La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este lunes 11 de diciembre un hombre señalado de violación fue capturado en Quetzaltenango.

Se trata de Josué “N”, de 29 años, quien fue capturado en la zona 6 de la ciudad Quetzaltenango por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal.

Según la PNC, el detenido es requerido por un juzgado de Quetzaltenango por los delitos de violación con agravación de la pena y robo agravado, según la orden de captura de fecha 30 de noviembre 2023.

Josué “N” supuestamente forma parte de una banda de presuntos agresores sexuales que usaban microbuses para sus fechorías.

Por este caso, el pasado 24 de noviembre fueron capturados dos pilotos de microbuses en las zonas 3 y 7 de Xela.

Las detenciones fueron en cumplimiento a órdenes de un juzgado por los delitos de violación con agravación de la pena y agresión sexual.

En otro caso

La PNC agregó que en el barrio El Centro, Cabañas, Zacapa, investigadores capturaron a Dicxon “N”, de 25 años.

El capturado es señalado del delito de violación con agravación de la pena y es requerido por un juzgado de Zacapa.

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Capturan a otro presunto violador en Quetzaltenango

Josué “N” de 29 años, fue capturado en la zona 6 de Quetzaltenango por investigadores de la #DEIC, por ser requerido por un juzgado, por los delitos de violación con agravación de la pena y robo agravado. pic.twitter.com/S63hFgNFC5

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 11, 2023

La Unidad contra la Explotación Sexual Infantil en Línea, de la Fiscalía contra la Trata de Personas, logró que se dictara sentencia condenatoria de 14 años y 8 meses de prisión contra Aurelio Reyes Meza.

Según el Ministerio Público (MP), la sentencia fue en base al diligenciamiento de prueba científica, audiovisual, material y declaración de peritos y testigos.

Reyes Meza fue declarado responsable de cometer el delito de seducción de niños, niñas y adolescentes por el uso de las tecnologías de información.

Le dictaron sentencia condenatoria de seis años de prisión inconmutables.

Además, le impusieron la pena de 8 años y 4 meses de prisión por el delito de agresión sexual con circunstancias especiales de agravación.

De acuerdo con la unidad especializada, los hechos fueron cometidos contra una adolescente.

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Aurelio Reyes Meza fue capturado el 27 de diciembre de 2022 en la zona 8 de Mixco.

En esa ocasión, Alexander Colop, fiscal de la Fiscalía contra la Trata de Personas, amplió detalles e indicó que la denuncia la recibieron en noviembre 2022.

Añadió que la víctima era una menor de 13 años, quien relató “que tuvo un contacto de agresión sexual con el papá en el mes de agosto”.

Resaltó en esa oportunidad que durante las diligencias hubo la obtención de más evidencia, lo que fortalecería la denuncia presentada por la víctima.

Como resultado para el primer caso investigado, en zona 8 de Mixco, se logró la aprehensión de Aurelio Reyes Meza por los delitos de agresión sexual y seducción de niños, niñas y adolescentes por medio de tecnologías de información cometidos en contra de una adolescente. pic.twitter.com/tP7eF3lRar

— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 27, 2022

Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés)  de Boston informó que el recién pasado 15 de mayo arrestó a un ciudadano de Guatemala presente ilegalmente

Añadió que el guatemalteco fue procesado recientemente por las autoridades locales por múltiples cargos de violación agravada de un niño.

“No hay ofensa más repulsiva que la violación de un niño, un crimen repugnante que puede destruir el futuro de una víctima inocente”, manifestó Todd Lyons, director de la oficina local de ERO en Boston.

Agregó: “Parte de la misión de ERO Boston es detener a ciudadanos extranjeros presentes ilegalmente como este individuo, con múltiples cargos de agresión sexual grave, que representan una amenaza real para los niños y las familias en nuestros vecindarios. No cejaremos en nuestro compromiso de detener y buscar la remoción de aquellos que representen serias amenazas para la seguridad de nuestras comunidades”.

Añadió que el guatemalteco de 41 años ingresó originalmente a los Estados Unidos ilegalmente tres veces en 2001, por lo que la Patrulla Fronteriza de los EE. UU. lo detuvo en las tres ocasiones y regresó voluntariamente cada vez.

