Ministerio Público solicita retirar inmunidad a 13 jueces y magistrados por caso Comisiones Paralelas

En un comunicado del Ministerio Público (MP), se detalla que en el marco del caso Comisiones Paralelas 2020, este jueves 16 de julio la Fiscalía Especial contra la Impunidad ha solicitado el levantamiento de inmunidad de funcionarios judiciales que, entre el período de febrero 2020 y la fecha actual han mantenido comunicación permanente (visitas, mensajes y llamadas telefónicas) con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara.

Estos jueces y magistrados son señalados por los delitos de tráfico de influencias, violación a la Constitución Política de Guatemala y asociación Ilícita.

Los funcionarios judiciales señalados están incluidos en la nómina final remitida al Congreso de la República por las respectivas comisiones de postulación

Los jueces y magistrados señalados son:

• Dasma Janina Guillén Flores, magistrada de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Quetzaltenango.

 

• Edwin Albino Martínez Escobar, magistrado Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Santa Rosa.

 

 

• Flor de María Gálvez Barrios, magistrada Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia.

 

 

• Geisler Smaille Pérez Domínguez, juez de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del municipio de Mixco, Guatemala.

 

 

• Heidy Pamela Delgado Castellanos, magistrada Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa.

 

 

• José Alejandro Córdova Herrera, magistrado Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia.

 

 

• José Luis de Jesús Samayoa Palacios, magistrado Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

 

 

• Luis Mauricio Corado Campos, magistrado Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

 

 

• María Eugenia Castellanos Cruz, jueza del Tribunal de Sentencia Penal para Procesos de Mayor Riesgo B

 

 

• Oscar Ruperto Cruz Oliva, magistrado Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia

 

 

• Rafael Morales Solares, magistrado Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual.

 

 

• Romeo Monterrosa Orellana, magistrado Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Jalapa

 

 

• Wilber Estuardo Castellanos Vanegas, magistrado Sala Primera de la Corte de Apelaciones Civil y Mercantil.

Antecedentes del caso

Según el MP, en el marco del caso Comisiones Paralelas 2020, la investigación preliminar de la fiscalía permitió “determinar la comisión de actividades criminales, cuyo génesis es la  concertación de un conjunto de actores, que buscan influencia indebida en el proceso de selección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y magistraturas de Salas de la Corte de Apelaciones, así como otros tribunales de igual categoría. Estos hechos se materializan en actividades comparables a “comercialización informal”, consolidadas como un trueque de favores”.

Añadió que con las negociaciones paralelas se distorsionó el sistema de justicia y por eso la Fiscalía tiene la tesis sobre posibles negociaciones ilícitas, determinándose que entre las personas que interactuaron con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, estaban comisionados de postulación, postulados a integrar altas cortes, actores externos al proceso, pero con interés en el mismo, diputados al Congreso de la República (que a la postre, se convierten en electores).

“El interés específico de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, tiene lógica con los cinco procesos penales en que está involucrado, y el hecho que las entidades de selección son permeables por intereses especiales, como éste, esta situación puede conllevar una manipulación de los procesos de selección y en la toma de decisiones basados en criterios políticos en lugar de en una debida evaluación de los nominados”, refiere el documento.

Es por ello que el MP dice que estas situaciones “despiertan suspicacia con relación a la legitimidad del proceso de postulación”.

El documento del MP  dice que a pesar de que Alejos Cámbara se encuentra procesado en cinco causas penales, recibió visitas de diversos funcionarios y actores políticos con el aparente propósito de incidir de forma directa y contundente en la elección de quienes ocuparán las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual categoría.

No obstante, lo señalado por la Comisión de Postulación para Salas de la Corte de Apelaciones y la Comisión de Postulación para Corte Suprema de Justicia, ambas para el periodo 2019-2024, trasladaron al Congreso de la República de Guatemala las nóminas correspondientes, en las que figuran candidatos, que fueron beneficiados por el pacto promovido a instancias de Alejos Cambara.

“Gustavo Adolfo Alejos Cámbara tiene interés directo en la manera de conformar las altas cortes, habida cuenta de la existencia de cinco procesos penales en su contra (caso Negociantes de la Salud, caso Cooptación del Estado, caso Transurbano -evento Prepago-, caso Financiamiento Ilícito UNE, caso Red de Poder, Corrupción y Lavado), los que tienen por común denominador que se encuentran pendientes de llegar a la etapa de juicio”, concluye el documento.

 

Las cortes que resulten electas en el proceso que debió finalizar en 2019, y que a la fecha continúa en trámite, serán las que en definitiva resolverán la situación en los distintos procesos de Alejos Cámbara, por lo que los hallazgos de la investigación preliminar que se muestran seguidamente, tratarían de poner en relieve la realización de conductas ilícitas, como el tráfico de influencias.

 

La influencia que se avizora en el caso en concreto, está dirigida a todo el complejo entramado de operaciones que lleva consigo la elección de magistrados de Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, porque supone un verdadero ataque a la libertad de quienes ejercen o están por ejercitar la función pública:

 

a) Los comisionados que deben remitir nóminas de elección.

b) Los postulados, cuya intención en un primer momento es

integrar una nómina, y seguidamente su interés es ser seleccionados.

c) Los electores finales, que para el caso guatemalteco, están constituidos por los

diputados al Congreso de la República.

 

De ahí que sean el chantaje moral, las perspectivas profesionales futuras, el temor de ser eliminados de listas, las que hacen que la influencia punible desde la perspectiva criminal, que no debe confundirse con la mera recomendación, insinuación o sugerencia sutil o difusa.

 

En este caso, lo que ha establecido la investigación penal preliminar, es que ésta influencia se ha tratado de ejercer aprovechando no solo los intereses personales y

profesionales, además de las relaciones personales, de carácter familiar,

afectivas y amistosas.

 

El impacto sobre la justicia. En un sistema afectado por la corrupción y la

falta de independencia judicial, los ciudadanos no gozan de igualdad ante la

ley, ni tienen las garantías de ser privados de libertad, acusados o juzgados

con base en hechos fundamentados, por autoridades objetivas e imparciales

a partir de elementos de pruebas dignos de credibilidad.