APG denuncia ataques, amenazas y censura contra periodistas y señala al Gobierno de Giammattei de ser intolerante a las críticas

La situación de la Libertad de Prensa en Guatemala es alarmante, pues en el primer trimestre de 2022 se registraron 29 denuncias de periodistas y agresiones contra miembros de la prensa por parte de las fuerzas de seguridad pública y autoridades de distintos niveles estatales, según un informe del Observatorio de los Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).

El informe “Estado de Situación de la Libertad de Expresión – Primer Trimestre 2022”, difundido este martes 3 de mayo en conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, señala que, durante el primer trimestre de este año “el Observatorio de los Periodistas registró 29 denuncias de periodistas y agresiones contra miembros de la prensa”, de las cuales, en 16 están involucradas fuerzas de seguridad y autoridades de distintos niveles estatales.

Agrega que, de enero de 2020 a marzo de 2022, el Observatorio ha registrado 313 ataques en contra de comunicadores y medios de comunicación, “lo que convierte al gobierno de Alejandro Giammattei en la gestión con más represiones, persecución e intolerancia hacia la Prensa”.

El documento refiere que “los principales patrones observados durante los primeros meses de 2022 fueron las limitaciones para acceder a las fuentes informativas y las campañas de difamación, acoso y desprestigio en redes sociales”.

Señala que, en el primero de los casos, los responsables directos son trabajadores del Estado, mientras que, en el segundo, “se sospecha fuertemente del involucramiento directo o indirecto de empleados y autoridades públicas, principalmente de la Presidencia y el Ministerio Público (MP)”.

Entre las autoridades identificadas en estos actos, destacan las del Organismo Judicial (OJ), relacionadas en al menos seis casos de restricciones para acceder y cubrir audiencias judiciales, un caso de amenazas con iniciar procedimientos penales contra periodistas y uno más de acoso, que estaría motivado por el interés de violar el secreto de las fuentes periodísticas.

Además, el documento destaca que funcionarios y empleados de otros organismos del Estado también restringieron a la prensa y destaca “el interés que mostró la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, de atender y brindar información a los reporteros únicamente dos veces por semana y en un espacio en específico, así como las acciones de miembros del Ejército y de la seguridad presidencial para limitar la labor de reporteros”.

Campañas de desprestigio

De acuerdo con el informe de la APG, “las campañas de desprestigio y acoso en redes sociales es uno de los patrones de ataque que más se ha repetido en los últimos años y que destacó durante los primeros meses del 2022”.

Un comunicado de la APG agrega que estas campañas, “sumadas al discurso confrontativo de la Presidencia y otros funcionarios estatales, no solo buscan menoscabar la imagen de sus víctimas, dañar su credibilidad y crear zozobra para generar censura y autocensura, sino pretende imponer en el imaginario colectivo que los periodistas críticos al poder son enemigos de la democracia, divulgadores de falsas noticias u opositores al régimen por cuestiones políticas e ideológicas, queriendo hacer ver que sus publicaciones y críticas son infundadas y la única versión verídica e irrefutable es la oficial”.

También destaca que esas agresiones afectan particularmente a “las mujeres periodistas, quienes son víctimas de acoso sexual, ataques por su condición de género, discriminación racial y burlas sexistas” y a pesar de la gravedad de estos actos, “el Estado y el sistema judicial permiten que estos netcenters y personas actúen con impunidad”.

“Como lo denunciamos desde los últimos años, las acciones del Estado hacia la Prensa no son actos aislados, responden a una campaña estructurada desde las altas esferas del poder político para criminalizar, perseguir y atacar a las voces críticas y actores vinculados o que apoyan la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la fiscalización hacia las instituciones públicas”, dice el comunicado.

