Ciudad Guatemala
Guatemala se halla inmerso en una crisis política en pleno proceso electoral para designar a su nuevo presidente.
La intervención del Ministerio Público (MP, fiscalía), que pidió la suspensión de uno de los dos partidos que pasaron a la segunda vuelta -programada para el 20 de agosto- ha desatado una oleada de reacciones dentro y fuera del país centroamericano.
El candidato cuyo partido amenazan con ilegalizar, Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, calificó la acción de los fiscales como un “golpe de Estado técnico”, mientras la Unión Europea y Estados Unidos alertaron de graves riesgos para la ya cuestionada democracia guatemalteca.
Te damos algunas claves de lo que está ocurriendo.
1. La polémica primera vuelta
Todo comenzó cuando se anunciaron los resultados de la primera vuelta de las elecciones, celebrada el 25 de junio.
Sandra Torres, que fue primera dama durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-11), y Bernardo Arévalo, hijo del histórico presidente Juan José Arévalo (1945-51), ocuparon el primer y el segundo lugar.
La candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) obtuvo un 15% de los votos y el de Movimiento Semilla un 12%.
El avance a segunda vuelta de Arévalo, sociólogo y exdiplomático de 64 años, fue toda una sorpresa, ya que las encuestas previas le daban menos de un 5% de los votos.
Pese a su larga carrera como político y diplomático, el candidato de Semilla se considera un candidato ajeno al “establishment” guatemalteco que ha copado el poder en las últimas décadas.
Además, su estandarte es la lucha contra la corrupción en las instituciones, un mal endémico que se ha ido agravando en los últimos años, según organizaciones internacionales, que han criticado la progresiva pérdida de independencia del poder judicial y el acoso a medios y periodistas independientes en Guatemala.
Cuando se publicaron los sorprendentes resultados de la ronda inicial, llegó la primera polémica.
Nueve partidos conservadores -entre ellos Vamos, del actual presidente Alejandro Giammatei- los impugnaron alegando “irregularidades” y un supuesto “fraude electoral” a favor de Arévalo.
La Corte de Constitucionalidad aceptó la medida cautelar y comenzó una revisión de las actas electorales.
Tras más de dos semanas de suspense, el 12 de julio el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio por buenos los resultados y confirmó el pase a segunda ronda de Torres y Arévalo.
Sin embargo, un inesperado movimiento volvió a complicarlo todo.
2. La suspensión de Semilla
El Ministerio Público de Guatemala ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la comunidad internacional en el último año.
EE.UU., la UE y organizaciones no gubernamentales han señalado en varias ocasiones la falta de independencia de esta institución, a la que acusan de archivar denuncias de corrupción contra Giammatei y orquestar una campaña de persecución a jueces, fiscales y abogados que trabajaban en causas contra el gobierno o el presidente.
El MP está liderado por la controvertida fiscal Consuelo Porras, mientras su mano derecha, Rafael Curruchiche, dirige la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).
Ambos han sido señalados por el Departamento de Estado de EE.UU. como dos de los máximos responsables de la corrupción institucional en Guatemala.
El mismo día en que se confirmó el paso a la segunda vuelta de los dos candidatos, la Feci, como órgano del Ministerio Público, pidió a los jueces suspender a Semilla, lo que supondría excluir a Arévalo del proceso electoral.
Según Curruchiche, el Juzgado Séptimo de Guatemala atendió la petición y suspendió la personalidad jurídica del partido, otorgando al Registro de Ciudadanos un plazo de 24 horas para cumplir con la suspensión.
La decisión se produjo a raíz de una denuncia presentada en mayo de 2022, que alegaba la afiliación fraudulenta de un ciudadano al partido. Además, Curruchiche aseguró que al menos 12 personas fallecidas también habían sido inscritas, algo que Semilla niega rotundamente.
A la petición de suspender el partido siguió una redada de la fiscalía en las dependencias del Tribunal Supremo Electoral para confiscar los expedientes relativos a Semilla.
3. La denuncia de Arévalo
El candidato presidencial de Semilla tildó la suspensión del partido de “golpe de Estado técnico“.
Lo calificó como “una acción desesperada de un grupo político criminal que se da cuenta que tiene los días contados en términos del control sobre el poder político”, en declaraciones al noticiero Guatevisión.
“Lo que estamos viendo es a un Ministerio Público, a una Fiscalía liderada por un fiscal famosamente corrupto que está utilizando a un juzgado que le ha servido anteriormente para hacer este tipo de artimañas legales y tomar una resolución que es inconstitucional”, afirmó.
Arévalo y sus defensores argumentan que la resolución del Ministerio Público viola el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es de rango constitucional e indica expresamente que no se puede suspender a un partido político durante un proceso electoral.
El partido Semilla interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
“Seguimos adelante en campaña durante el proceso electoral”, aseguró.
El candidato presidencial sostiene que la suspensión de su partido carece de sustento legal ya que los jueces y fiscales “no tienen competencia para suspender un partido político”.
“Estamos tranquilos de que el Tribunal Supremo Electoral sencillamente no va a atender esta orden de carácter ilegal”, sentenció.
4. Las reacciones (y qué puede pasar ahora)
La suspensión del Movimiento Semilla, considerado por muchos un nuevo ataque a la democracia en Guatemala, ha generado reacciones tanto en el país centroamericano como a nivel internacional.
El Tribunal Supremo Electoral ratificó su decisión de mantener a los dos candidatos ganadores de la primera vuelta, haciendo caso omiso a la denuncia del Ministerio Público.
La aspirante de la UNE a la presidencia, Sandra Torres, decidió suspender su campaña electoral en “solidaridad con los votantes del partido Semilla” y en protesta por la “situación política-electoral que estamos viviendo”.
La comunidad empresarial de Guatemala, así como la Conferencia Episcopal, también arroparon al candidato con mensajes a favor de respetar los resultados de la primera vuelta y en contra de la intervención judicial del proceso electoral.
En el plano internacional, Estados Unidos expresó en un comunicado su “profunda preocupación” por el intento de suspender el partido Semilla y aseguró que acciones como esta “ponen en riesgo la legitimidad del proceso electoral en el centro de la democracia guatemalteca”.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, por su parte, apoyó al Tribunal Supremo Electoral por ratificar los resultados de la primera vuelta, aseguró que las acciones de los fiscales “amenazan los cimientos básicos de una democracia y pidió el “cese de la judicialización de las elecciones”.
Organizaciones internacionales como Impunity Watch o WOLA también se pronunciaron para exigir a las instituciones guatemaltecas que respeten las leyes y la independencia del Tribunal Supremo Electoral.
Por su parte, sectores afines al partido en el gobierno defendieron la decisión de fiscales y jueces al considerarla un proceso legal que busca garantizar la integridad del sistema electoral.
Argumentan que existen indicios de irregularidades en la afiliación de personas al partido y que por tanto es necesario investigar y tomar medidas al respecto.
La resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre el recurso de amparo de Semilla será crucial para determinar el futuro del partido de Arévalo y su participación en las elecciones.
Si la Corte falla a favor del partido, Arévalo podría seguir adelante con su candidatura a las elecciones del 20 de agosto, que según analistas tendría bastantes posibilidades de ganar, entre otros motivos por el hartazgo de los guatemaltecos hacia los partidos tradicionales que han gobernado en los últimos años entre constantes acusaciones de corrupción y malas prácticas.
Por el contrario, si la resolución es desfavorable, es posible que Semilla quede excluido de las elecciones y se plantearían importantes interrogantes sobre la legitimidad y la transparencia del proceso, así como sobre las opciones que tendrían los guatemaltecos para elegir a su próximo presidente.
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