A partir del 19 de enero, cuando el Senado de Estados Unidos reanude sus sesiones, Donald Trump podrá ser sometido por segunda vez a un juicio político ante esa instancia.
El mandatario tendrá que enfrentar el impeachment aprobado la semana pasada por la Cámara de Representantes, que le acusa de haber incitado el asalto al Congreso realizado el 6 de enero por una multitud de sus partidarios.
Trump rechaza estos señalamientos y afirma que es víctima de una caza se brujas.
Si resulta condenado, el procedimiento no pondrá fin a su mandato pues este expira el 20 de enero, cuando Joe Biden tomará posesión como nuevo presidente.
Las consecuencias para Trump podrían reflejarse más bien en una eventual prohibición para ejercer cargos públicos y/o en una pérdida de los beneficios que le corresponden como exmandatario como la pensión vitalicia.
Siendo Trump un millonario, probablemente no le quite el sueño perder ese ingreso.
Lo que quizá sí le podrá preocupar es la serie de juicios pendientes que deberá enfrentar una vez fuera de la Casa Blanca.
Como presidente de Estados Unidos, Trump disfrutó de una protección única contra acciones legales, ya fueran criminales o civiles.
Ahora, después de perder las elecciones presidenciales de 2020, volverá a ser un ciudadano común y corriente.
Eso significa que perderá sus privilegios como mandatario y estará en la mira de litigantes y fiscales.
“Una vez que esté fuera de su cargo, la atmósfera cambiará”, le dijo a la BBC Daniel R. Alonso, ex fiscal federal de Estados Unidos y del estado de Nueva York.
“Ya no tendrá la realidad o la amenaza del poder presidencial para frustrar las investigaciones”.
Una investigación criminal de amplio alcance en Nueva York es la preocupación legal más seria para Trump y su empresa de bienes raíces, la Organización Trump.
Además de eso, hay una serie de demandas que van desde acusaciones de fraude por parte de un miembro de su familia hasta acoso sexual por parte de una columnista.
Se avecina una tormenta legal. A continuación consideramos cómo pueden desarrollarse las seis batallas legales más importantes de Trump.
Lo que sabemos: la modelo de Playboy Karen McDougal, la actriz de cine para adultos Stormy Daniels y las afirmaciones de una conspiración de silencio.
Esta fue la esencia del llamado escándalo de los pagos secretos.
Ambas mujeres dijeron que habían tenido relaciones sexuales con Trump y habían recibido pagos para mantenerlas en secreto antes de las elecciones presidenciales de 2016.
Cuando hablaron en 2018, lanzaron dinamita política bajo la presidencia de Trump, encendiendo la mecha de dos investigaciones criminales.
La primera se centró en violaciones de las leyes federales o nacionales y el papel de Michael Cohen, ex abogado personal y “reparador” de Trump.
Bajo investigación, Cohen admitió haber arreglado los pagos a las dos mujeres.
Los pagos fueron procesados como violaciones al financiamiento de campañas y Cohen fue sentenciado a tres años de cárcel en 2018.
Cohen alegó que Trump le había “ordenado” que hiciera los pagos, pero no se presentaron cargos contra el presidente. ¿Por qué?
En primer lugar, para acusar a Trump, los fiscales habrían tenido que demostrar que, de hecho, había ordenado a Cohen que hiciera esos pagos.
En segundo lugar, incluso si los fiscales tuvieran pruebas suficientes, es contra la política del gobierno de Estados Unidos acusar a un presidente en funciones por cargos penales federales, dicen los expertos legales.
Caso cerrado, ¿verdad? Bueno no exactamente. Aquí es donde se vuelve técnico.
En pocas palabras, una segunda investigación criminal sobre los pagos aún está en curso en Nueva York.
Sabemos que el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, está examinando si la Organización Trump falsificó registros comerciales relacionados con los pagos.
Lo que no sabemos es si Vance tiene pruebas para presentar cargos penales. Eso importa.
Lo que podría suceder a continuación: falsificar registros comerciales es una fechoría según la ley de Nueva York.
Una fechoría es un delito menor que puede ser castigado con una pena de cárcel de hasta un año.
Ahora, aquí está la parte complicada para Vance.
Hay un límite de tiempo de dos años para presentar cargos penales por un delito menor en Nueva York.
“Entonces, debido a que esos pagos ocurrieron hace más de dos años, parece que (los fiscales) no han tenido suerte”, dijo Alonso.
Dicho esto, hay otras posibilidades.
En Nueva York, la falsificación de registros comerciales puede ser considerada un delito grave si se lleva a cabo para ocultar otros delitos, como el fraude fiscal.
Los delitos graves son crímenes que pueden enjuiciarse durante un período más largo y se castigan con penas de cárcel más duras.
Aún así, el camino hacia el enjuiciamiento es incierto.
