Ciudad Guatemala
La de Amy es solo una de las miles de denuncias que se reciben cada año dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos:
Aquel día de diciembre de 2018, Amy Marsh celebraba la partida de un año más y, con él, su primer aniversario en la Base de la Fuerza Aérea Travis, en el norte de California, EE.UU.
Había ido a vivir allí en 2017, cuando su esposo, un oficial de origen puertorriqueño, fue desplegado a la base, que pronto se volvió su nuevo hogar.
“Hasta ese día, fue una experiencia muy interesante, porque estas bases son como ciudades a pequeña escala y allí tienes la oportunidad de hacer muchas cosas por la comunidad y de conectarte con otras mujeres, esposas de militares, que también se separaron de sus familias porque se casaron con un miembro del Ejército”, cuenta a BBC Mundo.
Sin embargo, lo que Amy no imaginaba era que esa noche su vida estaba por cambiar, que lo que estaba a punto de suceder casi destruiría su matrimonio, terminaría la carrera militar de su esposo y le dejaría a ambos huellas que, tres años después, aún no han logrado del todo superar.
Algunos recuerdos de esa noche se le hacen borrosos. Recuerda que hubo demasiado alcohol.
“Bebí demasiado”, dice.
Sabe que hubo un “after-party” y que su esposo la dejó a cargo al oficial que él consideraba su mentor, el militar de mayor rango que había sido su ejemplo y guía desde que se mudaran a la base.
“Ese hombre abusó de esa confianza que le tuvo mi esposo y en esa fiesta me agredió sexualmente. No hubo consentimiento y yo estaba demasiado ebria para reaccionar”, recuerda.
Amy cuenta que después de esa noche fue tanto su trauma que decidió ocultar lo que había pasado. Cuando el peso de la situación comenzó a afectar su matrimonio, decidió contarle a su esposo lo que había sucedido, dos meses después.
“Fue muy difícil para los dos. Conversando con el capellán de la base, entendimos que no debíamos callar. Y finalmente decidimos contarlo. Lo reportamos y comenzó una investigación que se prolongó durante aproximadamente dos años. Luchamos de todas las formas que pudimos. Pero no pasó nada“, afirma.
Uno más
La de Amy es solo una de las miles de denuncias que se reciben cada año dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos: los casos de hombres y mujeres que aseguran haber sufrido abusos y agresiones sexuales dentro de las bases militares del país.
Es, también, una de las voces de las víctimas que ha llegado incluso al Congreso de Estados Unidos para exigir que se tomen medidas ante lo que muchos ven como un “sistema fallido” dentro del mando militar para traer justicia a estos casos.
“Es un problema de larga data para el que aún no se ha encontrado una solución efectiva”, dice a BBC Mundo el coronel (r) Don Christensen, quien fuera Fiscal General de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y abandonara el cargo para defender a las víctimas de abusos sexuales dentro del Ejército.
“Por años, en las Fuerzas Armadas, los militares han estado más preocupados por proteger a los comandantes y los procesos que por traer justicia a las víctimas y condenar a los presuntos asaltantes. Por eso yo dejé mi puesto y me puse del lado de las víctimas”, dice el también presidente de la ONG Protect Our Defenders (POD).
Un problema extendido
Los reportes de abusos sexuales en el Ejército de Estados Unidos han ido en aumento por años desde 2006.
Según una encuesta anónima realizada por el Pentágono, cerca de 20.000 miembros del servicio militar o sus familiares aseguran haber sido agredidos sexualmente cada año.
Sin embargo, el promedio de los que se atreven a denunciar de ese total es muy pequeño.
De hecho, en 2020 solo se reportaron un total de 7.816 denuncias de agresiones sexuales en las instalaciones militares del país, de las cuales, 6.290 involucraron a oficiales en activo.
Según explica a BBC Mundo Andrew Morral, quien ha estudiado por décadas el tema para la Rand Corporation (un think tank que asesora al Pentágono), se trata de un fenómeno ampliamente extendido en la casi totalidad de las instalaciones militares del país.
“Hay lugares, sin embargo, donde el riesgo es alto -y más alto de lo que se esperaría en función de las características del personal allí-. Hallamos, por ejemplo, que el 34% de los casos de asaltos sexuales contra mujeres ocurrieron en solo cinco bases importantes del Ejército”, señala.
No obstante, de acuerdo con el experto, las soldados, las esposas de los militares y otras mujeres que prestan servicio en las Fuerzas Armadas no son las únicas víctimas de esta situación.
