Ciudad Guatemala
Los cuestionamientos sobre la policía están en el centro de las manifestaciones que han conmocionado a Estados Unidos durante las últimas semanas.
En todas parte del país, miles de manifestantes han salido a las calles para protestar por la muerte del afroestadounidense George Floyd y exigir el fin de la brutalidad policial y de lo que ellos consideran como racismo sistémico.
Floyd falleció mientras era arrestado por la policía el pasado 25 de mayo cuando Derek Chauvin, un agente blanco de la policía de Minneapolis, lo mantuvo sometido en el piso durante casi 9 minutos colocando su rodilla sobre el cuello de Floyd.
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En respuesta a estos hechos, legisladores del Partido Demócrata han propuesto nuevas normas para reducir las muertes de detenidos bajo custodia policial, incluyendo medidas que exigirían a la policía usar cámaras corporales, prohibir el sometimiento de detenidos con acciones de estrangulamiento y hacer más fácil el enjuiciamiento de agentes que presuntamente hayan incurrido en excesos en el ejercicio de sus funciones.
BBC Mundo te cuenta cuales son 7 de las propuestas ofrecidas para intentar solucionar las fallas por las que la policía en Estados Unidos está haciendo duramente criticada.
1. Cambiar las políticas sobre uso de la fuerza
La mayor parte de los departamentos de Policía tiene una política de uso de la fuerza que establece cómo y cuándo los agentes pueden recurrir a la fuerza. Estas políticas varían sustancialmente entre cada jurisdicción.
Por ejemplo, el tipo de restricción sobre el cuello o de ahogamiento que el agente Derek Chauvin aplicó a George Floyd está prohibido en la ciudad de Nueva York desde 1993.
Luego de muertes polémicas a manos de la policía, muchos departamentos se vieron obligados a examinar y reescribir sus políticas sobre uso de la fuerza.
La ciudad de Baltimore actualizó sus políticas en 2019 como parte de un decreto emitido por el Departamento de Justicia tras la muerte del afroestadounidense Freddie Gray.
La nueva versión de la norma exige a los agentes informar sobre los incidentes de uso de la fuerza y les compele a intervenir si ven que otro agente está haciendo un uso indebido a la fuerza.
Algunos expertos reconocen que simplemente reescribiendo esta políticas no será suficiente para prevenir muertes como la de Floyd y que la fuerza sigue siendo usada de forma desproporcionada en contra de comunidades de color.
Un análisis de The New York Times reveló que la policía de Minneapolis usa la fuerza en contra de afroestadounidenses con una frecuencia siete veces mayor que en contra de los ciudadanos blancos.
2. Retirar el financiamiento a la policía
Los manifestantes creen que las ciudades y los estados gastan demasiado dinero en sus departamentos de policía mientras que no otorgan fondos suficientes para la educación, la salud mental, la vivienda y otro servicios sociales.
De allí que haya surgido una creciente demanda hacia los líderes políticos para que reduzcan o corten totalmente el financiamiento otorgado a los cuerpos de seguridad.
“Defund the Police” (Retiren los fondos a la policía), dicen.
Esta propuesta ha sido atendida por el alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti, quien recortó US$150 millones de una propuesta presupuestaria que preveía aumentar los fondos de la policía de la ciudad.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, también se ha comprometido a destinar dinero de los fondos de la policía de la ciudad hacia los servicios sociales, aunque no ha especificado un monto.
En Minneapolis, un grupo llamado Black Visions Collective está pidiendo a las autoridades de la ciudad que se comprometan a no aumentar el presupuesto del departamento de Policía y que destine US$45 millones del actual presupuesto de esa fuerza para fortalecer la finanzas de la ciudad en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus.
“Ahora es el momento de invertir en un futuro seguro y libre para nuestra ciudad. No podemos permitirnos seguir financiando los ataques de la policía de Minneapolis sobre las vidas de los afroamericanos”, dijo el grupo.
3. Desmantelar la policía
El domingo, una mayoría de miembros del Concejo Municipal de Minneapolis firmó ante una multitud de manifestantes un documento en el que prometían “comenzar el proceso para poner fin al departamento de Policía de Minneapolis”.
Los legisladores se comprometieron a crear un “modelo nuevo y transformador para cultivar la seguridad”.
A principios de esa semana, dos miembros del Concejo usaron la palabra “desmantelar” para describir sus planes para el departamento, al igual que hizo Ilhan Omar, una congresista demócrata por Minnesota.
