Ciudad Guatemala
Un día de febrero de 2008, Manuela* sintió un fuerte dolor pélvico y abdominal. Se dirigió rápidamente a una letrina que quedaba a unos metros de su casa, ubicada en una zona rural en El Salvador.
En ese momento, mientras creía sufrir indigestión estomacal, tuvo una emergencia obstétrica: expulsó un feto y se desmayó.
Su madre consiguió pagarle a un vecino para que la llevara al hospital, donde ingresó con una fuerte hemorragia y síntomas de preeclampsia.
Manuela, analfabeta y de escasos recursos, estaba en el tercer trimestre de su embarazo.
Fue entonces cuando comenzó la pesadilla: el personal médico, en vez de atenderla, la acusó de provocarse un aborto para esconder una supuesta infidelidad y llamó a la policía.
Sin la oportunidad de defenderse con un abogado, Manuela —quien en ese entonces tenía 31 años y dos hijos pequeños—fue trasladada a la cárcel y más tarde condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado.
Dos años después, en 2010, murió de cáncer linfático, esposada a una cama de hospital.
Caso histórico
A 13 años del brutal episodio, el caso de Manuela está siendo revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en dos jornadas de audiencias públicas, realizadas esta semana.
Este es el último paso de un largo camino que su familia ha tenido que recorrer en busca de justicia. Y puede transformarse en un fallo histórico pues, según los querellantes, es la primera vez que un caso de este tipo llega a la CIDH.
El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista son las organizaciones detrás de la demanda que busca que el Estado salvadoreño reconozca que en el caso de Manuela hubo una serie de violaciones de sus derechos humanos y los de su familia.
Un pronunciamiento a favor de la familia de Manuela podría sentar un importante precedente para este país que cuenta con una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo y en el que la interrupción del embarazo está prohibida en todas sus formas y castigada con prisión.
Argumentos en el litigio
El litigio comenzó en 2012, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició su investigación.
Siete años más tarde, en 2019, presentó el caso a la Corte al concluir que el Estado violó el derecho a la libertad personal por la “detención ilegal” de la víctima, el derecho a la protección judicial, a la presunción de inocencia, a la vida y la salud, entre otras cosas.
De acuerdo con el informe de la Comisión, Manuela “no recibió un diagnóstico médico integral cuando fue privada de libertad, ni tampoco un tratamiento médico oportuno y adecuado, el cual hubiera permitido prolongar” su vida, pues desde 2007 que tenía indicios del cáncer.
Con estos antecedentes, los querellantes esperan que el Estado salvadoreño reconozca su responsabilidad y restablezca la dignidad de Manuela.
“Queremos que se repare de forma integral a su familia, que haya dignificación de la imagen de Manuela y con ello la dignificación de todas las mujeres que han sido criminalizadas por complicaciones obstétricas y que se establezcan medidas de no repetición para que ninguna mujer tenga que vivir el tránsito del hospital a la cárcel”, ha afirmado Morena Herrera, la activista y defensora de los Derechos Humanos de la Colectiva Feminista.
Por su parte, la delegación que defiende al Estado salvadoreño ha señalado que sí fueron respetados los derechos de Manuela pues supuestamente recibió asistencia jurídica en el plazo que la ley indica después de su arresto. En cuanto a la atención médica, han argumentado que la mujer recibió tratamiento en distintos niveles del Sistema Público de Salud de ese país.
Organizaciones pro vida, en tanto, han asegurado que esta demanda ha sido promovida por entidades pro aborto y que, de hecho, Manuela se provocó un aborto de manera voluntaria.
“Aquí la víctima es el niño, no Manuela”, señaló presidenta de la Fundación Sí a la Vida, Julia Regina de Cardenal.
A pesar de que las audiencias terminaron este 11 de marzo, es posible que el fallo de la CIDH no se conozca hasta antes de un año.
Estrictas leyes antiaborto
El caso de Manuela no es aislado.
En los últimos años, varias mujeres en El Salvador han sido acusadas de aborto y condenadas a penas de cárcel de decenas de años. Esto es así porque a pesar de que la ley antiaborto dice que las penas van de 2 a 8 años, muchas veces el cargo cambia a “homicidio agravado”, que conlleva una pena mínima de 30 años.
Para muchas personas que apoyan la interrupción del embarazo, la llegada al gobierno del presidente Nayib Bukele, quien prometió tratar de reformar las estructuras más anquilosadas de la nación, fue una esperanza de que las cosas también podrían cambiar en esta área.
Pero cualquier modificación sobre el aborto debe pasar antes por el Congreso, que ni siquiera tiene en agenda su discusión.
De todas maneras, es una política pública que genera una amplia división en el país, con fuertes organizaciones pro vida que defienden su penalización.
*Las organizaciones querellantes solicitaron mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Manuela, requiriendo que se le llamara de esta forma para resguardar su privacidad.
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