“En la casi totalidad de los casos el riesgo de ser agredido sexualmente está correlacionado con la edad y el rango. Así, además de las mujeres, los miembros del servicio más jóvenes, los no casados y las minorías sexuales tienen un riesgo especialmente alto”, añade.
En ese sentido, uno de los últimos estudios realizados por Morral sugiere que casi la mitad de todas las agresiones sexuales en las bases militares se realizan contra personas que no se describen a sí mismas como heterosexuales.
“Este grupo parece tener un riesgo especialmente alto, ya que representan solo alrededor del 12% de la población militar, pero es a ellos a quien le ocurre el 50% de agresiones sexuales”, explica.
De acuerdo con el experto esto sugiere que en gran parte se podría tratar de “hechos relacionados con delitos de odio”.
“Es el caso por ejemplo de las agresiones sexuales contra hombres, en las que el 50% de los casos, parecen estar orientas a humillar o hacer daño moral”, dice.
Causas y efectos
Los expertos que han estudiado este tipo de agresiones sexuales no logran todavía comprender del todo sus causas.
Según Morral, podría tratarse desde aspectos relacionados con disciplina y buen orden dentro de las bases militares hasta elementos culturales.
“Una de las cosas que sí sabemos es que el riesgo de agresión sexual está muy vinculado al acoso sexual, que es algo mucho más común y mucho más visible. Así, en las unidades donde las personas hacen muchos comentarios sexuales entre sí o dicen cosas como que los chicos allí no se comportan como hombres, son los entornos en los que estamos viendo más agresiones sexuales”, comenta.
Una encuesta a nivel militar publicados el año pasado sugería que el consumo de alcohol dentro de las bases era un factor contribuyente: estuvo detrás del 62% de las agresiones a mujeres.
De acuerdo con Christensen, en ese sentido, otra de las posibles causas es que, en su criterio, “hay un problema cultural con la misoginia en el Ejército”.
“En las Fuerzas Armadas, alrededor del 80% son hombres y hay muchos hombres que no creen que las mujeres pertenezcan al Ejército”, dice.
Un informe publicado en enero pasado indica que el número de agresiones sexuales reportados en las academias militares del país habían aumentado 50% desde 2016, lo que causó alarma por sugerir que está tan extendido entre los futuros líderes militares como en las filas actuales.
Los estudios realizados sobre el fenómeno sugieren que su impacto podría ser negativo para las Fuerzas Armadas estadunidenses, y potencialmente, convertirse en un problema de seguridad nacional en un país que ha gastado más de US$200 millones en la última década en esfuerzos de prevención, programas de educación y recursos para las víctimas de agresiones sexuales.
“Más allá del impacto psicológico que esto puede tener para las vidas de los soldados o sus familiares que sufrieron estos asaltos, también está la repercusión que tiene sobre las mismas Fuerzas Armadas como institución”, dice Morral.
“No es de extrañar que los soldados abandonen el ejército antes de lo que lo hubieran hecho de otro modo. Y según nuestros estudios, el ejército esté perdiendo en promedio alrededor de 8.000 personas al año debido a agresiones sexuales”, agrega.
Los problemas para la justicia
Pese a ser un problema extendido dentro de las fuerzas armadas, los mecanismos para llevar justicia a las víctimas son limitados.
Solo en 350 casos de las casi 8.000 denuncias que se presentaron el año pasado se acusó a los presuntos perpetradores de un delito.
Según Protect Our Defenders esto ha llevado a que las víctimas -y los propios soldados- pierdan la confianza en el sistema de justicia militar.
“El sistema de justicia militar estadounidense es un sistema arcaico que la mayoría de nuestros aliados han abandonado hace años” explica Christensen.
“Se basa en el sistema de justicia del rey Jorge III, de la época anterior a la Guerra Revolucionaria”, agrega.
Según el abogado, este sistema vigente otorga a los comandantes una autoridad de “procesamiento rápido” en el caso de las agresiones sexuales.
“Es el comandante militar, no un abogado, quien toma la decisión de cómo se imputará a una persona, si los cargos irán a juicio y otra gran cantidad de decisiones que en el sistema civil estadounidense toman los fiscales y los jueces”, dice.
El poder de los comandantes llegó incluso a poder anular la condena del jurado, aunque tras los esfuerzos de Christensen el Congreso les quitó esa autoridad en 2013.
Sin embargo, todavía está en manos de los comandantes de la persona acusada de agredir sexualmente tomar la decisión de si existen evidencias para llevarla a juicio.
