El Ministerio Público informó este jueves 10 de febrero que por medio de la Agencia Fiscal de la Mujer de Chimaltenango, logró que el Tribunal de Sentencia Penal de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer de ese departamento dictara sentencia condenatoria.

La sentencia fue dictada en contra de Obilio Chuta López, quien deberá cumplir ocho años y 4 meses de prisión por el delito de agresión sexual.

También fue condenado a 13 años con cuatro meses más por el delito de violación con agravación de la pena.

De acuerdo con la investigación, en marzo de 2018 Chuta López se llevó a las víctimas a comprar licor y posteriormente a un terreno en el caserío Chimixaya, aldea Saquitacaj, San José Poaquil, Chimaltenango.

Las llevó a cortar manzanas, luego en ese lugar cometió el delito en contra de ambas niñas.

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Posteriormente, ambas víctimas regresaron a su casa y un año después los hechos fueron denunciados ante las autoridades.

Durante la audiencia también se ordenó un pago de reparación digna de Q6 mil, añadió el MP.

La Fiscalía de Escuintla envió a juicio a Miguel Ángel Gómez Sunun por los delitos de violación con agravación de la pena y plagio o secuestro.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Santa Lucía Cotzumalguapa, en el departamento de Escuintla, capturaron al hombre dentro de una sede del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), señalado como presunto violador.

El sospechoso habría participado junto a otro sujeto en el ataque sexual a una mujer de 26 años, quien posteriormente relató a las autoridades que uno de sus agresores fue mordido por una serpiente.

Según informó la PNC en sus redes sociales localizaron a un hombre dentro de una clínica del seguro social que se acoplaba a la descripción de uno de los ataques, además que estaba siendo atendiendo tras sufrir la mordedura de una serpiente.

Toda vez los médicos finalicen de atender a esta persona los agentes policiales tendrán que trasladarle al juzgado de turno penal, en donde agentes del Ministerio Público (MP) le formularán en audiencia de primera declaración cargos relacionados a violencia sexual.

Con base en los medios de convicción presentados por la Fiscalía de Distrito de Escuintla, fue ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva Miguel Ángel Gómez Sunun, por los delitos de violación con agravación de la pena y plagio y/o secuestro. pic.twitter.com/TQ6TAeNDvv

— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 4, 2021

Para ello pretende iniciar lo que se conoce como un “enjuiciamiento sin víctima”, uno de los primeros casos de este tipo de los que se tiene constancia, según supo la BBC.

Vicky dice que su nacimiento es la evidencia de aquel crimen y quiere que una prueba de ADN lleve a que su padre sea condenado por la violación de una menor. Pero la policía de West Midlands —que se ocupa de los condados del centro-oeste de Inglaterra— dice que la ley no la reconoce como víctima.

La joven de Birmingham, una ciudad del centro de Inglaterra, fue adoptada en la década de 1970 cuando tenía 7 meses.

A los 18 años comenzó a buscar a su madre biológica y descubrió a través de un trabajador social y de su historial en el registro de servicios sociales que fue producto de una violación.

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“Mi madre biológica tenía 13 años y mi padre biológico era un amigo de la familia que estaba en su treintena”, explicó en el programa Victoria Derbyshire de la BBC.

“Los registros indican que ella había ido a cuidar niños a su casa y que él la violó. En siete diferentes partes de los archivos queda claro que fue violación”, prosiguió.

“Aparece su nombre y dirección, y los servicios sociales, la policía y los trabajadores médicos lo sabían, pero no hicieron nada al respecto“.

“Me sentí enojada, destrozada, por mi madre biológica. Y por mí”.

“Prueba andante”

Vicky logró reunirse con su madre biológica. Dice que aquel momento fue “muy surrealista”.

Diez años después, cuando algunos casos históricos de abuso sexual comenzaron a salir en las noticias a raíz del escándalo de Jimmy Savile —uno de los presentadores estrella de la televisión británica que fue acusado de pederastia y abusos sexuales— decidió actuar.

Siempre había pensado que estaba mal que su padre biológico no hubiera sido procesado.

“Fue entonces cuando pensé: tengo una prueba de ADN. Soy una escena del crimen andante. Y está todo escrito en los archivos. Sin duda, la gente me tomará en serio”, recordó.

“Quería hacerle rendir cuentas. Quería justicia para mi madre, justicia para mí. Las consecuencias de lo que él decidió hacer cambiaron toda mi vida”.

“Ser adoptada me causó muchas dificultades y todo ese trauma afectó a cada parte de mi vida”.

Su madre biológica, quien no quería revivir la experiencia y a quien la policía “ya había defraudado”, dice Vicky, prefirió no volver a denunciar la violación, aunque apoyó a su hija para que lo hiciera.

Vicky quería que se emprendiera un “enjuiciamiento sin víctima” por violación de menores, algo posible cuando una víctima retira cargos o se niega a presentar declaración, pero existen evidencias para un procesamiento.

Dijo que no se necesitaría la participación de su madre, que podría presentar la prueba de ADN y el certificado de nacimiento como evidencia.