No está claro si Trump puede ser procesado bajo la ley de Nueva York por violaciones al financiamiento de campañas, el crimen federal por el que Cohen fue encarcelado.
Aquí es donde entran las otras vertientes de la investigación de Vance.
Lo que sabemos: es un “trabajo político exitoso”, dijo un abogado de la Organización Trump sobre la investigación de Vance en agosto de 2019.
Era una declaración enfurecida.
Vance acababa de emitir una solicitud de documentos, conocida como citación.
Exigió ver años de registros financieros, incluido el Santo Grial: las declaraciones de impuestos de Trump, ocho años de ellas.
Desde entonces, , argumentando en los tribunales que equivale a acoso político.
En octubre, una corte federal de apelaciones no estuvo de acuerdo, y puso sus declaraciones de impuestos al alcance de los fiscales.
De hecho, Vance ha destacado la importancia de las declaraciones de impuestos de Trump en los documentos judiciales.
Al solicitar las declaraciones en agosto, Vance se refirió a “informes públicos de conducta criminal posiblemente extensa y prolongada en la Organización Trump”, incluidas acusaciones de posible fraude bancario y de seguros.
Otra presentación judicial en septiembre mencionó el fraude fiscal como un delito hipotético que podría establecerse, si se encuentran pruebas que lo respalden.
En Nueva York, algunos tipos de fraude fiscal pueden imputarse como delitos graves que pueden conllevar largas penas de prisión.
Por el momento, sin embargo, los “informes públicos” de posibles delitos citados por la oficina de Vance son simplemente motivos de investigación, nada más.
Lo que podría suceder a continuación: se espera que Trump apele la demanda de entregar sus declaraciones de impuestos en la Corte Suprema.
Allí, el asunto puede resolverse.
Para Trump, hay mucho en juego.
“Las investigaciones criminales más importantes son las que exploran sus declaraciones fiscales y bancarias”, le dijo a la BBC Jonathan Turley, profesor de derecho de la Universidad George Washington.
“Pero aún no se ha hecho evidente si hay un caso penal”.
Si Vance obtiene las declaraciones de impuestos de Trump, un caso criminal puede o no ser evidente.
De cualquier manera, Vance necesita esas declaraciones de impuestos para hacer avanzar su investigación.
Lo que sabemos: la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha sido otra persistente fuente de irritación para Trump.
Desde marzo de 2019, James ha estado dirigiendo una investigación civil sobre si la Organización Trump cometió fraude inmobiliario.
Una vez más, las raíces de esta investigación se remontan a Cohen, quien, en febrero de 2019, le dijo al Congreso que Trump había inflado el valor de sus activos inmobiliarios para garantizar préstamos y los subestimó para reducir sus impuestos.
El testimonio de Cohen le dio a James motivos para buscar información sobre el imperio inmobiliario de Trump.
Igual que Vance, James ha tenido que luchar por esa información en los tribunales.
Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump e hijo del presidente, la ha acusado de librar una “venganza política”.
A pesar de esto, cumplió con una solicitud para declarar en su oficina en octubre.
Lo que podría suceder a continuación: James necesita más testimonios e información para llevar adelante la investigación.
En el cargo, Trump argumentó que estaba demasiado ocupado para lidiar con demandas.
Ahora, no puede usar esa excusa.
James puede tratar a Trump con menos deferencia, presionándolo para que sea interrogado bajo juramento, al igual que su hijo.
“La mayoría de los tribunales serían muy indulgentes con un presidente acusado de cosas como planificación, por ejemplo. Pero no ocurre así con un ciudadano privado”, señala Alonso.
Investigaciones civiles como esta pueden resultar en sanciones económicas, si se encuentran pruebas de irregularidades.
Si es así, no se puede descartar otra investigación penal.
Lo que sabemos: emolumento es una palabra arcaica que rara vez se usa hoy, excepto en contextos legales.
La definición es controvertida, pero generalmente se entiende que significa ganancia, beneficio o ventaja del empleo o el desempeño de un cargo público.
Entonces, ¿qué tiene esto que ver con Trump?
Ha sido acusado de violar las reglas contra los “emolumentos” durante su presidencia.
Estas reglas, conocidas como cláusulas de emolumentos, fueron escritas en el texto legal fundamental del país, la Constitución.
Una cláusula requiere que todos los funcionarios federales, incluido el presidente, busquen el consentimiento del Congreso antes de aceptar cualquier beneficio de Estados extranjeros.
Tres demandas civiles separadas alegaron que Trump no había buscado ese consentimiento.
Una citaba el hospedaje de funcionarios extranjeros en el Trump International Hotel en Washington DC como una posible violación.
Trump se ha burlado de “esta cláusula de emolumentos falsa”, sugiriendo que otros presidentes en ejercicio han ganado dinero.
Lo que podría suceder a continuación: independientemente, las demandas de emolumentos probablemente serán desestimadas o retiradas, dicen los expertos legales.
