Ciudad Guatemala
"Smiley" asegura ser un expandillero, pero se oculta de la policía y del ejército porque lleva tatuadas las iniciales de la Mara Salvatrucha (MS13), una de las bandas del país. Sólo eso basta ahora para ir a la cárcel en El Salvador.
“Smiley” está escondido en algún rincón del occidente salvadoreño. Su libertad está amenazada desde que la madrugada del 27 de marzo el Congreso de El Salvador decretara el régimen de excepción en el país como parte de lo que el presidente Nayib Bukele llama “guerra” contra las pandillas.
“Smiley”, sobrenombre para proteger su identidad, asegura ser un expandillero, pero se oculta de la policía y del ejército porque lleva tatuadas las iniciales de la Mara Salvatrucha (MS13), una de las bandas del país.
Sólo eso basta ahora para ir a la cárcel en El Salvador.
La medida de excepción que solicitó el presidente Bukele tras una ola de asesinatos suspende el derecho a la defensa, a la libertad de asociación, a la inviolabilidad de la correspondencia y permite la intervención de las comunicaciones sin orden judicial así como la detención de cualquier persona hasta por 15 días.
Ante las denuncias de excesos policiales y de imposición de cuotas de arrestos, Bukele cifró en un máximo de un 1% los detenidos que pueden ser inocentes.
“Smiley” dejó de ser un miembro activo de la MS13 hace 11 años, cuando fue deportado desde Los Ángeles, lugar de origen de la pandilla, aunque los tatuajes pandilleriles sigan sobre su piel.
En Estados Unidos pagó seis años de cárcel. Cuando volvió a El Salvador no le gustó el modo de operar de su pandilla y prefirió “vivir tranquilo”, asegura ahora desde su celular a BBC Mundo.
Hasta hace tres semanas vendía paletas heladas en la calle, pero ahora ya no sale a trabajar. “Estoy encerrado, no sé ni cómo hacer a veces. Yo no tengo por qué andar así, si yo no debo nada”, dice afligido.
“Tengo DUI (documento oficial), licencia, todo en regla. No debo nada. Yo no vivo de nada de eso del barrio (pandilla). Yo trabajo”, sostiene irritado. “Sólo por tener las letras (M y S tatuadas)”, dice sobre el temor a ser detenido.
Del avión a prisión
Genaro Godoy Monterrosa, conocido como “Satán”, no tuvo ni tiempo para esconderse. El 8 de abril el vuelo charter en el que viajaba deportado desde Estados Unidos, llegó alrededor de las 11:00 a El Salvador desde el estado de Luisiana.
Su mamá iba camino del aeropuerto, cuando Godoy le escribió desde un celular desconocido y le dijo que no fuera a recogerlo. Le explicó que se encontraba montado en un bus camino a la Dirección de Atención al Migrante, conocida como “La Chacra”, un centro empleado únicamente para los retornados vía terrestre. No se ha vuelto a saber de él.
Su familia desconoce dónde está preso o de qué lo acusan formalmente. Su hermana Ana asegura que Godoy tenía tiempo alejado de la MS13, que su vida se la ganaba entre la albañilería y las remesas enviadas desde Los Ángeles.
El delito que cometió Godoy al cruzar ilegalmente a Estados Unidos en noviembre pasado se transformó automáticamente en pertenencia a agrupaciones ilícitas en cuanto aterrizó en El Salvador. De acuerdo con el nuevo Código Penal, reformado ahora en el marco de la “guerra” contra las pandillas, eso podría costarle hasta 30 años de cárcel.
Si bien existen numerosos expandilleros que ya pagaron sus delitos en cárceles estadounidenses y que decidieron dejar allá su pasado, sus tatuajes y los registros policiacos son marcas que no pueden borrarse en este régimen de excepción.
De acuerdo a denuncias de organismos de derechos humanos y de familiares, el gobierno salvadoreño ha violado la presunción de inocencia con sus capturas mediáticas y masivas que, de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), suman 13.000 “terroristas”.
Marcas indelebles
En esas detenciones, que son difundidas en videos y fotografías a través de cuentas oficiales del gobierno, se mostró la noche del miércoles 30 de marzo a Darwin Cecilio Martínez Hernández, entre otros, sometido y de rodillas.
La palabra “marero” (pandillero) tatuada a lo ancho de todo su pecho fue la única prueba que la PNC tuvo para detenerlo, denuncia su familia.
Esa tarde su esposa, Angélica, se encontraba barriendo la casa cuando la policía apareció. Eran cerca de las 6:30 pm y Martínez dejó su computadora para atender a los agentes, que le preguntaron si tenía tatuajes alusivos a pandillas.
Dijo que sí y de inmediato mostró su Constancia de Antecedentes Penales de julio de 2021, a la que tuvo acceso BBC Mundo y en la que se lee que “no registra antecedentes policiales vigentes ni procesos pendientes”. También les enseñó una carta de la empresa Skycom en la que consta que trabaja como teleoperador desde octubre pasado.
Martínez dijo que había dejado la Mara Salvatrucha a miles de kilómetros, allá en California, y que ahora sólo se dedicaba a trabajar y cuidar a sus hijos.
