Ciudad Guatemala
Serafina Ylla Quispe despertó en la morgue de un hospital de Cuzco, en el sur de Perú, después de que la declararon muerta durante una operación de ligadura de trompas.
Tenía entonces 34 años. Ella dice que nunca consintió que se le practicara esa cirugía en 1997.
Ese mismo año y en ese mismo hospital, Victoria Huamán fue supuestamente anestesiada y despertó varias horas después sin darse cuenta que la habían sometido a un procedimiento de esterilización, cuando tenía apenas 29 años.
Rudencia Quilla tenía 24 cuando los doctores le dijeron que no le iban a entregar el certificado de nacimiento de su cuarto hijo a menos que se hiciera la operación de ligaduras de trompas.
Ella se rehusó y la pusieron por la fuerza en la cama de un hospital: sus manos y pies atados mientras le inyectaban un anestésico, de acuerdo con su testimonio, que ahora está siendo utilizado como evidencia legal.
Quilla se despertó horas más tarde y el personal de salud que la atendía le dijo que ya no “iba a seguir pariendo como un animal”. Era 1996.
Estas mujeres son solo algunas de las miles de peruanas que denuncian que fueron esterilizadas a la fuerza en los años 90, bajo un programa estatal de control de natalidad durante el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori.
Ahora, una corte en Perú escuchará sus historias por primera vez, para considerar si pueden proceder en sus reclamos de justicia y compensación después de una batalla legal que lleva más de 25 años en marcha.
¿Cuál es el caso?
Más de 270.000 mujeres y 22.000 hombres, la mayoría de ellos provenientes de comunidades indígenas quechua y de familias con pocos recursos económicos, fueron esterilizados entre 1996 y 2001, de acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Salud de Perú.
El programa de control de la natalidad, conocido como Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, fue implementado como una medida para combatir la pobreza, según el gobierno a cargo, con el fin de reducir las tasas de natalidad en sectores de escasos recursos.
El gobierno peruano señaló que los procedimientos quirúrgicos fueron realizados con el consentimiento de los pacientes.
Pero más de 2.000 mujeres han dicho lo contrario: que fueron forzadas, chantajeadas, engañadas o acosadas para dejarse practicar la operación.
Los fiscales peruanos han señalado al expresidente Fujimori y a miembros de su gabinete por su supuesta responsabilidad en la implementación de este programa masivo de planificación familiar.
Por su parte, sus defensores señalan que la esterilización fue ofrecida tanto a mujeres como a hombres como un método optativo de control de la natalidad.
Una investigación del Congreso peruano en 2002 encontró que había suficiente evidencia que demostraba que los funcionarios de salud habían sido presionados para alcanzar cuotas o metas de esterilizaciones y que muchos procedimientos médicos se habían llevado a cabo de manera rutinaria sin el consentimiento de las mujeres.
El reporte indicaba que las mujeres indígenas, muchas de las cuales solo hablaban quechua, fueron desproporcionadamente afectadas por el programa.
Además, continuaba el informe, la mayoría no recibió atención postoperatoria adecuada y algunas murieron debido a complicaciones de salud relacionadas con las cirugías.
Distintas organizaciones que representan a las víctimas creen que esta política de Estado estuvo “basada en discriminación y racismo”, y condujo a la muerte de por lo menos 40 mujeres como resultado de las operaciones de ligadura de trompas.
“No entiendo por qué me hicieron esto a mi”
“Yo no entendí qué me habían hecho [en el hospital de Cuzco]”, le dijo Huamán a la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF), cuyos testimonios están siendo utilizados por los fiscales como evidencia legal.
Huamán señala que solo se enteró de lo que había pasado después de sentirse un poco mareada e ir a su clínica local, en el distrito de Zurite.
“Ahí fue donde me enteré junto a mi marido de lo que había pasado, que me habían ligado las trompas”, dijo.
Huamán cuenta que su esposo la acusó de haberse operado en secreto y tiempo después la abandonó, a ella y a sus tres hijos.
“Yo soy padre y madre de mis hijos. Me siento enferma constantemente, siempre tengo dolor y una sensación de que algo me quema en el lugar donde me hicieron la cirugía”, relató.
“Me siento desesperada. No puedo hacer casi nada y mis hijos sufren cuando me ven enferma”.
“Estaba despierta cuando me cortaron”
Después de dar a luz a su cuarto hijo, Rudecinda Quilla relata que los doctores en la provincia de Anta, también en la región de Cuzco, le dijeron a su marido y a ella que parían “como chanchos”.
Dice que la chantajearon para que se realizara la operación, según consta en su relato a la AMPAEF.
“Ellos me dijeron que no me iban a dar el certificado de nacimiento de mi hijo si no me hacía la operación (de ligadura de trompas)”.
“A mi esposo lo trajo la policía desde la granja donde trabaja. Ellos trataron de obligarlo a firmar [el consentimiento]. Pero él se rehusó, entonces lo amenazaron con que lo iban a arrestar”.