La declaración no dejó en claro si los legisladores locales simplemente se comprometen a reformar el departamento o si estaban refiriéndose a los llamados de algunos manifestantes de “abolir la policía”, lo que obviamente sería una acción más radical.
El presidente del Concejo dijo que podía imaginar un escenario en el que el departamento entra en bancarrota y un equipo de médicos y profesionales de la salud responden a las llamadas de emergencia al 911, en lugar de a la policía.
Por su parte, un grupo llamado MPD 150 está pidiendo un “futuro libre de policía” en Minneapolis.
Según su propuesta, profesionales de la salud mental, trabajadores sociales, líderes religiosos y otros defensores comunitarios harían el trabajo de la policía.
Existe algún precedente histórico sobre el desmantelamiento total de un departamento policial.
En 2012, el Departamento de Policía de Camden, Nueva Jersey, se disolvió por completo y todos sus agentes perdieron su empleo.
Sin embargo, no fue una abolición total pues se formó una nueva fuerza policial que operaba en todo el condado, a la cual lograron unirse unos 100 exagentes que presentaron solicitudes de empleo y recuperaron sus trabajos.
La medida, en realidad, colocó más policías en las calles de Camden.
El gran cambio fue que el nuevo departamento de policía adoptó una política de uso muy estricto de la fuerza y facilitó que la ciudad despidiera a los agentes con tendencia a saltarse las normas.
Desde entonces, la ciudad ha registrado un marcado descenso en la tasa de homicidios y en las quejas por uso excesivo de la fuerza.
4. Desmilitarizar las policías
Desde la década de 1990, las fuerzas militares de Estados Unidos han transferido a los departamentos de policía más de US$5.000 millones en equipos, que van desde sacos de dormir hasta municiones y vehículos blindados, a través de un programa especial de adquisiciones gestionado por el Departamento de Defensa.
Como resultado, muchos partidarios de la reforma policial argumentan que ahora la policía funciona más como si fueran soldados encargados de labores de seguridad interna -utilizando técnicas y equipos diseñados para la guerra- que como agentes destinados a mantener seguras a las personas.
Además, aseguran que este enfoque militarizado cuesta vidas.
En 2015, el presidente Barack Obama puso límites a cómo la policía podría usar este programa pero, unos años más tarde, el gobierno de Donald Trump anuló la mayoría de estas limitaciones.
No solo se trata de que durante las últimas dos décadas la policía ha adquirido más armas sino que muchos agentes reciben formación en tácticas de estilo militar.
Este llamado “entrenamiento de guerreros” con frecuencia deriva en una narrativa según la cual los policías son héroes están haciendo frente al peligro a cada paso y que deben aprender a protegerse a toda costa, incluso si eso significa matar civiles.
Los críticos de este enfoque señalan que se le enseña a los policías a tener miedo y a disparar primero y pensar después.
En 2019, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, prohibió a los policías asistir a uno de estos entrenamientos de “estilo guerrero”, incluso si querían hacerlo en su tiempo libre y pagando con su propio dinero.
Pero el sindicato de policía local calificó la prohibición de “ilegal” y continuó ofreciendo la capacitación.
Algunas investigaciones indican que la militarización conduce a la violencia policial.
De acuerdo con un estudio publicado en 2017 por la revista Research and Politics, cuantas más armas militares tenga la policía hay más probabilidad de que hagan uso de estas.
5. Llevar a juicio a los policías
Con frecuencia los ciudadanos que intentan demandar a la policía ante la justicia civil por uso excesivo de la fuerza ven sus casos desestimados debido a una doctrina legal conocida como “inmunidad calificada”.
Esta doctrina fue establecida por la Corte Suprema para proteger a los empleados del gobierno de demandas frívolas y para dar a la policía un respiro legal en torno a las decisiones que sus agentes deben tomar en una fracción de segundo.
Para que un caso avance, la corte estableció que deben hacerse dos preguntas.
La primera es: ¿hubo un uso excesivo de la fuerza en violación de la Cuarta Enmienda? (La norma constitucional que protege a las personas de las pesquisas y de las detenciones arbitrarias).
De ser así, la segunda pregunta es: ¿existe una decisión judicial “claramente establecida” sobre ese comportamiento que implique que el oficial sabía que su conducta era ilegal?
Quienes denuncian los excesos policiales consideran que con esta segunda pregunta los tribunales son muy permisivos con los agentes, al descartar los casos solamente porque no hay un caso previo con un conjunto de hechos casi idéntico que establezca precedentes.