Sin embargo, volvió a ingresar ilegalmente a aquel país en una fecha desconocida antes de principios de 2021.

En mayo de 2021, la policía local arrestó a esta persona originaria de Quiché, Guatemala, en New Bedford, Massachusetts, por violación agravada de un niño.

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En agosto del mismo año, fue procesado en el Tribunal Superior de Bristol por dos cargos de violación agravada de un niño. Luego fue puesto en libertad por el tribunal en condiciones previas al juicio; los cargos están pendientes.

ERO Boston lo arrestó sin incidentes por violaciones de inmigración en New Bedford el 15 de mayo.

Los no ciudadanos colocados en procedimientos de deportación reciben su debido proceso legal de los jueces federales de inmigración en los tribunales de inmigración, que son administrados por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia.

EOIR es una agencia dentro del Departamento de Justicia de los EE. UU. y está separada del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de los EE. UU.

Los jueces de inmigración en estos tribunales toman decisiones basadas en los méritos de cada caso individual, determinando si un no ciudadano está sujeto a una orden final de deportación o es elegible para ciertas formas de alivio de la deportación. 

Una vez que un no ciudadano está sujeto a una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración u otro medio legal, los oficiales de ICE pueden llevar a cabo la deportación.

Las autoridades agregaron que los oficiales de ERO toman decisiones de cumplimiento caso por caso de manera profesional y responsable, informados por su experiencia como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de la manera que mejor protege contra las mayores amenazas a la patria y la integridad de las leyes de inmigración de los EE. UU.

Durante el año fiscal 2022, ERO arrestó a 46 mil 396 no ciudadanos con antecedentes penales. Este grupo tenía 198 mil 498 cargos y condenas asociados, incluidos 21 mil 531 delitos de agresión; 8 mil 164 delitos sexuales y de agresión sexual; 5 mil 554 delitos con armas; 1 mil 501 delitos relacionados con homicidios; y 1 mil 114 delitos de secuestro.

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A 58 años de prisión inconmutables fue condenado César Augusto Molina Baquiax, luego que el Ministerio Público (MP), por medio de la Agencia Fiscal de la Mujer en Suchitepéquez, demostrara ante el juzgado correspondiente que es culpable del delito de violación en concurso real de delitos, en contra de cinco personas.

Además, durante la audiencia se le ordenó el pago de Q100 mil (Q20 mil por cada víctima).

Según las investigaciones, a las víctimas les ofrecía servicio de mototaxi y luego de engañarlas las amenazaba para poder cometer el delito.

El primer caso fue el 8 de abril de 2022 en un sector de la colonia San Andrés, posteriormente el 30 de agosto del mismo año, en la entrada a la nueva terminal de autobuses de Mazatenango.

El tercer caso fue el 31 de julio del mismo año en Cuyotenango. El 6 de enero de 2022 abusó de la cuarta víctima.

De acuerdo con el MP, el sentenciado cometió el delito por quinta vez el 12 de marzo de 2022 en el cantón El Progreso, San Bernardino.

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Otro caso

En otro caso, el MP por medio de la Agencia Fiscal de la Mujer en Jalapa logró que el Tribunal de Sentencia Penal de Femicidio de ese departamento condenara a 13 años y 4 meses de prisión y al pago de Q10 mil como reparación digna a Carlos Orlando González López, por el delito de violación con agravación de la pena.

De acuerdo con las investigaciones, en julio de 2015, en un área de la aldea El Paraíso, Jalapa, González aprovechó que la víctima caminaba hacia una tienda del lugar, la siguió y llevó a una casa abandonada donde cometió el delito.

Como resultado, la víctima quedó en estado de gestación y dio a luz a una niña.

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El Ministerio Público (MP) informó que este martes 27 de diciembre la Unidad contra la Explotación Sexual Infantil en Línea de la Fiscalía contra la Trata de Personas y la Policía Nacional Civil (PNC) efectuaron dos diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias.

