“El contrato se trató entre la iniciativa privada y no estatal”, dijo Augusto Ponce, interventor de Fegua con relación a contrato entre Ferrovías y Remed S.A.
Autoridades del Ministerio de Economía y Ferrovías fueron citados por los Diputados del Grupo Parlamentario de Oposición para brindar detalles del contrato de arrendamiento Ferrocarril del Bicentenario, pero no asistieron.
Antonio Malouf, ministro de Economía y José Ulloa Rosemberg, administrador de Ferrovías no acudieron a la citación y tampoco presentaron excusa.
Únicamente participaron representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Augusto Ponce, Interventor (Fegua), quien indicó desconocer los términos del contrato firmado.
Ponce, quien se encontraba bajo juramento, negó en la citación que se haya tomado en cuenta a Fegua en la negociación del contrato entre la empresa mexicana Remed S.A. y Ferrovías.
Además, justificó su desconocimiento porque el contrato contiene una cláusula de confidencialidad, aunque agregó que no hay plazos para la liberación de las vías y que han presentado unas 478 notificaciones de desalojo en 800 kilómetros de Tecún Umán a Puerto Barrios, pero no son precisamente por donde pasará el Tren Bicentenario y no sabe cuántas se han concretado ni los plazos para liberarlas.
Ponce aseguró que no estuvo presente en la firma o en la asamblea de accionistas, a pesar de que hay evidencias de lo contrario, pues asistió a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de enero y a la firma del contrato entre Remed S.A. y Ferrovías el 14 de enero pasado, acto que tuvo lugar en las instalaciones de Fegua. Incluso, brindó las palabras de bienvenida.
“Es un tema (el contrato) que se trató entre la iniciativa privada y no estatal”, enfatizó el interventor de Fegua.
Señalamientos suben de tono
Los diputados cuestionaron que, a su criterio, el contrato se firmó por un arrendamiento, pero es un usufructo.
“A todas luces es un contrato ilegal en el que se utiliza la figura de arrendamiento, porque no hay otra. La actitud del gobierno de Guatemala es preocupante, porque el Estado es propietario del 81% de las acciones de Ferrovías y desde el año pasado se nombró a Ulloa como representante legal. El anterior no había querido firmar porque había ilegalidades en el mismo”, expresó el diputado Orlando Blanco.
Además, señalaron que se agregaran 30 kilómetros a los 235 kilómetros originales para el proyecto.
Según Blanco, el exsecretario privado de la presidencia, Giorgio Bruni, estaría involucrado en el negocio del proyecto del Ferrocarril Bicentenario, quien junto con Ulloa viajaron a México.
No se descarta que el ministro de Economía Antonio Malouf sea interpelado en el Congreso de la República.