Los miles de pedidos de clemencia a su favor no le salvaron la vida.
La ejecución federal de Brandon Bernard, un recluso condenado a la pena capital en Indiana, Estados Unidos, se llevó a cabo este jueves.
La de Bernard es la primera de cinco ejecuciones federales programadas antes de que Donald Trump deje la presidencia.
La estrella de la telerrealidad Kim Kardashian West fue una de las miles de personas que pidieron sin éxito el indulto para el preso de 40 años.
Si las cinco ejecuciones se llevan a cabo, Trump habrá supervisado la mayor cantidad de penas de muerte por parte de un presidente estadounidense en más de un siglo.
El total de ejecuciones federales desde julio llegaría a 13.
Estas cinco últimas ejecuciones rompen con un precedente de 130 años de pausar las muertes en medio de una transición presidencial.
El demócrata Joe Biden, quien se opone a la pena capital, asumirá la presidencia el 20 de enero.
A la ejecución de Bernard le seguirá este viernes la de Alfred Bourgeois, de 56 años.
Ambos se encontraban en una penitenciaría de Terre Haute, Indiana.
Bernard fue condenado a muerte por su participación en el asesinato de Todd y Stacie Bagley en junio de 1999.
Fue uno de los cinco adolescentes acusados de robar a la pareja y obligarla a subir a la parte trasera de un automóvil en Texas.
Christopher Vialva, de 19 años, les disparó en el automóvil antes de que Bernard prendiera fuego al vehículo.
Los abogados defensores dicen que los Bagley probablemente murieron antes de que Bernard incendiara el auto.
Un investigador independiente contratado por su defensa dijo que Stacie estaba “médicamente muerta” antes del incendio.
Pero un testimonio del gobierno durante el juicio afirmó que aunque Todd Bagley murió instantáneamente, Stacie tenía hollín en las vías respiratorias, lo que indica que había muerto por inhalación de humo y no por la herida de bala.
Los abogados de Bernard afirman que este temía lo que le pasaría si se negaba a seguir las órdenes de Vialva, quien fue ejecutado en septiembre.
A los otros involucrados en el incidente se les impuso penas de prisión por ser menores de 18 años.
Los abogados de Bernard argumentaban que este debía recibir cadena perpetua sin libertad condicional, ya que durante su tiempo en la cárcel mantuvo un buen historial de comportamiento y trabajó en programas de divulgación para evitar que la gente se involucrara en la delincuencia.
¿Quién lo ha defendido?
Angela Moore, la fiscal federal que defendió la condena de pena de muerte para Bernard hace 20 años, cambió de opinión con el tiempo y en noviembre de 2020 pidió que este cumpliera su sentencia en prisión.
En un artículo de opinión publicado en el periódico Indianapolis Star, Moore escribió: “Habiendo aprendido tanto desde 2000 sobre la maduración del cerebro humano y habiendo visto a Brandon convertirse en un adulto humilde y arrepentido, totalmente capaz de vivir pacíficamente en prisión, ¿cómo podemos decir que está entre ese pequeño grupo de delincuentes que deben ser ejecutados?”.
Cinco de los nueve miembros del jurado sobrevivientes del juicio de Bernard han pedido a Trump que conmute la sentencia de muerte.
Más de 500.000 personas firmaron peticiones para instar al presidente a conceder el indulto a Bernard, incluidos los senadores demócratas Richard J. Durbin y Cory Booker.
El jueves, los prominentes abogados Alan Dershowitz y Ken Starr se unieron a su equipo de defensa.
La estrella de telerrealidad Kim Kardashian West publicó numerosos tuits sobre el caso de Bernard, instando a sus seguidores a apoyar la causa y a crear conciencia.
El esfuerzo de unos y otros no logró detener la ejecución.
Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restituyó la pena de muerte federal en 1988, las ejecuciones en Estados Unidos llevadas a cabo por el gobierno nacional o federal han sido escasas.
Antes de que Trump asumiera el cargo, solo se habían llevado a cabo tres ejecuciones federales en este período (1988-2016).
Todas se llevaron a cabo bajo el mandato del presidente republicano George W. Bush, e incluyeron al preso Timothy McVeigh, condenado por el atentado con bomba en un edificio federal de la ciudad de Oklahoma.
De hecho, desde 2003 no se había producido ejecución federal alguna.