Presidente electo de Guatemala le pide al actual mandatario que vete el presupuesto 2024

Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala, publicó este 13 de diciembre la carta que le envió al mandatario guatemalteco Alejandro Giammattei en el que le pide que vete el decreto 18-2023 del Congreso de la República con el cual se aprobó el presupuesto 2024, pues considera que este “contiene graves violaciones al marco legal e irregularidades que afectarán la gestión pública, el bienestar social y el desempeño económico del próximo año”.

La carta dirigida a Giammattei está fechada el 7 de diciembre de 2023 y fue recibida en la Secretaría General de la Presidencia el 8 de diciembre pasado.

Arévalo detalla cuatro puntos por los cuales considera que el presidente Giammattei debería vetar el decreto 18-2023 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024.

En el punto 1 de la carta, Arévalo señala “múltiples ilegalidades”. “Los cambios incorporados tanto en el dictamen emitido por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda como por medio de enmiendas presentadas durante la sesión plenaria, permitieron la inclusión de disposiciones que contravienen varias leyes ordinarias, principalmente la Ley del Organismo Ejecutivo (LOE), la Ley Orgánica de Presupuesto (LOP), la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (LOSAT), la Ley Orgánica del Banco de Guatemala y la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), entre otras”, señala la carta de Arévalo.

Señala que varias disposiciones menoscaban la autoridad, competencia y rectoría que los ministros tienen en toda la República para los asuntos propios de su ramo y de las políticas públicas correspondientes a sus funciones sustantivas.

También menciona que perjudica “la facultad legal de ejercer la administración de los recursos financieros, al establecer una serie de normas sin justificación técnica sobre obras o servicios que se deben atender, reprogramaciones específicas y una serie de prohibiciones que de ninguna manera responden a la planificación institucional ni guardan concordancia con los planes operativos anuales y multianuales o con planes estratégicos”.

Agrega que las normas impuestas constituyen un abuso de la facultad legislativa para modificar el presupuesto presentado por el Organismo Ejecutivo.

Señala en particular los artículos 56 y 69 del decreto aprobado y señala que atentan contra el mandato que el artículo 35 de la LOE asigna al Ministerio de Finanzas Públicas para cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, incluyendo el ejercicio de la función de programar, negociar, registrar, controlar y administrar el endeudamiento público.

La carta menciona que el artículo 114 del Decreto aprobado recorta drásticamente la asignación presupuestaria de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) lo que viola lo dispuesto en la literal a) del artículo 33 de la LOSAT, en la que se fija el porcentaje del total de los tributos internos y al comercio exterior recaudados que se deben transferir a la SAT.

“Este artículo limita el avance y continuidad en los planes para fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado que incluso su Gobierno ha respaldado con el fin de contar con los recursos para la prestación de bienes y servicios indispensables para la población”, le dice Arévalo a Giammattei en la carta.

También hace ver que por medio del artículo 122 del decreto aprobado se contravienen disposiciones de la LOP, “al introducir la obligación del pago de deuda pública ilícita, mediante la priorización y protección del financiamiento de proyectos realizados bajo el amparo de estados de excepción, cuya vigencia finalizó hace varios meses”.

Añade que también se fijan plazos para la devolución de recursos no ejecutados, distintos a los que expresamente establece la LOP. La inclusión de diversas obras sin justificación, mediante extensas tablas y listados que no fueron incorporados en el proyecto original elaborado por el Organismo Ejecutivo, contraviene el espíritu de la LCE, pues limita la competencia y los negocios favorables a los intereses del Estado en lo que concierne a contrataciones públicas.

Asignaciones cuestionables

El punto número 2 de la carta habla de las asignaciones presupuestarias las cuales califica de cuestionables, opacas y que inducen a la corrupción.

“El Decreto contiene disposiciones que priorizan asignaciones cuestionables de gasto e inversión pública: a) En el artículo 118 se consigna un número sin precedentes de organizaciones no gubernamentales -con un monto asignado de Q5 mil 191.63 millones seleccionadas sin criterios claros y transparentes”, se lee en el documento.

También se señala que se ha demostrado que una buena cantidad de estas organizaciones no cuentan con experiencia, son desconocidas o tienen evidentes nexos con actores políticos.

