Alejandra Carrillo recurre a la ley contra el femicidio para evitar la fiscalización de la prensa
La jueza Yadira Barrios, suplente del juzgado de turno de femicidio grupo “A” resolvió a favor de Alejandra Carrillo, exdiputada y actual directora del Instituto para la Victima.
Dichas medidas son en contra de Óscar Clemente Marroquín y Pedro Pablo Marroquín, propietarios del medio de comunicación Diario La Hora, quien durante los últimos meses ha publicado investigaciones periodísticas que cuestionan el buen trabajo de Carrillo al frente de la institución gubernamental.
Por la resolución judicial y por espacio de seis meses, a partir del pasado 16 de diciembre, los periodistas no pueden “perturbar” a la agraviada o a ninguno de sus familiares; Carillo es esposa del diputado Felipe Alejos, tachado en la lista Engel como un actor a favor de las elites de la corrupción.
Tampoco puede acercarse al domicilio o lugar de trabajo de Carrillo, pese a que por ser funcionaria su cargo se desempeña en un edificio público; si los comunicadores incumplen dichas restricciones podrían cometer el delito de desobediencia.
Las medidas de seguridad a favor de Carrillo fueron posibles gracias a un amparo otorgado por una sala de femicidio, debido a que en un primer intento legal la judicatura no había aceptado los argumentos legales que señalaban un presunto casi de violencia psicológica.
MP desestimó denuncia de Carrillo
En octubre de este año la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público (MP) desestimó una denuncia que Carrillo presentó contra los periodistas, afirmando que no existían las causas legales de tal cargo.
Nuevamente Carrillo señaló a Diario La Hora de violencia psicológica por una serie de publicaciones periodistas, que a criterio de la unidad fiscal se encontraban bajo el marco legal de la Ley de Emisión del Pensamiento.
Incluso en la resolución del MP destacan que aunque hubiese existido algún tipo de abuso de los periodistas dicho proceso se tendría que haber ventilado de otra manera, en un órgano especial. Las denuncias contra periodistas se ventilan ante un Tribunal de Imprenta y no ante un juzgado especializado en femicidio.
Sigue los pasos de Baldetti y Torres
No es la primera vez que una funcionaria utiliza la ley para evitar la fiscalización, en 2014 la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti utilizó la misma táctica para evitar cuestionamientos de El Periódico.
Unos años después, en 2019, la misma herramienta fue utilizada por Sandra Torres, exprimera dama y excandidata presidencial, en contra de El Periódico.
Baldetti ya fue condenada en un caso por corrupción y tienen otros juicios pendientes; mientras que Torres mantiene una causa abierta por supuestas anomalías para financiar su campaña.