Añadió que en el primer caso, investigadores capturaron a Aurelio Reyes Meza en la zona 8 de Mixco, quien es señalado de los delitos de agresión sexual y seducción de niños, niñas y adolescentes por medio de tecnologías de información cometidos en contra de una adolescente.

Alexander Colop, fiscal de la Fiscalía contra la Trata de Personas, amplió detalles e indicó que la denuncian la recibieron en noviembre recién pasado.

Añadió que la víctima es una menor de 13 años, quien relató “que tuvo un contacto de agresión sexual con el papá en el mes de agosto”.

Luego, el padre de la menor comenzó con conversaciones vías telefónicas y mensajes de “índole sexual”, que provocaron que la niña denunciara el hecho el 21 de noviembre recién pasado para luego comenzar la investigación.

Colop añadió que en la investigación se determinó que hay evidencia que la víctima presentó, entre estas algunas de las conversaciones que tuvo con el papá; además, hay dictámenes psicológicos.

Resaltó que durante las diligencia hubo la obtención de más evidencia, lo que fortalecerá la denuncia presentada por la víctima.

Los padres de la niña están separados, por lo que la víctima convive con la mamá.

Durante una de las visitas a su hija, el capturado habría aprovechado para cometer la agresión sexual. El detenido también tiene antecedentes por violencia contra la mujer y violación.

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El fiscal añadió que el señalado tiene otras seis denuncias en contra, las cuales serán investigadas para determinar si tienen algún tipo de relación.

Afirmó que van a profundizar en el caso para determinar si hay más víctimas.

Segundo caso

En el segundo caso se coordinó en zona 7 de la capital  la captura de José Luis Donado Guerra por el delito de inducción al abandono del hogar, cometido en agravio de una adolescente.

Carroll, de 78 años, es una de las primeras en presentar una demanda bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos, que entró en vigor este jueves.

La ley estatal permite un período de un año para que las víctimas presenten demandas por agresión sexual en Nueva York por reclamos que de otro modo habrían excedido las limitaciones de los estatutos.

“Esta demanda no es solo para mí, es para todas las mujeres que han sido manoseadas, agarradas, mutiladas, agredidas, degradadas y arrastradas por el barro por un hombre poderoso”, escribió Carroll anunciando la demanda en su cuenta de Twitter.

This suit is not just for me, it’s for every woman who has been groped, grabbed, mauled, assaulted, demeaned, and dragged through the mud by a powerful man.

Thank you Matt Craig! @kaplanrobbie! @JoshuaMatz8! @shawngcrowley! @rachtuch!

— E. Jean Carroll (@ejeancarroll) November 24, 2022

El expresidente ha negado las acusaciones en su contra.

Carroll alega que el ataque tuvo lugar en el vestidor de una tienda por departamentos de lujo de Nueva York hace 27 años.

La ley

La Ley de Sobrevivientes Adultos permite que las víctimas se presenten si la agresión sexual ocurrió cuando tenían más de 18 años y tuvo lugar en una fecha que excede los límites de tiempo que existen en la mayoría de los delitos graves.

La normativa se basa en la reciente Ley de Abuso Infantil del estado, que se aplicó a las víctimas que fueron abusadas cuando eran menores de edad.

La Ley de Abuso Infantil, que entró en vigencia en 2019, permitió un período de dos años para que las víctimas se presentasen.

Bajo esta ley, se presentaron alrededor de 11.000 demandas en Nueva York contra iglesias, hospitales, escuelas, campamentos y otras instituciones.

Carroll también demandó al expresidente Trump por difamación después de que él la acusó de mentir cuando hizo públicas sus acusaciones por primera vez en 2019. Trump calificó las afirmaciones de la reconocida columnista como “ficción”.

Un juicio civil por ese caso está programado para el 6 de febrero.

Los defensores de los sobrevivientes de abuso sexual creen que la legislación brinda una oportunidad para que puedan presentarse ahora personas que no lo hicieron anteriormente debido al trauma o por miedo a las represalias.

Varios otros estados también han extendido o eliminado temporalmente sus estatutos de limitación de delitos sexuales a raíz del movimiento #MeToo en 2018, incluidos Nueva Jersey, California, Arizona y Montana.

