Ciudad Guatemala
El pueblo nicaragüense guardaba sus esperanzas en unas elecciones democráticas programadas para el 7 de noviembre, sin embargo, Daniel Ortega se adelantó arrestando a los precandidatos presidenciales y llamarlos “criminales”.
A sus 82 años, Vilma Núñez asegura que la única forma en que podrían silenciar su lucha por los derechos humanos en Nicaragua sería encerrándola o matándola.
Esta fundadora y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) cree que la actual ola de arrestos de precandidatos y políticos opositores en su país marca una situación inédita en América Latina al menos desde los regímenes militares de la década de 1970.
Núñez responsabiliza por eso al presidente Daniel Ortega, a quien acusa de traicionar los ideales de la revolución sandinista tras derrocar al régimen de Anastasio Somoza, una revolución en la que ella misma depositó esperanzas en su momento.
“Le han dado prácticamente el tiro de gracia a la solución democrática y pacífica que tenían los nicaragüenses para conseguir paz y libertad en este país”, dice Núñez en una entrevista con BBC Mundo desde Managua.
Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con esta abogada reconocida internacionalmente por una tarea que dice llevar adelante en medio de hostigamientos y dificultades como la cancelación de la personería jurídica de la Cenidh en 2018 y la destrucción de instrumentos de trabajo.
¿Cómo es el trabajo día a día de una defensora de los derechos humanos como usted en la Nicaragua actual?
Es difícil explicarlo y sobre todo que se lo imaginen incluso colegas defensores de los derechos humanos en otros países donde existen institucionalidad y políticas para apoyar el trabajo de derechos humanos.
Aquí prácticamente estamos criminalizados, se nos considera prácticamente enemigos del régimen, que trata de ignorar cuál es el rol de fiscalización que debe impulsar un organismo de derechos humanos frente a las acciones y abusos que los gobiernos dictatoriales como el que tenemos aquí en Nicaragua cometen en contra de la población.
Trabajamos como podemos. No podemos hacer nada frente a las instancias jurisdiccionales nacionales, porque allí tampoco funcionan los mecanismos de prevención para derechos humanos.
Aquí, aparte de que el Poder Judicial no tiene independencia, se ha convertido o lo ha convertido Daniel Ortega en un instrumento de represión más. En este momento prácticamente es el que lleva la delantera en la represión que se impulsa en este momento.
Estamos documentando y acompañando a las víctimas con limitaciones, porque muchas veces las víctimas no quieren que se dé a conocer su nombre y se transmita a los organismos internacionales. Y una denuncia sin un nombre limita la credibilidad y la posibilidad de que los organismos internacionales reaccionen.
Es una situación emocionalmente difícil, con un costo muy grande, asumiendo los riesgos que significa estar prácticamente enfrentados a un poder que está dispuesto a cualquier cosa en este país.
¿Han podido establecer cuántos precandidatos, políticos opositores y personas que trabajaban para ellos fueron detenidos este mes?
Sí. En este momento estamos enfocados en dar acompañamiento directo incluso a muchos de los que están encarcelados.
Ya ni siquiera estamos seguros de que estén encarcelados, porque no hay información cierta del lugar donde se encuentran.
En este momento son 20 personas, cinco de ellas que eran precandidatos a la presidencia de la República y participarían en las elecciones que se realizarían el 7 de noviembre. Con esta acción consideramos que cada día se aleja la posibilidad de que éstas se realicen.
Están prácticamente detenidos dirigentes políticos del más alto nivel, incluso antiguos compañeros de lucha en la revolución como son Dora María Téllez, el general retirado Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, quien fue vicecanciller.
Están detenidos dos funcionarios empleados de Cristiana Chamorro, que era la candidata que tenía como la mayor aceptación a nivel de las encuestas [y que ahora se encuentra bajo arresto domiciliario]. Incluso tienen detenido y prácticamente desaparecido, porque es del que tenemos menos información, a su chofer particular.
Esas son las personas que en este momento, dando un voto de credibilidad, están en el centro de Auxilio Judicial, que es donde la policía investiga centralizadamente, pero que se ha convertido prácticamente en un centro de tortura.
Los dos funcionarios de la fundación Violeta Barrios de Chamorro están presos desde el 28 de mayo y sus familiares no los han podido ver, ni sus abogados se han podido entrevistar con ellos. Entonces no sabemos qué es lo que están haciendo.
Es realmente doloroso. Cada día los familiares peregrinan hacia las cárceles a dejar comida y resulta que no se las reciben. Desde hace dos días sólo están recibiendo agua. Y hay señales, por algunas medicinas que han solicitado algunos parientes, de que hay un deterioro de salud en algunos de ellos, porque casi todos son personas de edad con enfermedades crónicas.
