Ciudad Guatemala
Autoridades de Costa Rica lanzaron este lunes un gran operativo, con cientos de agentes y decenas de fiscales, que llevó a la detención del alcalde de San José y los de otras cuatro municipalidades.
Se incluye a los ediles en la “operación diamante” por unos presuntos sobornos que recibieron para facilitar contratos de obras públicas.
La constructora costarricense MECO es la principal empresa señalada como facilitadora de los supuestos esquemas de corrupción.
“El punto concéntrico de actividad es la empresa MECO, que es la que participa en las licitaciones, hace sugerencias y cancela dádivas”, explicó en una conferencia de prensa Glen Clavo, el fiscal anticorrupción de Costa Rica.
En el megaoperativo en el que hubo 40 acciones simultáneas en el país, ejecutadas por 600 agentes y 32 fiscales, las autoridades detuvieron a Johnny Araya, el alcalde de San José, la capital del país.
También fueron aprehendidos los alcaldes Mario Redondo (Cartago), Humberto Soto (Alajuela), Alberto Cole (Osa) y Alfredo Córdoba (San Carlos).
MECO le dijo a BBC Mundo que “desconoce aún sobre el proceso de investigación”, mientras que el abogado de Araya también declaró que aún no sabe cuáles son los cargos contra su cliente.
La “operación diamante”
Walter Espinoza, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó que la “operación diamante” inició en 2019 ante una denuncia sobre sobornos a funcionarios locales.
Los cinco alcaldes involucrados, así como otros funcionarios que no fueron nombrados, presuntamente recibían pagos para “favorecer” a la constructora MECO y otros proveedores en licitaciones, pagos adelantados de facturas o inicio anticipado de obras públicas.
Los funcionarios están acusados de recibir “dádivas y sobornos”, explicó Espinoza en la rueda de prensa.
El fiscal anticorrupción Glen Clavo indicó que las licitaciones de obra pública tienen que ver con proyectos viales.
Lo denominan “operación diamante” porque es una investigación “transparente” y “difícil de alterar”, como esa piedra preciosa.
“Este caso implica una investigación previa muy seria, muy bien hilvanada y con absoluta planificación”, señaló Espinoza.
MECO le dijo a BBC Mundo que prefiere no ofrecer mayores comentarios en este momento por desconocer de qué se trata la acusación.
“La empresa continúa trabajando con normalidad, y colaborará en lo necesario con las autoridades que atienden este caso”, señaló la firma, que tiene presencia en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Colombia.
Por su parte, Alfonso Ruiz, abogado del alcalde de San José, dijo que solo sabía que su cliente estaba siendo detenido.
“La fiscalía está esperando para explicar los motivos por los cuales está procediendo la diligencia y en este momento no tengo, objetivamente les digo, ninguna otra información”, señaló Ruiz ante la prensa a las afueras de la casa del alcalde Johnny Araya.
Un megaoperativo
Desde las 7 de la mañana del lunes, hora local, unos 600 agentes y 32 fiscales fueron desplegados para ejecutar 40 allanamientos simultáneos en 84 puntos diferentes del país.
Las operaciones se extendieron por San José, Cartago, Escazú, Siquirres, Osa y Alajuela en viviendas de los funcionarios, en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes del país y en oficinas de empresas relacionadas con la construcción.
Según la prensa local, los agentes judiciales llegaron a la vivienda de Araya, de 64 años, e ingresaron de manera pacífica para detenerlo y hacer el allanamiento.
Araya ha sido alcalde de San José desde 1998 (excepto entre 2013 y 2016 cuando buscó la presidencia de Costa Rica).
El fiscal Glen Calvo dijo que los allanamientos buscan asegurar información física y digital “que permita encaminarnos hacia el estudio de diferentes licitaciones de la estructura vial cantonal, ejecutada por estas municipalidades, así como algún tipo de información presupuestaria y de facturación que se haya dado”.
La “operación diamante” es paralela al caso “Cochinilla” que las autoridades dieron a conocer en junio pasado y que también gira en torno a actos de corrupción para la licitación de obras viales.
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