Es el cambio más drástico en la estrategia de seguridad de Japón desde que ese país adoptó una Constitución pacifista después de la Segunda Guerra Mundial.
El gobierno del primer ministro, Fumio Kishida, anunció este viernes que su país duplicará su gasto militar durante los próximos cinco años, se dotará de los medios de defensa necesarios para atacar bases militares enemigas y aumentará sus capacidades para la guerra cibernética.
Entre las justificaciones ofrecidas para explicar estas medidas se hizo referencia a la amenaza que suponen China y Corea del Norte.
“Desafortunadamente, en las cercanías de nuestro país, hay países que llevan a cabo actividades como el aumento de la capacidad nuclear, una rápida acumulación de poder militar y un intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza”, dijo Kishida.
El primer ministro japonés dijo a los periodistas que el presupuesto de defensa de su país se incrementará hasta alcanzar el 2% del PIB para el año 2027.
“En los próximos cinco años, para reforzar fundamentalmente nuestras capacidades de defensa, implementaremos un programa de desarrollo de defensa por valor de 43 billones de yenes (US$314.000 millones)“, señaló.
Además, Tokio adquirirá misiles estadounidenses de largo alcance, capaces de llegar a las bases de lanzamiento de otros países, si estos deciden atacar a Japón.
Un documento de estrategia de seguridad nacional aprobado por el gabinete japonés y citado por la agencia de noticias AFP describió a China como “el mayor desafío estratégico para asegurar la paz y la estabilidad de Japón”.
El texto señaló que Pekín no ha descartado el uso de la fuerza para afirmar el control sobre Taiwán.
La embajada de China en Japón respondió acusando a Tokio de hacer afirmaciones falsas sobre sus actividades militares.
También hay preocupaciones en Japón sobre la capacidad misilística de Corea del Norte.
Pyongyang ha disparado más de 50 misiles en los últimos tres meses, incluido un misil balístico sobre Japón en octubre, la primera vez en cinco años.
Un documento de seguridad nacional anterior, aprobado en 2013, describía a China y Rusia como socios estratégicos de Japón.
Sin embargo, esta vez, además de los señalamientos sobre Pekín, se hacen críticas a Moscú, al afirmar que la invasión rusa de Ucrania es una “grave violación de las leyes que prohíben el uso de la fuerza” que ha “sacudido los cimientos del orden internacional”.
Desde el final de la II Guerra Mundial, las capacidades militares de Japón se han mantenido deliberadamente contenidas.
La Constitución de ese país, promulgada en 1947, establece que su artículo 9 que “el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales”.
En la práctica, eso ha significado que las fuerzas militares de Japón hayan limitado sus capacidades a la autodefensa, aunque la noción de lo que esto implica haya ido siendo reinterpretado y adaptado a los cambios en el contexto internacional.
Uno de los grandes cambios en este sentido se produjo en 2014 cuando el gobierno de Shinzo Abe impulsó una reinterpretación de la norma constitucional relacionada con la defensa del país.
“El gabinete de Abe aprobó una reinterpretación del artículo 9 que decía que las Fuerzas de Autodefensa japonesas -si era necesario para la seguridad y la supervivencia de Japón- podían usar la fuerza en nombre de otras naciones como Estados Unidos o Australia, por ejemplo. Fue una reinterpretación muy cuidadosamente redactada”, explicó en julio de este año Sheila Smith, investigadora principal de estudios sobre Asia Pacífico del Council on Foreign Relations (un centro de estudio con sede en Washington), a BBC Mundo.
Luego, en 2015, se redactó una nueva ley basada en esa reinterpretación. Así, las Fuerzas de Autodefensa obtuvieron la posibilidad de usar la fuerza en apoyo otros países si ello era necesario para la seguridad de Japón.
El gobernante Partido Liberal Democrático (LDP, por sus siglas en inglés), al que perteneció Abe y que ahora lidera Kishida, lleva años proponiendo hacer algunos ajustes al texto constitucional para adaptarlo a un entorno de seguridad regional más difícil.
Aunque no hay consenso sobre el fondo ni los detalles, las encuestas indican que en estos momentos una mayoría de la opinión pública del país respalda algún tipo de ampliación de las capacidades militares del país.
El porcentaje de 2% del PIB para gastos de defensa propuesto por Kishida coincide con el objetivo que en 2006 se fijaron en 2006 los miembros de la OTAN, aliados occidentales de Japón.
Aunque muchos países de la OTAN aún no alcanzan ese objetivo, Alemania espera alcanzarlo en los próximos años y Reino Unido lo superó y ahora apunta a llegar hasta el 3% para el año 2030.