Otros obstáculos
No es este el único obstáculo que enfrentan las personas que sufren de una agresión sexual en una instalación militar en Estados Unidos.
De acuerdo con el coronel, también frecuentemente se disuade a las víctimas de informar o denunciar los abusos o se toma represalias contra ellas.
“Los datos muestran que más del 60% de los hombres y mujeres que denuncian una agresión sexual en el ejército pueden sufrir represalias. Esa represalia suele ser el final de una carrera. A una de cada tres mujeres que denuncian una agresión sexual en el ejército se les obliga a abandonar su carrera en el lapso de un año desde la denuncia”, dice.
Amy dice algo que parecido fue lo que pasó con su esposo, luego de que ambos hicieran la denuncia.
“A mí no me creyeron, trataron de culparme por lo que pasó. Y la carrera de mi marido quedó destruida. Nunca podrá hacer una carrera militar. Antes de esto, amábamos la vida militar y soñamos que podríamos haber hecho cosas increíbles, pero ya no hay posibilidad de eso”, se lamenta.
La historia es diferente para los presuntos agresores, lo que en criterio de Christensen puede contribuir a las bases del problema.
“Tradicionalmente, los comandantes no han logrado responsabilizar verdaderamente a los oficiales superiores que acosaron sexualmente a subordinados y eso envía un mensaje a las personas de rango inferior de que la agresión sexual realmente no es gran cosa”, dice.
“Entonces, cuando un general acosa sexualmente a un subordinado o a la esposa de sus subordinados o tiene una relación inapropiada con ellos, a menudo se les permite simplemente retirarse. Y eso envía un mal mensaje”, agrega.
Amy recuerda que fue el caso del oficial que ella asegura que la agredió.
“Sabemos que perdió una raya, por lo que dejó de ser el militar de mayor rango, y tuvo que retirarse, pero aun así dejó el Ejército con honores”, recuerda.
En busca de respuestas
Tras el asesinato el pasado año de la soldado Vanessa Guillen, la Casa Blanca ordenó una investigación sobre los abusos sexuales en el Ejército y este año, el presidente Joe Biden creó una comisión independiente a la que le dio un plazo de 90 días para proponer cambios dentro de las fuerzas armadas.
A inicios de este mes, la comisión recomendó formalmente al secretario de DefensaLloyd J. Austin III que las denuncias de agresión y acoso sexuales se transfieran a fiscales especiales fuera de la cadena de mando en el Ejército.
Austin dio su visto bueno a la medida -un paso sin precedente para un alto jefe militar- y la semana anterior, fue también aprobada por Biden.
Sin embargo, pese a tener los apoyos del Pentágono y la Casa Blanca, dependerá del Congreso cambiar la ley militar.
Desde hace años, la senadora Kirsten Gillibrand, demócrata de Nueva York, ha estado abogando por una reforma que permita no solo procesar las agresión sexuales fuera de la cadena de mando militar, sino también otros delitos graves dentro, pero la legislación ha enfrentado la oposición de dos fuertes poderes en el parlamento.
El presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Jack Reed, demócrata de Rhode Island, y el miembro de mayor rango de la misma, James Inhofe, republicano de Oklahoma, han bloqueado sistemáticamente la posibilidad de que el proyecto se discuta.
En sus argumentos, aseguran que quitar a los comandantes el poder sobre estos casos obstaculiza el orden y la disciplina militar en las bases.
“Existe una vacilación tremenda en hacer algo opuesto a lo que quieren los altos mandos militares. Pero los datos han demostrado año tras año que el liderazgo militar no está abordando este problema de manera adecuada”, dice Christensen.
“Los militares han pasado más tiempo luchando para mantener a los comandantes en control que combatiendo los abusos sexuales en sus filas. Mientras tanto, el número de agresiones sigue creciendo. Y eso es una vergüenza dentro de nuestras tropas“, agrega.
Para víctimas de abusos como Amy una solución a este problema es cada vez más urgente.
“A mí me dejaron una huella para siempre, a mi marido le acabaron su carrera en las Fuerzas Armadas y no sentimos que la justicia haya estado de nuestro lado. Yo amaba mi vida como esposa de un militar y sentía que era un alto honor que nuestros hijos deberían seguir. Pero en este punto, no creo que ni mi esposo ni yo permitiríamos que nuestro pequeño hijo se enliste cuando sea grande en el Ejército. No queremos que pase por lo que nosotros hemos pasado”, afirma.
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