Una presentado por los demócratas del Congreso ya ha sido rechazada por la Corte Suprema.
“No es probable que los emolumentos sean la base de alguna acción criminal”, dice Turley, que es experto en derecho constitucional.
“Los casos de emolumentos se relacionan con Trump en el cargo, por lo que una vez que deje el cargo, la controversia se vuelve en gran medida académica”.
Lo que sabemos: Trump ha sido acusado de conducta sexual inapropiada por varias mujeres cuyas acusaciones abarcan décadas.
Trump ha negado todas las acusaciones, descartándolas como “noticias falsas”, calumnias políticas y conspiraciones.
Muchas de las acusadoras presentaron sus alegatos antes de la victoria electoral de Trump en 2016.
Trump prometió demandarlas a todas, pero hasta ahora no lo ha hecho.
En cambio, algunos de las acusadoras han demandado a Trump.
Dos de esas mujeres han presentado demandas por difamación contra Trump por llamarlas mentirosas.
E Jean Carroll, columnista de la revista Elle desde hace mucho tiempo, es una de ellas.
Acusó a Trump de violarla en un camerino de una lujosa tienda departamental de Manhattan en la década de 1990.
Trump lo niega y está impugnando la demanda de difamación.
En su demanda, Carroll argumenta que Trump la difamó diciendo que no pudo haberla violado porque “ella no es mi tipo”.
Su demanda busca daños no especificados y una retractación de las declaraciones de Trump.
El proceso de Carroll contra Trump parecía bastante sencillo hasta septiembre, cuando intervino el Departamento de Justicia de EE. UU.
El Departamento tomó la inusual medida de intentar reemplazar a Trump con Estados Unidos como acusado en el caso.
Al final, un juez federal falló en contra de la intervención del departamento, argumentando que “las acusaciones no tienen relación con los negocios oficiales de Estados Unidos”.
Lo que podría suceder a continuación: el caso ahora puede continuar, lo que permitirá a los abogados de Carroll reunir pruebas.
Por ejemplo, podrían continuar intentando verificar si el ADN de Trump está en un vestido que Carroll dice que llevaba en el momento del presunto asalto.
Para eso, necesitarían una muestra de ADN de Trump.
Una demanda por difamación similar, pero separada, presentada por Summer Zervos, una exconcursante del programa de televisión de Trump, The Apprentice, puede seguir el mismo camino.
Zervos alegó que Trump la había agredido sexualmente durante una reunión para discutir oportunidades laborales en un hotel de Beverly Hills en 2007.
Trump desestimó la acusación como “falsa”, acusando a Zervos de fabricarla para lograr fama.
Luego, Zervos lo demandó por difamación en 2017, buscando daños y perjuicios de al menos US$3.000.
Trump intentó que el caso fuera desestimado durante su presidencia.
Sus abogados sugirieron que, como presidente, debería ser inmune a las demandas en los tribunales estatales.
“Ese argumento se evapora por completo el 20 de enero”, le dijo a la BBC Barbara L. McQuade, profesora de derecho en la Universidad de Michigan.
“Una vez que eso suceda, pasamos a la fase de descubrimiento del caso y podría haber algún movimiento allí”.
Lo que sabemos: “El fraude no era solo un negocio familiar, era una forma de vida”, se lee en la primera línea de la demanda de Mary Trump contra su tío Donald.
Como declaración inicial, difícilmente podría ser más despectiva.
Refleja la animosidad del libro de memorias recién publicado por Mary Trump, en las que describe a su tío como un “narcisista” que amenaza la vida de todos los estadounidenses.
La disputa familiar es sumamente personal y la demanda de Mary Trump, presentada en septiembre, refleja esa acritud.
En ésta acusa a Trump y a dos de sus hermanos de engañarla para quitarle su herencia mientras la presionaban para que renunciara a sus intereses en el negocio familiar.
Mary Trump heredó valiosos intereses en el negocio familiar cuando Fred Trump Jr., su padre y el hermano mayor del presidente, murió en 1981 a la edad de 42 años.
Mary tenía 16 años en ese momento.
Trump y sus hermanos “se comprometieron a velar por” los intereses de Mary Trump, dice la demanda.
“Mintieron”, dice la demanda. “En lugar de proteger los intereses de Mary, diseñaron y llevaron a cabo un complejo plan para desviar fondos de sus intereses, ocultar su timo (fraude) y engañarla sobre el verdadero valor de lo que había heredado”.
La demanda busca al menos US$500.000 en daños.
Lo que podría suceder a continuación: la Casa Blanca dijo que el libro de Mary Trump estaba lleno de “falsedades”, pero Trump aún no ha respondido a la demanda.
Si llegan solicitudes de documentos y testimonios, Trump no puede citar sus deberes presidenciales como motivo para denegarlos.
Ningún ciudadano estadounidense, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima de la ley.