Los detalles del caso

Caroll describió los detalles de lo que sostiene que ocurrió con Trump en su libro “¿Para qué necesitamos a los hombres? Una modesta propuesta”, donde dice que no denunció el presunto ataque en la época después de que una amiga le dijera que no tenía posibilidades de ganarle a Trump en un tribunal.

Más de una decena de mujeres han hecho anteriormente denuncias de conducta sexual inapropiada contra Trump, acusaciones que él niega.

Según explica en el texto, el encuentro con Trump tuvo lugar a finales de 1995 o principios de 1996, en la exclusiva tienda Bergdorf Goodman, en Nueva York.

Carroll dice que reconoció al entonces futuro presidente y le dijo “tú eres el magnate inmobiliario”, y que él le dijo que estaba comprando un regalo para “una chica”.

La escritora sostiene que Trump sabía que en ese momento ella tenía un segmento televisivo de consejos en NBC y que los dos empezaron a bromear, animándose mutuamente a probarse algo de lencería.

Carroll alega que luego fueron a un probador, que fue donde, según ella, ocurrió la violación.

Tanto Trump como Carroll tenían alrededor de 50 años en ese momento, y él estaba casado con la actriz Marla Maples.

Carroll dice que le contó a dos amigas sobre el supuesto incidente y que una de ellas le aconsejó que fuera a la policía.

Pero la otra le aconsejó que no le dijera a nadie. “¡Olvídalo! Tiene 200 abogados. Te enterrará”, asegura que le advirtió.

En 1981 una mujer entró a un juzgado de la ciudad de Lübeck, en Alemania en donde se llevaba a cabo el juicio contra el asesino de su hija de 7 años. Una vez en el lugar, la fémina sacó una pistola y le disparó al sindicado frente al juez.

Muchas veces se dice que los padres son capaces de hacer cualquier cosa por sus hijos y una prueba de ello es una historia que ocurrió el viernes 6 de marzo de 1981, en Alemania, en donde una mujer mató a balazos a un carnicero que enfrentaba juicio como presunto responsable de haber matado y violado a la hija de 7 años de la mujer.

Según recuerdan varios medios de aquel país, era el tercer día de juicio contra Klaus Grabowski, un carnicero que era acusado de violar y matar a Anna Bachmeier, de 7 años.

Pasaban las 10 horas de aquel día cuando los guardias del juzgado llevaron a Grabowski a la sala de audiencias a la espera del juicio.

Marianne Bachmeier, la mamá de Anna acudió a la audiencia caminó lentamente, colocó sus manos dentro del bolsillo de su chumpa impermeable y se ubicó a pocos metros de donde estaba el sindicado de la muerte de su hija.

No dijo nada y se quedó parada allí durante varios minutos, recuerdan testigos que narraron el suceso a los medios de comunicación el día del incidente.

Del arma salieron siete disparos que se escucharon en la sala e impactaron en la espalda de Grabowski. La octava bala se encasquilló.

Ante lo sucedido, dos policías reaccionaron y tomaron de los brazos a la madre de la víctima, quien externó: “Quería dispararle en la cara, pero le disparé por la espalda”.

Con siete heridas de bala en la espalda, Klaus Grabowski, de 35 años, agonizaba retorciéndose en el piso del tribunal. No demoró más de dos minutos en perder la vida aquel 6 de marzo de 1981.

Al día siguiente, los diarios alemanes resaltaron la foto de Marianne con titulares que la denominaban como “la mamá vengadora”.

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Cómo fue el crimen

El 5 de mayo de 1980 Anna Bachmeier se despertó de mal humor y discutió con su madre porque no quería ir a la escuela. Al principio Marianne quiso obligarla, pero al final decidió que saliera a jugar.

Sin embargo, lo que no sabía Marianne era que Anna quería faltar a clases porque tenía un plan: ir a la casa de Grabowski, quien le había prometido que la dejaría jugar con sus gatos, una tentación irresistible para una nena de 7 años que no tenía mascotas en su hogar.