Los tienen encerrados, como metidos en una caja, y no sabemos en qué condiciones están adentro. No se sabe nada.
De esos 20 detenidos, ¿de cuántos ustedes no han podido determinar su paradero y estado de salud?
De los únicos que tenemos seguridad dónde están son Cristiana Chamorro, porque está en su casa por cárcel, incomunicada, y María Fernanda Flores porque también está en su casa.
De los otros 18, sólo lo que nos dicen: que se los llevaron porque están siendo investigados.
Están juzgándolos de manera antojadiza por delitos que no existen y que sobre todo no han cometido. Les están aplicando una ley que crearon específicamente para ellos. Prolongaron hasta por 90 días la detención preventiva.
No sabemos qué está pasando.
Los familiares los declaran como desaparecidos mientras no los muestren y den pruebas claras de que están allí.
Nosotros, como organismo de derechos humanos, los consideramos rehenes de la dictadura.
¿Cómo se vive a nivel de la población todo esto?
No podría valorar en términos absolutos cómo vive la población de Nicaragua. Sin embargo, hay una realidad: un 70% de la población ha rechazado al actual régimen.
Esa gente vive en una situación de incertidumbre e inseguridad porque prácticamente se ha establecido un estado de sitio de hecho. Tienen militarizadas prácticamente las ciudades con patrullajes permanentes de policías, fuerzas especiales y grupos armados con comportamiento paramilitar.
Además han organizado a las fuerzas políticas que ellos tienen y los han convertido en órganos de espionaje. Todos convivimos y ya no sabemos cuál de nuestros vecinos… Todo el mundo camina viendo al lado porque se ha establecido que detrás de una denuncia de uno de estos señores del Consejo del Poder Ciudadano viene la captura y agresión policial.
Cada día la situación económica se agrava, con las limitaciones además que impone una pandemia mal manejada por el gobierno.
La situación aquí en Nicaragua es verdaderamente dramática. Tenemos que decir que los métodos de represión, el odio, la saña, la sed de venganza que demuestra este gobierno con sus acciones superan las acciones represivas de la dictadura somocista.
¿Es posible en este contexto que vuelvan las protestas antigubernamentales que hubo en Nicaragua en 2018?
Sería lo ideal que la gente tuviera la posibilidad de manifestarse. Sin dudas, si encierran a esas fuerzas represivas y se deja que la gente se manifieste, las calles de Nicaragua se volverán a llenar. Pero ahora no se puede.
El gobierno trata de encubrir esta represión, que tiene como objetivo buscar cómo eliminar cualquier posibilidad de competencia electoral, de elecciones libres y transparentes, porque sabe que perdería.
Está aferrado al poder y quiere perpetuarse en el mismo, lo que significa no solamente concentrar el poder político sino que prácticamente seguir usufructuando los millones que se han prácticamente sustraído del erario público y de la cooperación internacional, específicamente de la cooperación venezolana.
Usted comparaba la situación actual de derechos humanos con lo que ocurría durante el régimen de Somoza. Algunos se preguntan cómo se compara este momento que vive Nicaragua con la represión que hubo en el pasado en otros países de América Latina. ¿Puede responder esto?
Son situaciones diferentes y escenarios distintos, pero la repercusión que está teniendo esta acción criminal de la dictadura en contra de una población de apenas seis millones de habitantes, le aseguro que tiene los mismos niveles y las repercusiones de las acciones de Pinochet, de las juntas militares de Argentina, Uruguay y Brasil.
Aquí Daniel Ortega tiene un odio personal contra dirigentes políticos que fueron sus antiguos compañeros de lucha. Por ejemplo, el general retirado Hugo Torres, vicepresidente de un partido disidente del Frente Sandinista, prácticamente expuso su vida en un operativo en 1974 para sacar de la cárcel a Daniel Ortega. A ellos los está tratando con una saña perversa.
¿Usted dice que esta situación que se vive en Nicaragua es algo inédito para América Latina por lo menos desde los regímenes militares de los años ’70?
Efectivamente: según mi conocimiento, y espero no equivocarme, es una situación verdaderamente inédita.
Además, el presidente Daniel Ortega y su esposa se dan el lujo de convocar (el miércoles 23 de junio) a un evento en una plaza y se dedican prácticamente a amenazar, dando como una respuesta a la comunidad internacional que les está pidiendo la liberación inmediata de los presos políticos, que cese la represión, que se haya elecciones libres.
