Una experta de la ONU advirtió este lunes de “un patrón de comportamiento” en El Salvador que sugiere la perpetración de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la policía o el ejército.

“He hallado un patrón de comportamiento entre el personal de seguridad, que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza”, señaló en una rueda de prensa la relatora especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, la francesa Agnes Callamard.

Las posibles ejecuciones extrajudiciales o el uso excesivo de fuerza estarían siendo cometidos por agentes policiales y soldados del ejército contra miembros de las pandillas, señaladas por el gobierno de ser las principales responsables de la ola de violencia homicida en el país.

Callamard dejó en claro que ese patrón “no es una política de Estado”.

“Ese patrón se alimenta de una forma, por el hecho de que las quejas o denuncias sobre las ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía o a manos de los militares no se investigan de la forma correcta”, sostuvo la experta de la ONU, que consideró necesario que se examinen las denuncias de ejecuciones extrajudiciales.

Callamard, que no brindó cifras sobre los presuntas ejecuciones extrajudiciales, sí reconoció durante su visita denuncias de organizaciones salvadoreñas defensoras de los derechos humanos que relatan casos de este tipo.

Según datos de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), entre 2014 y 2016 se registraron en El Salvador 44 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales en las que estarían involucrados policías y militares.

Durante su visita, que comenzó el 25 de enero, la experta habló con familiares de víctimas de la violencia, mujeres que fueron sometidas “repetidamente” a violencia sexual, hombres jóvenes “traumatizados por la experiencia de violencia vivida en manos de las pandillas” y agentes policiales o soldados del ejército.

En su opinión, los homicidios en el país “parecen ser una estrategia deliberada de las pandillas para asegurar el control territorial y su poder”.

“La respuesta del gobierno a esta violencia endémica no debe de profundizarla aún más, independientemente de cuán complejo sea el contexto”, consideró Callamard, para quien es necesario que la administración deje de aplicar las medidas extraordinarias de seguridad implementadas desde 2016 en seis penales que resguardan a miembros de pandillas.

Esas medidas, que el gobierno pidió al Congreso extender un año más a partir de marzo, establecen el encierro casi permanente de los reos en sus celdas, la restricción de la visita familiar y el bloqueo de la señal telefónica para evitar que los pandilleros se comuniquen con sus estructuras que están en libertad.

© Agence France-Presse