominio ya entregó a Senabed para su administración, 55 vehículos más relacionados con esta misma estructura.

En julio de 2019 un tribunal ordenó la extradición de Stuart a Estados Unidos.

En el expediente de investigación a Alfaro Bravo se le conocía como “Casías”. Así se hacía llamar según las escuchas telefónicas que documentaron las autoridades estadounidenses para pedir su extradición.

Stuart integró una organización criminal de tráfico de drogas con nexos en Suramérica, Centroamérica y Norteamérica.