Lo que ignoraba la menor, es que el carnicero también tenía un plan preciso contra ella: secuestrarla, violarla y asesinarla.

Marianne fue capturada inmediatamente luego del crimen y acusada inicialmente de asesinato. Durante el juicio, en 1982, Marianne afirmó que disparó a Grabowski durante un estado de trance tras ver a su hija en la sala. Finalmente, en 1983 fue condenada a seis años de prisión, pero solo cumplió tres.

La Fiscalía Municipal de Barillas, Huehuetenango, logró sentencia condenatoria de 96 años y 8 meses de prisión inconmutables contra Alonzo Diego Francisco.

El Ministerio Público (MP) informó este jueves 27 de octubre que la condena fue dictada por el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer de Huehuetenango.

La Fiscalía demostró durante el debate oral y público las pruebas materiales, documentales, periciales y testimoniales que responsabilizaron al procesado.

El Tribunal sustentó la condena con las pruebas y además, le impuso al sentenciado el pago de Q36 mil como reparación digna.

Los fiscales demostraron que Diego Francisco violentó la indemnidad de dos adolescentes de 14 años y ambas quedaron en estado de gestación producto del abuso.

Otra sentencia

En otro caso, el MP informó que con las pruebas presentadas por la Fiscalía de Distrito de Petén, el Tribunal de Sentencia de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer condenó a José Danilo Aldana García a 62 años de cárcel.

La sentencia se dividió en 30 años por asesinato, 30 por femicidio y 2 por lesiones leves.

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El 11 de enero de 2015, en los cuartos de alquiler Getzemaní, en el barrio Buena Vista, Santa Ana, Petén, junto con un cómplice, Aldana atacó con arma cortante a su exconviviente y a la pareja de ella.

Ambos murieron. Además, hirió al encargado del inmueble, quien lo reconoció por haber vivido ahí.

El Ministerio Público (MP) informó este martes 25 de octubre que por medio de la Agencia Fiscal de la Mujer en Chimaltenango logró sentencia contra una persona.

Se trata de Edgar Enrique Cun Semeya, quien fue condenado a 10 años de prisión por el delito de agresión sexual con agravación de la pena en forma continuada.

La sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Chimaltenango.

Según el MP, Los hechos ocurrieron de manera continuada durante 2018, cuando el condenado, quien fue maestro de primaria, cometió el delito contra siete niñas.

El delito lo cometió en la escuela oficial de la aldea Saquitacaj, San José Poaquil, Chimaltenango.

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En otro caso, el MP informó que por medio de la Agencia Fiscal de la Mujer en Totonicapán logró que el Tribunal de Sentencia de ese departamento dictara condena de ocho años de prisión contra Wílber Rafael Álvarez Alvarado por el delito de violación.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el 4 de diciembre de 2021 en el paraje Cuesta del Aire, aldea Chivarreto, San Francisco El Alto.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes 13 de septiembre que como resultado de un allanamiento en Coatepeque, Quetzaltenango, se reportó la captura de un supuesto violador.

Se trata de Pedro Vásquez Alonzo, de 37 años, señalado de cinco delitos de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.

La orden de captura de fecha 1 de septiembre fue emitida por un juzgado de Coatepeque, Quetzaltenango.

Según indicaron los investigadores, el detenido es presunto responsable de abusar sexualmente en varias ocasiones de una adolescente.

Otras capturas

Edy Santiago Ignacio Mejía, de 31, fue detenido en Chichicastenango, Quiché, sindicado del delito de agresión sexual, agregó la PNC.

Mientras que policías de la Comisaría de Suchitepéquez reportaron que en el camino hacia el rastro municipal de Patulul, capturaron a Guido Alfredo Montes Chuluc, de 26.

El capturado es requerido por un juzgado de Escuintla por el delito de violación.

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En otro caso, Edy Ignacio, de 31 años, fue detenido en Chichicastenango, Quiché, sindicado del delito de agresión sexual.

Más información en https://t.co/BEbusAfEqw#PolicíaNacionalCivil25añosdeProtegerYServir#DenunciaAnónima1561 pic.twitter.com/y59CSA0TQf

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 13, 2022