Quilla señaló que ella estaba asustada y trató de huir de la clínica, pero la alcanzaron, la amarraron a una cama y le inyectaron un sedante.
“Todavía estaba despierta cuando comenzaron a abrirme la barriga. Sentí un dolor muy fuerte y grité. Ahí me dieron otra inyección”, dijo en su testimonio.
“Desperté en la tarde. Después de unos días, la herida en el estómago comenzó a infectarse y fui con mi esposo al hospital. Las enfermeras no querían tratarme”.
“Ellos insultaron a mi esposo y le dijeron que era un animal. Costó bastante que la herida se curara, porque yo tenía miedo de volver al hospital”.
¿Por qué tomó tanto tiempo este caso?
Aunque las historias de estas mujeres y las esterilizaciones forzadas se han conocido por más de dos décadas, es la primera vez que llegan a una corte peruana.
El Estado peruano ha reconocido su responsabilidad en la muerte de María Mamérita Mestanza Chávez, después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidiera una investigación.
Mestanza era una mujer indígena de 33 años que murió después de una operación en 1998, debido a la falta de cuidado postoperatorio.
Activistas dicen que la víctima fue coaccionada para someterse a la cirugía. Al principio el caso fue desestimado por los fiscales locales pero, en 2010, la CIDH pidió que se investigara y se castigara a los responsables.
Durante estos años, tres investigaciones penales en contra del expresidente Fujimori y su exministro de Salud han sido abiertas y posteriormente cerradas debido a la falta de pruebas.
El exmandatario siempre ha señalado que no estuvo directamente involucrado en el programa de control de la natalidad, aunque en 2002 una comisión parlamentaria encontró evidencia de que había presionado a funcionarios para que alcanzaran los objetivos del programa.
Fujimori se encuentra bajo prisión por cargos de corrupción y violación de los derechos humanos, pero fue exonerados de varios cargos en 2014 relacionados con el programa de esterilización.
Luego, en 2018, los fiscales lo acusaron – a él y a algunos de sus exministros- basándose en los testimonios de 2.074 víctimas, incluidas cinco que habían fallecido.
Pero las audiencias judiciales no pudieron llevarse a cabo como estaban planeadas en enero de este año, según trascendió porque no había traductores de quechua disponibles para asistir a las mujeres que no hablan fluidamente el español.
Vergonzoso retraso
María Esther Mogollón, una vocera de la AMPAEF, le dijo a la BBC que el retraso era “inexplicable y vergonzoso”.
“Han pasado 25 años de las esterilizaciones. El caso pasó 16 años en la oficina de los fiscales, se archivó y se reabrió. Esto es un crimen en contra de la humanidad”, señala Mogollón.
Las esterilizaciones forzadas son consideradas un crimen contra la humanidad bajo la ley internacional.
El año pasado, la AMPAEF presentó una denuncia en contra de Perú ante el Comité de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en la que pedía que el país investigara y ofreciera reparación a las víctimas de las esterilizaciones forzadas.
“Es básicamente falta de voluntad política, una falta de comprensión sobre lo que son los derechos humanos, falta de sensibilidad hacia las víctimas y una total negligencia por parte del Estado”, concluye Mogollón.
Un registro oficial para las víctimas fue finalmente abierto en 2015 y desde entonces se han conocido más de 7.200 testimonios.
¿Serán compensadas?
Ahora las historias de estas mujeres en la corte harán que los jueces decidan si el caso puede seguir adelante.
La lentitud del sistema judicial peruano hace pensar a muchos observadores que hay pocas posibilidades de que se obtenga un veredicto en el corto plazo, y mucho menos una compensación financiera.
En 2004, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú publicó el informe final sobre los crímenes cometidos durante el conflicto interno del país que involucró a las guerrillas maoístas en las décadas de 1980 y 1990.
Muchas víctimas procedían de comunidades quechua y de bajos ingresos de los Andes, pero las mujeres esterilizadas no fueron plenamente reconocidas entre ellas y, por lo tanto, no quedaron habilitadas para recibir una indemnización.
A principios de este año, el Congreso peruano cambió la ley de reparaciones para incluir a las víctimas de delitos sexuales, lo que generó esperanzas entre quienes fueron esterilizados a la fuerza durante ese período.
Pero Mogollón dice que esta posibilidad ahora está siendo cuestionada desde el Ministerio de Justicia, que argumenta que el programa de esterilización no sucedió en el contexto del conflicto interno.
“Después de que cambió la ley, no hemos visto voluntad política para una indemnización integral a las víctimas. Antes decían que no tenían una base legal para pagar las indemnizaciones, y ahora que tienen una, no la quieren cumplir”, le dijo Mogollón a la BBC.
“Las mujeres están indignadas. Son 25 años de lucha por la justicia. Hay mujeres que ya murieron durante este proceso. La mayoría todavía vive en la pobreza. Hay un abandono total del Estado. Y como dicen con toda razón, ellas no están piden caridad, están exigiendo que se respeten sus derechos”.
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