La Contraloría General de Cuentas (CGC) demandó en el Juzgado de Cuentas a José Alfredo Brito Ralón, secretario de Comunicación de la Presidencia, por negarse a devolver al erario Q655 mil 161.29 pagados a Heinz Hiemann, cuyo cargo de vocero no se justifica en el Ejecutivo.
El caso refiere que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República (SCSP) pagó aquella cantidad a Hiemann entre 2016 y 2017 para ser vocero presidencial y enlace con los medios de comunicación.
En una auditoría a la Secretaría, la CGC evidenció que la contratación de Hiemman Ochaita es indebida, porque el cargo de portavoz del presidente es una tarea que le corresponde al secretario de Comunicación, según lo establece el reglamento orgánico interno de la SCSP, por lo que esa función que debe desempeñar Brito no es delegable a terceras personas.
El subcontralor del Gasto, César Elías, confirmó vía telefónica la demanda contra el funcionario, y detalló que el caso fue presentado ante un Juzgado de Cuentas 4 de junio.
Aunque Brito presentó sus pruebas de descargo, como detalla el informe de la auditoría, la CGC planteó la denuncia. Para los auditores, no se justifica la contratación del vocero presidencial, puesto que debe ejercer el jefe de la SCSP.
Elías espera que el juzgado los cite para una audiencia en la que la Contraloría deberá presentar las pruebas contra Brito.
La Contraloría recomendó a la Secretaría de Comunicación separar del cargo a Hiemann mientras se resuelve el caso en el juzgado.
La CGC subraya el hallazgo contra Brito porque, en su oficio que envió a los contralores, confirma que dentro de las funciones administrativas que le corresponden al secretario de Comunicación Social de la Presidencia se encuentra “fungir como portavoz del presidente de la República”, según el Decreto 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo.
Anoche, Brito y Hiemann fueron contactados vía telefónica para conocer su opinión al respecto del caso. En ambos casos, no respondieron la llamada a su celular.