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Este tipo de procesos judiciales basados en evidencias pueden usarse en casos de abuso doméstico o violación, cuando la víctima no hace declaraciones o las retira, pero es de interés público iniciar un procesamiento, según la Fiscalía de la Corona (CPS), el órgano independiente responsable de la acusación en las causas penales que haya investigado la policía en Inglaterra y Gales.

Pero la policía, los servicios sociales, los abogados y los parlamentarios le han dicho a Vicky que si ella “no es la víctima” no se puede presentar ningún caso.

¿Quién es la víctima?

El gobierno británico define como víctima a una persona que sufrió daños emocionales, físicos o mentales como resultado directo de un crimen.

“Por culpa de ese crimen estoy viva. Toda mi vida fue dictada por ello, pero nadie me ve como una víctima“, dice ella.

“Soy una prueba viviente de de un violador de niños y a nadie le importa. ¿Cómo puede estar bien eso?”

La parlamentaria laborista para Birmingham, Jess Phillips, dice que los niños concebidos por una violación deben considerarse víctimas.

Algo así “debe haberlos afectado emocionalmente en sus relaciones, en su vida en general, en cómo se sienten”, dice.

“Pensaba que esta discusión estaba zanjada, que para ser víctima de un abuso no tienes que haberlo sufrido directamente. En el caso de la violencia doméstica nunca diríamos que un niño que la vivió en su casa no es víctima, aunque no la sufriera directamente. Para mí (este caso) es exactamente el mismo”.

Vicky grabó una conversación con quien señala como su padre, aunque este ni niega ni desmiente haber mantenido relaciones sexuales con su madre.

“Este podría ser uno de los pocos casos en los que hay una prueba de ADN irrefutable”, dice ella.

“Quiero que la policía pida una prueba de ADN y que los servicios sociales se disculpen por sus fallos y aprendan. Y quiero que se revise la definición de víctima”.

Phillips dice que el caso es de interés público porque el supuesto atacante sigue vivo y que ese tipo de personas son “un riesgo para la sociedad”.

“Seguiré adelante porque sé que esto está mal y quiero justicia”, dice Vicky.

El superintendente Peter Henrick, jefe de la unidad de protección pública de la policía de West Midlands, dijo que las autoridades policiales no subestiman los efectos psicológicos que Vicky “sin duda sufrió”.

También explicó que no registraron una denuncia de violación en relación al caso en los 70 y que la presunta víctima no deseaba cooperar cuando Vicky les contactó en 2014.

En un comunicado se lee lo siguiente: “Ella [Vicky] preguntó si podría ser identificada como víctima y si el caso avanzaría en esos términos. La ley no la reconoce como víctima en estas circunstancias“.

“Nuestro manejo del caso fue examinado en aquel momento por nuestro departamento de normas profesionales y por la comisión independiente de quejas contra la policía, y ambos acordaron que la acción y la conclusión de la policía eran apropiadas”.

Un sudadero con capucha, tez morena, pelo negro y la vista fija, así se presentó Mario René Zet Mitch a las audiencias del juicio en su contra. El hombre de 41 años violó a 15 mujeres y niñas. La prueba fundamental en su contra  fue la prueba de ADN practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). El examen genético dio positivo con todas.

Operó entre la colonia Yumar zona 6 de mixco y San Juan Sacatepéquez. La Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público descubrió que operó durante cinco años, por lo que teme que existan más víctimas. Sin embargo, solo 15 se atrevieron a denunciar.

Zet Mitch fue condenado a 513 años de cárcel el pasado 27 de marzo de 2019. El violador serial buscó áreas solitarias y montañosas para atacar. Utilizó cuchillo, martillo y arma de fuego para intimidar a sus víctimas. La más pequeña tenía 12 años y la más grande 39 años, una de las razones que dificultó su reconocimiento y posterior captura. Fue reconocido como el violador de Yumar por el área en qué operó e identificado cómo uno de los sádicos y violentos.

Julio Hernández recibió una sentencia condenatoria de 29 años y 8 meses de privación de libertad inconmutables y una multa por la cantidad de 50 mil quetzales por los delitos de violación y plagio y/o secuestro.

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Los fiscales del Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia presentaron las pruebas contra Hernández, en donde se demostró que es responsable de haber secuestrado y violado a una niña de 9 años de edad.

Multa por “daño moral”

En la resolución contra el violador, el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer consignó que de no poder pagar la multa establecida se descontará a razón de 100 quetzales diarios en prisión.

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El órgano jurisdiccional ordenó también la rehabilitación a favor de la niña para que reciba terapia psicológica por el daño severo ocasionado.

En la audiencia de reparación digna se estableció que el procesado debe entregar la cantidad de 25 mil quetzales en concepto de daño moral.

Él fue detenido el 16 de noviembre de 2018 en la terminal de buses de la zona 1 de ese departamento, señalado de agresión sexual con agravación de la pena.

La PNC y agentes del Sistema Penitenciario lo buscan en áreas cercanas, se cree que no huyó lejos, ya que está engrilletado.

Cordón Guzmán, guardaba prisión en la cárcel preventiva para hombres de Los Jocotes, informó la PNC.

