“Los obligaban a trabajar y les pegaban”: EE. UU. condena a dos mujeres por someter a familia migrante guatemalteca al esclavismo
Una madre y sus dos hijas menores eran obligadas a vivir en un furgón viejo y a trabajar sin descanso y sin remuneración en California.
Dos mujeres fueron condenadas en una corte de California por someter a migrantes guatemaltecos a condiciones de trabajo esclavo, informó el departamento de justicia en un comunicado divulgado esta semana.
Nery Martínez y Maura Martínez, ambas de 54 años, deberán cumplir penas de seis años y medio y tres años, respectivamente, por mantener a una madre y dos hijas cumpliendo extensas jornadas de trabajo bajo amenazas y extorsión, y con poca o ninguna remuneración.
“Estas acusadas abusaron de víctimas vulnerables, obligándolas a trabajar en sus comercios, sin pagarles y privándolas de los más básicos derechos humanos”, dijo el fiscal del distrito este de California, Phillip A. Talbert.
En 2016, la pareja, que tenía un restaurante y un servicio de limpieza en el condado de Shasta (norte de California), “convenció a las víctimas, una mujer de Guatemala y sus dos hijas de 15 y 8 años, de venir a Estados Unidos prometiendo una vida mejor”, detalla el comunicado.
Las acusadas pagaron el viaje y una vez en territorio estadounidense, con visas temporales, obligaron a la familia a trabajar para pagar casi el triple de lo pagado inicialmente, de acuerdo con documentos de la corte.
“Cuando la víctima adulta se quejó y quiso irse, las acusadas las amenazaron diciéndoles que las harían arrestar por ilícitos migratorios a menos que continuaran las largas jornadas por poca remuneración”, agrega el texto.
La madre y la hija mayor debían trabajar 12 horas por día sin ningún día de descanso en los comercios de la pareja, y la hija menor otras varias horas sin remuneración, de acuerdo con informaciones de medios locales.
Las hijas eran golpeadas físicamente por una de las mujeres. La familia era mantenida en un tráiler “destruido, sin calefacción ni agua, y eran humilladas y degradadas en frente de otros”.
Las acusadas deberán pagar multas y resarcir con US$300 mil a las víctimas.
Las autoridades han instado a denunciar el maltrato contra migrantes indocumentados, quienes, muchas veces por miedo a que los deporten no dicen nada.