Los policías llamaron a las oficinas para corroborar su historial, pero al no obtener respuesta prefirieron llevárselo. El estado de excepción también faculta a la policía a reservarse el motivo de la detención.
Al poco tiempo lo regresaron a casa y hablaron con el Ministerio de Migración y Extranjería para conocer su condición como inmigrante, relata la esposa de Martínez.
Desde el otro lado del teléfono dijeron que todo estaba en regla. Los policías insistieron y comenzaron a inspeccionar la casa en busca de armas y droga. Su esposa estaba atenta a que no les sembraran ninguna prueba falsa, así que los agentes decidieron arrestarlo “sólo por los tatuajes”, le dice a BBC Mundo la mujer.
Cuando se disponían a salir de casa, Martínez le dijo a su hijo de cinco años que se iba a trabajar a la capital, que regresaría pronto. Pero el niño no le creyó y gritó que no le mintiera, que sabía que los policías se lo llevaban a prisión.
Y eso es lo que pasó.
Desde el centro de detención, Martínez hizo una videollamada con su esposa para notificarle que acababan de acusarlo de pertenencia a agrupaciones ilícitas, que sería trasladado pronto al penal de Izalco en Fase I. Su abogada fue a pedir información y la recibieron con gas pimienta, dice.
El pasado de “Joker”
Martínez era conocido en las calles de Rampart, en Los Ángeles, como “Joker”.
Acostumbraba drogarse y a atracar hasta que cayó preso por robo. En el Centro de Rehabilitación California superó su adicción y renunció a su vida en la MS13 luego de que su célula (banda) desapareciera. En abril de 2018 fue repatriado a Honduras, su país de origen, y por petición de su esposa se fueron a vivir al departamento salvadoreño de Sonsonate.
Decidió cambiar su vida, mientras que su mujer tomó la decisión de renunciar al “sueño americano” para reencontrarse con él y estar en familia.
Estaban felices por el nuevo trabajo de él en el callcenter y porque ella, además de criar a sus niños, sacaba unos dólares extra vendiendo cervezas en casa. Las remesas que recibían de Estados Unidos también sumaban bienestar en su nueva vida y se sentían satisfechos.
Pero desde el día que se llevaron a Martínez las cosas empeoraron. El sostén económico de la casa ha venido a menos, a su esposa ni tiempo le ha dado de tratarse el cáncer de colón que sufre y sus hijos no paran de buscar a su padre en el estudio de trabajo de la casa con la esperanza de encontrarlo ahí.
La policía volvió a la casa de Matínez una semana después. Esta vez empuñando armas y con la intención de detener a su esposa por el simple hecho de ser su pareja.
Angélica tomó el teléfono y marcó a su abogada. Quería ayuda.
“Vinieron ellos de regreso y me empezaron a apuntar con las armas y me dijeron: ‘¿A quién estás hablando?’. Uno de ellos me intentó quitar el teléfono. ‘¡Bicha, hija de la gran puta!’, me dijo. ‘¿Vos crees que la puta abogada te va a defender?'”.
Angélica dice que ha tenido que soportar el acoso policial y las injurias en redes sociales desde que la foto de su esposo se viralizó. Los insultos van desde “ratas” o “vómito de la sociedad” hasta el deseo de que le apliquen la pena de muerte.
La sociedad salvadoreña está harta de los pandilleros y no son pocos los ciudadanos que, aprovechando el contexto, estos días han denunciado a cualquier persona que lo sea o aparente serlo.
Eso le sucedió a Ricardo Stanley Hernández Tremiño, antes conocido como “Zombie”. Su hermana cree saber que un vecino lo delató para que la noche del miércoles 6 de abril se lo llevaran sin más prueba que el tatuaje “Eme Ese” de su estómago. Un policía le confirmó la denuncia ciudadana y sigue sin saber de su paradero.
Hernández tiene más de dos décadas inactivo en la MS13, desde que llegó expulsado en 2001, y no cuenta con historial criminal, asegura su familiar.
La audiencia
La audiencia de Darwin Martínez se celebró el jueves 15 de abril en el Juzgado Especializado de Instrucción C2 de Santa Ana a puerta cerrada. Ese día la jueza, cuyo nombre quedó bajo reserva, solicitó prisión provisional contra él y 255 supuestos miembros de la Mara Salvatrucha.
La abogada de Martínez se presentó a dejar las pruebas sobre la reinserción de su defendido y la ausencia de antecedentes en el país, pero la jueza decretó que eran insuficientes. “Hay órdenes desde arriba de que no dejen salir a nadie”, dice la defensora, que pide mantener el anonimato.
De acuerdo con la organización Human Rights Watch, desde que se decretó estado de excepción se suspendieron varias garantías del debido proceso que han violado los derechos humanos de los salvadoreños.
“Smiley”, el expandillero que permanece encerrado en su casa, teme que le pase lo mismo que a sus antiguos homeboys. Desde el pedacito de espacio en el que se guarda, cree que esta política puede ser contraproducente para el gobierno: “Se le va voltear el pueblo”.
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