“Prueba de esta campaña de persecución es la aprobación, con el beneplácito de Giammattei, de los cambios a la Ley de ONGs, la cual brinda al gobierno una facultad autoritaria para cancelar, impedir el registro y sancionar severamente a miembros de las organizaciones sociales. Esta normativa restringiría derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de asociación, y sus repercusiones alcanzarían también a las organizaciones de prensa. No sería extraño que en un futuro el Estado inicie una cacería contra estas organizaciones, como lo ha hecho la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua”, agrega.

El comunicado agrega que “los casos de desplazamiento forzado o exilio de comunicadores en los últimos meses, debido a la criminalización de actores vinculados con el Estado y el apoyo que reciben por parte de la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, hacen temer que los actos de persecución penal infundados se eleven durante el resto de este gobierno. Aunque existen antecedentes de comunicadores arrestados de forma arbitraria, podrían registrarse casos de largos periodos en prisión, sentencias de cárcel o la imposición de multas económicas exorbitantes, que podrían afectar también a propietarios de medios”.

“Estos temores se elevan con la posibilidad que Giammattei elija nuevamente a Porras Argueta para la fiscalía general o elija cualquier otro alfil, como el actual Procurador General de la Nación (PGN), Luis Donado, quien podría continuar o endurecer la cacería del MP en contra de miembros de la prensa”, añade la misiva.

También dice que en ese “escenario complicado, observamos con preocupación también que la elección del próximo(a) Procurador(a) de Derechos Humanos (PDH) sea aprovechada por el presidente y sus aliados en el Congreso para elegir a un funcionario dócil a sus intereses, lo que socavaría el último bastión en el Estado para la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión”.

“La cooptación de todas las instituciones públicas, particularmente del sistema de justicia, por parte de Giammattei y sus aliados, el interés de amordazar las críticas hacia el actual régimen y de venganza hacia sus opositores por parte de Porras Argueta, terminarían de sucumbir a Guatemala en un Estado autoritario en que no exista respeto hacia los derechos humanos, que impongan una censura autoritaria y los críticos deban elegir entre el silencio, la prisión, la muerte o el exilio”,  enfatizó Factor Méndez, de la Comisión de Libertad de Prensa de la APG.

Posturas

Con respecto a los señalamientos de APG, el Gobierno dijo que “las afirmaciones son contradictorias, ya que en el informe se reportan dos incidentes concretos atribuidos al Ejecutivo, en los que no se consigna la explicación ni seguimiento de cada caso. El informe reconoce que está elaborado y se atribuye basado en sospecha, algo bastante injusto.

Agrega que “desde el punto de vista cuantitativo, también es posible observar que las denuncias no hay seguimiento y tampoco se plantean al Ejecutivo”.

“El Gobierno de Guatemala hace uso de medios digitales y redes sociales únicamente con el afán de comunicar. Es contradictorio señalar difamaciones y replicar ese mecanismo. Desde la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia -SCSPR-, se han implementado herramientas de acceso a la información gubernamental, dentro de las cuales sobresale la plataforma digital Sala de Prensa, donde se han incluido 7 mil 320 eventos, cada uno con información y recursos audiovisuales para periodistas, alcanzado un impacto significativo de casi tres millones de visitas en el sitio, desde su creación.

Añade que, asimismo, “se informa que, en el primer cuatrimestre del año, se ha brindado respuesta a 368 consultas de los diferentes medios de comunicación”.

Por su parte, el MP señaló que “la fiscal general de la República siempre ha sido garante del respeto de la libertad de prensa y del ejercicio periodístico, lo cual es fundamental para la democracia”.

La Fiscalía añade que “la Constitución Política de la República establece que la función del Ministerio Público es la investigación y la persecución penal, de esa cuenta, el Ministerio Público debe atender todas las denuncias que se presentan. En ese sentido, todas las investigaciones se desarrollan con objetividad e imparcialidad”.

También dice que “es importante mencionar que ningún caso bajo investigación tiene relación con el ejercicio periodístico, al contrario, fue la fiscal general quien creó la Fiscalía de Delitos contra Periodistas para garantizar el libre ejercicio periodístico y el respeto a sus derechos”.