Dijo: a mí no me van a presionar, lo que estamos juzgando no son ni candidatos a la presidencia ni dirigentes políticos, aquí estamos juzgando a criminales y vamos a ir hasta el final.
Entonces imagínese al ambiente de terror que había cuando este señor terminó de hablar frente a una cadena de radio y televisión.
En ese discurso Ortega también dijo que quienes gritan son “los enemigos de la revolución”. ¿Cómo toma esto?
Es el discurso que maneja hacia afuera. El dice que todo esto es una estrategia del gobierno norteamericano y del colonialismo europeo para destruir a su gobierno y a Nicaragua, que todos estos dirigentes políticos, con todas sus calidades y posibilidades, son títeres y agentes del imperialismo, usando el lenguaje trasnochado de la época de la Guerra Fría.
La comunidad internacional ha aumentado la presión sobre el gobierno de Ortega para que detenga esta ola de arrestos y libere a las personas detenidas. ¿Podría hacerse algo más desde el exterior para defender los derechos humanos en Nicaragua?
En el acompañamiento de la comunidad internacional considero que ha habido altos y bajos.
Hubo una primera reacción cuando aparecieron los 328 asesinados en 2018. Y como la represión nunca terminó, pero cambió de modalidad, también cambió y bajó el tono de la comunidad internacional.
La gente de Nicaragua ha decidido lograr el cambio. Un verdadero cambio pasa por la finalización del gobierno dictatorial de Daniel Ortega.
Hemos optado por la vía cívica, buscar cómo hacer uso del derecho a la protesta y concluir de la única forma en los gobiernos democráticos: el proceso electoral. Ese es el instrumento que ahora está siendo bombardeado.
Le han dado prácticamente el tiro de gracia a la solución democrática y pacífica que tenían los nicaragüenses para conseguir paz y libertad en este país.
Ante esta arremetida brutal se volvió a alarmar la comunidad internacional, que estaba apostando incluso a proponer cooperación técnica para intentar un proceso electoral democrático.
Usted fue parte de la lucha contra el régimen de Somoza y estuvo presa por eso, ¿verdad?
Sí, soy una luchadora por los derechos humanos desde 1958. Una de las primeras cosas que hice al llegar a la universidad fue integrarme al movimiento estudiantil y fundamos el primer comité pro-libertad de reos políticos universitarios, entre los cuales estaba Tomás Borge, fundador del Frente Sandinista.
Contra todo eso luchamos. Después de avanzar esa lucha, me involucré con el Frente Sandinista, convencida de que estábamos impulsando una transformación donde las libertades públicas fueran el sustento para desarrollar las transformaciones sociales y económicas que un país necesita.
Sin embargo, vimos que pronto eso se empezó a desdibujar y se empezó a erigir un gobierno completamente autoritario.
Yo pensaba sinceramente que la lucha había que darla adentro, que la falta de democracia que ya sentíamos dentro del Frente Sandinista había que combatirla adentro. Y aquí nos quedamos hasta que esa situación se vuelve insostenible.
Me separo prácticamente del Frente Sandinista en 1998 cuando Zoilamérica Narváez, la hija adoptiva de Daniel Ortega, denuncia la violación a ella por Daniel Ortega desde que tenía 11 años. Fui yo la abogada, en el Cenidh asumimos su representación legal y llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Daniel Ortega traicionó la lucha y la sangre de todo un pueblo, los ideales en los que muchos creímos. Por haber creído y haber sido parte, cargamos con culpas que no tuvimos directamente.
Todo esto permanece en la impunidad. Nosotros esperamos que haya justicia algún día. Si no se puede lograr justicia en los tribunales de Nicaragua, que sean los tribunales internacionales los que se encarguen de juzgar estos crímenes para que no queden en la impunidad.
No puede haber borrón y cuenta nueva. Si se vuelven a hacer arreglos, si se recurre a amnistías generales y todo eso, el ciclo de violencia vuelve a repetirse. Es lo que dice la historia.
A sus 82 años, ¿teme que a usted también la arresten?
Defender derechos humanos tiene que llevar implícita la decisión de enfrentar al poder y asumir los riesgos que eso implica, sobre todo cuando enfrentas regímenes dictatoriales.
La promesa que le hicimos al pueblo de Nicaragua el día que nos arrebataron la personería jurídica del Cenidh fue que no nos vamos a callar.
Vamos a seguir luchando hasta que podamos, hasta el momento en que a Daniel Ortega y a Rosario Murillo se les ocurra callarme. Callarme significaría capturarme y encerrarme, o matarme.
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