También señala que hay proyectos de inversión no planificados y sin justificación técnica que permita entender por qué se priorizan por sobre otros proyectos similares que las comunidades están demandando en todo el territorio nacional.

“Es muy grave que algunos de estos proyectos ni siquiera aparecen registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); c) Los artículos 117, 122 y 129 aluden a proyectos de inversión de ejercicios fiscales pasados, incluyendo dragados, los cuales son imposibles de fiscalizar y por lo tanto, constituyen focos de corrupción, así como proyectos de inversión realizados por medio de estados de excepción, los cuales propician la adquisición de deuda pública ilegal”, se lee.

El presupuesto aprobado por el Congreso nos afecta como país.
Es por ello que envié una carta al presidente @DrGiammattei exponiéndole sus múltiples ilegalidades y solicitándole el veto.

Está en sus manos corregir esta traición al pueblo. pic.twitter.com/KxFggIWduS

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) December 13, 2023

Reducción a la inversión social

El punto 3 de la carta aborda lo que Arévalo considera una “reducción arbitraria de las inversiones sociales con impacto negativo en el bienestar social y el crecimiento económico”.

Señala que al incluir normas para orientar y priorizar gasto público a favor de organizaciones no gubernamentales y proyectos de inversión “cuestionables y opacos”, se contribuye a  reducir techos presupuestarios de ministerios tales como el de Salud, Educación, Desarrollo Social y Gobernación, los cuales son esenciales para la producción de bienes y servicios públicos que garantizan derechos y promueven el bienestar social, la seguridad de los ciudadanos y el crecimiento económico.

“En el contexto de la urgente obligación del poder público para mejorar la calidad y cobertura de la salud, la educación, la protección y asistencia social, así como de los servicios de seguridad en el país, estos recortes injustificados de las asignaciones presupuestarias limitan el cumplimiento de los deberes constitucionales del Estado, así como de los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz y en los compromisos internacionales de los cuales es signataria Guatemala, tal como la Agenda 2030 para el Desarrollo”, le menciona Arévalo a Giammattei.

Amenaza

El punto 4 de la carta menciona lo que el presidente electo considera como una “amenaza” al pago oportuno de la deuda pública y al financiamiento de la inversión pública con significativa afectación de la calificación de riesgo país.

“Las disposiciones que obligan al Organismo Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, a obtener una previa autorización del Congreso de la República para emitir, negociar y colocar los Bonos del Tesoro hasta por un monto igual al de los vencimientos que se produzcan durante el ejercicio fiscal de 2024, es decir, a ejecutar la revolvencia (roll over) de la deuda pública (artículos 56 y 69), constituyen una amenaza que podría afectar el pago oportuno del servicio de la deuda pública, comprometer innecesariamente la calificación del riesgo país y desfinanciar rubros de inversión pública y gasto social relevantes”, se menciona en el documento.

Afirma que estos artículos causan un deterioro importante del clima de negocios e inversiones, lo que tendrá consecuencias negativas en la estabilidad macroeconómica del país, así como en la creación de más y mejores empleos.

“En virtud de todo lo expuesto anteriormente, que se suma a los criterios y preocupaciones expresadas por múltiples voces de la sociedad guatemalteca, entre las que se incluyen organizaciones civiles, autoridades indígenas, gremios empresariales, sindicatos, entidades académicas, centros de pensamiento, entre otros, existen suficientes elementos para que vete el Decreto 18-2023, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticuatro, con fundamento en el artículo 178 de la Constitución de la República, cumpliendo así con su calidad de garante de la Constitución y con su deber de velar por los intereses de todos y cada uno de los habitantes de la República”, concluye la carta.

Aprobación del presupuesto

El pasado 30 de  noviembre la alianza oficialista en el Congreso logró la aprobación del presupuesto nacional en su tercera lectura y redacción final, pese a las advertencias y solicitudes del gobierno electo, que pidió que no se aprobara el presupuesto porque complicaría la ejecución de recursos en el 2024.

Con 115 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el decreto 18 – 2023, que da vida al presupuesto nacional para el próximo año, contando con un monto de Q124 mil 879 millones.