Las fuerzas de seguridad manifestaron que Cordón Guzmán viste pantalón color azul, playera roja con líneas amarrillas y tenis.

La policía aseguró que continuarán con los operativos en diferentes sectores del casco urbano, rutas de ingreso a la cabecera y buses extraurbanos.

Piden a la población denunciar al: 3021- 2771 si observan al reo, porque es considerado un privado de libertad de alta peligrosidad.

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El Tribunal de Sentencia dictó condena de 21 años de cárcel contra Mario Augusto Hernández Martínez, quien cometió el delito de violación con agravación de la pena, con circunstancias especiales de agravación.

En la acusación que presentaron los fiscales del Ministerio Público (MP) ante el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Quetzaltenango, quedó demostrado que el 22 de septiembre de 2013, ocurrieron los hechos en una vivienda del cantón Choquí, zona 6 de la ciudad altense. La víctima fue un niño de ocho años de edad.

Mario Augusto Hernàndez Martínez, de 65 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil, en la 2ª. calle, zona 1 de Rabinal, Baja Verapaz.

Requerido por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, desde el 27 de septiembre de 2,016, por el delito de violación. pic.twitter.com/uswyENziIb

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 26, 2018

El tribunal condenó a 12 años de prisión por el delito de violación y nueve años por las circunstancias especiales de agravación, para un total de 21 años de privación de libertad inconmutables.

En la resolución del Tribunal quedó establecido que Hernández Martínez tiene suspensión de sus derechos políticos por el tiempo que dure la condena y sus datos personales estarán en el Registro Nacional de Agresores Sexuales (RENAS), publicada en la página del Ministerio Público, durante los cinco años después de cumplida su condena.

En ese sentido debe actualizar los cambios de domicilio y lugares de trabajo tal y como lo ordena la Ley del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense, que se encuentra vigente en el país.

La Fiscalía de Niñez y Adolescencia del Ministerio Público (MP) presentó las pruebas para que un tribunal emitiera la sentencia condenatoria de seis años de cárcel en contra de Rodin Humberto Gerónimo Cabrera, por intentar abusar a un menor.

Según las pruebas presentadas por los fiscales ante el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, Gerónimo Cabrera cometió el delito de violación en grado de tentativa en contra de un niño de ocho años de edad.

El 5 de febrero de 2017, Gerónimo se aprovechó de la soledad de un sitio baldío en donde hay una casa en construcción de la aldea El Fiscal Colonia Las Brisas, del municipio de Palencia, para llevar a su víctima a quien amenazó de darle muerte a él y a sus padres.

Cuando ingresó al niño al lugar, el abuelo del pequeño empezó a llamarlo y por ello Gerónimo no pudo consumar el delito de violación. Posteriormente fue aprehendido y se inició el proceso en su contra.

En la audiencia de reparación digna, el tribunal ordenó que el ahora condenado debe cancelar la cantidad de 3 mil 700 quetzales, a favor del niño en concepto de reparación del daño causado a su indemnidad sexual. Esto se refiere a la interferencia en la formación de la sexualidad de los niños y que en éste caso, dejó huellas indelebles que perjudican la formación de la personalidad de la víctima.

Un hombre de 20 años fue detenido en Quetzaltenango, acusado de haber violado a pequeño de 5 años, en octubre de 2018.

Investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal SGIC-PNC de la Policía Nacional Civil, hicieron efectiva una orden de aprehensión en contra de un hombre en la vía pública del callejón 8, zona 6 de Quetzaltenango, acusado de violación.

Yordi Elías Villatoro de 20 años, quien, según la base de datos de la PNC, tiene una orden de aprehensión vigente en su contra emanado del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer de este departamento, de fecha 15 de enero del año en curso.

Habría violado a un niño

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Aldea el Remate arrestaron y pusieron a disposición del juzgado de turno en Petén a un hombre sindicado de ser  el presunto violador de una menor en la Aldea Altamira, Flores.

El hombre fue identificado como Gilberto Cumul Yacap de 67 años, quien fue sindicado haber abusado sexualmente de una niña de 12 años.  Según el informe de las autoridades, Yacap tenía minutos de haber cometido el delito, cuando fue detenido.

Agresor detenido en Baja Verapaz

Como seguimiento a una denuncia presentada ante la Fiscalía Municipal de Rabinal, Baja Verapaz del Ministerio Público,  se ejecutó la orden de aprehensión de Víctor Maniel Chen Osorio, presunto responsable del delito de agresión sexual.

Los fiscales documentaron los elementos que recolectaron con la denuncia y presentaron el caso ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Baja Verapaz que resolvió ordenar la captura del sospechoso de dicho delito.

La fiscalía sostiene que Chen Osorio cometió el delito el 6 de agosto de 2017, en una vivienda ubicada en la 2ª. calle del asentamiento Pacux, Rabinal, Baja Verapaz cuando se aprovechó de su víctima de 7 años de edad.

Según el relato que consta en la denuncia, el sospechoso le ofreció dinero a la niña para que se dejara tocar y tras cometer el delito le dio Q. 3 quetzales.