Un análisis de la agencia Reuters encontró que más de la mitad de los casos por uso excesivo de la fuerza en EE.UU. son desechados con el argumento de que existe una “inmunidad calificada” que protege al agente.
Una parte de la Ley de Justicia en la Policía presentada esta semana por legisladores y senadores del Partido Demócrata eliminaría la inmunidad calificada para la policía.
Los magistrados de la Corte Suprema Sonia Sotomayor y Clarence Thomas han dicho que creen que esa doctrina necesita ser revisada.
En la actualidad, ese alto tribunal estudia ocho casos de inmunidad calificada.
6. Vigilar a la Policía
A veces, la violencia policial contra los afroestadounidenses es atribuida a una “manzana podrida”: un policía enojado y racista que reacciona de forma exagerada en el cumplimiento del deber.
En un esfuerzo por mantener a ese tipo de funcionarios fuera de sus filas, algunos cuerpos policiales han despedido a agentes que públicamente admiten ideas racistas.
En julio pasado, por ejemplo, el Departamento de Policía de Filadelfia despidió a 13 agentes que publicaron mensajes racistas y violentos en las redes sociales, pero solo después de que un grupo de activistas sacó a la luz esos mensajes.
Pero la realidad es un poco más complicada que una manzana podrida que daña el resto.
La policía trabaja en lo que los investigadores en ciencias sociales llaman un “sistema cerrado”, donde hay poca supervisión externa y la lealtad es muy apreciada.
Si un agente comete excesos, otros lo respaldarán. Sin un video del incidente, la situación a menudo se reduce a un debate entre la palabra de un presunto “criminal” y la de un agente de policía respetado.
Es por eso que muchos están presionando para que se requiera que la policía use cámaras corporales, para grabar sus actuaciones.
Estos dispositivos fueron adoptados en Nueva York hace unos años después de la muerte de Eric Garner y hay una propuesta en el Congreso para que sean de uso obligatorio en las policías de todo el país.
No obstante, según un análisis reciente de 70 estudios que analizan su eficacia, hay poca evidencia que muestre que estas cámaras sirven para reducir la violencia.
Campaign Zero, una ONG detrás que impulsa reformas policiales, afirma que estos dispositivos tienen un uso limitado.
Si bien las imágenes de la brutalidad policial han jugado un papel fundamental en poner este problema al descubierto, la mayoría de las escenas fue grabada por ciudadanos, no por la policía.
Las cámaras corporales se pueden apagar fácilmente y es más probable que las imágenes sean utilizadas por los fiscales contra civiles durante los juicios penales, que como un medio de probar los abusos cometidos por los agentes.
7. Empezar a contar
No hay duda de que los afroestadounidenses tienen más probabilidades de morir a manos de agentes del orden público y de ser sometidos a otras formas de violencia policial.
Lo que no está claro aún es exactamente cuántas víctimas hay o cuáles son los departamentos policiales en los que se cometen los mayores abusos.
En 2014, Obama promulgó una ley sobre informes de muerte bajo custodia para obligar a los cuerpos de policía a informar cada vez que un ciudadano muere en estas circunstancias.
La norma también requería que los datos fueran entregados al fiscal general, quien tendría que publicar cada dos años un informe sobre qué hacer para reducir estas muertes.
Cuatro años después, el inspector general del departamento de Justicia dijo que aún no tenían un mecanismo para recopilar datos de los estados y que no esperaban tener uno hasta este 2020.
Mientras tanto, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha lanzado el proyecto de recopilación de datos de uso de la fuerza en todo el país no solamente para tener un registro de las personas asesinadas por la policía, sino también de cada vez que un agente usa la fuerza.
El FBI comenzó a recopilar estos datos en 2019, pero los cuerpos policiales locales no están obligados a participar y la información recabada aún no se ha hecho pública.
Hasta ahora, este vacío informativo ha sido llenado por las organizaciones no gubernamentales y los periodistas.
En 2015, The Washington Post comenzó a registrar todos los disparos fatales de un agente de policía en servicio en EE.UU.
Desde entonces, han registrado a más de 5.000 personas muertas por la acción de las fuerzas del orden, utilizando una mezcla de informes de noticias, redes sociales e informes policiales.
Sus datos, que a menudo son usados por los investigadores especializados en políticas públicas, muestran que las personas negras tenían casi 2,5 veces más probabilidades de morir que las personas blancas.
Jessica Lussenhop contribuyó en la elaboración de esta información.
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